En mayo pasado, el Presidente de la República se vio forzado a reconocer en una conferencia de prensa que su secretario jurídico, Conan Castro, recibía un salario de Casa Presidencial a pesar de que su nombramiento se había publicitado durante un año entero como 'ad honorem” (sin pago a cambio). Explicó que Castro tenía un segundo cargo como “asesor jurídico”, pero no quiso decir cuánto se le pagaba por él. El Faro ha encontrado el monto que recibe el funcionario en una declaración jurada que el propio Castro entregó a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2019: gana 8,000 dólares al mes.
Es un salario casi 3 mil dólares superior al asignado por Ley al Presidente de la República. La limitación de salarios para altos funcionarios ha sido una tensión constante en sucesivos gobiernos, que en el pasado recurrieron a sobresueldos ocultos para garantizar que personas de cierto perfil profesional cobrarán más de lo que establece la Ley. La declaración jurada de patrimonio entregada por Castro tiene fecha del 18 de octubre de 2019 y fue obtenida por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) a través de una solicitud de información pública hecha a la Corte Suprema.
El documento alimenta además la confusión sobre el cargo, o cargos, que Castro ostenta realmente en el Ejecutivo, y por cuál de ellos recibe o no pago. En su declaración jurada, el funcionario afirma que cobra mensualmente 8,000 dólares por su cargo de “secretario jurídico de la Presidencia”, en contradicción con lo hecho público y repetido por el presidente Nayib Bukele. El portal de Transparencia de Casa Presidencial sigue consignando por otro lado que su posición es de “secretario jurídico ad honorem”. Al mismo tiempo, el Acuerdo Ejecutivo Número 2 del 1 de junio de 2019, firmado por el presidente y por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Mario Durán, establece que Castro fue nombrado como “secretario para asuntos legislativos y jurídicos” y no señala si este cargo tiene retribución.
Alguien miente. O lo hizo y sigue haciendo el presidente Bukele al decir que Castro no cobra por su Secretaría sino por un segundo cargo; o lo hizo Castro en su declaración jurada a la Corte Suprema al decir que sí lo hacía y ocultar el segundo nombramiento y la verdadera justificación del dinero.
A la fecha, y pese a las solicitudes de información y peticiones de entrevista que este periódico gestionó entre marzo y junio de este año, Presidencia no aclara por qué no ha transparentado la doble función y el contrato que justifica el salario de Castro. El 9 de marzo, El Faro realizó una petición de información solicitando las versiones públicas de los contratos de los empleados de Casa Presidencial que están bajo el rango salarial de “$2,301 en adelante”, según el Presupuesto General de la Nación 2020. Sin embargo, luego de 81 días hábiles, la oficial de información Gabriela Gámez respondió a este periódico que los contratos se “encuentran en proceso de legalización”.
El Faro intentó obtener una reacción del secretario jurídico de la presidencia vía mensaje de texto el 22 de junio. Este periódico también buscó al secretario de prensa, Ernesto Sanabria, vía mensaje de texto y llamada. Al cierre de esta nota no había respuesta.
Para los expertos, que Presidencia pague a un funcionario respecto a una plaza para la cual no ha sido nombrado es una irregularidad que podría ser sancionada. Xenia Hernández, especialista en temas de derecho al acceso a la información pública, plantea que hay una violación ética de Castro y de su empleador, Bukele, por ser el titular de las institución que paga el salario. La Ley de Ética Gubernamental prohíbe a los funcionarios desempeñar simultáneamente dos o más cargos o empleos en el sector público. “Es imposible que esté desempeñando los dos trabajos. Ser secretario jurídico demanda tiempo y no le permitiría estar en la otra plaza donde le sale el pago”, interpreta la especialista.
Además, Hernández señala que esta práctica abre la ventana para que se mantenga algo que Bukele prometió erradicar: las plazas fantasma. Hernández explica que si Castro cumple con las funciones del cargo de secretario jurídico ad honorem y no atiende las tareas de la otra plaza, entonces esa otra plaza es una plaza fantasma “para hacer el cobro de salario”. De ser así, según Hernández, la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética debe de sancionar y certificar a la Fiscalía por posible cometimiento de delito.
En este Gobierno, Castro no es el único funcionario con doble cargo o con una “plaza aparte”, como llamó Bukele al otro cargo que desempeña su secretario jurídico. En mayo de 2019, El Faro reveló que Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, había sido nombrado por Salvador Sánchez Cerén como ministro ad honorem, pero cobraba un salario de $7,500 como “asesor de despacho”. Junto a Fuentes también fue contratado bajo la misma modalidad el viceministro Óscar Anaya. Un mes después de que Bukele asumió la Presidencia, Fuentes confirmó que seguía recibiendo su salario como asesor de despacho. En febrero de este año, este periódico también reveló que el viceministro de transporte, Saúl Castelar, en realidad recibe su salario por ser “Director Ejecutivo” con un pago de $6,500. En el ministerio de Trabajo, la viceministra Maritza Calderón fue contratada como asesora del despacho del viceministerio y, luego, juramentada como viceministra. Según el Ministerio, su cargo y su salario de asesora se suspendieron desde que asumió el cargo de viceministra en julio del año pasado.
En los casos de Fuentes, Anaya y Castelar, sus honorarios vía contrato superan a los asignados para esas plazas en la Ley de salarios. En el caso de la plaza del “secretario jurídico”, esta fue suprimida de la Ley de salarios por los dos gobiernos del FMLN entre 2011 y 2019. En ese periodo, el FMLN triplicó el salario del secretario jurídico y lo pagó vía contrato. Ruben Alvarado Fuentes, quien fuera secretario jurídico en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, dice que él cobraba 8,000 dólares al igual que Castro. A diferencia del anterior Gobierno, el salario de Alvarado sí estaba disponible al público y relacionado a su perfil como funcionario en el portal de transparencia.
Durante el gobierno de Antonio Saca (2004-2009) y hasta el primer año de la presidencia de Mauricio Funes (2010), el jurídico de la Presidencia cobraba $2,652.01 según la Ley de salarios. En la práctica, sin embargo, al menos para el caso del gobierno Saca, el ex secretario Luis Mario Rodríguez cobró entre $8,000 y $11,000 en sobresueldos, un mecanismo utilizado fuera de la ley de salarios para mejorar los ingresos de los funcionarios públicos. En enero de 2019, luego de que El Faro revelara los pagos ocultos de los gobiernos de Arena y el FMLN, Rodríguez negó haber recibido sobresueldos. “Todas mis remuneraciones fueron como parte de mi cargo de secretario de asuntos jurídicos conforme a la ley. Yo ya fui auditado y colaboré dos años con la Corte Suprema de Justicia”, respondió. Este 2020, consultado sobre su salario, insiste en que él no cobró sobresueldos y que sus honorarios siempre fueron entregados conforme a la ley de salarios.
Funcionarios sin sueldo, sueldos sin rostro
Según la ley, las instituciones están obligadas a poner a disposición, como información oficiosa, las remuneraciones por cargo presupuestario, incluyendo las categorías salariales y los montos aprobados para dietas y gastos de representación. El portal de transparencia de Capres, sin embargo, maneja con opacidad los salarios de sus funcionarios. Los perfiles de los funcionarios no incluye su salario, y la página de “remuneraciones” recoge listas en las que se señalan los cargos y los salarios de los empleados pero se omite el nombre del funcionario o empleado público. También el “directorio de funcionarios” suprime los montos de los pagos, solo muestra el cargo del funcionario, el nombre y la dependencia a la que pertenecen.
El caso de Castro salió a la luz el 18 de mayo por un desliz. Aquel lunes, la Asamblea negó sus votos para aprobar una transferencia del Fondo Monetario Internacional por $389 millones para ser incorporados en el presupuesto general que serían destinados para atender la pandemia por covid-19 ($53 millones para prevención de desastres y $337 millones para recuperación económica). En respuesta, Bukele amenazó con frenar el pago de salarios en la Asamblea y la CSJ. Como muestra de lealtad, Conan Castro y otros miembros del gabinete ofrecieron sus salarios a través de redes sociales.
Un día después, Castro fue cuestionado porque según las declaraciones de Bukele y el portal de transparencia, su cargo de secretario es ad-honorem. En un programa de televisión, Castro aceptó tener otra plaza y esquivó las interpelaciones. “Lo pueden pedir (el salario) a través de acceso a información”, dijo.
Días después, también Bukele mandó a quienes quisieran conocer el salario de Castro a revisar el portal de transparencia de Capres. Sin embargo, las búsquedas en el portal revelan una plaza de asesor jurídico con $8,000 pero no explican a quién pertenece ese cargo.
El 18 de junio, el Instituto de Acceso a la Información Pública tuvo una audiencia virtual con abogados de Capres para dirimir una negativa de la Presidencia para transparentar el listado de empleados contratados entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2019. En la audiencia, los abogados de Capres alegaron que no revelarían los nombres de los empleados con rango salarial por “razones de seguridad”. En 2018, el gobierno del FMLN usó el mismo argumento cuando intentó ocultar el salario de asesor del ministro de Hacienda, que ahora continúa en el gabinete de Bukele.
Claudia Liduvina Escobar, comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), dijo a este periódico que a esta fecha el portal de transparencia de Capres debería estar actualizado “con toda la nómina de empleados con los cargos y sus respectivas remuneraciones”. Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, coincide con la comisionada en que las remuneraciones, el cargo y la hoja de vida son información que debería de ser pública de oficio. “El ciudadano no debería hacer una solicitud ni, con el patrón que tiene este Gobierno, pelear la información en el Instituto”, explica.
Sobre el verdadero salario y la verdadera función de Castro en el Gobierno, Sandoval considera que incluso podría aplicarse el Código Penal en una investigación. En el artículo 325 de la ley dice que el funcionario público que se apropie de un beneficio de la administración pública será sancionado con pena de prisión. “Podría darse la posibilidad de hablar de peculado en razón de que el presidente está otorgando dinero a un funcionario público sin justificación”, dice el experto. La comisionada del IAIP también ve posibilidades de aplicar el código penal. “Acá hay un tema de posible enriquecimiento ilícito que puede verse implicado, si llega a comprobarse. Se tendrá que llevar a instancias de FGR”, concluye.
Castro: la firma en los decretos COVID
El 20 de mayo, en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, Bukele aceptó que Castro tiene una segunda plaza y describió sus funciones: “El trabajo real lo hacen los asesores jurídicos, no lo hace el secretario jurídico. Él lo que hace es estampar la firma”, dijo. Sin embargo, las funciones de Castro en el Gabinete en realidad van más allá de solo la firma de documentos. Castro pertenece al círculo íntimo del presidente, lidera al equipo jurídico de Capres y durante la emergencia por covid-19 fue uno de los principales emisarios de Capres ante la Asamblea Legislativa.
Lo fue, por ejemplo, cuando el 15 de mayo la Sala de lo Constitucional revivió la ley de emergencia y ordenó que el Ejecutivo y el Legislativo lograran acuerdos en seis días para crear una ley que regulara la pandemia. Durante los seis días que duró la negociación, Castro se oponía a que abrieran las oficinas de información y respuesta. “Las oficinas deben de reactivarse pasados los días que proponemos”, dijo. Un día antes de que venciera el plazo que la Sala había otorgado, Castro solicitó una nueva prórroga de la ley de emergencia, con lo que la mesa de diálogo entre los emisarios del Gobierno y la Asamblea pasaría a ser innecesaria. La Sala rechazó la petición del secretario.
Más tarde, la Sala también declaró como inconstitucionales una docena de decretos ejecutivos producidos por el equipo que dirige Castro. Uno de los más polémicos fue el 19, emitido el 13 de abril, que ordenaba a los salvadoreños a abrir sus casas cuando las autoridades lo requieran. Otro fue el decreto 22, emitido el 6 de mayo. El Gobierno informó vía Twitter la suspensión del transporte público de pasajeros. Hasta la fecha, el Ejecutivo se opone a que se reanude el transporte público.
Además de ser uno de los emisarios clave de Capres, Castro también ha sido un fiel compañero en la carrera política de Bukele. Fue gerente legal de la alcaldía de San Salvador entre 2015-2018. También es el representante legal de Nuevas Ideas, el partido político que lidera las preferencias para los comicios del 2021. Su esposa, María Antonieta Castillo Araujo, es la directora de la unidad de becas de Nuevo Cuscatlán desde 2014. Inició su carrera en la administración pública de la alcaldía en noviembre de 2012, el mismo año en que nayib Bukele se convirtió en edil de ese municipio bajo la bandera del FMLN.
En la declaración patrimonial que Castro presentó a Probidad, el funcionario declaró ser economista de profesión y reveló una particularidad inusual: no tiene gastos de vida. Esa casilla está a cero. Según declaró a Probidad, él no hace ningún pago por gastos de alimentación, vestuario, educación, salud y diversión.
Según la declaración jurada de Castro, su patrimonio ronda los 466,213 dólares. En joyas, vehículos y dinero en cuentas bancarias posee 203,000 dólares; y en propiedades su patrimonio es de 395,000 dólares. En deudas, el secretario declaró 181,787 dólares. También reporta que cada año tiene otros ingresos a su salario de 12,000 dólares en alquileres, honorarios, intereses y dividendos. En total, Castro percibe cada año 108,456 dólares.
Castro presentó esta declaración de patrimonio el 18 de octubre de 2019, fuera de plazo según lo establecen los parámetros de la CSJ. Un informe presentado el 9 de octubre de 2019 por la organización Acción Ciudadana revela que hasta ese momento la Sección de Probidad no lo había sancionado por incumplir el plazo de presentación de su declaración de patrimonio. Fuentes de El Faro aseguran que después de esa fecha tampoco recibió sanción alguna.
