El Ministerio de Salud reclamó a Grupo GME Inversiones, la empresa familiar del diputado Gustavo Escalante, que el 22 % de las 800,000 mascarillas que le vendió eran defectuosas. 179,489 mascarillas requieren cambio porque “el insumo recibido no cumple con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas tales como: inexistencia de plisado (pliegues que facilitan el acomodo en el rostro), medidas en su cuerpo menor a lo estipulado, sin costuras de cierres en los bordes del producto y material elástico de orejillas débil y delgado del producto”, según el oficio 2020-7005-293, de fecha 11 de mayo de 2020.
El documento en que Salud informa sobre las mascarillas inservibles es parte del expediente del contrato 84/2020 de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) del que El Faro tiene copia, a través de la Ley de Acceso a Información Pública.
El monto de las mascarillas que no funcionaron asciende a $77,180.27. Hasta la primera semana de julio, no había en el expediente constancia de que se hubiera realizado el cambio de productos ni la certificación solicitada. El diputado Escalante dijo a El Faro que 'todo está en orden, todo está en regla y, si hubo un reclamo, la empresa de México cumplió'. Ni la empresa ni el Ministerio de Salud contestaron a solicitudes de este periódico para saber si el reclamo se había subsanado.
El 20 de marzo, el Ministerio de Salud contrató a GME Inversiones para proveer 800,000 mascarillas quirúrgicas ($0.43 cada una) por $344,000. La empresa fue fundada en 2015 por el diputado Gustavo Escalante y su hermano Manuel Escalante. Al momento de la contratación, Manuel era administrador único propietario y Gustavo era administrador único suplente de la empresa. Según información del Registro de Comercio, GME reporta como actividad principal la “compra, venta, importación, exportación de todo tipo de licencias de informática, así como también de equipos de computadoras e impresores”.
GME es también una empresa de servidores públicos areneros. Gustavo Escalante ganó tres periodos con el partido Arena, del que renunció en junio de este año. Manuel Escalante, por su parte, es gerente de Desarrollo Urbano de la alcaldía de San Salvador, dirigida por el alcalde Ernesto Muyshondt. Finalmente, Daniel Avendaño Henríquez, apoderado legal de GME, quien representó a la empresa en este proceso de contratación, es concejal de Arena en la alcaldía de San José Villanueva.
En la contratación, GME es una sociedad que está en medio del contratante, el Ministerio de Salud, y el proveedor, la fábrica de mascarillas, Grupo Textil Providencia, una empresa mexicana. Aunque las gestiones para ganar el contrato las hizo GME, a través de su apoderado Daniel Avendaño, para la recepción del producto Salud terminó comunicándose directamente con el Grupo Textil Providencia en México.
Salud necesitaba que Grupo GME le entregara un certificado de análisis y buenas prácticas de los productos. Para hacerlo, la administradora del contrato incluso envió correos a la empresa Grupo Textil Providencia en México, fabricante de las mascarillas. GME representa a Providencia en El Salvador, según dijo Manuel Escalante a El Faro. El contacto con México se debió a que Avendaño, el apoderado legal de GME no respondió a las solicitudes de realizar el cambio.
Los documentos confirman el expedito proceso de contratación que atravesó la empresa Grupo GME para ser proveedores de mascarillas en plena emergencia, pese a su admitida inexperiencia en el manejo de insumos médicos.
El contrato establecía el pago de los $344,000 en un plazo no mayor de 30 días calendario. GME entregó las mascarillas el 4 y el 7 de abril. Un documento de la unidad de seguimiento y control de contratos y órdenes de compra de la UACI da por cerrada la orden de compra el 14 de abril de 2020. El reclamo sucedió casi un mes después de entregadas las actas de recepción de suministros. Salud no respondió a El Faro si había completado los pagos pese a los defectos en la orden.
El documento de reclamo es firmado por la doctora Ivonne Cecilia Palacios, administradora del contrato por el Ministerio de Salud, y es dirigido al apoderado legal Avendaño. La administradora del contrato es la responsable del seguimiento del proceso. Según el documento, Palacios informó a Avendaño del cambio requerido en una conversación telefónica el 4 de mayo. “El insumo se encuentra en resguardo en las bodegas de Almacén de Insumos Médicos El Paraíso (...) y deberá ser retirado para el cambio correspondiente dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibido el presente oficio”, dice el documento.
Palacios envió copia del documento a Rafael Torres, un empresario mexicano, CEO de Grupo Providencia, la fabricante de las mascarillas. Manuel Escalante, administrador propietario de GME y hermano del diputado Escalante, entregó a El Faro un documento que muestra que su empresa posee la representación de Providencia en El Salvador desde enero de 2020. Providencia es una empresa textil basada en el estado de Tlaxcala y que ahora distribuye mascarillas, según su página web.
La doctora Palacios tomó la decisión de contactar directamente al fabricante cuando no pudo obtener respuesta de GME, su proveedor. “No omito manifestarle que he intentado, desde el pasado viernes (8 de mayo) y este día establecer comunicación telefónica con Sr. Avendaño para entrega personal de este oficio, sin embargo, no lo he logrado, motivo por el cual y debido a la urgencia de la sustitución de este valioso insumo, establezco la comunicación directa con su persona”, escribió la doctora Palacios, en un correo electrónico enviado el 11 de mayo, a las 11:27 de la mañana.
A partir de ese correo, lo que sigue es un intercambio de comunicaciones que pinta el rol de GME como un mediador entre el Ministerio de Salud y el proveedor verdadero, Providencia, aunque la cotización, el contrato y los pagos sean para GME.
El correo de la doctora Palacios lo contestó, un día después, Luis Carlos Torres, director de Medios Digitales y Personalización de Grupo Providencia, y confirmó la reposición del producto, pero pidió un plazo mayor. “Por el tema de la pandemia, y la cuarentena en la que está inmersa El Salvador, es imposible hacer la exportación desde México dentro del plazo marcado dentro del oficio de cinco días”, excusó. Tres días más tarde, el 15 de mayo, Torres pidió a Palacios la dirección del envío. No hay registros de que GME interviniera en esta comunicación, aunque ellos ya habían entregado el pedido original de 800,000 mascarillas en las bodegas del Ministerio de Salud. Es como si GME hubiera desaparecido. En la mañana del 21 de julio, un hombre atendió el número de la empresa GME. El Faro preguntó por Daniel Avendaño y Manuel Escalante. La persona que atendió dijo que les diría que respondieran la llamada y colgó después de que se le preguntara su nombre y se le pidiera que anotara el número telefónico al que podría corresponder. Manuel Escalante tampoco respondió llamadas a su celular. Según el diputado Escalante, su hermano no contestó porque 'está dolido y afectado, ya que dañaron mucho la imagen de él'. El diputado dijo que 'todo está en orden' con la compra, reiteró que él no tuvo nada que ver con la contratación y que se encuentra desvinculado de la empresa.
En los últimos correos que se encuentran en el expediente, la doctora Palacios pidió a la empresa mexicana “el certificado de análisis y buenas prácticas del producto, debido a que la Dirección Nacional de Medicamentos está exigiendo a Minsal estos documentos para la recepción de insumos médicos importados”. Esa petición la hizo el 26 y el 28 de mayo, sin respuesta. Pese a que Palacios agradeció a Torre, el CEO de Providencia, “sus buenos oficios y gestiones en respuesta a la solicitud establecida”, no consta en el expediente ni la recepción de las mascarillas ni los certificados solicitados. Ni Palacios ni el Ministerio de Salud respondieron solicitudes de entrevista de El Faro. Palacios no contestó llamadas a su celular y, la mañana del 21 de julio, su teléfono de Salud lo contestó una mujer que dijo que Palacios no se encontraba. Avendaño tampoco contestó llamadas a su celular. El Faro envió también correos electrónicos con preguntas a Palacios y a la empresa GME, sin obtener respuesta.
En los procesos normales, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública (Lacap) establece garantías y procedimientos para que el gobierno se asegure de sus compras. Sin embargo, en algunas compras realizadas durante la pandemia no se aplica la Lacap, sino unos lineamientos especiales aprobados por el Ministerio de Hacienda. Hasta junio de este año, Salud ha hecho compras por más de $30 millones del fondo Fopromid, un fondo creado en 2005 y usado por instituciones de gobierno para hacer gastos relacionados a la pandemia. Según Hacienda, el fondo Fopromid registraba hasta junio $645 millones de dólares. La ley de creación de Fopromid indica que en las “adquisiciones de bienes y servicios que se requieran para atender la emergencia que se haya declarado”, no se aplica la Lacap. Abogados especialistas en temas anticorrupción ya han advertido que esto es un peligro a la transparencia de las compras públicas.
Para la contratación de GME Inversiones, ejecutada con fondos Fopromid, Salud ocupó los “Lineamientos Específicos para compras de Emergencia, por la pandemia COVID-19”, una normativa emitida por Hacienda el 23 de marzo, que permite relajar los controles de la Lacap. El sitio de compras públicas Comprasal clasificó la contratación de GME Inversiones como una compra regida por ese lineamiento, pese a que esa normativa cobró vigencia tres días después de emitida la orden de compra. En un memorándum del 9 de abril, la Unidad Financiera de Salud también hace referencia a ese lineamiento. 'Por medio de la presente remito la documentación de pago referente al proceso de compra 12/2020 'adquisición de mascarillas quirúrgicas' para documentar expediente de compra según Lineamientos para compras de emergencia decretado por la pandemia Covid-19'. Sin embargo, el lineamiento cobró vigencia el 23 de marzo y la orden de compra fue firmada tres días antes, el 20 de marzo.
Es decir, Salud reguló la compra con un documento que no había sido emitido. Giovanna Vega, docente universitaria, doctora en Derecho Público y exintegrante del Tribunal de Ética Gubernamental, dijo a El Faro que no puede haber ninguna zona exenta de control. 'La generación de estos vacíos en estos poquitos días facilitan que se geste la corrupción. En la confusión y conflicto entre normas se genera la posibilidad de actos ilícitos y faltas a la ética', dijo Vega.
El lineamiento establece que cada institución hace su propio sondeo de mercado, puede elegir a los proveedores a los que solicitará cotizaciones a través de su sitio web, correo electrónico o de forma física, y asigna la compra después de una evaluación breve de las ofertas presentadas. Ese sondeo no implica que haya competencia para elegir al mejor proveedor. “El sondeo de mercado es para determinar la idoneidad del o los oferentes nacionales o internacionales a contratar, en cuanto a los aspectos técnicos requeridos, y justificar el no generar competencia por motivos de tiempo vinculado a la atención de la emergencia”, dice literalmente el lineamiento.
Para la especialista en temas anticorrupción, la Lacap sigue siendo la base normativa de cuestiones no reguladas en los lineamientos. 'A mi criterio, no podemos renunciar a la Lacap. Sí se puede contratar más rápido y saltarse el proceso de licitación, pero el resto de exigencias deberían cumplirse porque el objetivo sigue siendo sufragar necesidades públicas. Las garantías exigidas en la Lacap se deben cumplir aún en las compras de emergencia, de lo contrario se generan despilfarros y un uso inadecuado de los recursos públicos', aseguró Vega.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, coincide en que los criterios de la Lacap pueden guiar los procesos, aunque no estén vigentes. 'Las normas técnicas de Hacienda solo se refieren a facilitar, no son requisitos para la utilización de los fondos. Pese a que para utilizar los fondos Fopromid no es necesaria la emisión de las normativas de Hacienda, eso no desaparece el tema de los conflictos de interés, por ejemplo', dijo Escobar.
GME dijo tener existencias de mascarillas pero pidió prórroga para entregarlas
El expediente del contrato 84/2020 revela nuevos detalles de cómo Grupo GME se convirtió en contratista del Ministerio de Salud. Manuel Escalante dio dos versiones a El Faro sobre esto. Primero, dijo que fue por iniciativa de la empresa: “pasamos pendientes” de las convocatorias que hace el Gobierno en el sitio de compras oficial Comprasal y también en los periódicos. La segunda versión, esta vez respaldada por un documento, es que fue el Ministerio de Salud quien invitó a GME a participar en el proceso de compra directa, a través de un memorando enviado el día 20 de marzo, el mismo día en que se adjudicó el contrato. Pero ahora hay una tercera versión: GME envió a Salud una cotización el 17 de marzo, tres días antes de que se emitiera la orden de compra.
En la cotización, firmada por Daniel Avendaño, GME ofrece “cubrebocas plisado, doble forro con orejillas elásticas” a $0.43 cada una y adjuntó una ficha técnica y fotos del producto. Dos días más tarde, esa oferta quedó plasmada en otro documento, un “dictamen de sondeo de mercado” que incluía cotizaciones de otras dos empresas: Express Cargo Logistic- Imporalia, que ofrecía cada mascarilla a $0.45, y Hitech, que ofrecía sus mascarillas a $0.48 la unidad.
El dictamen certifica que las tres empresas cumplían con las especificaciones técnicas y la diferencia se redujo a los tiempos de entrega. GME ofreció entregar los productos en 15 días calendario, Express Cargo también dijo que los podía entregar en 15 días, y Hitech no detalló tiempo. El dictamen consideró que GME era “la empresa con mejor oferta económica y tiene existencias para entrega en 15 días”.
Según los documentos, todo el proceso formal de esta orden de adquisición empezó y terminó el 20 de marzo. Ese día, la directora del Primer Nivel de Atención pidió al jefe de la UACI que realizara la compra de mascarillas por hasta $360,000. El jefe de la UACI invitó a GME a participar en la contratación directa, mandando una oferta entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. GME la mandó. El acta de recomendación de contratar a Grupo GME se ratificó a las 6:50 de la tarde. A las 7:30 de la noche, el jefe de la UACI envió el memo 2020-8400-842 a la entonces ministra, Ana Orellana Bendek, para adjudicar la contratación directa.
Pero GME no entregó el pedido en 15 días, aunque eso fue uno de los causales que el Minsal usó para favorecer la adjudicación. En ese plazo, solo entregó 120,000 mascarillas, un 15 % del total, y el 2 de abril pidió una prórroga de cinco días para el resto. El 3 de abril, Francisco Alabí -que tenía solo una semana de ser ministro- firmó la aprobación de la prórroga. Finalmente, GME entregó las restantes 680,000 mascarillas, el 7 de abril.
Documentos en poder de El Faro revelan que Salud consideró que GME no cumplía las condiciones de contratación en otro proceso de compra realizado tres días después de la adjudicación del contrato por 800,000 mascarillas que este periódico reveló el 25 de junio de este año.
En otro dictamen de sondeo de mercado, GME compitió con Hitech Industrial Solutions, Inc y Shanghai Beyond Export and Import Co, Ltd. Ese nuevo proceso lo realizó la Dirección Nacional de Hospitales y era para la adquisición de mascarillas quirúrgicas “doble forro, con elástico cara-oreja, con soporte nasal descartable”, exactamente la misma descripción con la que GME ganó su contrato del 20 de marzo. GME repitió su oferta de precio de $0.43 centavos. Sin embargo, el 23 de marzo, la comisión evaluadora consideró que GME no cumplía con las especificaciones. Salud tampoco ofreció respuesta sobre esa discrepancia.
