Cuando la Asamblea Legislativa autorizó el 23 de marzo a que el Ejecutivo no siguiera los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) con el fin de agilizar la compra de insumos esenciales para enfrentar la COVID-19, le exigió también reportes periódicos de gastos. Dos meses después, el gobierno de Nayib Bukele ha hecho al menos 200 procesos de compras de bienes y servicios por un mínimo de 179 millones de dólares según la escasa información que ha brindado, pero los informes que ha presentado a la Asamblea son incompletos y vagos: sólo detallan el destino de 36 millones en adjudicaciones a un centenar de proveedores, hechas por los ministerios de Salud, Obras Públicas, Turismo y Gobernación, los únicos que han rendido alguna cuenta a la Asamblea.
Doce ministerios y la misma Presidencia de la República no han entregado aún ningún informe de sus compras durante la emergencia sanitaria. Con ello, incumplen una de las leyes que les da poderes especiales durante la emergencia: el decreto 606.
Ese decreto habilitó a Hacienda a reescribir los procedimientos de compra de las instituciones del Órgano Ejecutivo a través de los “Lineamientos Específicos para compras de Emergencia, por la pandemia COVID-19”, que sustituyen temporalmente los procedimientos de la Lacap. El nuevo marco legal permite que cada institución haga su propio sondeo de mercado, elija a los proveedores a los que solicitará cotizaciones a través de su sitio web, correo electrónico o de forma física, y asigne la compra después de una evaluación breve de las ofertas presentadas. En el caso de proveedores internacionales, se permite al Ejecutivo saltarse estos pasos y hacer compras directas.
El procedimiento de sondeo no exige que haya competencia para elegir al mejor proveedor: “El sondeo de mercado es para determinar la idoneidad del o los oferentes nacionales o internacionales a contratar, en cuanto a los aspectos técnicos requeridos, y justificar el no generar competencia por motivos de tiempo vinculado a la atención de la emergencia”, dice literalmente el lineamiento. Con proveedores internacionales el procedimiento es aún más expedito: “Excepcionalmente, en el caso de proveedores internacionales, la institución podrá justificar, prevaleciendo el interés público, la no requisición de la manifestación anterior, o de garantías, en función de tiempos, escasez de proveedores”.
El acuerdo entre Ejecutivo y Asamblea en este punto pretende responder a las dificultades actuales para la compra urgente de respiradores o ventiladores mecánicos, bombas de infusión continuas, monitores cardíacos, electrocardiogramas, camas hospitalarias, mascarillas quirúrgicas y mascarillas N95, trajes de protección especial y aislamiento, guantes, gafas de protección y medicamentos específicos con los que se está tratando la COVID-19, como lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina, cloroquina, interferón alfa 2B o azitromicina.
Documentos entregados por el Ejecutivo a la Asamblea reflejan que Salud ha gastado al menos 18 millones de dólares en este tipo de insumos, pero no detallan el número de unidades adquiridas ni el precio unitario de cada producto.
La falta de documentos de respaldo (contratos o detalles de los presupuestos que permitan comparar los precios de cada uno de los bienes adquiridos con los precios de mercado) es una característica de todos los informes que el Ejecutivo ha entregado hasta ahora al Legislativo.
El artículo 2 del decreto 606, obliga al Ejecutivo a 'enviar un informe detallado y completo de cada liquidación a la Asamblea Legislativa dentro del plazo de 30 días'. También establece que todas las contrataciones se harán bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP): “Máxima Publicidad, Disponibilidad, Prontitud, Integridad, Igualdad, Sencillez, Gratuidad y Rendición de Cuentas'.
No se han cumplido con el primero y último de esos principios y no hay forma por tanto de confirmar que se estén cumpliendo el resto. El Faro intentó conocer la explicación de Casa Presidencial por los informes no entregados a la Asamblea Legislativa. Se enviaron preguntas al secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, vía canales de chat, la única vía de comunicación que el funcionario ha abierto a los periodistas. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
El 31 de marzo y el 28 de abril, El Faro le requirió por correo a Salud un informe más detallado de estas compras. “Las unidades administrativas de este Ministerio, por el momento, se encuentran enfocadas exclusivamente a atender la emergencia a nivel nacional, a fin de evitar que se afecten y colapsen las actividades vitales y funcione adecuadamente la cadena de suministros para evitar desabastecimiento de todo tipo de bienes y servicios”, justificó Salud su negativa a entregar documentos a través de la resolución 2020-291 del 28 de abril.
En una conferencia de prensa celebrada el 24 de abril en la Asamblea Legislativa, el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, no respondió cuando se le preguntó cómo está usando el Gobierno los fondos de emergencia: “Los diputados preguntan qué estamos haciendo con los fondos. Para eso autorizaron un comité. Vayan a preguntarle a ese comité antes de emitir con mucha ignorancia opiniones”, contestó Castro, molesto.
Lo que omitió decir es que el presidente Nayib Bukele lo nombró a él como coordinador de dicho comité, responsable según la ley para garantizar el buen uso y la transparencia de los fondos públicos obtenidos a través de préstamos y destinados a combatir la pandemia y sus efectos. Castro estaba trasladando la responsabilidad de dar explicaciones a un comité que él mismo encabeza.
Informes incompletos que no cuadran
La opacidad del Gobierno sobre el uso de fondos en el combate a la pandemia de coronavirus alcanza a las compras esenciales para la respuesta sanitaria. En los últimos dos meses se han repetido las quejas del personal médico por la falta de equipo de protección en los hospitales públicos. Aunque el Ministerio de Salud entregó una lista de 21 procesos de compra asignados a 15 proveedores de insumos médicos y equipo de protección, valorados en 18 millones de dólares, el único informe presentado por Salud, entregado a la Asamblea el 30 de abril, tiene solo tres páginas y no incluye las cantidades ni el precio unitario de los insumos adquiridos.
Salud informa a los diputados en ese documento, por ejemplo, que gastó 2.2 millones de dólares en mascarillas N95. No menciona el número de mascarillas que compró ni cuánto costó cada una. Lo mismo sucede con los 332 mil dólares que reporta que invirtió en la compra de camas; los 509 mil dólares para hidroxicloroquina y los 763 mil dólares para insumos médicos, entre otros productos adquiridos.
El 21 de abril el ministro de Obras Públicas, Edgar Romero Rodríguez, había entregado también un informe a la Asamblea para reportar los avances en la construcción de un hospital para tratar pacientes positivos con COVID-19. El documento tiene dos páginas. La primera está dedicada a una nota introductoria: 'En cumplimiento al decreto 606, presentó un documento adjunto, el detalle de los bienes y servicios adquiridos como parte de la Emergencia Nacional de la Pandemia por Covid-19, para darle cumplimiento a dicha obligación', dice. La segunda página incluye una captura de pantalla de una computadora, en la que aparece una tabla con los nombres de 15 empresas a las que el gobierno adjudicó la responsabilidad de construir y equipar el Hospital en las instalaciones de Cifco.
El 15 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunció en cadena nacional la construcción de un hospital de tres pisos para atender a pacientes con Covid-19. Su costo de construcción y equipamiento ascenderá, según el presidente, a 70 millones de dólares. “Será el hospital más grande de América Latina. Contará con 2,000 camas y 300 son para cuidados intensivos”, prometió. Tras 958 casos confirmados y 17 fallecidos por Covid-19, las obras llevan un 31% de avance, según estimaciones del Ejecutivo publicadas el 11 de mayo.
El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, y el subjefe de bancada del FMLN, Jorge Schafik Hándal, aseguraron el 24 de abril que la Comisión Política de la Asamblea rechazará el informe de compras entregado por Obras Públicas. “Ahí no vienen explicaciones. Eso no es un informe”, dijo Handal. “Esa pieza pasó a la Comisión Política y el FMLN propuso que la Comisión lo rechace. Le vamos a enviar una nota al ministro para exigirle que envié el informe de verdad”. Reyes coincide en la necesidad de solicitar un informe más detallado. “Es una paginita lo que han mandado. Le vamos a pedir que envíe un reporte con una descripción detallada del producto que han comprado, con el precio y los nombres de los proveedores”.
Tres días después de que lo hiciera Obras Públicas, el 27 de abril, el titular del Ministerio de Gobernación, Mario Durán, presentó un reporte de ocho páginas: “Informe de ejecución financiera de recursos del Fondo de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) durante la emergencia por Covid-19”. En él se asegura que del 20 de marzo al 21 de abril la institución contrató bienes y servicios valorados en 146 mil dólares con 26 proveedores, que incluyen el mantenimiento a los vehículos, la contratación de motoristas, la compra de cupones de gasolina, la adquisición de mascarillas, y servicios de reparaciones eléctricas y fontanería en los centros de contención en los que guardan cuarentena obligatoria de al menos 30 días quienes entraron a El Salvador después del 11 de marzo y quienes, en contra de lo dicho por la Corte Suprema, han sido detenidos por la Policía acusados de incumplir el confinamiento domiciliario.
El 11 de abril el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy presentó también un informe. De 14 páginas. Dedica 12 de ellas a enumerar los nombres de protocolos elaborados en el marco de la emergencia y las actividades en las que el ejército ha asistido al Ministerio de Salud. En dos cuadros incluidos en las otras dos páginas del reporte, detalla que entre el 11 de marzo y el 9 de abril Defensa gastó en la emergencia 369,926.93 dólares: 80,081.22 en combustible, 7,803.32 en insumos médicos y 282,043.39 en alimentación. No menciona nombres de proveedores.
El Ejecutivo tampoco ha dado información sobre los procesos de compra de las canastas básicas que está entregando a hogares vulnerables que han perdido sus fuentes de ingreso por la cuarentena. El 20 de abril la cuenta de Twitter del Ministerio de Gobernación divulgó fotografías de la entrega de canastas básicas con el logo del Gobierno, y el 21 de abril la cuenta de la Secretaría de Comunicaciones hizo lo mismo con una entrega de víveres en sacos estampados con “Bienestar Social” y el nombre de la primera dama, Gabriela de Bukele. En ninguno de los informes oficiales enviados a la Asamblea Legislativa o consignados en el portal institucional de Transparencia de Capres consta información sobre procesos de compra de esos insumos, ni sobre los criterios de entrega de esta ayuda.
El 6 de mayo, en cadena nacional, el presidente Nayib Bukele anunció nuevas disposiciones que restringen la cuarentena domiciliar, pidió a los salvadoreños quedarse en casa y prometió que su gobierno hará llegar a familias de todo el país un total de 2.7 millones de canastas básicas. En las últimas tres semanas El Faro ha identificado gestiones para hacer compras por 28 millones de dólares destinadas a esas canastas. La información no la ha hecho pública el Ejecutivo, sino la empresa que media entre los proveedores y Presidencia para la adquisición de los insumos incluidos en las canastas.
Presidencia usó para gestionar esta compra el mecanismo bursátil y recurrió a la empresa Bolpros S.A de C.V para gestionarla siguiendo los procedimientos de la Ley de Bolsa de Productos. Según la información reportada por la empresa, el Ejecutivo pretende adquirir 800 mil paquetes de víveres a un precio base de $35 cada uno, por un total de 28 millones de dólares. El proceso fue registrado como “No. 114, “Suministro de paquetes de víveres para beneficiar a familias afectadas por la emergencia decretada ante el covid-19”.
Dos semanas antes, ese proceso tenía otra descripción y otros montos: dos millones de paquetes de víveres, a un precio base $56 cada paquete, por un total de 112 millones de dólares.
La Oficina de Comunicaciones de Bolpros explica que Presidencia solicitó disminuir el monto y la cantidad de la compra: “Aún no se ha realizado la rueda de negociación de esta compra de víveres, puesto que todavía está en el proceso de consulta”, respondió la encargada de comunicaciones de Bolpros. Un día después, comunicó que el paquete aún no se ha negociado y, por tanto, no existen contratos de adquisiciones totales o parciales. “Previo a determinar la fecha de rueda de negocios y como parte del proceso fueron recibidas consultas de los diferentes proveedores interesados en participar, las cuales fueron enviadas a la UACI de Casa Presidencial para las respectivas respuestas”, comunicó Bolpros.
El Ejecutivo está usando en estas semanas un fondo general de emergencia que se ha alimentado de reorientaciones de distintas instituciones del Estado y de préstamos contratados entre marzo y abril. El Ministerio de Hacienda entregó a la Asamblea el 30 de abril tres informes que permiten una aproximación al uso de ese fondo. El documento incluye un “Informe de procesos de compra del 24 de marzo al 28 de abril de 2020”; un “Informe de gastos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastre (Fopromid)” y un “Informe de la reorientación de recursos para el pago de prestación de $150 a los empleados públicos”.
Para consolidar el fondo Fopromid, Hacienda se valió de la Ley de Emergencia Nacional aprobada el 14 de marzo (que permite reorientaciones de fondos entre instituciones del Ejecutivo) y un decreto vigente de 2005 que faculta a la creación del Fopromid, administrado por Hacienda, para acumular recursos y usarlos durante una emergencia. Entre marzo y abril, el Fopromid acumuló 538.7 millones de dólares: 492.7 millones del fondo general y 46 millones provenientes de un préstamo de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA).
La Corte de Cuentas reportó el 8 de mayo que, además de Fopromid, el gobierno ha usado Fondos del Gobierno de El Salvador (GOES). Se trata de 3.4 millones para el Hospital de Cifco; 2.4 millones de fondos de actividades especiales de Salud y Defensa para el pago de un bono de $150 a empleados públicos de ambos ministerios, y 320 mil dólares para el funcionamiento de una “Mesa de Crisis”, integrada por titulares de ministerios con la coordinación de Presidencia de la República. Hacienda, en su informe a la Asamblea Legislativa, solo hace referencia al uso de fondos distintos a Fopromid para el pago de este bono de $150: “Es oportuno citar que el pago del viático al personal se ha cubierto con las asignaciones presupuestarias disponibles en los presupuestos de cada una de las instituciones del sector público”, dice el informe que detalla que Hacienda transfirió 8.7 millones para pagar ese bono a 57,968 empleados de Salud, Seguridad y Defensa.
Hasta el 30 de abril, el Gobierno había ejecutado el 88% de los fondos de Fopromid: 375 millones fueron usados para la entrega de bonos de $300 prometidos a 1.59 millones de hogares vulnerables para mitigar el impacto económico de la emergencia, y otros 100.9 millones fueron programados de forma general para financiar “compras relacionadas con la emergencia”. Ese último monto reportado por Hacienda es sin embargo inferior al que reflejan los 200 procesos de compra que el Ejecutivo ha llevado a cabo en los últimos dos meses, según los informes entregados a la Asamblea por las carteras de Salud, Obras Públicas, Turismo y Gobernación, y que suman 179.7 millones de dólares. Ninguno de los informes presentados detalla la fuente de financiamiento de esas otras compras públicas.
Los documentos entregados por Hacienda a la Asamblea tampoco explican cuántos de esos procesos están en firme y liquidados o cuántos aún no han sido ejecutados y pagados a los proveedores. Por ejemplo, en el caso del Hospital prometido por Bukele, en proceso de construcción en estos momentos en Cifco, el informe de gastos de Fopromid incluye 33 millones de dólares sin detallar si ya fueron ejecutados. Por su parte, el informe entregado por Obras Públicas sólo refleja la ejecución de 14.9 millones en la construcción y equipamiento de dicho hospital.
Según Hacienda, de los 100.9 millones de dólares del Fopromid asignados para compras, 42 millones provienen del préstamo de JICA y 58.9 millones del fondo general. De la parte financiada con el préstamo el Ejecutivo programó 23 millones para la construcción del Hospital de Cifco; 15.5 millones para “necesidades de la emergencia sanitaria”; 2 millones para hoteles de resguardo de personas en cuarentena; y 1.5 millones para “obras de interés público”. Sin más detalle.
Según los mismos informes, del fondo general -también de Fopromid- se programaron 10 millones para el hospital de Cifco, 35.7 millones para la compra y entrega de cestas alimentarias a familias vulnerables; 7.5 millones para la compra de insumos médicos, equipo y pruebas de detección de Covid-19 y otros 5.7 millones para la adquisición de alimentos, insumos, apoyo logístico y adecuación de espacios de los centros de contención en los que varios miles de personas cumplen estos días cuarentena forzosa.
El 21 de marzo, Salud suscribió un préstamo de 25 millones con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para equipar el hospital de Cifco. La Corte de Cuentas comunicó el 8 de mayo que esos fondos están en proceso de ejecución para la compra de equipo médico.
En marzo, la Asamblea autorizó al Gobierno a iniciar un proceso de negociación con acreedores para obtener 2,000 millones de dólares en deuda con los que responder a la emergencia y sus efectos sanitarios, económicos y sociales. Un mes después, el 4 de mayo, a pesar de la falta de rendición de cuentas en los gastos efectuados hasta ese momento, la Asamblea autorizó la búsqueda de 1,000 millones más en préstamos. De los proyectos de decretos que el Ejecutivo ha remitido a los diputados, actas del Instituto del Seguro Social (ISSS) e información contenida en los portales de organismos multilaterales se puede calcular que al menos 645 millones de dólares serán asignados para compras públicas del Ejecutivo y de gobiernos municipales. No está definido el destino previsto para el resto de fondos en el caso de que se contraiga finalmente esa deuda.
Las normativas incumplidas
El sitio de compras públicas Comprasal, y el sitio de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tampoco tienen información completa sobre las compras que ha hecho el gobierno durante la emergencia.
Desde hace un mes, el Gobierno incumple al menos cinco normativas que obligan a que esa información sea pública. No sigue el lineamiento dado por el propio Ministerio de Hacienda para la emergencia, que incluyen la obligatoriedad de publicar esa información en el sitio Comprasal; incumple la Ley de Acceso a la Información y una directriz del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre la publicación oficiosa de los procesos de compras; y sigue sin cumplir dos decretos con disposiciones de la Asamblea Legislativa sobre la entrega de informes cada 30 días, incluidas en el decreto 606, y sobre la máxima publicidad de la información de la ejecución de fondos públicos incluido en el decreto que habilitó al Ejecutivo a buscar 2,000 millones de dólares con acreedores.
El 23 de marzo el IAIP, un organismo público independiente del Ejecutivo, publicó unas 'Directrices para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y protección de datos personales durante la emergencia sanitaria'. El documento hace un llamado explícito a las instituciones a divulgar toda la información relacionada a la emergencia: 'Se insta a las instituciones actualizar la información oficiosa de información'. La tercera semana de abril el IAIP habilitó un portal de transparencia y solicitó a todas las instituciones del Ejecutivo, municipalidades y autónomas la publicación de manera oficiosa de documentos en dicha plataforma.
Hasta el 6 de mayo, de un total de 16 ministerios, solo Turismo y Salud habían incorporado alguna información. El 28 de de abril, el Ministerio de Turismo incorporó al sitio información sobre centros de cuarentena: 60 órdenes de compra de paquetes de alojamiento y alimentación que suman 1.8 millones de dólares financiados con recursos de Fopromid. El 30 de abril el Ministerio de Salud subió al portal del IAIP nueve órdenes de compra por un total de 104 mil dólares, que incluyen la adquisición de equipo de cómputo, alcohol gel, equipo de seguridad personal (chalecos salvavidas y cascos de obra) y rótulos. Ninguna de esas compras está relacionada con la atención a pacientes con COVID-19.
El 23 de marzo, la Unidad Nacional de Adquisiciones y Compras (UNAC) del Ministerio de Hacienda emitió los “Lineamientos Específicos para compras de Emergencia, por la pandemia COVID-19”. Ese instructivo, que nació del decreto 606, incluyó una cláusula sobre la publicidad de las compras públicas, que ninguna institución ha cumplido. “Deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Compras Públicas Comprasal y en el sitio web institucional de la entidad gestora del proceso de compra, el resultado del proceso incluyendo el monto de la contratación, fecha de la compra y nombre de proveedor, así como la resolución razonada que habilita las compras de emergencia de la Institución”, dice el documento de Hacienda. Aunque no establece plazos, ese lineamiento está ligado a los principios de la LAIP, del decreto 606, y uno de ellos es la disponibilidad: “la información pública debe estar al alcance de los particulares”.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC), y Eduardo Escobar, representante de la ONG Acción Ciudadana, alertan sobre los peligros en la opacidad de las compras públicas. Sandoval pone como ejemplo investigaciones que han iniciado en otros países, más abiertos a compartir información. “En Colombia se han detectado, por ejemplo, sobrecostos en compras de equipo hospitalario y en Perú se están investigando irregularidades en compras de equipo de bioseguridad para la Policía”.
Escobar advierte que durante los períodos de emergencia es cuando más riesgos se corre de que haya un uso inapropiado de fondos públicos: “Está comprobado que en momentos de calamidad y emergencia es cuando la capacidad estatal se dirige a atender el evento extraordinario. Eso implica minimizar los mecanismos de control sobre los fondos públicos. Al haber un flujo mayor de dinero aumenta la probabilidad de que hayan actos de corrupción: compras con sobreprecio y compras de bienes no necesarios”, advierte, e insiste en que la Corte de Cuentas debe garantizar que haya suficientes exámenes especiales al manejo de los fondos para la emergencia.
El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa no solo autorizó al Ejecutivo a emitir deuda por 2,000 millones para crear un fondo de emergencia para mitigar los efectos de la pandemia. El decreto también prohibió que el gobierno declare como reservada la ejecución de los fondos que se obtengan. El gobierno, sin embargo, no ha tenido que recurrir a las declaratorias de reserva, porque desde el 14 de marzo no admite a trámite solicitudes de acceso a información pública.
El 28 de abril, usando la Ley de Acceso a la Información, El Faro solicitó a Obras Públicas la entrega de los expedientes de compras relacionadas con la construcción del Hospital de Cifco. También solicitó a Salud la entrega de expedientes de compra de insumos, dispositivos y medicamentos adquiridos para tratar a pacientes con Covid-19, y la información sobre las gestiones realizadas para adquirir maquinaria y pruebas (PCR y rápidas) para detectar casos positivos de coronavirus. Ambos ministerios respondieron lo mismo: que desde el 14 de marzo, por la Ley de Emergencia, están suspendidos los plazos de procesos administrativos y por tanto solo darán por admitidas solicitudes de información cuando termine la emergencia.
*Con reportes de Roxana Lazo
