Desde finales de marzo hasta mediados de junio, José Ángel Montoya Quiñonez, primo del ministro de Salud, Francisco Alabí Montoya, ganó con el Ministerio de Turismo $19,500 en tres contratos de alquiler de un inmueble reconvertido en un centro de cuarentena para albergar hasta siete personas sospechosas de ser portadoras del covid-19.
La casa convertida en centro de cuarentena es la la #8-31, ubicada en la 4.a calle oriente, frente al hospital San Rafael, en Santa Tecla. Previo a la emergencia sanitaria de covid-19, en este inmueble funcionaba una bodega de equipo eléctrico de una empresa de José Ángel Montoya.
El 22 de julio, la revista GatoEncerrado reveló que Montoya ganó con Turismo dos contratos que suman $13,000 para convertir ese inmueble en un centro de cuarentena. Documentos oficiales del MITUR a los que tuvo acceso El Faro a través del portal de Transparencia e informes del ministerio al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) revelan que en realidad fueron tres los contratos entre el primo del ministro de Salud y la institución pública para totalizar $19,500.
Los contratos entre MITUR y Montoya fueron suscritos por José Ángel, aunque El Faro confirmó que el recibo de energía eléctrica de la propiedad está a nombre de su hermano Gonzalo. Los hermanos Montoya, además, dirigen Autodo S. A. de C. V., la empresa a la que el Ministerio de Salud contrató en abril por 225,000 dólares para adquirir botas de hule. A la fecha, la casa ya no es utilizada como un centro de cuarentena. Los tres documentos consignan que la relación entre José Ángel Montoya y Turismo fue pactada hasta mediados de junio.
La primera contratación a favor de Montoya ocurrió el 24 de marzo, con la orden de compra Mitur-Fopromid 48/2020. Para ese entonces, su primo Francisco aún era viceministro de Salud, pero ya tenía cerca de un mes de estar al frente de la estrategia gubernamental contra la pandemia de covid-19.
El envío de personas provenientes desde el extranjero a centros de cuarentena habilitados en hostales, hoteles y casas particulares comenzó a ocurrir luego de las denuncias y quejas por las condiciones dentro de los primeros albergues habilitados por el Gobierno a mediados de marzo. Las condiciones de insalubridad y hacinamiento en los albergues de Jiquilisco, Usulután; Villa Olímpica en Mejicanos (entre otros) hicieron reaccionar al Gobierno, que se vio obligado a dar un giro en el plan, alquilando nuevos espacios más controlados y con condiciones óptimas. “Si nos dan un bajo costo, les compramos para cuarentena”, dijo el presidente Nayib Bukele el 11 de marzo. Para el 15, los principales albergues comenzaron a ser evacuados.
Tras las primeras reubicaciones de los albergados, el Gobierno lanzó una propaganda gubernamental luciendo las nuevas condiciones en hoteles. El 28 de marzo, cuatro días después de la primera contratación de MITUR a favor de su primo, Alabí fue juramentado como ministro de Salud.
Luego, el 23 de abril, el contrato se extendió por 30 días más a través de la orden Mitur-Fopromid 138/2020. Y el 16 de mayo, se extendió el tercero, “Mitur-Fopromid 227/2020”, por 30 días más. A diferencia de las primeras dos contrataciones, el Portal de Transparencia del ministerio no ha publicado los detalles de las órdenes de compra de la 151 a la 253. El Mitur, en cambio, publicó el 30 de junio el tercer informe que recoge grosso modo los números de las órdenes de compra, los nombres de los suministrantes y los montos erogados. Una copia de ese informe también fue presentada por esa institución al IAIP.
En ese informe se reseña que a “MONTOYA QUIÑONEZ JOSÉ ANGEL” le fue adjudicado un tercer contrato por $6,500 por la “habilitación de inmueble como casa de contención para covid-19 para el periodo de hasta 30 días”.
Camas por más de 900 dólares mensuales
Según detallan las primeras órdenes de compra, la casa tiene siete habitaciones equipadas con cama, aire acondicionado y televisión. Cuatro baños completos y uno básico. Cocina equipada y utensilios básicos. Estacionamiento para cuatro carros. Área independiente para personal médico e incluye los servicios básicos de agua, luz, limpieza y sanitización.
De lejos, el precio pagado para arrendar el inmueble fue el más oneroso en la lista de contrataciones que MITUR ha divulgado, referida a contrataciones de casas particulares reconvertidas en centros de cuarentena. En esa lista colgada en el Portal de Transparencia de la institución hay arrendamientos de inmuebles más espaciosos y dedicados a hospedar personas a un menor precio. Por ejemplo, la que más se acerca a los $6500 mensuales que recibieron por contrato es la Casa Familia Nazareth, que cuenta con 58 habitaciones, y fue rentada por $4500.
Si se divide el monto mensual pagado a Montoya por el alquiler de las siete camas disponibles en la casa (sin descontar gastos de servicios básicos, alimentación o de sanitización), resulta que cada cama le costó a MITUR 928.57 dólares mensuales.
Las tres contrataciones se hicieron bajo la modalidad de libre gestión; sin embargo, en los documentos oficiales no hay información que explique por qué se contrató específicamente la casa del primo del ministro Alabí a esos precios.
El Faro buscó a la ministra de Turismo, Morena Valdez. A pesar de los mensajes enviados para conocer por qué se contrató a los primos de un funcionario, al cierre de esta nota no hubo respuesta. A GatoEncerrado, la funcionaria respondió que la información sobre los contratos podía obtenerse a través de la oficina de acceso a la información y de su equipo de comunicaciones.
El 23 de julio, en la entrega de los informes de Labores de la Administración Pública y del Ministerio Público a la Asamblea Legislativa, la ministra de Turismo señaló que por la orden que el presidente dio en marzo comenzaron a contratar hoteles para que funcionaran como centros de cuarentena. “Contratamos más de 100 hoteles, entre medianos y pequeños, con una tarifa solidaria, consensuada con el sector. Invirtiendo más de 6 millones de dólares”, dijo Valdez en el pleno legislativo, aunque omitió mencionar las casas arrendadas para este propósito.
“Desde el principio de la pandemia, nuestro presidente Nayib Bukele se preocupó por este sector porque sabía que iba a ser el primer afectado y el último en reactivarse. Es por ello que nos encomendó la coordinación de los servicios de cuarentena para con el fin de cumplir dos objetivos: la contención del virus y proporcionar una inyección de capital al sector hotelero”, dijo Valdez. Esta inyección llegó generosamente hasta los primos del ministro de Salud.
Este periódico también buscó una reacción del ministro de Salud, Francisco Alabí, a través de sus equipos de prensa, pero tampoco hubo respuesta.
También se buscó a los hermanos Gonzalo y José Ángel Montoya a través de su empresa Autodo S. A. de C. V. La recepcionista dijo que trasladaría las preguntas porque los hermanos Montoya Quiñonez no estaban en el local.
Antes de la emergencia sanitaria, cuentan los vecinos, la casa #8-31 era una más de esa hilera de inmuebles que están a la orilla de la calle. Ahora esa casa resalta en la cuadra: se ve recién remozada, con las paredes pintadas con color blanco.
Hoy, a mediados de julio, la casa #8-31 parece vacía. Nadie contesta la puerta principal. Dos coasters deterioradas y sin placas de la ruta 101-D están estacionadas frente al inmueble. Los vecinos aseguran que desde hace mes y medio ya no ven movimiento de entrega de comida ni que sacan bolsas de basura. Además, desconocen por qué están esos vehículos aparcados en la acera.
A pesar de que está frente al hospital San Rafael, los porteros del centro de salud no pueden confirmar con propiedad si había un centro de cuarentena en sus narices. No lo saben, según afirman, porque no tuvo ninguna relación con el hospital. “A saber, ese es negocio aparte. Parece que sí hubo un centro de cuarentena, pero no sabemos más”, dijo el único vigilante que pudo dar razón de la casa #8-31.
Una lectura similar tuvo una agente de la PNC de un puesto policial que está en la 15 avenida sur. “Nos dimos cuenta de que sí hubo (un centro de cuarentena), pero ya está cerrado. Lo manejaron así… como abajo de aguas”, dijo.
De bodega de equipo eléctrico a centro de cuarentena
Los vecinos de la 4.a calle oriente confirman que “por unos meses” en efecto hubo un centro de contención de cuarentena en la casa #8-31. Pero matizan: antes de la emergencia era una bodega y, agregan, desde hace muchísimos años no vive nadie ahí. Uno de los vecinos explica que el año pasado “solo veía que venían unos señores a sacar equipo, pero no vivía nadie. Era una bodega de material”.
En este inmueble nunca operó un negocio relacionado con el rubro hotelero o de salud. En esta casa opera la empresa SAEE El Salvador S. A. de C. V., de la cual José Ángel Montoya es dueño, según documentos del Centro Nacional de Registro (CNR). El giro principal de SAEE El Salvador está relacionado con equipos y proyectos de generación de energía.
Documentos de 2016 del CNR señalan que José Ángel Montoya es accionista, director presidente y representante legal de la empresa. Hasta el 14 de julio de 2020, el número 4 del libro 3536 del CNR, donde está el acta de constitución de la empresa, no mostraba cambios de directiva ni ninguna otra alteración.
En el acta de constitución de la empresa se establece que su finalidad principal es la promoción, diseño, construcción, gestión, operación y mantenimiento de proyectos de generación de energía; compra importación, venta y arrendamiento de maquinaria y equipos mobiliarios de construcción, energéticas y análogas.
SAEE El Salvador fue inscrita el 26 de enero de 2016. En ese momento Montoya junto a Francisco López Baldía y los españoles Ferran Urgell Just y Jaume Pallerols Casas aportaron el 10 % del valor total de cada acción. Montoya y López Badía pusieron $40 cada uno para hacerse de cuatro acciones; mientras que Urgell Just y Pallerols pusieron $60 cada uno para acreditarse seis acciones.
Emprendedores en la pandemia
El ministro Francisco Alabí por su lado materno es primo hermano de José Ángel y Gonzalo Montoya. La madre de Francisco Alabí Montoya, Guisela Elizabeth Montoya, es hermana de José Gonzalo Montoya, padre de los hermanos Montoya Quiñonez. Así lo comprueban las partidas de nacimiento de los cinco familiares.
Después de incursionar en el negocio de los centros de cuarentena, José Ángel junto a su hermano Gonzalo también ganaron un contrato con la cartera que dirige su primo. Ellos son los mismos directivos de la empresa Autodo S. A. de C. V. que el 17 de abril ganó un contrato por $255 000 para proveer de botas de hule al Ministerio de Salud, según lo reveló la Revista GatoEncerrado.
Los contratos entre el Gobierno y los Montoya fueron pagados a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), que permitió al Ejecutivo saltarse los controles normales de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (Lacap). Esta ley además fue debilitada y quedó tambaleando por la aprobación del estado de emergencia, producto de las insistencias del Gobierno de Nayib Bukele para poder hacer compras rápidas relacionadas con la pandemia de covid-19.
Sin embargo, expertos en transparencia aseguran que esto no significa que las instituciones públicas podían contratar servicios e insumos sin ningún control.
Xenia Hernández, integrante del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), considera que los lineamientos de que Hacienda dio para manejar estos fondos solo permiten agilizar las compras para la emergencia, pero que eso no implica que se van a eliminar todos los procesos y controles estipulados en la Lacap. La abogada explica que lo que se dio en este caso específico puede considerarse como nepotismo cruzado. Donde el ministro de una institución beneficia a familiares del ministro de otra.
“Ese amiguismo y eso de entregar favores a otros funcionarios es lo que genera el nepotismo cruzado. Porque no es directamente el ministro que está contratando a sus familiares, sino que es otro funcionario que podría tener una cercanía con el mismo Gobierno que permite que haya un sector específico beneficiado, en este caso los familiares del ministro de Salud. Eso no está contemplado en nuestro país, pero no exime que se puedan deducir responsabilidades a través de la misma Lacap o de las observaciones que la Corte de Cuentas pueda hacer a este tipo de contrataciones”, dijo la abogada.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Alac-Funde), agrega que El Salvador como firmante Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción debería tener leyes secundarias que regulen el tráfico de influencias.
En el artículo 18 de la convención, se establece que los Estados firmantes deberían tipificar como delito “la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona”.
Este nuevo caso en el que los familiares del ministro de Salud aparecen nuevamente beneficiados con contratos durante la emergencia se suma a otro puñado de casos revelados por investigaciones periodísticas. En junio, Salud con Lupa reveló que el Ministerio de Salud compró protectores faciales a la empresa Insema S. A. de C. V., propiedad de Jorge “Koky” Aguilar. Por este hecho, el presidente Bukele decidió separar a Aguilar de su puesto como presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes) mientras duran las investigaciones y el partido Nuevas Ideas suspendió su precandidura a la Alcaldía de Santa Tecla.
La denuncia llegó al Tribunal de Ética Gubernamental. La Fiscalía General de la República, la CCR y la Cicíes también investigan el caso.
Salud también compró $750 000 en protectores faciales a la empresa SYGM Asesores, S.A. de C.V., en la que están involucrados funcionarios del Viceministerio de Ingresos, según reveló El Diario de Hoy.
La Fiscalía también investiga el pago de $344 mil por un lote de mascarillas a una empresa de la familia fundada por el diputado Gustavo Escalante y dirigida por sus familiares. El 22 de julio El Faro reveló que el 22 % de las mascarillas entregadas por la empresa de los Escalante eran inservibles.
