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¿Quién defiende a quienes nos defienden?

Guillermo Rodríguez

 
 

En Latinoamérica, la pandemia de covid-19 ha agravado los problemas estructurales ya existentes. Su impacto social y económico ha acumulado y profundizado las desigualdades y deudas históricas no resueltas. Las medidas adoptadas por la mayoría de los Estados para atender la emergencia han ampliado y ahondado las limitaciones a los derechos humanos. Particularmente, se elevó el número e intensidad de los ataques dirigidos a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la región, que continúa siendo la más letal del mundo para esta labor. Durante 2019 más de 200 personas defensoras fueron asesinadas en América Latina; y uno de cada tres de estos delitos ocurrió en la subregión comprendida por México y Centroamérica.

Desde el inicio de la contingencia, al menos 28 personas defensoras fueron asesinadas en México, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Sin embargo, la dinámica y prioridades impuestas por la emergencia sanitaria no nos han permitido pausar para evaluar a profundidad los impactos, las consecuencias diferenciadas por género, raza, etnia, o clase y los desafíos generados por la nueva realidad en el hacer de quienes defendemos derechos humanos.

Por ello, organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos en México y Centroamérica convocamos a más de veinte personas defensoras de derechos humanos y periodistas a compartir su experiencia y reflexión, a través de una serie de diálogos virtuales sobre lo que significa “Defender derechos en tiempos de COVID-19”. Las conclusiones preliminares de estos diálogos apuntan a que la pandemia ha alterado y transformado la manera en que se lleva a cabo la defensa de derechos humanos. Para empezar, las personas defensoras han visto limitada buena parte de sus espacios de trabajo a partir de la suspensión de foros internacionales, multilaterales y de organismos de protección como consecuencia de las restricciones a la movilidad transfronteriza y a la aglomeración social.

Familiares exigen la liberación de ocho defensores privados de libertad por defender el río Guapinol, en Honduras, ante la instalación de una empresa minera. Foto cortesía de Cejil.
 
Familiares exigen la liberación de ocho defensores privados de libertad por defender el río Guapinol, en Honduras, ante la instalación de una empresa minera. Foto cortesía de Cejil.

Las limitaciones de movilidad al interior de los Estados han tenido un impacto sustantivo y de mayor profundidad sobre la defensa de derechos. A las personas defensoras les resulta más difícil realizar sus procesos de lucha, acompañamiento o búsqueda de familiares desaparecidos desde la distancia o virtualidad. A eso se suma que el ejercicio del derecho a la protesta y libre manifestación parece estar en receso como resultado de las normas sanitarias de distanciamiento social o de  medidas restrictivas como toques de queda, ya sea formales o informales. En algunos países como Guatemala han alcanzado la categoría de estado de sitio, mientras que en México y Honduras la presunta violación de estas medidas ha generado la represión directa de la protesta social, la criminalización y judicialización de personas defensoras, especialmente mujeres involucradas en la defensa de derechos laborales, tierra y territorio, vida libre de violencia y acceso a la justicia.

Prácticamente todos los sistemas de administración de justicia de la región han suspendido o disminuido su atención a partir del confinamiento, sin adoptar medidas efectivas y pertinentes para garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia. Esto ha significado que recursos judiciales presentados en contra de megaproyectos o a favor de personas solicitantes de protección internacional, por ejemplo, hayan sido desestimados o pospuestos indefinidamente. Como parte de esta dinámica, las agresiones, amenazas y asesinatos de mujeres defensoras y periodistas se han agudizado ante la permisividad e impunidad de las autoridades. De manera preocupante, la autoridades han demostrado una tendencia a ignorar, recolocar y justificar el componente sexista de esa violencia como parte de prejuicios estructurales basados en el género, pero también de desconocimiento sobre la relevancia de la defensa de derechos humanos en el contexto de la pandemia.

Las restricciones añadidas al acceso a la justicia son particularmente críticas para víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como los casos destacados de Guatemala y El Salvador, en donde la espera de justicia lleva décadas y la contingencia se convierte en un obstáculo más que se suma a la dilación de los ya de por sí tardíos y longevos procesos judiciales, perpetuando la impunidad. Encima, los llamados internacionales en favor del alivio poblacional de los centros penitenciarios han sido utilizados maliciosamente para intentar beneficiar a las pocas personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos en la región.

En la otra cara de la moneda, se esquivan estos mismos llamados para evitar atender a personas defensoras privadas de libertad por razones políticas o mediante procesos arbitrarios/abusivos de criminalización, como en Honduras, México, Guatemala y Nicaragua.

También se han profundizado desafíos precedentes, como el repunte en el hostigamiento digital, desprestigio y criminalización contra la labor periodística; y en general contra las reivindicaciones en favor de la libre expresión y acceso a la información. Medios como El Faro, Factum o Gato Encerrado en El Salvador han sido objeto de amenazas, represalias y amedrentamiento como consecuencia de su crítica a la gestión del gobierno de Bukele durante los últimos meses, quien, junto a otros mandatarios de la región, como Andrés Manuel López Obrador o Daniel Ortega, ha denostado a la crítica independiente. En Panamá un patrón precedente de criminalización de la labor periodística se ha recrudecido con la pandemia como represalia a la cobertura mediática que se le ha dado a la corrupción y violaciones de derechos humanos de administraciones pasadas.

Las restricciones en el acceso a la información y la libre expresión han alcanzado un nuevo nivel en Nicaragua con el despido de decenas de profesionales de la salud como consecuencia de su crítica a la política sanitaria gubernamental. Una organización sufrió la cancelación de su personería jurídica, por presuntamente participar en acciones humanitarias para contener la pandemia.

Las mujeres defensoras, además, enfrentan las consecuencias directas de la pandemia sobre su vida, salud, cuerpos y economía. El trabajo remoto y virtual, que no sustituye al acompañamiento presencial, incrementó la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado, específicamente con la suma de la atención a la formación educativa en casa de los y las hijas. Muchas defensoras se quedaron sin ingresos, lo cual las ha enfrentado a la precariedad con la que desarrollan su labor, con pocas o nulas posibilidades de acceder a alimentos, servicios de salud y medicamentos, sobre todo para quienes tienen padecimientos preexistentes y requieren de atención médica permanente. En este contexto, algunos Estados como El Salvador y Honduras han utilizado los programas de apoyo destinados a atender las necesidades de alimentación de la población para reprimir el derecho a defender derechos humanos al negarles a las defensoras el acceso a tales apoyos. Por otro lado, el confinamiento en los hogares aumenta el riesgo de vivir violencia machista.

La incertidumbre y la preocupación por enfrentar la crisis económica cuando se es jefa de familia o se ha perdido el empleo, la ausencia de comunicación cercana con las personas y procesos que se acompañan, genera en las defensoras impactos significativos en la salud mental, como depresión, angustia, tensión, desesperanza y desasosiego. Todo esto puede agravar padecimientos físicos e indudablemente trascenderán en la propia labor de defensa.

La pandemia ha facilitado que los gobiernos invisibilicen en las agendas políticas las reivindicaciones de las personas defensoras de derechos humanos y, por tanto, las violencias específicas que enfrentan las mujeres defensoras, reforzando el autoritarismo, el machismo y la homofobia que se ejerce hacia ciertos sectores que denuncian los incesantes ataques a derechos humanos.

Aun cuando llueve sobre mojado, lo que la pandemia no cambia es la respuesta de los Estados que, en general, continúan sin reconocer la relevancia de la defensa de derechos humanos, aún en tiempos tan críticos como los que vivimos. Por otro lado, la estigmatización desde las altas esferas del poder público ha sido verbalizada, por lo menos en El Salvador, México y Nicaragua.

De manera más grave, algunos Estados han promovido un entorno cuesta arriba para la institucionalidad de protección de derechos humanos. En Guatemala, el propio Presidente de la República ha desestimado la labor del Procurador de los Derechos Humanos; mientras que el proceso de renovación de la Corte Suprema en el país enfrenta múltiples cuestionamientos. En el mismo sentido, distintos países de la región, incluidos Guatemala, México y Costa Rica, han adoptado medidas de austeridad que podrían comprometer sensiblemente las instancias de promoción y protección de derechos humanos de grupos específicos, entre ellos, las personas defensoras. La necesidad de fondos ha llevado a que el Congreso mexicano considere una iniciativa que podría extinguir el fideicomiso que financia al mecanismo nacional de protección a personas defensoras y periodistas.

En tiempos en los que todos los Estados han quedado de alguna manera rebasados, el rol de las personas defensoras es indispensable para auxiliar a la construcción e identificación de alternativas en democracia y repuestas con enfoque de derechos humanos. En conjunción con los Estados, pero también para servir de control y contrapeso a aquellas medidas desproporcionadas que puedan implementarse en favor de intereses distintos a los de la población general o bien que resulten incompatibles con las obligaciones internacionales.

Por todo lo anterior, ahora más que nunca urge responder ¿quién defiende a quienes nos defienden? Mientras los Estados responden a la altura de las circunstancias, las redes de personas defensoras nos hemos activado desde la virtualidad y la creatividad para imaginar el mundo de lo posible y lo deseable. Aquí seguiremos de pie para sostener nuestra labor en la región con resiliencia y solidaridad.


*Guillermo Rodríguez García es oficial de incidencia del Programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), espacio desde el cual ha dado acompañamiento y seguimiento al panorama para la defensa de derechos humanos en la región Mesoamericana. Este artículo se construyó con información proporcionada por UDEFEGUA y la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México.


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