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Fiscal Melara no ve delito en la toma de la Asamblea con el Ejército el 9F

El fiscal general considera que aunque hubo "militarización" de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, lo ocurrido fueron "excesos" y no cuentan con elementos para imputar delitos. Organizaciones no gubernamentales señalan que sí hay indicios de delito: entre estos el de sedición y actos arbitrarios. 

 
 

El fiscal general Raúl Melara considera que en la toma de la Asamblea Legislativa del 9 de febrero hubo "excesos" y "militarización",  pero la institución que dirige no cuenta con "los elementos necesarios para imputar un delito".

Melara dio estas declaraciones en la mañana del jueves 20 de agosto, un día antes de la interpelación programada por la Asamblea Legislativa contra el ministro de Defensa René Merino Monroy, quien el 9 de febrero ordenó un cerco militar al Centro de Gobierno y el despliegue de militares fuertemente armados que ingresaron al Salón Azul, acuerpando al presidente Nayib Bukele. Tras la irrupción, y desde el sitio que utiliza el presidente de la Asamblea Legislativa, Bukele amenazó con disolver al congreso. 

“Hemos hecho todas las diligencias que se puedan de ese día y hoy por hoy no tenemos los elementos necesarios para imputar un delito”, dijo Melara, en una entrevista en Hechos, de Canal 12. A juicio del funcionario mandado por la Constitución a defender los intereses del Estado y de la sociedad, que soldados armados tomaran el Salón Azul para permitir el ingreso del presidente Bukele solo constituyó excesos.

“Creo que fueron excesos, sí, excesos, la militarización de la Asamblea Legislativa(sic). No podemos determinar juridicamente un hecho de violencia porque no lo tenemos acreditado ni documentado”, dijo Melara, a contrapelo de lo resuelto por el máximo tribunal salvadoreño, la Sala de lo Constitucional, en una medida cautelar del 10 de febrero, cuando estableció que el Ejército sobrepasó sus atribuciones legales. En esa medida cautelar, la Sala ordenó a la Fuerza Armada que debía abstenerse de seguir violando la Constitución.

La Sala emitió esa resolución a partir de un recurso de inconstitucionalidad que presentaron los abogados Ruth López y Luis Portillo. La Sala aun sigue estudiando la demanda, pero al admitirla, el 10 de febrero, los magistrados constitucionalistas ordenaron varias medidas cautelares con el proposito de frenar lo que, a su juicio, ya era una violación constitucional por parte del Ejército y otros funcionarios. Una de las medidas cautelares ordenaba a Bukele que “se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada contrario a los fines constitucionalmente establecidos y de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”, según se leía en la sentencia, de 14 páginas.

Al ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy y al Director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, la Sala les ordenó que “no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados”.

Días previos a la toma de la Asamblea, el presidente Bukele emitió declaraciones con las que convocaba a la ciudadanía a irrumpir en la Asamblea, impedir el ejercicio de funciones de diputados electos e imponer en esos puestos a otras personas. Esas declaraciones coincidieron en tiempo con la convocatoria que hizo el Consejo de Ministros el 6 de febrero, con la que buscaban obligar a la instalación de la Asamblea Legislativa para que esta aprobara el inicio de las negocaciones de un préstamo de 109 millones del BCIE para, supuestamente, la tercera fase del Plan Control Territorial. Las declaraciones y la convocatoria del Consejo de Ministros provocaron que los abogados López y Portillo presentaran su demanda ante la Sala el 8 de febrero.

En la entrevista televisiva, el fiscal pareció soslayar las denuncias nacionales internacionales hechas por organizaciones de la sociedad civil, Gobiernos, partidos políticos y organizaciones que velan por el cumplimiento del Estado de Derecho en el continente, como Human Rights Watch. “No tenemos los elementos necesarios para imputar un delito. Distinto es el ámbito político, distinto son los hechos que hayan podido suceder ese día durante ese acto del 9F”, dijo.

“No podemos basarnos en ansiedades, no podemos basarnos en percepciones porque qué difícil sería la institucionalidad del país si la Fiscalía se basara en hecho”, agregó.

La Fuerza Armada ingresó al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020.
 
La Fuerza Armada ingresó al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020.

Organizaciones sí ven indicios de delito

Contrario a lo dicho por el fiscal, organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y Acción Ciudadana consideran que el 9F sí existió un rompimiento constitucional que amerita que se diluciden todas las responsabilidades, pero además existen indicios de que se cometieron al menos tres delitos: sedición en grado de tentativa (artículo 341 del Código Penal); Proposición, conspiración o apología para cometer sedición (artículo 342) y Actos arbitrarios (320).

La pena para estos delitos incluye la destitución del cargo cuando quien lo cometa es un funcionario público. El tiempo de cárcel establecido para quien cometa estos delitos va desde los dos hasta los 15 años de cárcel.

“Por la gravedad de lo que ocurrió, que el Fiscal General deje de investigar estos hechos o descartar de esa manera, superficialmente, la comisión de delitos sería un terrible precendente para la democracia y el sistma judicial”, dice Sonia Rubio Padilla, directora para El Salvador de la DPLF. “Es fundamental que el fiscal asuma su rol de investigar porque solo así se va a determinar si se incurrió o no en un delito y si hay responsabilidad penal de los funcionarios que participaron o de otras personas”, agregó.

DPLF, una organización con sede en Washington dedicada al escrutinio de los sistemas judiciales y políticos en Latinoamérica, decidió abrir una filial en San Salvador con el propósito de observar el desenvolvimiento del Estado de Derecho en el país. La oficina abrió esta semana.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, rechazó las declaraciones del fiscal Melara y señaló que la conducta que se observó del minsitro de Defensa podría encajar en el tipo penal del artículo 342 que es Proposición, conspiración o apología para cometer rebelión o sedición. La sedición, según el artículo 341, es cuando una persona “se alzare pública y tumultuariamente para conseguir con violencia” diversos objetivos, entre los cuales está “impedir que las autoridades ejerzan libremente sus funciones” y también “deponer a algún funcionario de la Administración Pública”.

Escobar también considera que existe la posibilidad de que se haya cometido el delito de sedición a nivel de tentativa. “Eso se vio con la militarización del recinto legislativo, cuando el presidente entró al Salón Azul”, dijo Escobar. Y el tercer delito que a su juicio se debería investigar es el de Actos arbitrarios. “En este caso, hay que retomar lo que decía la Sala en su medida cautelar. El minsitro ejerció funciones distintas a las que está obligado, esto rompe el principio de legalidad porque el funcionario no tiene más atribuciones que las que le confiere la ley y la Constitución. En este caso va más allá, y al ir más allá, comete un acto ilegal o arbitrario”, dice Escobar.

“Son precisamente los excesos, como dice el fiscal, lo que se vuelve ilegal en este caso”, concluye Escobar.

Jéssica Estrada, directora del departamento de Transparencia de la Funde, también condenó la pasividad del fiscal Melara. “El Fiscal General está obligado a defender la legalidad, y por lo que ocurrió en el 9F, lo que esperábamos es que promoviera de manera oficiosa la acción penal contra cualquier funcionario que irrespetó la Constitución. En este caso fue muy claro el abuso de la fuerza militar, el irrespeto a la separación de poderes y al hecho de fomentar la conflictividad social, que son aspectos que prohíbe la Constitución al Ejecutivo”, dijo Estrada.

“Todavía hay muchas preguntas sobre lo que ocurrió el 9F y que solamente con una investigación se podrá ir orientando al respecto. Lo más importante es garantizar que esto no vuelva a ocurrir”, agregó Estrada. Al respecto, entre las diligencias pendientes está por ejemplo, el interrogatorio de funcionarios involucrados en los hechos, según explicó Eduardo Escobar. "Recordemos que hizo un citatorio para el ministro el cual no fue atendido y no sabemos si se realizó. Esto es importante señalarlo porque estas diligencias lo que pueden mostrar es si hubo diligencia en la investigación de estos hechos", dijo.

A juicio de la abogada Ruth López, que interpuso la demanda de inconstitucionalidad en febrero, el Fiscal General dio esas declaraciones porque está calculando su reelección. "La posición del Fiscal es lamentable y creo que ha asumido una posición propia de un funcionario que calcula una reelección y no de uno ocupado por ejercer debidamente el cargo que juró cumplir. La FGR no está asumiendo el rol de control horizontal constitucionalmente establecido", dijo López.

López escribió en una columna publicada en El Faro el 11 de agosto que tanto el ministro de la Defensa como los soldados que irrumpieron en la Asamblea, pudieron haber desobedecido la orden de entrar a la Asamblea, según la jurisprudencia constitucional existente. “Para la Sala de lo Constitucional, atender órdenes militares no se corresponde a una sumisión reverente sin criterio, y reconoce al subalterno el derecho de incumplir una orden superior si esta representa violación de derechos fundamentales o si es contraria al ordenamiento jurídico en el mismo sentido”, escribió en su columna. Esa afirmación se desprende de una sentencia dictada el 17 de enero de 2020, con la cual la Sala declaró la inconstitucionalidad de la parte final del artículo 164 del Código de Justicia Militar, el cual daba facultad a los superiores para establecer, sin necesidad de otro criterio más que el propio, qué son faltas a la disciplina y al servicio militar.

Raúl Melara, fiscal general,  cumplió un año al frente de la Fiscalía General de la República en enero de 2020.
 
Raúl Melara, fiscal general,  cumplió un año al frente de la Fiscalía General de la República en enero de 2020.

Fiscal admite “problema de credibilidad”

En la entrevista de televisión, el fiscal Melara rechazó que los últimos casos presentados ante tribunales correspondan a una estrategia política montada desde Casa Presidencial. Durante el fin de semana del 14 al 16 de agosto, la Fiscalía ordenó la captura de dos exministros de Defensa de los gobiernos del Fmln, un coronel, y dos empresarios relacionados a un caso de peculado y a otro caso de evasión de impuestos. “La fiscalía no hace persecusión política. Jamás nos vamos a prestar para servir de instrumento político para satisfacer los intereses de nadie”, dijo, al ser preguntado sobre una supuesta manipulación denunciada por uno de los detenidos el fin de semama: Gustavo López Davidson, expresidente de Arena.

“Lamentablemente la publicidad que se le pueda dar a un caso, la manera de presentarlo, los mismos actores que se puedan ver involucrados en el mismo hacen que siempre la persecución política sea la que se levanta para restarle importancia a los señalamientos que hace la FGR”, agregó Melara.

El fiscal aceptó, sin embargo, que desde la Fiscalía se había asumido el mismo discurso de la Presidencia de la República cuando se detuvo al representante legal de la empresa Intratex, Miguel Ernesto Daura. “Tengo que agarrar la parte que me corresponde: hubo un error de comunicación, el cual nosotros corregimos inmediatamente, en el que se manifestaba que la cantidad evadida por Intratex era de 293 millones. Pero no, la evasión es de 5.3 millones”, dijo Melara.

Desde julio, el Ministerio de Hacienda ha presentado ante la Fiscalía varios avisos de supuesta evasión fscal. Casa Presidencial ha informado sobre esos hechos ampliamente a través de plataformas de redes sociales, boletines y entrevistas en medios informativos. Consultado sobre la coincidencia entre esta campaña mediática y su trabajo, el fiscal Melara aceptó que eso lo pone ante un problema de credibilidad frente a la población. “Estos procesos no son nuevos, la FGR viene presentando procesos de evasión fiscal durante toda la administración. Lo que pasa es que no se le han dado la cobertura o la relevancia que en este caso específico, lo cual nos vuelve a poner en un problema de credibilidad, de si esto es un tema técnico o es un tema político”, dijo Melara.

Coincidente con el discurso del presidente Bukele en el que se ha dicho reiteradamente de que en El Salvador hay figuras “intocables” que ahora enfrentarán la justicia, Melara dijo en la entrevista de este jueves: “Muchas veces el poder cega a las personas, y les hace creer que el poder va a ser permanente y lo que antes se veía como personas intocables, ahora estamos viendo que no es así”, dijo.

El fiscal general también justificó la aparente pasividad con la que su institución ha diligenciado las demandas por contratos anómalos en el marco de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. “Estamos trabajando y adelantando las investigaciones, pero hay que decirlo: nosotros dependemos de informes de otras instituciones para determinar si hay elementos necesarios para requerir a alguien por un delito”, dijo Melara.

La dependencia de la Fiscalía hacia el trabajo de otras instituciones es una de las debilidades que ha sido constantemente diagnosticada en el funcionamiento de la FGR. En el documento titulado “Propuestas para fortalecer la FGR”, elaborador por la Funde en octubre de 2019, la organización hacía ese señalamiento del que ahora se agarra Melara para justificar la lentitud de la investigación de los casos de posible corrupción relacionada a la pandemia. “Hasta el día de hoy las estrategias de investigación se basan, en gran medida, en reportes generados por otras instituciones, aprehensiones en flagrancia, confesiones cuestionadas y testimonios de testigo protegidos. En consecuencia, la investigación de la Fiscalía es generalmente reactiva y dispersa”, dice el documento. “Si bien las herramientas o recursos técnicos son importantes, éstos deben ir de la mano con personal especializado como peritos, analistas financieros, expertos forenses y otros, pues son insuficientes por sí mismos”, concluye el documento.


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