Un día después de que el Ejército desobedeciera una orden judicial para abrir archivos militares requeridos en la investigación de la masacre de El Mozote, el juez de la causa emplazó al presidente Nayib Bukele y a su ministro de Defensa, René Merino Monroy, para que aclaren su posición y den los argumentos oficiales detrás del bloqueo a las inspecciones en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y otras guarniciones militares.
En una resolución de fecha 22 de septiembre, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, pide a Bukele y Merino un informe en el que respondan si el coronel Carlos Vanegas “fue facultado o delegado para informar sobre la negativa de acceso a los archivos militares, si lo externado por él corresponde a una posición oficial de los titulares de la institución armada”, dice el documento.
El juez ordena que si los funcionarios reconocen que se trata de una postura oficial, “expresen cuales son los fundamentos de hecho y derecho para la negación a la ejecución de inspecciones y registros en los archivos militares que tienen por finalidad la búsqueda de evidencia documental para el esclarecimiento de los hechos”.
Bukele, que no ha dicho una sola palabra sobre la negativa de su Ministerio de Defensa a cumplir una orden judicial, ahora tiene cinco días para enviar el informe al juez, contados a partir del día siguiente de la notificación. Mismo plazo tiene el ministro Merino Monroy.
En su resolución, el juez Guzmán aclara que las respuestas del presidente y su ministro de Defensa servirán “para determinar si la actuación del supuesto coronel Vanegas fue un acto de obstaculización a la diligencia judicial, con lo cual se certificaría a la Fiscalía para que investigue la posible comisión de delitos”. El día anterior, David Morales, representante de las víctimas pidió a la Fiscalía que se investigara el cometimiento de los delitos de desobediencia, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
En su decisión, el juez Guzmán también corrió las fechas de las inspecciones, que estaban programadas entre el 21 de septiembre y el 13 de noviembre. Ahora, el juez ordenó que las inspecciones se lleven a cabo entre el 5 de octubre y el 27 de noviembre. Al reprogramar las inspecciones, y no suspenderlas, el juez mantiene su criterio de que se trata de una resolución firme y que no hay ningún impedimento legal para realizarlas. El día anterior, Óscar Tobar Claros, presidente de la Asociación de víctimas de El Mozote, pidió al juez que “buscara la forma” de seguir adelante con estas diligencias.
La inspección de archivos es uno de los últimos escollos en la fase de instrucción de un caso que ya ha visto desfilar a casi medio centenar de testigos, peritos, e incluso dos exsoldados del Batallón Atlacatl que detallaron la participación de esa y otras unidades militares en la masacre de 1981 que acabó con la vida de 989 personas según un censo oficial.
El juez Guzmán da su versión de los hechos del lunes. Dice que se presentó en el acceso oriente del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, junto con las partes acreditadas del proceso (defensa, Fiscalía y acusadores particulares), peritos, representantes de la asociación de víctimas de El Mozote, investigadores de la Policía Nacional Civil y personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El objetivo de la diligencia era inspeccionar los archivos del “Conjunto I Personal”, en el Archivo General de la Fuerza Armada. Ahí un oficial que no quiso identificarse, dijo que no tenía conocimiento de la diligencia, pese a que —señala el juez— estas habían sido ordenadas en resoluciones del 15 de junio y 28 de agosto, ambas notificadas tanto al presidente Bukele como al ministro Merino Monroy.
El juez, su equipo y el resto de abogados esperaron a la intemperie media hora hasta que apareció un oficial que se identificó como coronel Carlos Vanegas. El juez Guzmán se refiere a él en varios puntos del escrito como “supuesto coronel”, debido a que no mostró ningún documento de identificación o que acreditara su personería. Vanegas es el director jurídico del ministerio de Defensa.
Vanegas dijo que “tenía el encargo de comunicar que no se permitiría el acceso a la Inspección porque no se podía revelar planes secretos por estar prohibido en el artículo 168 de la Constitución”. Es la misma posición que Defensa, Presidencia, y los abogados de los oficiales imputados por la masacre expusieron en una audiencia el 28 de agosto, en San Francisco Gotera. Entonces, como el lunes, el juez les dijo que ese punto ya estaba “suficientemente discutido” y que se trataba de una resolución firme en la que “únicamente cabía su cumplimiento”.
El juez considera que “la comunicación hecha por el oficial que en la diligencia dijo ser el coronel Carlos Vanegas respecto a la negativa de acceso a los archivos militares no puede ser tomada como una posición oficial de los titulares de la institución armada - presidente de la República y ministro de Defensa nacional- puesto que el supuesto coronel Vanegas no externó en qué calidad lo hacía, si estaba facultado para ello y quien lo comisionó para dar la información”.
Sin embargo, Vanegas se siguió quejando de que “no se había tomado en cuenta la opinión de la Fuerza Armada” en la decisión de abrir archivos militares. El juez Guzmán le explicó que no es necesario, porque el proceso no es contra la Fuerza Armada, sino contra algunos de sus exoficiales. El juzgador también reiteró su argumento: que no puede invocarse la reserva “cuando se investigan hechos de graves violaciones a los derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional”, tal como dice el artículo 19 de la Ley de Acceso a Información Pública. El Mozote es un caso de lesa humanidad, según resolución del juez Guzmán de abril de 2019. La masacre también está listada en la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía, de julio 2016, como uno de los casos que la Fiscalía debía priorizar, debido a su inclusión en la investigación de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, de 1993.
La negativa de Bukele y su Fuerza Armada a abrir los archivos fue criticada por diversas organizaciones nacionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó 'la obstrucción del Ministerio de Defensa de El Salvador a la inspección ordenada por el juzgado' de los archivos y exhortó a El Salvador a garantizar 'el acceso sistematizado a los archivos relevantes a las investigaciones judiciales'.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central indicó en Twitter que la inspección de los archivos puede 'contribuir al esclarecimiento de la verdad', y agregó que la información que se pudiera encontrar serviría para 'que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean sancionados y a que las víctimas sean debidamente reparadas'.
Congresistas demócratas de Estados Unidos también se sumaron a los cuestionamientos. James McGovern, congresista demócrata por Massachusetts, y quien ha respaldado a las víctimas de la masacre, cuestionó la medida a través de Twitter. 'Las familias de las víctimas merecen verdad y justicia', dijo.
Eliot Engel, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que “casi 40 años después de la masacre de El Mozote, la justicia está más cerca que nunca para sus víctimas. Sin embargo, han surgido obstáculos peligrosos. Urjo al gobierno salvadoreño a cumplir con la orden judicial de inspección de archivos militares tan pronto como sea posible”.
