El juez de Instrucción de San Francisco Gotera intentó entrar al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, pero fue detenido en el portón por un coronel con uniforme de fatiga. El juez Jorge Guzmán, que dirige la investigación de la masacre de El Mozote (1981), tenía a la base una orden judicial firme para ejecutar, pero el coronel Carlos Vanegas, director jurídico del Ministerio de Defensa, le cortó el paso. Con los brazos cruzados atrás de la espalda, el coronel le citó e interpretó al juez un artículo de la Constitución para argumentar por qué no cumpliría con la orden judicial.
La escena, anacrónica en tiempos de democracia, sucedió este 21 de septiembre, cuando el Ministerio de Defensa del Gobierno de Nayib Bukele desobedeció una orden judicial de inspección de archivos militares, como parte de la investigación en curso contra el exministro de Defensa Guillermo García y otros 12 oficiales que comandaron los años más cruentos de la guerra civil. El nuevo gobierno, como lo hicieron los gobiernos del PDC, Arena y FMLN, se ha puesto del lado del Ejército para impedir la revisión de los archivos militares de la guerra, que son claves para las investigaciones de crímenes de la lesa humanidad, como la masacre de El Mozote. El nuevo gobierno de Nayib Bukele, que prometió un giro desde el primer día de gestión a favor de las víctimas de la guerra, hoy le dio la espalda a las víctimas de El Mozote.
El juez Guzmán llegó al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada a las 7:30 de la mañana. Iba acompañado de su secretaria y otros dos colaboradores. El portón principal, sobre la alameda Manuel Enrique Araujo, estaba bloqueado con barricadas. Los soldados que custodiaban ese acceso le informaron al juez que no tenían información de una inspección judicial. Que no sabían nada, le dijeron, pese a que esta fue ordenada en noviembre de 2019, calendarizada el 28 de agosto y notificada al ministerio de Defensa y a Presidencia a inicios de septiembre de 2020. Que no sabían nada le dijeron, pero Defensa sí sabía. Hace una semana, el propio ministro, René Francis Merino Monroy, intentó impedir la inspección recurriendo a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Alegó que la defensa nacional estaba en riesgo. La CSJ rechazó su solicitud, según reveló la Revista Factum.
Pero como los soldados que custodiaban el portón principal no sabían nada de la inspección, el juez Guzmán tuvo que rodear el recinto para dirigirse a un segundo portón que también da acceso al Estado Mayor, ubicado sobre la calle Ferrocarril. Una vez ahí, misma escena: el juez anunció su llegada y el soldado que custodiaba la entrada le dijo que nadie tenía información y que realizaría consultas. Media hora más tarde apareció el coronel Carlos Vanegas. En uniforme de fatiga, y, con los brazos cruzados en la espalda, se paró ante el juez Guzmán.
—Nosotros venimos a una diligencia judicial —dijo el juez— que se programó el 7 de este mes sobre inspeccionar archivos militares, investigando siempre el caso de la masacre de El Mozote. Estamos esperando que vengan todas las partes que van a intervenir en la diligencia y, desde luego, que nos permitan el acceso para cumplir con un deber constitucional y legal: Inspeccionar los archivos para investigar ese hecho.
—Bien, me permito hacer de su conocimiento que en la Constitución de la República, artículo 168 numeral séptimo, hay una prohibición expresa de la revelación de planes militares secretos— replicó el coronel Vanegas.
Ese artículo recoge las atribuciones del presidente de la República. Lo que dice el inciso séptimo es que el presidente deberá “dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto cuando se trate de planes militares secretos”. Eso es. El artículo de la Constitución no dice nada sobre no entregar información a autoridades judiciales, pero el coronel Vanegas, un militar de carrera devenido en director jurídico, interpretó la Constitución frente al juez Guzmán.
—Esa prohibición —dijo Vanegas— se extiende para los órganos del Estado. Entonces, no se va a permitir el ingreso a los archivos— concluyó.
La interpretación de la Constitución no está entre las atribuciones de la Fuerza Armada -ni de sus miembros- en la Constitución vigente. Eso concierne a la Sala de lo Constitucional y los jueces pueden aplicar la Constitución directamente. La Constitución de 1962 facultaba a la Fuerza Armada para 'garantizar los derechos constitucionales', pero esas facultades le fueron quitadas en los Acuerdos de Paz. No hay ninguna ley que le permita a un coronel interpretar la Constitución para negarse a la orden emitida por un juez. El juez Guzmán le recordó eso al coronel Vanegas.
—Ese punto ya no está en discusión porque lo que se viene hoy es solamente a cumplir con una orden judicial— dijo Guzmán.
El coronel Vanegas asintió.
—Es una orden judicial que ya está firme. Firme significa que es una resolución que ya no se puede atacar por ningún motivo porque ya pasaron los momentos procesales para ello. Es una decisión firme y de obligatorio cumplimiento para cualquier funcionario público y cualquier persona de este país— insistió el juez.
Pero no había manera. El coronel Vanegas, detrás de una pluma de metal, preguntó al juez si la Fuerza Armada era parte procesal en ese caso. El juez contestó que no: “este proceso es contra oficiales que, haciendo uso de su poder dentro de la Fuerza Armada, supuestamente cometieron hechos que atentan no solo contra personas sino que contra toda la humanidad”, dijo Guzmán, en alusión a su declaratoria de los hechos de El Mozote, donde el Ejército asesinó a casi mil civiles, la mayoría niños, como crímenes de lesa humanidad, en diciembre de 1981.
Convencido de la negativa, el juez cambió su línea de preguntas.
—Mire, coronel, ustedes tienen una línea de mando. ¿Sería tan amable de decirme por instrucciones de quien usted viene a darme esta información?— preguntó el juez.
—No— replicó el militar. En este momento solo estoy autorizado para transmitirle esto. Nada más.
—¿No puede usted decirme?
—No
Vanegas, como director jurídico, responde de manera directa al viceministro Ennio Rivera Aguilar, quien fue apoderado de los generales García y Flores Lima, imputados de El Mozote, e intentó frenar la causa acusando que la conformación de la Sala de lo Constitucional (2009-2018), que suprimió la Ley de amnistía, fue ilegal. Esa abolición de la amnistía impulsó al juez Guzmán para reabrir el caso en 2016. Como director jurídico, el coronel Vanegas también responde al ministro René Merino Monroy... Y todos responden a su comandante general, el presidente Nayib Bukele.
El juez, cuyo tono se mantuvo tranquilo e inalterable en toda esta conversación de unos 10 minutos, cambió sus preguntas a advertencias.
—La negativa a cumplir con un mandato judicial tiene sus efectos— dijo el juez— y no sé si ustedes ya han analizado bien esa situación. En este país. El Salvador, país supuestamente libre, nadie está a salvo de los efectos de la ley. Ni aún el mismo presidente, los ministros, nosotros los jueces, tenemos que ceñirnos a la ley. De no revelar usted de parte de quien viene a dar esta información, asumiríamos que es usted el que está dando la negativa para poder ingresar a los archivos.
El coronel también cambió y emitió un desafío:
—Tendría que probarlo ante un juez— aseveró.
—Sí, por eso le digo. Entonces tomaríamos nota de que información de la negativa de ingresar fue proporcionada por usted, sin revelar quien lo autorizó para ello— replicó el juez.
Finalmente, el juez Guzmán informó al coronel que levantarían un acta de lo sucedido y le preguntó si estaba dispuesto a firmar el acta. Predeciblemente, el coronel dijo que no. “Entonces nosotros nos vamos a retirar. Al menos hemos intentado cumplir con la ley”, dijo el juez.
Tras ello, las partes del juicio se trasladaron a las instalaciones del Consejo Nacional de la Judicatura para levantar un acta donde queda constancia de lo sucedido. El acta se firmó a eso de las 10:30 de la mañana.
Querella pide a Fiscalía una investigación penal contra Defensa
Dos horas después del bloqueo al juez de El Mozote, David Morales, ex procurador de Derechos Humanos y querellante del caso de El Mozote, pidió a la Fiscalía que investigue al presidente Nayib Bukele y al Alto Mando de la Fuerza Armada por, al menos, tres delitos: incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia a una orden judicial. “Estando en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, esto no puede ser más que una decisión de obstaculizar desde el más alto nivel”, dijo Morales.
Helen Quintanilla, una de las fiscales que forma parte del proceso por El Mozote, dijo que esperan que el juez certifique el acta y la envíe a la Fiscalía para abrir una investigación penal. “El trámite es que si el juez certifica a Fiscalía, en ese momento inicia una investigación de acuerdo a lo que corresponda”, dijo Quintanilla.
“Es una decisión ilegal, es una decisión que tiende a proteger criminales de guerra y de un profundo desprecio a los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes. Es lamentable que, contradiciendo su propio discurso, el presidente de la República sea un presidente más de la impunidad”, agregó Morales.
Se trata del segundo acto de desobediencia a una orden judicial del Ejército en la administración Bukele. El 6 de marzo de 2020, el Ejército se negó a cumplir con una resolución del Instituto de Acceso a Información Pública, que tenía por objeto la inspección de archivos militares solicitados por la Universidad de El Salvador. El Ejército y el gobierno también han continuado implementando cercos militares (en Corinto y San Francisco Gotera, durante la tercera semana de septiembre) contra una orden de la Sala de lo Constitucional.
Los hechos se unen a una larga lista de desacatos del Ejército y muestras de no estar sometido a la autoridad civil, uno de los principales puntos de los Acuerdos de Paz de 1992. El 30 de mayo de 2014, por ejemplo, el Ejército no permitió que la Fiscalía secuestrara documentos militares durante una investigación por tráfico de armas.
Bukele incumple su promesa de abrir los archivos “de la A a la Z”
El 24 de octubre de 2019, el juez Guzmán ordenó al presidente la entrega de información militar relativa al caso de El Mozote. Ese primer requerimiento era por el “Plan de la Campaña Militar 1980-1992”, el “documento del plan de la ‘Operación Rescate’”, realizada en Morazán, en diciembre de 1981 y “documentos correspondientes a planes militares de campaña o planes militares de operaciones especiales realizados durante el período de 1980 a 1982”.
Para sustentar esa decisión, el juez advirtió un “cambio de actitud” del gobierno de Bukele y una “fuerte presunción” de que el presidente estaba en disposición de colaborar con la investigación. El juez citó la decisión de retirar el nombre del coronel Domingo Monterrosa (señalado por El Mozote) del cuartel de San Miguel y su veto a la ley de amnistía aprobada por los diputados.
Una semana después de emitida la orden del juez, Bukele prometió hacer lo que ningún presidente antes de él hizo. “Si hay algún archivo que desclasificar que esté clasificado y que ahí esté, pues, evidentemente lo vamos a hacer. Más por la búsqueda de verdad que por la orden judicial, que por supuesto que sería vinculante. La única forma de sanar las heridas del pasado es que se sepa la verdad, ”, respondió Bukele a El Faro en una conferencia de prensa. La frase que acaparó titulares ese día fue esta: “Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z”, dijo el presidente.
La promesa duró dos semanas. El 15 de noviembre de 2019, Casa Presidencial respondió al juez que no tiene información relativa a la masacre de El Mozote, pero ofreció información de interés disponible en el Archivo General de la Nación, tutelado por el Ministerio de Cultura. Siete meses después, el juez Guzmán resolvió enviar inspectores tanto al Ministerio de Defensa como a los archivos de Cultura, por la sospecha de que el Ejército está ocultando información relevante.
En esa resolución de junio, el juez ya advertía las contradicciones entre Bukele y su ministro de Defensa, René Merino Monroy. El juez recogió las palabras de Merino en una entrevista el 3 de diciembre de 2019: “Tenemos artículos de la Constitución, el 168, que nos obliga a nosotros a conservar alguna información que son planes de guerra, planes secretos”, dijo Merino. Según el juez, tal interpretación constitucional es “inadmisible” y “contrasta con la disposición a colaborar mostrada por el presidente” y “por jerarquía, debe prevalecer lo mandatado por este último”.
Pero no hay contradicción entre el presidente Bukele y su Ejército. Están en la misma página. El 28 de agosto de 2020, en una audiencia señalada para coordinar la realización de estas inspecciones, José Ángel Pérez Chacón, delegado de la presidencia, expuso ante el juez que “estamos hablando de una inspección de archivos sumamente delicados y cuando se refieren a planes militares, inclusive hay algunos que resguarda nuestra Constitución como planes militares secretos” y que la revelación de planes militares de hace 39 años conlleva un riesgo a “la seguridad nacional”.
Presidencia y Defensa no solo están en sintonía, sino que con su posición se alinearon con el bando de los defensores de los militares imputados por la masacre, pero también con los gobiernos del FMLN y Arena que, al igual que Bukele, se negaron a abrir los archivos que reclaman las víctimas.
Al final de su gobierno, el secretario de Comunicaciones del FMLN aseguró que el miedo “a un golpe de Estado” había estado a la base de su decisión de no presionar al ejército para abrir los archivos de la guerra, además de optar por una posición más clara a favor de las víctimas. Al frente de Defensa, durante los gobiernos del FMLN, estuvo el general David Munguía Payés, que llegó controlar no solo el Ejército, sino también el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil y el Organismo de Inteligencia del Estado.
En el nuevo Gobierno, sin embargo, el protagonismo del ministro de Defensa es más bien diseñado y medido desde la Casa Presidencial dirigida por Bukele, que no participó en ninguno de los bandos de la guerra, pero se inclina para favorecer, como lo hicieron sus antecesores, al Ejército. En los 15 meses que lleva de mandato, Bukele ha dado un gran protagonismo a lo militar y al ministro de Defensa, Merino Monroy, en el “Plan Control Territorial” para seguridad pública. Pero los militares también han sido usados por Bukele para sus intereses más políticos, según la Sala de lo Constitucional. El 9 de febrero de 2020, acompañado por militares armados, Bukele se tomó la Asamblea Legislativa. En respuesta, la oposición recomendó la destitución de Merino por su rol en la toma militar. La respuesta del gobierno ha sido negativa (la recomendación no es vinculante) y a través de una agresiva propaganda ha promovido la imagen de Merino, a quien desde el oficialismo se nombra como “el mejor ministro de Defensa de la historia”.
A las 7 de la mañana, el ministro de Salud, Francisco Alabí, tuiteó una foto con Merino Monroy en San Francisco Gotera, la ciudad sede del juicio por El Mozote. “Mi estimado ministro Merino, trabajar con usted por los salvadoreños es una bendición”, dice la publicación de Alabí. Bukele los mandó hasta esa zona horas antes de la inspección, porque ordenó un “cerco sanitario” por la covid 19.
En el Estado Mayor, a 160 kilómetros de distancia, uno de los representantes de las víctimas de El Mozote reclamaba por el doble discurso del gobierno. “Para nosotros es indignante la fachada que están haciendo con las víctimas de El Mozote. Nos sentimos un poco molestos y le pedimos al juez que continúe con esto, que busque la forma. Si ellos están con tanta negativa es que algo están escondiendo”, dijo Óscar Tobar Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.
Por la tarde, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote emitió un comunicado en el que condenó la 'decisión de obstaculizar y bloquear' la orden judicial. A Bukele, que había prometido abrir los archivos militares, le mandaron un mensaje: 'Este día queda grabado en nuestra memoria que el presidente de la República es un presidente más de la impunidad, del engaño y doble discurso'.
