10:30 de la mañana del viernes 2 de octubre. Para ese momento ya habían pasado dos horas desde que los diputados de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa habían quedado plantados por la Policía Nacional Civil, que debía llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a las instalaciones del Órgano Legislativo porque en tres ocasiones anteriores se había negado en rendir cuentas sobre el manejo del dinero público para atender la pandemia por COVID-19. En cambio, a dicha hora, se bajaba de su camioneta en Metapán, en el departamento de Santa Ana, para realizar una inspección de la construcción del primer parque de energía eólica en El Salvador. “Yo les he dicho que voy a ir voluntariamente. Cuando tenga espacio. Ahora estamos trabajando”, dijo Zelaya.
Mientras el ministro Zelaya se preparaba para iniciar la inspección por el terreno, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chica ya había presentado a los diputados de la comisión las razones de no llevar esposado al funcionario: argumentó que el funcionario ya había asistido a la sesión del miércoles 30 de septiembre donde presentó el presupuesto general de la nación del próximo año. “Obedeció a compromisos relacionados con su deber de presentar al Consejo de Ministros y posteriormente a la Asamblea Legislativa el proyecto del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2021”, se lee en el escrito firmado por Arriaza el viernes 2 de octubre donde además enfatiza que, por haber asistido a dicha sesión,“se advierte la inasistencia por causa justificada”.
Según el artículo 132 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa dice que “ninguna persona puede excusarse de concurrir a las citas que le haga la Comisión Especial, la cual podrá obligar la comparecencia por apremio”. También el artículo 56 de la misma ley establece que “la comparecencia y declaración de personas requeridas por estas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial ”. De hecho, el artículo 165 del código procesal penal advierte que “... si no obedece la orden, será conducido por la seguridad pública”.
Una inspección sorpresa
A las 8:17 de la noche del jueves 1 de octubre, cuando la Policía ya estaba al tanto de la petición de la Asamblea Legislativa, la Secretaria de Prensa de la Presidencia colocó en su cuenta de Twitter una convocatoria a los medios de comunicación para acompañar al ministro Zelaya y Luis Rodríguez, comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos, a realizar una inspección a el Parque Eólico Ventus, a las 10:30 a.m. del viernes 2 de octubre.
Esta obra inició el 28 de agosto de 2019. Y desde ese tiempo los funcionarios han agendado las visitas con un margen de tiempo. Está, en cambio, “fue programada con muy poco de anticipación”, dijo una fuente involucrada en la organización del evento. La creación del parque es un proyecto realizado por la empresa privada Ventus que invirtió $88 millones para realizar el primer parque de energía ecológica, que estará listo en enero de 2021.
Sin embargo, la participación de Zelaya en la inspección no está del todo clara, pero Rodríguez argumentó que Hacienda se encarga de “estructurar todas las viabilidades financieras para que las cosas puedan ser reales”. Mientras que Zelaya dijo que se mantiene en constante comunicación con la unidad del comisionado para ver “cómo facilitar la inversión”.
Fiscalía investigará dos posibles delitos
La comisión concluyó en certificar a la Fiscalía General de la República por el incumplimiento de deberes del director de la PNC y por desacato del ministro de Hacienda. Los diputados también acordaron discutir al interior de cada partido político la opción de una interpelación al ministro de Hacienda para que rinda cuenta ante los 84 diputados sobre el uso de los fondos durante la pandemia. Yanci Urbina, del FMLN, añadió que el incumplimiento de la PNC “denota una instrumentalización de las instituciones públicas por parte del Gobierno. Así como utilizan el Ejército, también utilizan a la Policía'.
Zelaya se defiende diciendo que el miércoles asistió a la Asamblea porque “estaba cumpliendo con mi labor constitucional. Y esa excusa, incluso, en un proceso judicial, sería válido (...) ¿Qué caso tiene llegar a la comisión? Como lo he dicho antes no tiene ningún sentido”, agregó el funcionario. La comisión especial se creó el 20 de agosto para investigar la colocación de fondos y demás títulos valores emitidos por El Salvador. Hasta la fecha se desconoce el manejo de los millonarios fondos que el gobierno ha tenido durante la pandemia por COVID-19. La comisión nació con el objetivo de citar a funcionarios del Ejecutivo para que rindieran cuentas sobre la colocación de letes y cetes. Sin embargo, hasta la fecha, solo el expresidente del Banco Central de Reserva se ha hecho presente.
Esta no es la primera vez que un alto funcionario se resiste a acatar las órdenes de una comisión. En 2014, la Asamblea convocó a Francisco Flores, expresidente salvadoreño, que fue investigado por el desvío de fondos de Taiwán a Arena. Sin embargo, a diferencia de Zelaya, la policía rodeó la casa del expresidente para llevarlo a la comisión. Flores había sido llamado para que explicara el paradero de al menos 15 millones de dólares que el ex gobernante (1999-2004) desvió.
“Solo fue un día de retraso”
El pago de salarios para los empleados del Órgano Legislativo debió estar listo entre 18 y 22 de septiembre. Sin embargo, Zelaya dijo que se ha tardado un día en realizar el pago porque la prioridad han sido doctores, policías y militares que han trabajado para atender casos de COVID-19. El fiscal general de la República, Raúl Melara, anunció que la FGR abrió un proceso de investigación por el impago de los más de 3 mil empleados del Legislativo. Melara publicó en sus redes sociales que 'el atraso de un tan solo día se traduce en miles de familias trabajadoras sin el salario del que dependen para comer y alimentar a sus hijos'. 'Grave, Presidente. No haga lo que ha condenado en otros', añadió.
Zelaya, sin embargo, mantiene su discurso de que Hacienda solo se ha atrasado un día. “Me sorprendió que la FGR antes de 24 horas ya había iniciado una investigación. ¿Y a ellos cuándo los van a comenzar a investigar? Yo no les he dicho que no les voy a pagar, aunque algunos no llegan a trabajar”, dijo el funcionario.
