El presidente Nayib Bukele, de pie junto a cinco cartapacios, declaró la noche del 24 de septiembre en una cadena transmitida a escala nacional que estaba haciendo algo histórico. “Nosotros vamos a desclasificar voluntariamente estos archivos porque creemos que ya no tienen ningún valor estratégico”, anunció. Bukele, que a finales de 2019 había asegurado que no existían archivos militares relativos a la peor masacre contra civiles de la guerra salvadoreña, abrió la expectativa a las víctimas que reclaman justicia desde 1981. “Los archivos los he desclasificado yo porque nadie más tiene el poder de desclasificarlos”, añadió. Un mes después, el juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ha confirmado que Bukele, en realidad, no ha desclasificado nada.
Los archivos militares sobre la guerra, sobre los operativos militares que devinieron en grandes violaciones a derechos humanos, se han convertido en el secreto mejor guardado de los últimos siete gobiernos: cuatro de Arena (1989-2009); dos del FMLN (2009-2019) y el Gobierno actual. Un mes después del anuncio de Bukele, el juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera le tomó la palabra y exigió que entregara “los documentos desclasificados y sustraídos de los archivos de diferentes unidades militares y del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada”, en un escrito enviado el 20 de octubre. En esa decisión, el juez Jorge Guzmán recordó que “desde el ofrecimiento del presidente de entregar los documentos sustraídos de los archivos de la Fuerza Armada hasta este día han transcurrido 26 días sin que se hayan hecho llegar”. Tres días más tarde, los cartapacios fueron enviados por Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia.
El secretario Castro envió un oficio en el que aclaró que lo que estaba mandando no son “documentos sustraídos de los archivos de las distintas dependencias militares, sino que fueron remitidos a esa presidencia en copia”.
El juzgado reveló el contenido de estos supuestos archivos desclasificados en una resolución del 27 de octubre, a la que El Faro tuvo acceso. Según el fallo, los cartapacios contenían 'un listado anual de documentación remitida por la Secretaría Jurídica de la Presidencia cumpliendo con requerimientos de ese tribunal durante los años 2016 a 2020” y “cinco cajas conteniendo la documentación de los años antes relacionados”. En síntesis, Presidencia envió escritos que el gobierno anterior ya había enviado al juzgado y en los que aseguraba no contar con información militar relativa a la masacre.
Las víctimas y sus representantes, que ya conocen el contenido de esos archivos, denuncian una burla. “Las cajas de la cadena nacional no son más que una simulación, una farsa, para justificar el bloqueo a los archivos militares”, dijo David Morales, abogado representante de las víctimas en el juicio de El Mozote. 'No se ha desclasificado nada, no se ha liberado información relacionada al caso, que sí consta en el proceso que existe y que está en los archivos del Estado Mayor o de las unidades militares”, agregó. Morales lamentó “que se siga jugando con el reclamo de justicia con las víctimas, que se siga tratando de burlar por parte del gobierno la autoridad del tribunal que lleva adelante y que dirige las investigaciones”.
En la cadena nacional, Bukele dijo a todo el país que su acto era inédito, que a diferencia de los gobiernos anteriores, su Gobierno sí había buscado información y la iba a poner a disposición de las autoridades. Pero lo que ahora queda claro es que los cartapacios solo contenían copias de los informes que la administración del FMLN ya había enviado al juez Jorge Guzmán, desde la reapertura en 2016 del caso por la masacre de mil civiles, perpetrada por el Ejército en 1981.
El 15 de octubre, en otra conferencia de prensa, Bukele matizó el contenido de los documentos. “No hay un papel que valga la pena, ahí hay documentos del Mozote pero no valen la pena (...) ellos saben que no están los papeles, yo lo sé, porque no están, más que los que desclasificamos”, dijo el presidente.
Los documentos que mandó Presidencia se corresponden a las seis respuestas que la Presidencia ya le había dado al juzgado de San Francisco Gotera, en las que dice que no existen documentos de planes militares relativos al Mozote en sus archivos. Fue precisamente ese tipo de respuestas, de las que el juez Guzmán desconfía, que ordenaron inspecciones físicas en sedes militares, en una decisión de junio de 2020.
Sin embargo, entre el 21 de septiembre y el 27 de octubre, el Ejército comandado por Bukele se ha negado en cinco ocasiones a cumplir con la orden judicial de las inspecciones. Lo hizo a través del coronel Carlos Vanegas, en el Estado Mayor Conjunto; el capitán Natán Ortiz, en la Fuerza Aérea; el capitán Carlos Escobar, en la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea; y de oficiales que se negaron a identificarse en la Brigada de Artillería (La Libertad) y en la Tercera Brigada de Infantería (San Miguel). La última de las inspecciones está programada para el 29 de octubre, en el Destacamento Militar 4, en Morazán. A los peritos solo se les permitió trabajar en el Archivo General de la Nación, una dependencia civil administrada con el Ministerio de Cultura, con documentos que además son de acceso público.
En medio de esas inspecciones, la Sala de lo Constitucional se pronunció sobre los archivos al rechazar una petición de amparo que interpuso el ministro de la Defensa, René Merino Monroy. En una resolución del 12 de octubre, los magistrados dijeron que el argumento de que los archivos militares son secretos “no puede ser impedimento para que tanto los sobrevivientes de esa masacre, los familiares de las personas asesinadas en ese operativo militar, y la sociedad conozcan la verdad”.
“No se advierte de qué manera la exhibición de esos registros ponga en riesgo la seguridad nacional o del Estado por la revelación de planes militares secretos, ya que el objeto es la búsqueda de la verdad sobre los hechos delictivos que acaecieron en esa masacre”, dijo la Sala en su resolución.
