El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ordenó el 15 de junio la realización de inspecciones en ocho archivos militares, para que los querellantes y expertos en archivos busquen planes militares y documentos administrativos relacionados con la masacre de El Mozote (1981), la mayor masacre de civiles de la guerra salvadoreña, con casi mil víctimas reconocidas en un censo oficial.
A petición de la querella, el juez ordena inspecciones en cuatro lugares en San Salvador: el ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea y el Archivo General de la Nación; uno en La Libertad, la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Óscar Osorio”; uno en San Miguel, la Tercera Brigada de Infantería; uno en Morazán, el Destacamento Militar Número Cuatro; y en los archivos de la Unidad de Relaciones Públicas de la Fuerza Armada y el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), de cuya ubicación el juez pide un informe al presidente Nayib Bukele.
La orden implica la búsqueda de los archivos del Batallón Atlacatl, y las brigadas militares de San Miguel y Morazán, y la Fuerza Aérea, implicadas en la masacre. Pero también se autoriza la búsqueda en otras unidades como los conjuntos I, II, III y IV del Estado Mayor, del Batallón Ramón Belloso, la Primera Brigada de Infantería, Coprefa y el Archivo General de la Nación. La lógica con estas otras, según el juez, es que la información “podría poner en evidencia una práctica sistemática de encubrimiento de violaciones a los derechos humanos” y “para confirmar o descartar un aparato de poder organizado que cumplía con la implementación de una política de Estado”.
Los principales objetivos de la búsqueda son el “plan militar de la operación Rescate de 1981”, el nombre del operativo que terminó en la masacre, los “planes de operaciones militares en el país entre 1980 y 1984”, así como “planes militares de nivel nacional durante la guerra y sus anexos”. También se persigue “normativa militar durante la guerra”, tal como reglamentos y decretos ejecutivos o manuales de formación y de funciones; “Órdenes Generales del Estado Mayor”, “análisis de inteligencia militar”, “informes periódicos de operaciones, informes de supervisión y control de operaciones, disponibilidad de recursos para desplegar operaciones” y otros “documentos administrativos vinculados” al operativo de El Mozote y otros cantones y caseríos aledaños.
Desde que se reabrió el proceso de El Mozote, en septiembre de 2016, la presidencia de la República ha respondido seis veces al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera que no existen documentos de planes militares relativos al Mozote en sus archivos.
Pero el juez no cree que no hayan archivos útiles resguardados por la Fuerza Armada. Tiene varias razones.
El 16 de febrero de 2018, comparecieron ante el tribunal el mayor Noé Pineda Martínez, jefe de Archivo General de la Fuerza Armada, y el coronel José Rolando Morales Belloso, jefe de Personal del Estado Mayor conjunto del Ejército. En su comparecencia, “dejaron claro la existencia de información pertinente y útil para la investigación y esclarecimiento de los hechos suscitados en El Mozote y sitios aledaños (...) en el Archivo General de la Fuerza Armada y Archivo General de la Nación”. El mayor Pineda dijo además que había “unas cajas con planes de guerra y planes de campaña”.
Otra de las sospechas es por inconsistencias que parecen evidentes en la investigación. Por ejemplo, en la hoja de servicio (una especie de currículo militar) del coronel Domingo Monterrosa, no se registra su participación en la Operación Rescate de Morazán, en diciembre de 1981. Monterrosa era el comandante del Batallón Atlacatl, la principal unidad encargada de la masacre, y tanto testigos sobrevivientes como dos soldados que declararon bajo régimen de protección lo ubican físicamente durante el desarrollo de la masacre.
El juez Guzmán duda también de otras hojas de servicio. “Llama la atención que, en las hojas de servicio, únicamente aparece información que han participado en la operación Rescate militares que han fallecido y, por obvias razones, no pueden ser juzgados”, dice el juez.
Finalmente, el juez reiteró lo que ha señalado en otras resoluciones respecto a los archivos. Considera “del todo inexcusable” que una institución como el Ejército, caracterizado por el orden y la disciplina, no haya cumplido con su obligación legal de llevar registros de sus planes. El juez dice que, si en una unidad militar se registran hasta las entradas y salidas de personas, con mayor razón deben plasmarse en documentos las operaciones y campañas.
“Son inadmisibles las tesis de que los planes militares requeridos para esta investigación nunca existieron —dice el escrito— y que ‘la operación Rescate’ surgió de forma espontánea y en el territorio, en las mentes de los oficiales que las dirigieron, dibujando y esquematizando en improvisados papeles que luego fueron desechados, las posiciones y desplazamientos de las unidades militares que participaron”.
Juramentación de peritos
Este 26 de junio, el juzgado de Instrucción de Gotera juramentó a los peritos Jorge Juárez Ávila y Fernando Rafael Díaz Alejandro, como colaboradores técnicos para que participen en las inspecciones de los archivos militares.
Juárez Ávila es salvadoreño, y doctorando historiador. Ha sido director del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador, y coordinador de la Unidad de Investigaciones sobre la Guerra Civil (UIGCS). Mientras que Díaz Alejandro, también es salvadoreño y, según los atestados presentados al tribunal, tiene ocho años de experiencia en archivística y gestión documental. Tiene un diplomado en Archivística y gestión documental del Instituto Técnico Salvadoreño de Archivo y Microfilm.
También estaba programada la juramentación de Velia Muralles Bautista, archivista guatemalteca, y representante del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala. Muralles será la coordinadora del equipo de peritos archivistas. Sin embargo, los abogados de la defensa presentaron un incidente a su juramentación porque se iba a realizar de forma virtual, debido a que las fronteras nacionales están cerradas para extranjeros, por la pandemia de covid-19. La juramentación de Muralles se pospuso.
Durante la audiencia, los peritos Juárez y Díaz presentaron una propuesta de calendarización y metodología para las inspecciones que el tribunal evaluará.
El juez también ordenó que los peritos que ya son parte del proceso, Terry Karl y Clever Alberto Pino, brinden su opinión y asesoría técnica durante las inspecciones. Karl es, probablemente, la mayor experta en el mundo en archivos de la guerra salvadoreña y, además del caso de El Mozote, ya ha comparecido como testigo experta en Estados Unidos en los juicios por el asesinato de monseñor Romero, y procesos civiles contra el coronel Nicolás Carranza, el general Eugenio Vides Casanova y el general Guillermo García, este último imputado en la causa de El Mozote. Además, Karl es testigo experta en el juicio que desarrolla la Audiencia Nacional de España por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras.
A petición del abogado defensor Roberto Girón Flores, el juez también nombró al General Nelson Iván Saldaña Araujo y al Mayor Óscar Alberto Quiteño Guevara, para que realicen un peritaje militar en la rama de Artillería. Girón Flores dijo al juez que el peritaje será sobre “el modo de operar de la artillería en el tiempo del conflicto armado, en especial en Morazán” y servirá para “establecer responsabilidades penales” en el caso.
El episodio más reciente de la pelea por los archivos militares
La pelea por los archivos ha sido una de las taras del proceso. Todos los gobiernos de El Salvador, desde 1990 cuando se abrió por primera vez una investigación de la masacre, han negado que existan los documentos o se han rehusado a entregarlos, pese a la existencia de órdenes judiciales para su búsqueda.
Según el juez, las inspecciones se justifican por “la negación histórica a colaborar”, brindando información o abriendo archivos. De acuerdo con el escrito, esta renuencia “hace presumir la ocultación, alteración de registros, o tergiversación de alguna información que se ha proporcionado”.
En la primera respuesta oficial del gobierno de Bukele, en noviembre de 2019, el presidente también dijo que no había archivos pero abrió la puerta a las inspecciones. De esa última respuesta, el juez Guzmán señala que Bukele “autoriza el ingreso de personal de este juzgado y de expertos en la búsqueda de documentos en archivos militares”.
Si los peritos logran ingresar a los archivos que resguardan esas oficinas y guarniciones militares, el Gobierno de Bukele se distanciará de los dos gobiernos del izquierdista FMLN. Tanto el ex presidente Mauricio Funes como Salvador Sánchez Cerén dijeron estar a favor del conocimiento de la verdad, pero terminaron aupando al entonces ministro de Defensa David Munguía Payés cuando este se negó a permitir el acceso a los archivos militares en investigaciones por otros crímenes investigados por la Fiscalía General de la República; o por resoluciones del Instituto de Acceso a la Información.
Hasta que ocurran los peritajes, el Gobierno de Bukele solo ha respondido al juez como también lo hizo la administración anterior. Escritos de la secretaría de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial del 14 de diciembre de 2017, 17 de abril y 5 de diciembre de 2018; 25 de abril, 30 de mayo y 18 de noviembre de 2019 dicen que la información solicitada no existe. Todas las respuestas corresponden a la administración de Salvador Sánchez Cerén (FMLN), menos la última.
Una de esas órdenes más recientes vino en 2018, como parte de una resolución de seguimiento de la Sala de lo Constitucional a la eliminación de la ley de Amnistía. “La institución armada debe eliminar o evitar todos aquellos obstáculos o prácticas burocráticas que impidan el conocimiento de la información”, dijo la Sala, y reiteró que el ministerio de Defensa, el presidente de la República y el Alto Mando de la Fuerza Armada están “obligados a contribuir al esclarecimiento” de graves violaciones a derechos humanos.
No parece, sin embargo, que la realización de estas inspecciones vaya a ser un mero trámite. El Ejército en este nuevo Gobierno ya ha negado a la Fiscalía General y, más recientemente, en marzo de este año, al Instituto de Acceso a la Información Pública, acceso a sus instalaciones para buscar archivos, aún con la existencia de órdenes judiciales.
El 3 de diciembre de 2019, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, dio una entrevista que el juez cita en su resolución. “Vamos a poner a disposición toda información que requieran las autoridades competentes, siempre cumpliendo con la ley. (Pero) tenemos artículos de la Constitución, el 168, que nos obliga a nosotros a conservar alguna información que son planes de guerra, planes secretos”, dijo Merino. Según el juez, tal interpretación constitucional es “inadmisible” y contrasta con la apertura que ha mostrado Bukele.
El 1 de noviembre de 2019, el presidente Bukele prometió abrir los archivos militares. “Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z”, respondió Bukele en una conferencia de prensa, a una pregunta de El Faro. El juez retoma esa frase y dice que, “por jerarquía”, la orden de Bukele debe imponerse a la interpretación hecha por su ministro de Defensa.
