El sábado 7 de noviembre, Joe Biden declaró su victoria contra Donald Trump tras una elección muy reñida. Dado que los republicanos probablemente mantengan el control del senado, los cambios políticos que Biden puede traer serán más modestos que lo que se anticipaba. Con la inmigración, sin embargo, Biden puede revertir las acciones ejecutivas de Trump y entregar un fuerte paquete de ayuda al desarrollo para Centroamérica. Los salvadoreños tienen razones para sentirse optimistas con la llegada de presidente electo al cargo en enero.
El legado migratorio de Trump
El gobierno de Trump ha implementado las medidas más fuertes contra los inmigrantes indocumentados en la historia moderna de Estados Unidos, principalmente a través de sus poderes ejecutivos. A diferencia del presidente Obama, quien durante su segundo mandato priorizó a los recién llegados y a los condenados de delitos graves para la deportación, Trump autorizó las redadas indiscriminadas contra los migrantes. Hasta que la Corte Suprema intervino en junio de este año, Trump trató de revocar la protección para más de 640 000 inmigrantes sin documentos que habían cruzado la frontera como niños. Su gobierno también buscó terminar el programa Estado de Protección Temporal (TPS), que permite la residencia legal para casi 200 000 salvadoreños.
Trump separó a los niños de sus familias en la frontera, no para proteger a los migrantes, sino para desalentar a los migrantes potenciales de entrar a Estados Unidos. Contra el derecho internacional, el gobierno estableció programas que requerían que los refugiados esperaran en México. Finalmente, Trump negoció acuerdos de “tercer país seguro” con El Salvador, Honduras y Guatemala, los cuales requieren que la gente en ruta a Estados Unidos solicite el asilo en esos países en vez de Estados Unidos—una proposición absurda, dado que las tasas de homicidios de los tres países están entre las más altas del mundo.
Las soluciones de corto plazo de Biden
Al inicio de su mandato como presidente, Biden se enfocará en revocar las decisiones ejecutivas de Trump. Biden ha dicho que terminará con la política de separación de familias, y ha prometido restaurar DACA, el programa que protege de la deportación a los jóvenes inmigrantes. Ha declarado su intención de terminar el programa de deportación indiscriminada de Trump y frenar las deportaciones durante sus primeros 100 días como presidente. Biden también ha prometido no deportar a los tepesianos a un país inseguro, y dejará sin efecto las políticas de Trump contra los refugiados.
Sin embargo, es probable que Biden encuentre resistencia del sistema judicial, el cual está dominado por jueces conservadores. Además, para crear un camino hacia la ciudadanía necesitará el apoyo del Congreso. La reforma migratoria comprensiva ha fracasado tres veces durante los últimos 20 años, y con el Senado en manos de los republicanos, tiene pocas probabilidades de ser aprobada. Incluso con mayorías demócratas en ambas cámaras, el asunto competiría contra el coronavirus, la salud, el cambio climático y otras prioridades en la agenda legislativa.
Los activistas por los derechos de los migrantes han sido los grandes críticos de las acciones de Biden. Como senador, Biden buscaba más fondos para vallas fronterizas. Durante sus dos mandatos como vicepresidente, el gobierno de Obama deportó a más inmigrantes que ningún otro. Biden también fue clave para una infusión de fondos a la patrulla fronteriza de México para resistir la migración del Triángulo del Norte. Como apunta Dara Lind, las políticas de Obama y Biden buscan un equilibrio entre la seguridad y el humanismo. Mientras que el equilibrio que Biden elija como presidente no cambiará a la posición humanitaria, representará un cambio significativo del enfoque singular de Trump en la seguridad.
La solución de largo plazo de Biden
Para evitar la elección difícil entre la seguridad y el humanismo para responder a las decenas de miles de personas que ingresan a EE.UU. cada año, Biden considera el desarrollo como la solución de largo plazo. Tras una oleada de solicitudes de asilo del Triángulo del Norte en el 2014, el entonces vicepresidente obtuvo $750 millones para asistencia de desarrollo en los tres países. A la vez, los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras se juntaron para la Alianza para la Prosperidad, un plan de desarrollo regional de $5.4 billones para combatir las causas de la migración.
Para revertir la cancelación de mucha de la asistencia estadounidense ordenada por Trump, Biden planea distribuir $4 billones durante cuatro años para la seguridad, gobernanza y el crecimiento económico. Dado el fuerte consenso bipartidario que Biden consiguió para su programa en el 2014, es probable que consiga por lo menos una porción de estos fondos entre los congresistas en el 2021.
¿El plan de Biden mejorará la calidad de vida para los salvadoreños?
La asistencia estadounidense y la Alianza para la Prosperidad han provocado críticas consideradas, tanto de la izquierda como de la derecha, pero llama la atención la similaridad entre las dos perspectivas. Para que la asistencia traiga oportunidades reales para los salvadoreños, según Ryan Berg del American Enterprise Institute, debe contar con “socios con voluntad en la tierra”. Distribuir fondos para el sector privado y la fuerza pública no mejorará los resultados para los salvadoreños hasta que el país logre reducir la corrupción.
Durante su gobierno, Trump ha demostró su voluntad para perdonar cualquier transgresión por parte de los líderes centroamericanos, siempre y cuando limitaran la migración. Cuando se revelaron los nexos entre Juan Orlando Hernández y narcotraficantes, los diplomáticos de Trump reiteraron su apoyo. Después de que Nayib Bukele amenazó a la prensa independiente, el embajador estadounidense tuiteó sobre su colaboración cercana. Y cuando Jimmy Morales prometió terminar el mandato de CICIG, Trump y sus aliados hicieron casi nada para prevenirlo.
Biden, en cambio, ha sido un defensor más fuerte de los esfuerzos contra la corrupción en Centroamérica. Viajó a Latinoamérica 16 veces durante sus ocho años como vicepresidente, incluso varias veces al Triángulo del Norte. Durante uno de esos viajes, en el 2016, Biden conoció a Thelma Aldana, la fiscal guatemalteca y activista contra la corrupción. Apoyó la CICIG y la MACCIH, y cuando Aldana lanzó su candidatura presidencial en el 2019, Biden la animó.
Mientras que no hizo ninguna declaración como vicepresidente sobre la corrupción de Enrique Peña Nieto o sobre el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras, Biden estaría más dispuesto para hacerlo como presidente.
Al revertir las políticas de Trump más duras contra los migrantes, Joe Biden abrirá camino a una época más positiva para los migrantes salvadoreños y para los salvadoreños-americanos. Ese logro por sí mismo merece un elogio, pero el abordaje de largo plazo ofrece aún más esperanza para el futuro. Si el gobierno de Biden puede refrenar los impulsos antidemocráticos de Nayib Bukele, fortalecer a la sociedad civil centroamericana y dedicar una porción significativa de su asistencia a programas contra la corrupción, los próximos años presentarán una oportunidad para mejorar la calidad de vida para todos los salvadoreños.
*Bo Carlson es colaborador del Proyecto de Prosperidad y Desarrollo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C. Antes de su puesto con el CSIS, trabajó con la OEA y con el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos. Las opiniones expresadas son las del autor.
