El documento que firmaron los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele, pese a no estar llamado así, es un acuerdo de 'tercer país seguro' en el que Estados Unidos ha conseguido que El Salvador se comprometa a recibir a los solicitantes de asilo que el gobierno estadounidense no quiere en su propio territorio.
El “Acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República de El Salvador relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección” no fue publicado por ninguno de los gobiernos tras su firma, realizada el 20 de septiembre pasado. El Faro tuvo acceso a una copia del acuerdo tras una solicitud de información al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
El documento dice que Estados Unidos puede trasladar a El Salvador a “cualquier persona que pida protección en un puerto de entrada o que cruce entre puertos de entrada en la fecha efectiva de este acuerdo o posterior a ella”.
Posterior a la firma, en una conferencia conjunta entre el secretario interino de seguridad Kevin Mcaleenan y la canciller salvadoreña Alexandra Hill, la funcionaria salvadoreña dijo que este acuerdo fue creado 'para trabajar en diferentes áreas, pero la principal es proteger a nuestra gente”. No obstante, el documento habla exclusivamente del rol que El Salvador acepta jugar para tramitar solicitudes de asilo y recibir a los extranjeros que Estados Unidos le transfiera.
Exceptuando a los migrantes salvadoreños, en el documento no hay restricciones de nacionalidad y personas de cualquier país que pidan asilo en Estados Unidos pueden ser trasladadas a El Salvador. Tampoco es necesario que hayan pasado por territorio salvadoreño en su ruta migratoria. El artículo 7 del acuerdo dice que ambos países “identificarán en conjunto a las personas idóneas para ser trasladadas por este acuerdo”.
De seis páginas (en inglés) y nueve artículos, el documento es similar en lenguaje y cláusulas al que Estados Unidos logró con Guatemala el 25 de julio. La copia proporcionada por autoridades estadounidenses tiene las firmas de la canciller Hill y del secretario Mcaleenan.
El documento también contradice una de las versiones que la canciller Hill dio sobre sus alcances. La ministra dijo que el memorando contenía “alternativas para aumentar la migración legal y segura, como planes para ofrecer más visas de trabajo” para salvadoreños. Sin embargo, el documento no dice nada al respecto. La única condición para salvadoreños es que ellos no pueden ser trasladados bajo este acuerdo. En síntesis, el documento confirma la aquiescencia de los gobiernos del Triángulo Norte con el gobierno Trump: mientras Guatemala ha firmado un documento para poder recibir, entre otros, a salvadoreños; El Salvador ha firmado para poder recibir, entre otros, a migrantes guatemaltecos.
El artículo 7 es el que más contiene detalles específicos de cómo se operativizará el trato. Establece que cada país debe implementar procedimientos específicos para la implementación y que El Salvador recibirá una notificación por adelantado de cada solicitante de protección que sea trasladado por Estados Unidos.
Siete días después de la entrada en vigencia del acuerdo, los gobiernos prevén acordar los procedimientos necesarios para traslados, el número de individuos que serán transferidos y los requisitos de capacidad institucional que sean necesarios. “Estados Unidos prevé cooperar para fortalecer las capacidades institucionales de El Salvador”, según otro de los numerales del artículo 7, pero en el documento no hay montos ni detalles de esa cooperación.
De acuerdo con el artículo 3, “El Salvador no retornará o deportará a solicitantes de protección referidos por Estados Unidos hacia otro país hasta que su solicitud de protección llegue a una decisión administrativa final”. Esto implica que los solicitantes de asilo bajo este acuerdo deberán permanecer en el país todo el tiempo que dure su trámite. Además, el país deberá decidir la forma cómo tratará con aquellos casos en que los solicitantes desistan de su petición.
En caso de diferencias sobre la implementación, el documento dice que deberán contemplarse en los procedimientos y, en todo caso, ser resueltos a través de la vía diplomática. Además, habrá una evaluación cada tres meses a partir de la fecha de entrada en operación.
Las excepciones en los que Estados Unidos no enviará solicitantes de asilo a El Salvador bajo este acuerdo son los de menores no acompañados y personas que, antes de pedir asilo, llegaron a Estados Unidos con visas válidas o de países para los que no se requiere visa. El gobierno salvadoreño ha sido tibio en protestar por las políticas de separación de familias centroamericanas y las condiciones de los menores de edad detenidos en centros migratorios. Sin embargo, el 12 de agosto la canciller Hill dijo en una entrevista televisiva que no tolerarían 'la violación de los derechos básico de los niños que son inocentes ni de nuestro compatriotas”.
En otros puntos, el documento habla del intercambio de información de las personas que serán sujetas a este acuerdo y las condiciones para dar por terminado el pacto. A diferencia del acuerdo con Guatemala, este no incluye un periodo inicial de vigencia.
A la fecha, ninguna autoridad del gobierno salvadoreño se ha referido al contenido específico del acuerdo. El Faro envió preguntas a la jefa de comunicaciones de Cancillería sobre el contenido del documento pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.
Ante la falta de claridades sobre el acuerdo, tanto la canciller Hill como el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, fueron citados a la comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa este 23 de septiembre. Ninguno asistió: Hill está en Nueva York, para la Asamblea General de Naciones Unidas, y Rivas dijo que tenía compromisos previos de su agenda de trabajo. Ambos fueron citados, de nuevo, para el lunes 7 de octubre. Los funcionarios están obligados a presentarse a las comisiones legislativas, según el artículo 132 de la Constitución.
En la comisión, Marcela Villatoro, diputada de Arena, dijo que se trata de “un acuerdo de tercer país seguro sin necesidad de decirlo” y pidió que Hill lleve por escrito lo que firmó a su cita del 7 de octubre. Reynaldo Cardoza, diputado del PCN, coincidió con ella y dijo que “no podemos llamarlo de otra forma: es un acuerdo de tercer país seguro para tener refugiados”.
El diputado Gustavo Acosta, del FMLN, criticó la forma en que el gobierno de Bukele ha ocultado información sobre este acuerdo. “Para un gobierno que tiene esta característica de mucha comunicación, este tema no lo ha comunicado”, dijo Acosta.
Numan Salgado, diputado de Gana, el partido oficial, también se sumó a las críticas. '¿Quién va a querer venir a un país en el que, hoy por hoy, los índices de delincuencia e inseguridad no son los más favorables para poder vivir', dijo.
Esta semana, luego de su participación en la Asamblea General de la ONU, el presidente Nayib Bukele sostendrá una reunión bilateral con el presidente Donald Trump. Será el primer encuentro oficial entre los mandatarios. Desde que fue electo presidente, Bukele ha buscado congraciarse con el ala más conservadora de la política estadounidense y se declaró 'alineado' con los intereses de Estados Unidos durante una reunión con congresistas republicanos y demócratas. Además, en agosto, el gobierno firmó una carta de entendimiento para cooperar en temas de migración y el 12 de septiembre, su gobierno lanzó una patrulla fronteriza, enfocada en combatir el paso de migrantes a través de puntos ciegos.
La firma de este acuerdo es una nueva acción en esa ruta de complacencia al gobierno de Trump. En ese aspecto, Bukele no es el primero y no está solo en la región. El primer acuerdo lo firmó Estados Unidos con el gobierno guatemalteco de Jimmy Morales. Este 21 de septiembre, los gobiernos de Estados Unidos y Honduras publicaron un comunicado conjunto en el que informaron de reuniones de alto nivel para 'aumentar la colaboración en la aplicación de la ley, el intercambio de información, el refuerzo de la seguridad fronteriza en la región y el fortalecimiento de protecciones migratorias'. El lenguaje es muy similar al preludio de los acuerdos ya firmados con los vecinos del Triángulo Norte.
