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66.8 % de las compras de insumos médicos bajo investigación por negociaciones ilícitas

20 de 31 millones asignados en nueve contratos de compra de insumos médicos para la pandemia están bajo sospecha de negociaciones ilícitas, según la Fiscalía.  Agricultura, Seguridad, Gobernación y el ISSS también están en la mira por favorecer con contratos anómalos a empresas sin experiencia o ligadas a funcionarios de Gobierno o sus familiares. El Gobierno se resiste a creer que la Cicíes lo ha denunciado, pero la Fiscalía revela que el propio Ronald Ochaeta presentó las pesquisas a la institución.

 
 

La Fiscalía investiga las compras que los ministerios de Salud, Agricultura, Seguridad, Gobernación el ISSS y otras entidades del Ejecutivo suscribieron entre el 24 de marzo y el 11 de mayo a empresas de familiares de funcionarios públicos y a empresas nacionales y extranjeras sin experiencia previa en la venta de mascarillas, equipo de protección para equipos sanitarios y alimentos. Destaca en la investigación que al menos 20 millones de dólares de un presupuesto de 31 millones habilitado del fondo de emergencia (Fopromid) fueron usados para hacer negocios irregulares en la adquisición de insumos médicos a través de contratos bajo sospecha de corrupción.

En una conferencia brindada en la tarde del 11 de noviembre, un grupo de fiscales asignados a la Unidad Anticorrupción dieron detalles de la extensa investigación que arrancó el domingo 8 de noviembre, con la autorización del juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador para realizar  allanamientos a más de siete instituciones del Ejecutivo. En la narrativa oficial de la Fiscalía, queda claro que las principales pesquisas ahora retomadas por la institución fueron previamente trabajadas por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Cicíes), impulsada por el Gobierno Bukele. La Cicíes, a su vez, no partió de cero. Detrás de las primeras indagaciones se encuentran sendas investigaciones de varios medios de comunicación independientes, entre estos El Faro, quienes desde junio pasado dieron cuenta de millonarias anomalías en los contratos de la pandemia.

La Fiscalía investiga a 10 empresas y a una persona natural que recibieron asignaciones de fondos públicos a través de compras irregulares de cuatro ministerios y el ISSS. La investigación persigue asignaciones de fondos públicos autorizadas por el ministro de Salud, Francisco Alabi, la exministra Ana Orellana Bendeck y el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, a empresas ligadas al expresidente del Fonaes, Jorge Aguilar Zarco; al diputado de Arena y aliado del Gobierno Gustavo Escalante; al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya y transferencias millonarias que suman $15,456,500.00 a empresas en España, China y Estados Unidos a cambio de insumos médicos chinos de dudosa procedencia. 

En la mira también están un contrato que el propio ministro Alabí autorizó para favorecer a sus familiares;  y uno más en el que el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, autorizó para favorecer a una pariente de Carolina Recinos, comisionada presidencial de operaciones del Gabinete. Destaca como novedad que según la Cicíes el Ministerio de Gobernación, dirigido por el ahora candidato a alcalde de Nuevas Ideas por San Salvador, Mario Durán, también contrató a la empresa de cerámica y porcelana Lasca Design (una de las empresas investigadas por la Fiscalía por contratos anómalos de 3.5 millones de dólares con Salud) para obtener insumos médicos.

"Se ha hecho desembolsos millonarios por parte de salud para compra de insumos , mascarillas, caretas de protección, botas de  algunos insumos por los que se pagaron millones no se han terminado de recibir", dijo uno de los fiscales de la Unidad Anticorrupción. 

El ministro de Salud, Francisco Alabi, durante conferencia de prensa para hablar sobre los allanamientos que Fiscalía ha realizado desde el día lunes 9 de noviembre. Foto: Cortesía / Presidencia de la Rep
 
El ministro de Salud, Francisco Alabi, durante conferencia de prensa para hablar sobre los allanamientos que Fiscalía ha realizado desde el día lunes 9 de noviembre. Foto: Cortesía / Presidencia de la Rep

Festival de compras irregulares en medio de la pandemia

A inicios de marzo, cuando el país estaba por ingresar a la primera cuarentena obligatoria, Salud preparó una serie de contrataciones en el marco de la pandemia por Covid-19. El Ministerio de Hacienda puso a disposición de la institución un presupuesto de  $35,430,500 para atender con $31,172,578  la compra de insumos médicos y de $4,257,922 para el reacondicionamiento y equipamiento de los hospitales, según un informe de junio del Ministerio de Hacienda. La investigación fiscal perfila a dos ministros de Salud que destinaron el 66% del presupuesto asignado a la protección del personal médico del Covid-19 ($20,835,166) para facilitar negocios irregulares.

El Juzgado Tercero de Paz autorizó a la Fiscalía el acceso a los servidores institucionales y correos de 32 personas, entre funcionarios y empleados públicos del Ministerio de Salud Pública. Han pedido intervenir los correos institucionales de la exministra de Salud, Ana Orellana Bendeck, que suscribió tres contratos irregulares por $848,666.10 y el correo institucional del ministro Francisco Alabí, que firmó seis contratos bajo investigación por $19,986,500.

Los fiscales también pidieron acceso a correos de la viceministra Karla Marina Díaz de Naves, quien antes del 8 de mayo era la coordinadora de la Dirección Nacional de Hospitales, y quien firmó las necesidades  y justificaciones, los documentos a través de los cuales se dieron inicio a los procedimientos de compra. También han pedido información bajo custodia del exjefe de la Unidad de Adquisiciones, Manuel de Jesús Corea Barahona, y el actual jefe de la UACI, Walter Elenilson Coto Monterosa; del jefe de la unidad financiera Samuel Trillos y acceso a información manejada por los administradores de contrato de las compras irregulares, además de documentos de la unidad de abastecimiento, bajo custodia de  Patricia Gianinne Gutiérrez, jefa de la unidad que maneja los inventarios en la bodega del Ministerio de Salud, en el Barrio San Esteban.

El 11 de noviembre El Faro pidió una entrevista a  Alabí y a Díaz de Naves a través de mensajes a su asistente de comunicaciones y mensajes a sus correos institucionales. También buscó comentarios del representante legal de Javi Performance Parts, Javier Sánchez Brunete, y del representante de Lasca Design, Ariel Lasca, las dos empresas extranjeras bajo investigación que más fondos públicos facturaron del Ministerio de Salud. Al cierre de esta nota, tres de ellos no brindaron comentarios y Sánchez Brunete, antes de colgar abruptamente la llamada, dijo: “no tengo conocimiento de una investigación (de la Fiscalía)”. 

El 25 de junio, Francisco Alabí vistió el Hospital de Chalatenango para hacer entrega de trajes de protección.
 
El 25 de junio, Francisco Alabí vistió el Hospital de Chalatenango para hacer entrega de trajes de protección.

Los funcionarios, los aliados de Bukele y las empresas beneficiadas

El lunes 9 de noviembre iniciaron los allanamientos a la sede administrativa del Ministerio de Salud para incautar documentos sobre el destino de $20,835,166. Entre las compras irregulares más destacadas están aquellas reveladas por investigaciones periodísticas. El 17 de junio, Salud con Lupa reveló que Insema, una empresa fundada por Jorge Aguilar Zarco recibió $250,000 por 100 mil protectores faciales de resina PET, una compra con un sobreprecio del 121%. Luego El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica publicaron sobre otros contratos adjudicados por el Ministerio de Agricultura a una empresa del hermano de Aguilar y a su cuñada: una compra de 140,000 canastas alimentarias a la empresa Idecafez, de Daniel Aguilar Zarco, por $1.59 millones y 655 mil dólares a la empresa Trade Winds, de Adela López, esposa de Daniel. La Fiscalía ha pedido información sobre estas compras a Salud y a Agricultura.

A finales de septiembre de 2020, Jorge Aguilar dijo a El Faro que la venta de caretas acrílicas al Ministerio de Salud había sido una novatada de su hija que le había costado caro, y que no había sido una venta representativa para su empresa. Negó cualquier vínculo con Insema y con Idecafez, diciendo que se había desvinculado cuando asumió la presidencia del Fonaes en junio de 2019. De Trade Winds dijo desconocer su existencia, a pesar de que la dirección del documento de identidad de Aguilar es el mismo de la empresa de su cuñada y también comparte domicilio con el local de la empresa Nedeza. El Juzgado autorizó el allanamiento a las oficinas de Nedecaza en Santa Tecla. 

La Fiscalía ha solicitado los expedientes de compra adjudicados a Insema, Idecafez, Trade Winds a Salud y a Agricultura. También ha pedido las escrituras públicas, las credenciales de junta directiva y los balances de las empresas. A Presidencia de la República solicitaron la actas del 10 de junio de 2019 y la 222 del 20 de junio de 2020 donde consta el nombramiento y la destitución de Aguilar. Le pidieron información al Ministerio de Medio Ambiente, a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, al Fonaes sobre el Reto Recicla.

Insema es una de las empresas a la que el Juzgado Tercero de Paz autorizó el 12 de noviembre para que proceda a hacer un registro y allanamiento. “Insema, ubicada en el Parque Industrial Verde, Calle Agua Caliente Km. 5 1/2, Soyapango, San Salvador con un rotulo de color verde, con letras color blanco en el que se lee: "Centro de Reciclaje. Compramos aluminio, cartón, hierro, computadoras pet, Insema”, dice el documento.

Otra de las empresas que tiene autorización judicial para que la Fiscalía realice un registro es  la sociedad Grupo GME Inversiones, ubicada en la Residencial Veranda, Santa Tecla. Esta es una empresa familiar del diputado Gustavo Escalante. Una investigación de El Faro reveló que el Ministerio de Salud pagó $77,180.27 a cambio de  179,489 mascarillas defectuosas. 

La Fiscalía también ha solicitado al Ministerio de Hacienda información sobre SYGM Asesores. El 25 de abril, el Ministerio de Salud otorgó un contrato para adquirir protectores faciales tasados con un sobreprecio unitario de hasta 121% a esta empresa mercantil con apenas seis meses de vida, según reveló una investigación de Salud con Lupa. En otra investigación, El Diario de Hoy reveló que los representantes legales de esa empresa (Rogelio Cabrera y Jorge Alberto Vásquez Turcios) son al mismo tiempo empleados de SCI Audit Tax Advisory , una empresa fundada y dirigida por Zelaya. 

Entre los oficios de los fiscales, han requerido al Ministerio de Salud el expediente de la compra y a Hacienda, dirigida por Zelaya, le han solicitado los reportes tributarios de la empresa SYGM Asesores y SCI Audit Tax Advisory. El 20 de julio de 2020, en los últimos días de Nelson Fuentes como ministro de Hacienda, le pidieron informes sobre el manejo del Fopromid.

La Fiscalía también pone la lupa sobre los $620,000 asignados a una fábrica china de máquinas dispensadoras de juguetes, Shanghai Beyond Import and Export; los $3,041,500, a un distribuidor de cerámica y porcelana para pisos domiciliado en Miami, Lasca Design; los $3,800,000 otorgados a una empresa que fabrica suelas de zapatos y que entregó un millón de mascarillas sin certificación para el personal de salud: Networklat Inversiones, según reveló Revista Factum; y los $11,795,000.00 a un tienda en España  de partes de vehículos: Javi Performance Parts.

La Fiscalía también investiga una contratación a una empresa fundada por un diputado aliado del Gobierno Bukele: la de $344,000.00 adjudicados a la empresa de informática fundada y dirigida por la familia del diputado Gustavo Escalante, Grupo GME Inversiones. Uno de los casos detallados por los fiscales fue la asignación de $225,000 adjudicados a una tienda de consumibles para vehículos de la familia del ministro de Salud, Francisco Alabí, la empresa Autodo, un caso revelado por la Revista Gato Encerrado. En el documento que fue presentado al juzgado también está la compra por servicios de comida por servicio de comida (desayuno, almuerzo y cena) para personal que apoyó en la emergencia por coronavirus ($549,359.41) a Blanca Judith Meléndez Portillo, ex pareja de Herber Orlando Recinos Montes (Gerente de Fondeo y Cooperación de BANDESAL), hermano de la comisionada presidencial Marta Carolina Recinos. El caso fue revelado por El Diario de Hoy. 

El 24 de mayo, personal de Salud inspecciona mascarillas KN95.
 
El 24 de mayo, personal de Salud inspecciona mascarillas KN95.

Gobierno Bukele se resiste a creer que la Cicies los ha denunciado

Dos meses antes de los registros, el 7 de septiembre de 2020, el comisionado Ronalth Ochaeta, representante de la Cicies, envió a la Fiscalía tres avisos sobre irregularidades en las compras del Gobierno de Nayib Bukele durante la pandemia por coronavirus. Uno de esos documentos le pide a la institución fiscal  que inicie investigación en contra del ministro de Salud, Francisco Alabi, porque otorgó  $225 mil a venta de consumibles para vehículos Autodo S.A. de C.V, en concepto de compras de bota de hule. El caso, publicado por Gato Encerrado, reveló que la presidenta y representante legal de la empresa es Celina Quiñonez, tía de Alabí, y los otros directivos son José Ángel Gonzalo y Violeta Montoya Quiñonez, ambos primos del ministro. 

El 11 de noviembre, horas antes de que la Fiscalía diera a conocer detalles que confirman que la Cicíes recabó información a partir de las investigaciones periodísticas y llevó más allá la investigación, el ministro Francisco Alabí intentó matizar la colaboración de la entidad con la Fiscalía. Alabí, el presidente Bukele y otros funcionarios del Gobierno han levantado la bandera de que la investigación por los contratos de la pandemia en realidad es una persecución política del fiscal Melara, a quien Bukele acusa de actuar influenciado por los partidos que lo eligieron: los partidos de oposición Arena y FMLN. 

A la salida de una entrevista en Canal 12, el ministro Alabí restó importancia a las investigaciones. Aseguró que la Cicies sólo identificó "errores de forma, no de fondo" y dijo que esos errores podían explicarse "por la premura con la que se llevaron a cabo las compras". 

“Es un miembro de la Cicies y no la Cicies como tal quien puso la denuncia”, dijo el ministro. En la conferencia de los fiscales, estos dejaron claro que fue el propio Ronald Ochaeta, en base al convenio suscrito entre la Organización de Estados Americanos y la Fiscalía, para que la Cicies brinde asistencia técnica, quien interpuso tres avisos en los que alertó sobre compras irregulares en el Ministerio de Salud. 

Alabí, sin embargo, insistió en su versión alternativa: “Las conclusiones que motivaron a este miembro de la Cicies a interponer una denuncia en calidad personal, no como Cicies, son apresuradas, porque se hacen sobre la base de procedimientos que se encuentran en ejecución”.

En la conferencia, una de las fiscales leyó un extracto del documento presentado por Ochaeta. Este escribió que entre los hallazgos encontraron que “Autodo de S.A de C.V se hizo proveedor cuyo giro comercial es diferente al objeto de la compra. Fue el único proveedor invitado a ofertar. Que la oferta se recibió en la UACI del Minsal con cuatro días de anticipación a la suscripción de la solicitud de la compra de las botas”. 

La familia del ministro Alabi creó una segunda acta de recepción de entrega del producto diferente a la que presentaron la primera vez. La Cicies dio por hecho que en este último documento modificaron la identidad del representante y se ocultó el nombre del primo del  ministro. “Sobre esto último ha circulado una noticia periodística que se destaca que Celina Montoya y José Ángel tiene un gran parentesco con el señor Alabí Montoya”. Luego le pide a la Fiscalía que admita el aviso porque se trata del delito de actos arbitrarios y negociaciones ilícitas.

La Cicies también retomó otra publicación periodística de El Diario de Hoy para investigar las órdenes de compra de mascarillas, trajes de protección, gabachas, caretas acrílicas y otros insumos adjudicadas a un taller de repuestos de vehículos en España. Una auditora de la Cicies, según el documento del Juzgado Tercero de Paz, indagó sobre los procesos de compra que beneficiaron a Javi Performance Parts, según un documento que le fue requerido a Wilfredo Alfaro García, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud.

Otra investigación periodística retomada por la Cicíes fue publicada por El Faro y en ella se revela la asignación de 3.5 millones a una empresas dedicada a la importación y venta de cerámica y porcelana. A finales de marzo, una empresa china que se dedica a la venta de máquinas dispensadores de juguetes, dulces y condones ganó un contrato para proveer 3 millones de mascarillas quirúrgicas al Ministerio de Salud, que fue autorizado por la entonces ministra de Salud, Ana Orellana Bendeck. El proveedor incumplió el contrato y solo entregó la mitad de los insumos médicos. Luego, a inicios de abril, el proveedor chino recomendó a Lasca Design para proveer la mitad de los insumos médicos. 

Salud aceptó la sugerencia del proveedor que incumplió su contrato y, tras una breve intercambio de cartas y correos, el 13 de abril Francisco Alabí validó que se entregaran 3.5 millones de dólares a Lasca Design a cambio de 1.5 millones de mascarillas quirúrgicas, 2 millones de mascarillas KN95 y 10 mil termómetros. A finales de mayo, el proveedor informó que tenía problemas para entregar a tiempo los insumos médicos, porque la transacción con el gobierno generó una “observación de transacción sospechosa” en su cuenta en Wells Fargo Bank, en San Francisco, California. 

La autorización del Juzgado hace referencia a que la Cicies remitió un informe de auditoría el 30 de septiembre de 2020, en la cual dejan constancia de hallazgos en la compra de Shangai Beyond Import and Export Co y Lasca Design. En las indagaciones de la Cicíes, sin embargo, se destaca una novedad: Lasca Design también fue contratada en el ISSS y en el Ministerio de Gobernación. “Nota identificada con la referencia CICIES/146/2020, con la cual se pone en conocimiento del señor Fiscal General de la República de las irregularidades encontradas en las auditorías realizadas producto de la administración de fondos públicos en relación a la Pandemia COVID-19, en las instituciones identificadas como Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, MIGOBDT, Ministerio de Salud, MINSAL y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, en relación a la compra de mascarillas a los proveedores identificados como Shangai Beyond Import and Export Co. Ltd y a la Sociedad identificada como LASCA Design”.

El turno de los fiscales ofendidos

La investigación de los contratos de la pandemia ha sacado a flote una crisis institucional sin precedentes en la que, a petición de un ministerio del Ejecutivo, la Policía ha bloqueado a los fiscales anticorrupción mientras estos realizan procesos de allanamiento en las sedes del Ministerio de Salud.  

Los allanamientos, que arrancaron el lunes 9 pasado, fueron bloqueados de manera momentánea cuando el martes 10 de noviembre, la Policía dirigida por el comisionado Mauricio Arriaza Chicas interfirió en la investigación alegando que el Ministerio de Salud requirió de su apoyo porque los fiscales no habían presentado ninguna orden de registro y andaban armados. De hecho, el mismo Ministerio de Salud denunció a través de Twitter que los registros de la Fiscalía han puesto en peligro la compra de medicamento para atender la pandemia y los afectados por las lluvias. En los oficialista Canal 10 y Diario El Salvador, las portadas han señalado una supuesta falla de los fiscales y no la conducta anómala de la Policía y de Salud, que obstaculizaron el trabajo de la Fiscalía. 

Este jueves 12 de noviembre, en horas de la tarde, finalmente hablaron algunos de los fiscales de la Unidad Anticorrupción  afectados con los bloqueos. Ellos detallaron los asedios de los agentes de la Policía, algunos empleados de salud (incluido el equipo de prensa del Gobierno) y Jorge Castro, asesor del Gobierno y candidato a diputado Nuevas Ideas. Los fiscales, que no brindaron sus identidades, y se presentaron como el equipo encargado de la investigación, explicaron que no andaban armados, que las pistolas las tenían los miembros de su equipo de seguridad. 

Según una de las fiscales, el jefe especializado de la Policía, Douglas García Funes, la empujó cuando se encontraban en las instalaciones del Ministerio de Salud. Luego,dijo que otro policía, a quién identificó como “Jeremías” le dijo que "yo no vengo a auxiliarlos a ustedes, tuvieron que coordinar, vengo en apoyo de los ministros y yo no quisiera hablar con usted, quiero hablar con Arriaza (directo de la Unidad Anticorrupción). Con él me entendería perfectamente”.

Los fiscales anunciaron que permanecerán hasta el 14 de noviembre en las instalaciones del Ministerio de Salud. Ningún elemento de la Policía está acompañándolos en estas primeras diligencias de investigación. “Es preocupante no tener el apoyo de la Policía (...) La Policía está protegiendo a las personas investigadas no a la institución fiscal”, dijo uno de los fiscales. 

La institución, sin embargo, sigue dubitativa cuando se le pregunta si procesarán a aquellos quienes les obstaculizaron su trabajo. "Se realizará el análisis respectivo. Estaban obstaculizando nuestra función. Estaban evitando que entraramos al lugar. Vamos a analizar si es o no delito”, respondieron.


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