La Fiscalía General de la República inició la etapa de recolección de pruebas para determinar si las irregularidades en las compras de la pandemia lideradas por el Ministerio de Salud y otras instituciones de Gobierno son constitutivas de delitos de corrupción. La investigación fiscal, que arranca exhaustiva con requisición de documentos en 20 oficinas del Ejecutivo, inicia cuatro meses después de que una investigación periodística de la plataforma Salud con Lupa revelara el primero de un puñado de contratos irregulares autorizados por la cartera de Salud. Se trata del contrato a favor de Insema, la empresa Jorge Aguilar, otrora presidente del Fonaes, por un cuarto de millón de dólares para abastecer con caretas plásticas al sistema de salud.
Los primeros registros comenzaron el lunes 9 de noviembre, cuando un grupo de fiscales, a las 7:30 a.m., allanó el Ministerio de Salud. Este martes, los fiscales continuaron las revisiones e incautaciones de documentos e información que está almacenada en computadoras y en otros dispositivos electrónicos. El lunes también ingresaron al despacho del ministro Francisco Alabí, en búsqueda de información, según fuentes cercanas a la investigación. Además del contrato a favor de Insema, Alabí avaló órdenes de compras irregulares de insumos médicos para favorecer a una empresa de sus familiares con 225 mil dólares para que esta proveyera botas de hule; o a empresas vinculadas a funcionarios del Gobierno Bukele o de políticos vinculados al mandatario con contratos que, en conjunto, superaron el millón de dólares.
Para proceder con estos registros, la Fiscalía acudió al juzgado Décimotercero de Paz de San Salvador, que autorizó a la institución fiscal que realice allanamientos en más de 20 instituciones de gobierno. Ni el ministro de Salud Alabí ni el presidente Bukele se han pronunciado por los allanamientos.
La Fiscalía también registró el Ministerio de Hacienda como parte del proceso de investigación. 'Estamos haciendo un registro con la finalidad de recolectar información, soportes informáticos que nos permitan establecer circunstancias relacionadas con el manejo de la emergencia en nuestro país', declaró a periodistas Germán Arriaza, director contra la corrupción y la impunidad de la Fiscalía, al salir del Ministerio de Salud.
Las contrataciones irregulares de la pandemia sucedieron cuando se encontraba vigente la Ley de estado de emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa, la cual le permitía al Gobierno saltarse la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública (Lacap) para agilizar procesos de compra con proveedores nacionales e internacionales de insumos médicos.
Esta modificación en el mecanismo de compras fue posible gracias a la aprobación del decreto 606 (del 23 de marzo) y a los “Lineamientos Específicos para compras de Emergencia, por la pandemia COVID-19” emitido por Hacienda. Este lineamiento es el que consigna la autorización para pagar por anticipado a proveedores de insumos médicos sin pasar por la Lacap. Es decir, permitió a Salud y otras instituciones de Gobierno hacer sondeos de precios y proveedores pero no exigió competencia para elegir al mejor proveedor. Esos procedimientos le abrían la puerta al Gobierno para buscar directamente a los oferentes que estaban en la capacidad de proveer los bienes y servicios requeridos.
El día que fue aprobada la reforma al decreto de emergencia que avaló las compras de urgencia, el 24 de marzo, el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, explicó el sentido de esta modificación: “Nosotros lo que queremos es agilizar las compras”.
Esas normativas, vigentes del 23 de marzo hasta el 16 de mayo, relajaron los controles a los oferentes nacionales y aún más a los internacionales. “Excepcionalmente, en el caso de proveedores internacionales, la institución podrá justificar, prevaleciendo el interés público, la no requisición de la manifestación anterior (el sondeo de mercado), o de garantías, en función de tiempos, escasez de proveedores”.
El fiscal Arriaza dijo que esta semana los registros continuarán en el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud y en 'otras instituciones' del Gobierno, aunque aclaró que no podía revelar de cuáles se tratan. Según Diario El Mundo, en la lista de instituciones investigadas también se encuentra el Mministerio de Agricultura y Ganadería, la institución que ocupó fondos destinados al pago de salarios para adquirir insumos para las 'canastas solidarias' que ha repartido el Gobierno de manera discrecional con el objetivo, según Presidencia, de ayudar a los más afetados por las cuarentenas del coronavirus.
El 27 de julio de 2020, el exministro de Hacienda Nelson Fuentes compareció ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde reconoció que, durante la emergencia, el MAG había usado fondos públicos destinados a rubros específicos para utilizarlos en otros propósitos sin contar con el aval de la Asamblea Legislativa.
Alegando que la Ley de Administración Financiera del Estado les permitía una reorientación “temporal”, Hacienda autorizó que el MAG utilizara $15,448,050 para pagar los anticipos de contratos a proveedores de maíz, arroz y frijol para canastas solidarias, y el pago de la primera entrega de las 33 toneladas métricas de maíz blanco compradas a una empresa de Sinaloa, México. El MAG ha sido una de las instituciones que menos colaboración ha dado a la Corte de Cuentas en las auditorías a los gastos de la pandemia, según ha revelado el ente contralor.
La investigación que arrancó ayer supone la segunda de la administración de Raúl Melara en la FGR contra las instituciones del Ejecutivo dirigido por Bukele. La primera ocurrió luego de que El Faro reveló que el Goberno Bukele lleva un año negociando con la Mara Salvatrucha (MS-13) la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios.
Larga lista de contratos irregulares durante la pandemia
El fiscal Arriaza no quiso hablar sobre cuáles casos están investigando. Sin embargo, mencionó que “hay investigaciones que han iniciado de oficio' tras diversas investigaciones preiodísticas publicadas desde junio pasado. 'Algunas pocas (han sido por aviso), las cuales nosotros como Fiscalía estamos investigando. El fin es determinar qué es lo que ha ocurrido durante la emergencia”, añadió.
El primer funcionario señalado por las compras irregulares en la pandemia fue Koky Aguilar, entonces presidente del Fonaes. Una investigación de Salud con Lupa reveló que su empresa vendió un cuarto de millón de dólares en caretas plásticas al gobierno. En septiembre, Aguilar responsabilizó a su hija por el negocio con el Ministerio de Salud en una entrevista concedida a El Faro.
Salud también otorgó un contrato para adquirir protectores faciales tasados con un sobreprecio unitario de hasta 121% a SYGM Asesores, una empresa mercantil con apenas seis meses de vida, según la investigación de Salud con Lupa. En otra investigación, El Diario de Hoy reveló que los representantes legales de esa empresa (Rogelio Cabrera y Jorge Alberto Vásquez Turcios) son al mismo tiempo empleados de SCI Audit Tax Advisory , una empresa fundada y dirigida por Alejandro Zelaya, el nuevo ministro de Hacienda. En su hoja de vida, de hecho, Zelaya destaca haber fundado SCI Audit Tax Advisory .
El Diario de Hoy reveló además que SYGM Asesores compartía oficina con SCI Audit Tax Advisory hasta en noviembre de 2019. Zelaya acudió a la Fiscalía y escribió en su cuenta de Twitter “no soy socio de nadie que haya vendido al Estado”. El Tribunal de Ética Gubernamental estudia una demanda interpuesta contra el funcionario por su vínculo con la empresa que vendió insumos médicos al Estado.
Siempre en junio, este periódico reveló que el Ministerio de Salud compró 800,000 mascarillas a una empresa del diputado arenero Gustavo Escalante y su familia. A finales de ese mes, el fiscal general Raúl Melara anunció que estos tres casos serían investigados.
Pero los contratos con las empresas ligadas a funcionarios no fueron las únicos con irregularidades. En abril, la cartera de Salud pagó $3 millones por mascarillas KN95 a Lasca Design LLC, una empresa con sede de Miami, Florida, especializada en cerámica y porcelana. Un mes después de que el Gobierno cancelara ese monto, la empresa estadounidense informó que no podían entregar las mascarillas porque el banco Wells Fargo ha catalogado como “transacciones sospechosas” los pagos recibidos del gobierno de El Salvador.
En junio, El Diario de Hoy reveló que Salud también benefició a una empresas dedicada a la venta de repuestos para vehículos, y radicada en Madrid, España, para proveer insumos médicos a través de varios contratos que superan los 11 millones de dólares.
El titular de Salud también autorizó una compra de botas de hule para personal médico por 225 mil dólares a Autodo S.A. de C.V., una empresa que se dedica a la venta de repuestos para vehículos. Según la Revista Gato Encerrado, dicha compañía tiene como presidenta y representante legal a Celina Quiñonez, tía política de Alabí, y como miembros de la Junta Directiva a los hijos de ella: José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñonez, primos del ministro.
El Faro también reveló que José Ángel Montoya Quiñonez, primo del ministro de Salud, ganó $19,500 con el Ministerio de Turismo por alquilar una casa por tres meses donde funcionó un centro de cuarentena y había siete camas.
En julio, el fiscal Melara reiteró que estaba investigando los casos revelados por los medios de comunicación: “Las investigaciones tardan y dependemos de un ente como la Corte de Cuentas para tener los insumos necesarios y saber si es viable realizar o no una imputación (acusación)... no lo podemos saltar', dijo el 29 de julio.
Los últimos casos revelados por publicaciones periodísticas de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica revelan compras irregulares de alimentos hechas por el MAG a empresas nacionales que no se dedican a ese rubro (una zapatería, por ejemplo) o a empresas de familiares del exfuncionario Koky Aguilar. Revista Factum también reveló compras de atún enlatado a una empresa fantasma mexicana y una compra de 3.5 millones de dólares a una compañía de telecomunicaciones salvadoreña para adquirir respiradores de hule sin certificación que terminaron siendo distruibidos a policías y soldados.
Salud con Lupa también reveló que el ministro de Salud autorizó la contratación de una empresa del hermano de una de sus asistentes para remodelar su oficina a un monto de 50 mil dólares.
