La llegada de Joe Biden a la presidencia ha roto el pacto esencial que operó entre el Gobierno de Estados Unidos y los de Centroamérica durante la administración de Donald Trump: silencio estadounidense frente a la corrupción o los abusos de poder a cambio de que Guatemala, El Salvador u Honduras colaborasen con la brutal estrategia antimigrante de la Casa Blanca.
Juan González es Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional y, como tal, el principal asesor del presidente Biden en su política hacia Latinoamérica. En esta breve entrevista con El Faro, una de las primeras que un funcionario de la Casa Blanca da a medios internacionales desde la toma de posesión, confirma el viraje. Aunque cuando se le pregunta por prioridades para América latina aterriza de inmediato en migración, y aunque su discurso sobre migración destila contradicciones ―parece aplaudir la violenta represión del gobierno de Guatemala contra la primera caravana migrante de 2021―, también marca nuevo rumbo: “tenemos que volver a la iniciativa que comenzó el presidente Biden cuando estaba en la Casa Blanca como vicepresidente”, dice, “que es trabajar con los países de la región para resolver los problemas de pobreza, inequidad e inseguridad”. Eso sí, su mensaje a quien esté pensando migrar es sólido: 'No lo hagan'.
González confirma que, como Biden anunció durante su campaña, la lucha contra la corrupción será otro de los ejes principales de su política hacia la región. Anuncia la intención de crear una “fuerza de tarea” para que el Departamento de Justicia estadounidense ayude a los fiscales generales de Centroamérica a investigar estructuras de corrupción y crimen organizado. Dice que a menudo esos fiscales 'están solos'. Y advierte a cancilleres, embajadores y embajadoras que los gobiernos no serán el único interlocutor de la Casa Blanca: “en estos países hay sociedades civiles muy activas, que están demandando más de sus gobiernos, que es lo correcto”, dice.
Afirma también que, como ya adelantó el día 20 en El Faro la exembajadora Mari Carmen Aponte, y hace apenas unos días daba a entender un tuit de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, la administración Biden respalda la iniciativa que han presentado a la Asamblea un grupo de organizaciones no gubernamentales para ampliar por ley las atribuciones de la CICIES y darle más independencia respecto al Gobierno de Bukele.
Cuando se le pregunta directamente por la opinión que el Gobierno de Biden tiene del presidente salvadoreño, González habla de “diferencias” y “preocupaciones”, y repite la necesidad de que las administraciones de la región demuestren su compromiso contra la corrupción. Es mucho más rotundo, claro, cuando se le pregunta por el régimen nicaragüense: “Las acciones del gobierno de Daniel Ortega en contra de su propio pueblo son posibles crímenes de lesa humanidad”.
La pandemia, la crisis económica y política en Estados Unidos, y la difícil herencia de Trump en política exterior van a limitar el margen de acción de la administración Biden. ¿Cuáles serán sus prioridades en América Latina?
La Pandemia no va a limitar las acciones de la administración en la región. Más aún: nuestra debilidad al controlar la pandemia en Estados Unidos requiere cooperación con nuestros aliados de Latinoamérica, el Caribe y Canadá. Habrán visto que, durante la transición, Jake Sullivan y la embajadora Roberta Jacobson ya tuvieron conversaciones con el Gobierno mexicano sobre temas migratorios, pero también hablamos de covid, y estamos en este momento en un diálogo muy activo con el Gobierno canadiense sobre lo mismo.
Y el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos también tiene implicaciones para el combate a la covid. Es algo que tenemos que tratar en conjunto. Nuestra capacidad para manejar la frontera de Estados Unidos ha sido dañada por las acciones de la administración previa para desmantelar nuestro sistema legal migratorio. El mensaje más claro que puedo dar a quienes están pensando en migrar es que no lo hagan: las reformas migratorias que estamos lanzando no van a amnistiar a nadie que no haya llegado a Estados Unidos antes del 1 de enero, y quienes vienen se exponen a sus familias y a sí mismos a un viaje muy peligroso, pero además van a llegar a una frontera en la que el riesgo de contagio de covid es muy alto y por la que no van a poder entrar a Estados Unidos ni su caso procesado. Tengo que reconocer el trabajo que ha hecho el presidente Alejandro Giammattei al manejar el flujo migratorio cuando las caravanas comenzaron. Desafortunadamente, las acciones del Gobierno hondureño hasta este momento han sido un poco decepcionantes.
En realidad, tenemos que volver a la iniciativa que comenzó el presidente Biden cuando estaba en la Casa Blanca como vicepresidente, que es trabajar con los países de la región para resolver los problemas de pobreza, inequidad e inseguridad, que son los que motivan a las personas a dejar sus casas. El mismo presidente nos ha expresado su intención de estar muy involucrado personalmente en este tema, porque para él la migración no es solo un asunto de dignidad sino un tema político de bastante importancia en Estados Unidos.
Y lo hará desde un compromiso en contra de la corrupción, porque ve que muchos de estos temas, pobreza, desigualdad, falta de participación, falta de oportunidades, comienzan con la corrupción endémica que existe en el triángulo norte y en Latinoamérica. Hemos de admitir que en Estados Unidos no estamos exentos de esos problemas. Hemos aprendido que debemos enfrentar esos temas con humildad y en un espíritu de colaboración.
¿Tienen las contrapartes necesarias en los gobiernos de la Región? Habla de colaboración con México para combatir la covid, pero México aparece ranqueado, junto a Estados Unidos, como uno de los peores países en la gestión de la pandemia. Y si hablamos de corrupción, ¿cómo combatirla de manera conjunta con países que tienen ahora mismo problemas de corrupción estructurales?
Los aliados de los Estados Unidos no son solo los gobiernos. El presidente se ha comprometido a ayudar a Centroamérica con un proyecto de 4 mil millones de dólares durante los cuatro años de su mandato, pero eso no va a tener ningún impacto sin la voluntad política de los gobiernos para tomar acciones, que en muchos casos van a estar en contra de sus intereses políticos, por el bien de sus países y contra la corrupción. El líder que esté listo para tomar acción en ese tema de forma seria tendrá en Joe Biden un aliado.
Pero insisto: los aliados de Estados Unidos no son solo los gobiernos; es la sociedad civil, y en estos países hay sociedades civiles muy activas, que están demandando más de sus gobiernos, que es lo correcto. Y tenemos al sector privado. La asistencia de los Estados Unidos es solo una fracción de lo que pueden invertir los sectores privados. Y tenemos a la comunidad internacional, que tiene la expectativa de que esos gobiernos den esos pasos correctos.
Vuelvo a repetir: todo esto comienza por combatir la corrupción, por el respeto a las instituciones, por resolver las disputas a través de procesos democráticos y transparentes. Estos son los ingredientes de democracias robustas que responden a las necesidades del pueblo. Es algo que nosotros, como administración, estamos también tratando de retomar en nuestro país después de cuatro años en los que la administración Trump ha ignorado la corrupción en Estados Unidos y en la región. Es un tema que estamos retomando aquí y en nuestra política internacional.
El plan Biden para Centroamérica incluye la creación de una comisión regional para luchar contra la corrupción. ¿Qué modelo de comisión tienen en mente? ¿Con qué atribuciones?
La CICIG salió de Guatemala, la MACCIH salió de Honduras, y la CICIES que está funcionando en El Salvador no sé qué tan efectiva ha sido. Volver al modelo de comisiones nacionales es algo que toma mucho tiempo y necesitamos acción ahora. Nosotros reconocemos que hay fiscales generales muy activos en muchos países -en El Salvador tienen un Fiscal General muy activo, en Honduras también...- pero para los fiscales de la región, incluyendo a Colombia y México, a veces es un reto montar casos y hacer su trabajo porque están solos. Buscaremos darles apoyo desde el Departamento de Justicia y con otros gobiernos, y formar una fuerza de tarea, una comisión, para trabajar conjuntamente con ellos, para investigar casos, para comenzar procesos y usar las herramientas que tiene Estados Unidos para ir tras grupos transcriminales, tras quienes lavan activos, usar herramientas como el Magnitsky Act contra personas, quitando visas, sancionando.
Usaremos todas las herramientas que tengan el gobierno de Estados Unidos y sus aliados internacionales para combatir la corrupción, que es un flagelo que impacta en el potencial de países como El Salvador, Honduras y Guatemala.
Donald Trump parecía estar muy cómodo con la administración Bukele en El Salvador. ¿Qué opinión tiene la administración Biden de Nayib Bukele y su gobierno?
Vamos a trabajar con cualquier gobierno que haya sido elegido democráticamente, pero tendremos nuestras diferencias con el Gobierno de Bukele. Nuestras preocupaciones las manifestaremos en un contexto de respeto y de buena voluntad, pero vuelvo a repetir: el líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador defendió en público esta semana la necesidad de fortalecer la CICIES. ¿Se refería a la iniciativa que han presentado organizaciones de sociedad civil para dar más independencia a la CICIES respecto al gobierno de Bukele?
Así es. No venimos a prescribir soluciones y vamos a tener que dialogar con la sociedad civil, con nuestra Embajada, con el Departamento de Estado liderando nuestra diplomacia, para ver cómo trabajar con una comunidad de gobiernos, sociedad civil y sectores privados por el bien de nuestros países. De nuevo: todo empieza y termina con la lucha contra la corrupción y el respeto a las instituciones.
¿La lista Engel incluirá a funcionarios centroamericanos que están en el cargo? El presidente de Honduras, por ejemplo, está acusado por un fiscal de Nueva York por supuestamente recibir sobornos del Chapo Guzmán. ¿Podría entrar en esa lista? ¿Cómo afectaría eso a la relación bilateral con Honduras?
No puedo predecir qué vamos a hacer, pero usaremos todas las herramientas a nuestro alcance para empujar contra la corrupción y a favor de las instituciones democráticas de la región, que son la base del consenso hemisférico.
En el caso de Nicaragua, cree que Estados Unidos puede desempeñar algún papel real para la salida de la crisis democrática?
Nicaragua es de mucha preocupación. Las acciones del Gobierno de Daniel Ortega en contra de su propio pueblo, incluso usando francotiradores en contra de manifestantes pacíficos, son posibles crímenes de lesa humanidad. El gran problema que ha tenido Nicaragua, desde que regresó Ortega a la Presidencia en 2006, es que se han cambiado las reglas del juego para favorecer que se perpetúe en el poder. Estados Unidos defenderá que haya elecciones justas y transparentes, aunque lo que se ha visto es que el Gobierno de Ortega está ya de nuevo manipulando el sistema a su favor. Es algo que se ha ignorado demasiado. La administración previa se enfocó en Venezuela y Cuba, y casi se olvidó de Nicaragua . Es algo muy preocupante y sí será un foco de atención para esta administración.
