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A Nayib Bukele se le ha olvidado gobernar

Carmen Tatiana Marroquín

 
 

La administración y dirección del Estado salvadoreño se encuentra postergada por la urgente necesidad del presidente de la República de tener el control sobre la narrativa de todo lo que sucede en el país. Desde su campaña presidencial, Nayib Bukele y el grupo político que lo rodea han logrado grandes éxitos comunicacionales, han dominado la opinión pública de forma abrumadora y han conseguido dar fuertes golpes discursivos y comunicacionales a sus adversarios. Sin embargo, es un desatino analizar esta característica (que algunos hasta admiran) abstrayéndose de las consecuencias sociales que esta dinámica comunicacional trae. La estrategia comunicacional del grupo de poder que abandera Bukele podría ser digna de admiración si lo que estuviera en disputa no fuera el presente y el futuro de una nación.

Los continuos y frívolos conflictos

La política es una lucha de intereses que produce constantes desencuentros de opiniones en una sociedad. Cualquier decisión social, desde la conmemoración de un día histórico hasta el contenido de la Constitución de la República, generará debates y posiciones encontradas dependiendo de los intereses de los distintos grupos que forman la sociedad salvadoreña.

Pero la política, sobre todo la que se hace desde el Estado, tiene que buscar objetivos específicos, y uno de ellos es procurar la supervivencia y desarrollo de las personas que vivimos en este país. Es justamente este tipo de política la que no tiene cabida en la dinámica comunicacional del Gobierno actual, porque Nayib Bukele no es un gobernante que busque soluciones a problemas de nación, es un personaje que ocupa todos los recursos del Estado para mantenerse popular y obtener poder.

La búsqueda de soluciones a grandes problemas de nación ha sido una materia aplazada por gobiernos anteriores; pero incluso con sus errores de ejecución y diseño, los grupos políticos que estuvieron al frente del Ejecutivo tenían un proyecto, una idea de cómo querían que fuera El Salvador en el futuro. Esto permitió la ejecución de políticas públicas encaminadas a cumplir ese objetivo: desde pequeños avances, como las reformas al sistema de salud, hasta grandes retrocesos, como un sistema de pensiones sin viabilidad financiera ni social.

Actualmente, sin embargo, no hay claridad del país que están construyendo y, además de arrastrar graves errores de ejecución en la gestión pública, tienen como objetivo único y común enaltecer la imagen del presidente. Es de este objetivo de dónde nacen los conflictos políticos actuales, la disputa política es por la popularidad del Gobierno y esta se tiene que mantener a costa de lo que sea: deuda pública, deterioro de la democracia, violencia social, crisis económica, etc. Todo El Salvador, nuestras vidas y nuestro futuro, están en función de que el presidente tenga un gobierno popular.

El 9F, el arrebato que se llevó de encuentro la democracia

El actual Gobierno entiende la política como un conflicto perpetuo, señalaron miembros del gabinete en La historia detrás del día en que Bukele se tomó la Asamblea Legislativa. Ese día, Nayib Bukele buscaba “presionar” a los diputados por un gusto más que exigía se le cumpliera sin reparos ni observaciones.

Para el 8 de febrero de 2020, el Gobierno del presidente Bukele había solicitado y logrado más de $66 millones en refuerzos al Presupuesto 2019 del ramo de Defensa y Seguridad Pública provenientes de la contribución especial para seguridad (CESC) y excesos de recaudación de impuestos. También había solicitado un poco más de $1800 millones en deuda, de los cuales cerca de $750 millones ya estaban aprobados o en proceso de aprobación. El préstamo de $109 millones con el que “justificó” la toma militar de la Asamblea Legislativa había sido solicitado a principios de noviembre y su discusión, debido a que en noviembre y diciembre son meses en que se discute el Presupuesto General de la Nación, había comenzado apenas en enero 2020.

Es decir, ya habían sido otorgados los fondos para Seguridad y Defensa por más de $750 millones para el 2020 (un aumento de $203 millones en comparación con el 2019). El préstamo de los $109 millones se encontraba en proceso normal de discusión en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, por mucho que el presidente y sus funcionarios dijeran lo contrario.

Ese abrupto desencuentro por un préstamo, que fácilmente pudo ser resuelto con una honesta discusión entre órganos de Estado, terminó en la utilización de las Fuerzas Armadas de forma política para presionar una decisión de la Asamblea Legislativa, llevándose de encuentro parte de los pactos establecidos en los Acuerdos de Paz y los pequeños espacios democráticos consolidados en las últimas décadas.

Del 9 de febrero del 2020 a la fecha, el uso de las Fuerzas Armadas como instrumento político e incluso partidario ha continuado; las arremetidas contra cualquier institución que cuestione o pretenda una contraloría al poder de Bukele, también. Fue un evento desafortunado para todas aquellas personas que gustamos de la paz y los valores democráticos; pero la falta de consecuencias por esas acciones fueron el empujón para consolidar una forma autoritaria de ejercer el poder desde el Ejecutivo.

Los problemas siguen ahí

A un año del 9F, nuestro país y el mundo son diferentes. La pandemia por coronavirus vino a cambiar las dinámicas de nuestras sociedades. El Salvador vivió el confinamiento en medio de una fuerte campaña electoral encubierta como conflictos del presidente con quién sea: el virus, la economía, las personas que salían a trabajar en medio de la cuarentena, la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, la oposición, los medios de comunicación, las universidades, congresistas estadounidenses, profesionales de la salud, abogados y abogadas, la población que reclamaba más seriedad en el manejo de la pandemia, las leyes, etc.

Sin embargo, ninguno de estos conflictos con los que hemos cargado ha traído soluciones a los verdaderos problemas que aquejan a la población salvadoreña: el desempleo, la disminución de ingresos, la pobreza, el control de los territorios por las pandillas y las extorsiones, la migración, las pensiones, la calidad de la educación pública, los problemas de las finanzas públicas, el alto nivel de deuda, la corrupción y más; todos siguen ahí esperando mientras vemos el siguiente arrebato de furia del Ejecutivo en Twitter.

Mientras el Gobierno pagó consultores de marca para hacer parecer que fuimos el país que mejor manejó la pandemia y a lobistas en Estados Unidos para hablar bien de él, la calificadora de riesgo Moody’s evaluó con perspectiva negativa nuestro perfil crediticio, el país fue degradado según el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, deteriorando el perfil de “democracia defectuosa” a “régimen híbrido”, y retrocedimos ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción.

Tampoco se ve esperanza en los miembros del gabinete. El Ejecutivo no está formado por ministros o ministras con capacidad técnica y política para resolver problemas de nación, porque su función no es esa, su función es llevarle el ritmo al presidente en el conflicto del momento. Así, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura le dio un duro golpe a la agricultura nacional con la ejecución de las compras para las canastas solidarias, mostrando una nula comprensión del funcionamiento del mercado nacional y actuando fuera de la ley. El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha empujado las finanzas públicas al borde de un abismo. Si bien ya estábamos cerca desde hace décadas, ahora la caída es inminente. Con pagos de deuda pública y de intereses que presionan fuertemente el gasto anual del Estado, con una caída de ingresos debido a la recesión económica (menor recaudación de impuestos), los gastos del gobierno son sustancialmente superiores a sus ingresos; y las posibilidades de conseguir deuda para cubrir esta brecha son cada vez más pocas o más caras.

Y así con cada ramo ha ido creando peleas comunicacionales para configurar la campaña electoral más larga, cara (con recursos públicos), ilegal, antidemocrática y violenta desde los Acuerdos de Paz. A días de una elección en dónde se disputará la posibilidad de que el grupo al frente del Ejecutivo logre acumular más poder, el ambiente conflictivo ha tocado niveles preocupantes y los problemas sociales y económicos también.

Este país necesita que usted haga política, ya sea votando o informándose, discutiendo seriamente temas de importancia colectiva, defendiendo las libertades y pequeños espacios democráticos que quedan. También se hace política como población activa en la defensa de nuestros intereses colectivos por encima de las pasiones y conflictos impuestos por el Gobierno, desde la nobleza de buscar un bienestar social que construya una mejor democracia y un ordenamiento económico más justo para todos, no solo –como ha ocurrido históricamente– para beneficio de unos cuantos.

Carmen Tatiana Marroquín es feminista. Licenciada en economía, con estudios de posgrado en finanzas. Posee experiencia  profesional en supervisión del sistema financiero. Se desempeñó como analista técnica  en temas fiscales para el Órgano Legislativo, con la fracción del FMLN en la legislatura 2018-2021.
 
Carmen Tatiana Marroquín es feminista. Licenciada en economía, con estudios de posgrado en finanzas. Posee experiencia  profesional en supervisión del sistema financiero. Se desempeñó como analista técnica  en temas fiscales para el Órgano Legislativo, con la fracción del FMLN en la legislatura 2018-2021.


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