Este domingo 7 de febrero, dos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se pronunciaron por medio de una carta para hacer un llamado de atención al Gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldar las investigaciones de la Fiscalía sobre dos hechos de violencia ocurridos en los últimos días: el ataque del pasado 31 de enero contra los militantes del FMLN en el Centro de San Salvador; y el asalto a un equipo de emergencia de Médicos Sin Fronteras en la madrugada del mismo día. El pronunciamiento de los congresistas ocurre a tres semanas de las elecciones legislativas y municipales de 2021.
“Le instamos a que colabore plenamente con las investigaciones independientes del Fiscal General y a que ejercite la influencia de su oficina en busca de paz, justicia y unidad”, escribió la Representante Norma Torres, Demócrata de California y presidenta de la Fracción de Centroamérica en el Congreso, junto con el Representante Albio Sires, Demócrata de Nueva Jersey y miembro del subcomité sobre el hemisferio occidental. Durante los últimos días, el presidente Bukele ha ocupado sus cuentas de Twitter y otras redes sociales para deslegitimar la investigación de la Fiscalía sobre el asesinato de dos militantes del FMLN y sembrar teorías sin datos verificados sobre los orígenes de la balacera que arrebató sus vidas. La Fiscalía afirma que fue perpetrada por empleados del Ministerio de Salud.
Minutos después de los disparos, Bukele, desde su cuenta de Twitter, acusó al FMLN de haber orquestado un autoataque. El día siguiente, lunes, sostuvo que no había sido un autoataque, sino un cruce de fuego entre bandos armados. El miércoles por la noche, la Policía Nacional Civil se apegó a la retórica del presidente al acusar a la Fiscalía de haber escondido evidencia del crimen al publicar tan solo un video del crimen entre los cuatro en su posesión. La versión que el Gobierno difunde es que la Fiscalía ha convertido la investigación del crimen en arma política para dañar al presidente Bukele y a Nuevas Ideas en las elecciones del 28 de Febrero.
En respuesta a los pronunciamientos de Bukele y de la Policía Nacional Civil, el Fiscal General Raúl Melara declaró que entregaría una solicitud formal para que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) revisara la evidencia recolectada por su oficina. “La presidencia no tiene por qué intervenir en las investigaciones de la Fiscalía”, dijo Melara en rueda de prensa el jueves pasado. “El día que un fiscal general se deba a x o y partido político o [...] a la presidencia de la República, ese día se van a perder las garantías de todos los salvadoreños.”
Los señalamientos en contra de Melara lanzados por Bukele ocurren tras meses de tensiones entre la Policía y el Fiscal General en el desempeño de investigaciones de corrupción relacionadas con compras y el manejo de fondos durante la pandemia de Covid-19. En noviembre, agentes de la PNC obstruyeron el allanamiento de la Fiscalía al Ministerio de Salud para obtener documentos sobre compras públicas. Otra ruptura entre la Policía y la Fiscalía ocurrió cuando el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ignoró el llamado de los diputados para esclarecer el uso de fondos públicos y préstamos destinados a la atención de la pandemia. La Asamblea ordenó al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, obligarlo a asistir y Arriaza Chicas incumplió su tarea de llevarlo por apremio.
La carta es muy clara al llamar al presidente Bukele a moderar su retórica hacia los partidos políticos opositores y hasta lo comparan con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Como miembros del Congreso de Estados Unidos, tenemos muy presente lo que puede suceder cuando los líderes políticos responden a advertencias de agitaciones violentas con mensajes corrosivos de desinformación, división y odio”, escribieron los representantes Torres y Sires. “Como presidente de El Salvador, le instamos a que ejercite el poder de su oficio, no para sembrar divisiones con fines políticos, como lo hizo el ex presidente Trump, sino para transmitir mensajes de paz y unidad.”
Los representantes también exigieron un despliegue de todo recurso gubernamental necesario para proteger la integridad de las misiones humanitarias en El Salvador como Médicos Sin Fronteras, quien abrió una sucursal en el país en el 2018. El 31 de enero por la madrugada, mientras un equipo de emergencia respondía a una llamada en Ilopango, un grupo armado no identificado los hizo bajarse del camión, se apropió del vehículo y llevó a sus integrantes a un sitio desconocido donde el equipo médico fue agredido a golpes con puño, revólver y patadas antes de escapar sin lesiones fatales, según la organización.
Tras el ataque, la sucursal de Médicos Sin Fronteras en El Salvador suspendió toda operación en territorio salvadoreño “hasta que se esclarezcan las causas de este incidente y se garantice la seguridad de sus equipos”, según la organización madre.
En los primeros días del Gobierno de Biden, los congresistas Torres y Sires han asumido un papel protagónico en la presentación de una posible política exterior en Centroamérica de parte de los Demócratas en el Congreso. El 25 de enero, cinco días después del cambio de administración en Estados Unidos, firmaron una carta a Joe Biden, al secretario de estado entrante y a un alto oficial del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) en la que argumentaron que la política del gobierno debería priorizar el socorro económico y migratorio a los afectados por los huracanes del 2020 y el Covid-19; frenar la inmigración indocumentada a Estados Unidos y endurecer su postura contra los gobiernos autoritarios de la región.
