En 1987, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de El Salvador sufría el cuarto asesinato de uno de sus presidentes desde su fundación en 1978. Celia Medrano era para entonces periodista, estaban involucrada con el movimiento estudiantil y con la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador. Medrano había trabajando cerca de la CDH, evidenciando torturas y violaciones de derechos humanos durante la guerra civil. En este contexto, Medrano aceptó la presidencia de esa comisión, pese a los riesgos que conllevaba.
Medrano fue blanco de acoso por diferentes actores, como la Guardia Nacional. En una ocasión, mientras documentaba relatos que describían cómo militares detenían a personas que formaban parte de una lista específica, fue capturada en Usulután y trasladada en helicóptero hasta el Estado Mayor en San Salvador. Terminó encerrada en las bartolinas de la Policía Nacional. Gran parte de lo que Medrano vivió como defensora de derechos humanos está en el informe que la Comisión de la Verdad presentó en 1993. Su tiempo en la CDH acabó en 1995. Años más tarde, estaría a cargo de la dirección de Derechos Humanos y Gestión Humanitaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores y fungiría como representante consular en Washington, Maryland y Virginia, en Estados Unidos.
Hasta agosto pasado, fue directora regional de programas de Cristosal, donde atendió casos de violaciones de derechos humanos mayoritariamente de población migrante y víctimas de desplazamiento forzado. Hoy, Medrano aspira a formar parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su nombre es de los últimos cinco que participan en la selección. Que la CIDH la haya elegido tiene un significado, según dice. “La CIDH tiene deberes con respecto a esta región. Hay muchas deudas, es parte de muchos aspectos que demandan; mecanismos más ágiles, más eficaces”, comenta. Medrano ve por delante un panorama complicado, pues cree que las democracias del continente se debilitan y, en algunos casos, viran hacia el autoritarismo.
En el caso de El Salvador, Medrano cree que el Gobierno de Nayib Bukele está dando señales que pueden definirlo como un régimen autoritario, concentrador de poder, con interés de militarizar la fuerza política. Cree que prueba de ello es lo ocurrido hace un año, el 9 de febrero de 2020, cuando Bukele militarizó la Asamblea Legislativa. 'Ya estamos en una escala de alarma, de alerta temprana', explica. En Guatemala, habla de 'narcomunicipalidades'; y en Honduras se atreve a decir 'narcopresidente' y 'narcogobierno'. En su análisis continental, Medrano también llega al diagnóstico de que la situación es complicada: 'En términos generales, hay una crisis de los sistemas democráticos en sí, y una crisis permanente de los sistemas económicos, que persisten en garantizarse los espacios en el poder formal, a través de la prevalencia de poderes fácticos, como crimen organizado o empresas transnacionales. Continuar manejando el mundo con una lógica extractivista, con una lógica de explotar nuestros propios recursos, con una lógica de mantener las inequidades del sistema económico, te lleva a la crisis política, a la crisis de la estructura política'.
Este 9 de febrero y citando a fuentes anónimas, La Prensa Gráfica aseguró que el presidente Bukele intentó hace un par de días, durante una reunión en Washington con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, influir para que Medrano no llegue al cargo de la CIDH. Medrano aseguró que no sería corrrecto de su parte referirse a la noticia y que espera que sea su trayectoria la que se evalúe para determinar si es o no la indicada para el cargo.
Pensando en cómo está Latinoamérica, ¿por qué quiere aspirar a la Secretaría de la CIDH?
Creo que el continente, entendiendo en el continente a los Estados Unidos, México y Canadá, está viviendo una situación muy crítica en materia de regresividad en la institucionalidad democrática. Estamos perdiendo ante nuestros propios ojos garantías democráticas que ya las considerábamos ganadas. Estamos, en materia de derechos humanos, defendiendo lo que ya se había logrado. Estamos orillados a volver a pelear, para no perder lo ya ganado. Eso se ve en cada país, y se ve a nivel continental. Me atrevería a decir que es un fenómeno mundial. En ese marco, una instancia supranacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se convierte en la última instancia a la que pueden recurrir aquellos a los que sus Estados, en sus países, les han fallado totalmente en garantías de derechos humanos. Es una instancia a la que se recurre cuando se han agotado los mecanismos internos. Las medidas cautelares que se dan, por ejemplo, podrían ser de las medidas más eficaces para tratar de garantizar salvar vidas en determinados momentos sin que sea indispensable hacer un estudio de fondo completo y tener una resolución final. Si bien es cierto los comisionados, las comisionadas, son la estructura de toma de decisión con respecto a la CIDH, es la secretaría ejecutiva —y quien la conduce— quien garantiza la agilidad, la idoneidad, eficiencia y eficacia, pero también puede impregnarle el carácter humano a esa labor técnica y de todo su personal. Los enfoques de género, los enfoques de diversidad… Creo que es importante también que alguien de Centroamérica pueda asumir esta responsabilidad para reforzar a la región, para que sea más visible en los momentos históricos que está viviendo.
Alguien como usted, que busca ese cargo, ¿qué elementos sobre lo ocurre en América Latina no puede pasar por alto?
Mencionaría la capacidad de ver a la región en su historia reciente y cómo puede ser útil en materia de aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores y no repetir la historia. Después de años de un tránsito oscuro, graves violaciones a derechos humanos, no imaginabas en el continente volver a ver un golpe de Estado, volver a enfrentar la militarización de un Órgano en contra de otro Órgano del Estado. Honduras nos ha evidenciado que en la región vuelve a vivir un golpe de Estado, que vuelve a vivirse un fraude electoral, y la presión que puede ser cometida desde estructuras de poder y las graves consecuencias que eso implica vuelven en el escenario. Hechos como los ocurridos en el Congreso de los Estados Unidos, en el mes de enero, también nos dejan claro que hay una serie de fuerzas que se están imponiendo en materia de intereses, de resquebrajamiento de los sistemas democráticos y económicos. Este órgano que es supranacional puede ser clave para llevar agendas compartidas en todo el continente.
¿Cuál es su radiografía de América Latina? ¿Por qué este resquebrajamiento?
En términos generales, hay una crisis de los sistemas democráticos en sí, y una crisis permanente de los sistemas económicos, que persisten en garantizarse los espacios en el poder formal, a través de la prevalencia de poderes fácticos, como crimen organizado o empresas transnacionales. Continuar manejando el mundo con una lógica extractivista, con una lógica de explotar nuestros propios recursos, con una lógica de mantener las inequidades del sistema económico, te lleva a la crisis política, a la crisis de la estructura política. Las élites que antes no tenían el poder formal en sus manos, ahora están divididas y esas pugnas de poder se ven en nuestros países. Por eso, nuevamente, el modelo político en sí entra en crisis y se expresa en golpes de Estado, en protestas masivas de personas que cuestionan decisiones. ¿Qué pasa en el continente? Los espacios de participación política se siguen cerrando, los sectores de poder económico siguen pujando entre ellos mismos y con otros poderes emergentes para mantener sus privilegios, para continuar instrumentalizando el poder político y el poder formal para su beneficio. Esa situación explota tarde o temprano y se expresa en el 9 de febrero acá en El Salvador, en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, en una pareja presidencial que tiene décadas de tener concentrado el poder político en ese país (Nicaragua) y se expresa en una Guatemala que no ha sido capaz de sostener períodos de gestión gubernamental completos en los últimos años.
Agregaría lo que ocurre con Jair Bolsonaro en Brasil o en Honduras con Juan Orlando Hernández, un caso poco denunciado por la comunidad internacional este último. Es evidente el giro hacia tener caudillos autoritarios en la región. ¿Qué cree nos está llevando a estos resultados?
La concentración de poder. Agregaría el actor de criminalidad organizada. Estamos viendo cómo en los últimos años la criminalidad organizada ha pasado de infiltrar estructuras estatales a cooptarlas, y ya podemos hablar en Guatemala, por ejemplo, de lo que se denomina “narcomunicipalidades”; o en Honduras, “narcopresidente” o “narcogobierno”. Tenemos que entender que la expresión de la criminalidad organizada no se reduce a grupos pandilleriles, juveniles, sino que son estructuras vinculadas a poderes reales, que infiltran, cooptan o llegan al control de los Estados. Guatemala es el ejemplo de cómo el crimen organizado es capaz de garantizarse magistrados para continuar desarrollando labores ilícitas. Hay análisis que plantean regímenes híbridos, como en el caso de El Salvador, y están diciéndonos que hay características autoritarias, autocráticas, permeabilidad a la criminalidad organizada, que ya hace que no podamos hablar de regímenes que están en riesgo con respecto a su democracia, sino que ya estamos en una escala de alarma, de alerta temprana. Estaríamos viendo a El Salvador en color naranja y aceleradamente caminando hacia el color rojo de advertencia de un régimen autoritario, concentrador de poder y bajo una situación en la que todo factor opositor o crítico está en riesgo.
¿Desde su perspectiva, el Gobierno de Bukele es autoritario?
Sí, es un Gobierno claramente autocrático y claramente autoritario.
¿Cuáles son los rasgos que lo caracterizan?
La concentración de poder, la intolerancia a la crítica, la falta de apertura a espacios de participación democrática y política y concentración de poder no necesariamente en beneficio de la población que, creo, es de los riesgos más engañosos cuando se manejan discursos populistas combinados con el aprovechamiento de las graves fallas y graves errores cometidos por opositores políticos. El ganar simpatía y votos a partir de mentiras y la insistencia de mensajes y mentiras, y querer concentrar la información de tal manera que se escuche únicamente la versión oficial, es propia de un régimen autoritario. En el caso de El Salvador los indicadores son claros. También hay un tema grave de corrupción que está vinculado a la intencionalidad de concentrar información, en función de que aquellos actos ilegales, delitos que se estén cometiendo, no sean del conocimiento de la población y, por lo tanto, se guarde un apoyo popular que persistirá en la medida que se siga ocultando la verdad de lo que en realidad está sucediendo. Por eso, periodistas y defensores de derechos humanos son los que están en la línea de ataque cuando se cierran espacios democráticos por parte de un régimen autoritario. Son los contrapesos necesarios para poder cuestionar la versión de los hechos.
A eso estamos expuestos: a consolidar una concentración de poder bajo la lógica de un régimen autoritario, que ya se está expresando en el uso de las fuerzas armadas, militarizando el ejercicio político. Estamos a las puertas de un año de lo ocurrido el 9 de febrero y, desde mi punto de vista, eso fue un ensayo: se estaba midiendo hasta qué punto puede tolerar la sociedad misma y hasta qué punto la debilidad en las otras instancias contraloras del Estado es capaz de resistir ante una acción política basada en el uso de la fuerza militar. Ese ensayo dejó claro que todo este año hemos visto que la agenda sigue en esa línea; lo sucedido en el Tribunal Supremo Electoral, en diciembre del año pasado, lo ocurrido contra una caravana del FMLN, va evidenciando la escalada de lo que podemos vivir en el país. Puede ser aún mucho más grave.
¿Qué podría llevar a que Bukele no logre sostener su mensaje en el tiempo?
Jugar con la ilusión, la esperanza y el resentimiento de personas a las que otras gestiones gubernamentales también les han fallado es un punto que tiene corta duración. Por eso hay un ataque frontal hacia órganos contralores, hacia el periodismo independiente y hacia defensores y defensoras de derechos humanos, actores capaces de seguir desnudando la mentira. El hacerse de poder total en este corto tiempo es fundamental; cambiar la Constitución de la República, darle fuerza de actor político a la Fuerza Armada; justificar, legalizar, las acciones contra críticos y opositores políticos; concentrar el poder, de tal manera que toda la estructura formal esté en función de esa estructura autocrática, de ese ejercicio autocrático del poder es algo que tienen que hacerlo ya, inmediatamente. En la medida que pasa el tiempo, las personas se dan cuenta del contraste del discurso y lo que realmente está pasando. El factor miedo, en comunidades bajo el control territorial de pandillas, donde las personas perciben, se dan cuenta de que no hay una diferencia marcada entre estructuras militares, policiales, políticas, esos actores que controlan el territorio, que controlan sus comunidades, hace que las personas tengan solo dos opciones: callarse, vivir bajo el miedo, y ahí es donde se expresan fenómenos como las caravanas hacia Estados Unidos.
Pero, es un hecho que Bukele tiene el apoyo popular, según las encuestas. ¿Cuál es su lectura de esto? ¿Será que nos gusta la idea de tener un caudillo salvador?
Creo que las encuestas no están reflejando el factor miedo. Pienso que difícilmente voy a contestar una llamada telefónica de una encuesta o voy a responderle a un encuestador en mi casa si sé que detrás de las paredes se puede saber la opinión que yo digo. Voy a ser cuidadosa con la opinión y voy a responder con lo que creo que me da seguridad responder. No estoy cuestionando que no haya apoyo popular al presidente de la República, pero estoy tratando de que analicemos otras variables que pueden estar influyendo en los resultados de esa fotografía momentánea de la percepción popular con respecto al apoyo político.
Vuelvo al tema de la prisa, de la necesidad de acelerar los pasos de control total por parte de la actual gestión gubernamental, porque en la medida que pasa el tiempo se desgastan.
Viendo otros espejos, esos otros países donde ya ocurrió algo similar, ¿qué debería de preocuparnos y a qué deberíamos prestar atención?
La primera alerta es tratar de medir qué tanto ha avanzado la criminalidad organizada al más alto nivel en las estructuras estatales y, particularmente, las del Órgano Ejecutivo. Pienso que ya hay estudios que apuntan en esa línea, pero hay que profundizar en los mismos. Que si estamos hablando de un gobierno autoritario, populista, hay una manera de enfrentarlo. Guatemala es un espejo, en la lógica del símil de espejos que estás planteando. Guatemala estás hablando de criminalidad organizada que alcanzó a presidentes, a vicepresidenta, a magistraturas… Entonces, ¿qué nos hace decir o suponer que eso no ha pasado en El Salvador? En Honduras tienes a un presidente claramente vinculado con el narcotráfico, su hermano ha sido condenado en Estados Unidos, por su responsabilidad y vínculos con el narcotráfico, en cuyas declaraciones vincula claramente a su hermano y, sin embargo, continúa ostentando el poder. Pese a protestas masivas…
Y pese a las caravanas migratorias, también.
Yo he escuchado a gente decir que por qué esa gente que es capaz de romper cercos militares, policiales, en fronteras de países vecinos no canaliza esa energía hacia sus propios gobernantes. Ya lo hicieron, y lo que vivieron fue un golpe de Estado y después un fraude electoral. Ya se agotaron los mecanismos de elecciones, se agotaron los mecanismos de buscar justicia a través del Órgano Judicial, justicia a través de reglas del juego que beneficien más a los actores sociales, a través de la Asamblea Legislativa. Los mecanismos democráticos que deben funcionar han fallado totalmente. Medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en favor de defensores y defensoras de derechos humanos, principalmente ambientalistas en Honduras, a favor de periodistas, no han sido acatadas por el Gobierno hondureño y han costado la vida de dirigentes como Berta Cáceres.
Es previsible que las caravanas no vayan a parar. Aunque hay un cambio en la coyuntura de Estados Unidos, aún se desconoce mucho de la política migratoria. ¿Cómo debería actuar la CIDH ante esto?
A eso me refiero con saber leer el continente. La Comisión Interamericana, el Sistema Interamericano, si bien está diseñado para operar en casos individuales o casos específicos, aunque impliquen colectividades y dirigida hacia Estados, la visión debe de ser de los factores comunes que afectan a conjuntos de Estados y ver fenómenos que trascienden de un Estado con el otro. El fenómeno de la violación de derechos humanos contra migrantes es un fenónemo transversal, en países expulsores, de tránsito y de destino, y hay obligatoriedad en materia de derechos humanos en esos tres roles. Pero también puede entenderse como omisión de los Estados el no tomar medidas multilaterales de colaboración regional para poder asumir las causas de los conductores de la migración forzada, que se reducen, al menos en lo que se refiere al Triángulo Norte de Centroamérica y a México, en violencia y falta de condiciones de garantía de una vida digna. Partiendo de eso, ya hay antecedentes. El fenómeno migratorio no solo se ve en un problema de un país a otro. La última caravana dio muestras alrededor de eso: un Gobierno hondureño reclamándole a un Gobierno de Guatemala por haber maltratado a sus ciudadanos; y un Gobierno de Guatemala reclamándole al Gobierno de Honduras que cómo fue posible que los dejara salir. Nada visto desde el código de derechos humanos: militares usados para detener a migrantes, un uso de la Fuerza Armada y de la lógica de estados de sitio y régimenes de calamidad, utilizados para ejercer fuerza represiva contra migrantes.
Pero en el caso de las medidas cautelares, ¿qué pasa cuando estas se emiten y no se acatan por los gobiernos? ¿Hasta dónde llega la CIDH y su rol para que un Estado deba acatar?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite decisiones. Estas decisiones, si no son cumplidas por los Estados, muchos de los casos que ventila se elevan al órgano supra jurisdiccional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias, resoluciones, son de obligatorio cumplimiento. Es un tribunal al que los Estados se someten desde el momento en que lo reconocen, reconocen su competencia, al firmar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ratificar la misma. En ese marco, los Estados se exponen a una resolución que plantean los casos: violación de derechos humanos, con componentes que obligan a los Estados a cumplir, que pasa por el resarcimineto económico, moral, las garantías de no repetición principalmente, en materia de beneficio de resarcimiento de derechos a las víctimas. ¿Qué pasa con un Estado que no cumple decisiones de la Comisión Interamericana de manera reiterada, que convierte la violación a derechos humanos en una política de Estado, que no cumple con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Se activa la estructura misma de la organización de Estados Americanos y empieza a generarse procesos de sanción a esos Estados. También se activan mecanismos internacionales y de otros gobiernos que no son del continente, y que ejercen también presión, por ejemplo, reduciendo apoyos de cooperación internacional, puesto que no se puede continuar con cooperación internacional a un Estado que viola derechos humanos y que ha sido condenado reiteradamente en ello.
(Alberto) Fujimori en Perú. Fujimori se burlaba de las sentencias, generó iniciativas para retirarse del componente de la convención que reconoce jurisdiccionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fujimori es de los ejemplos más fuertes en la historia de 61 años de vida de la Comisión. Es el ejemplo de lo que pasa con la cabeza de un Estado que hace de la violación a derechos humanos y el desconocimiento de los mismos una política de Estado. Es un punto de largo plazo, lamentablemente.
La CIDH emitió recientemente medidas cautelares para periodistas de El Faro. En ese caso, ¿qué pasa si el Gobierno de Bukele las ignora?
Continúa desgastándose. La medida cautelar en favor de los periodistas de El Faro tiene que entenderse en tres dimensiones. La primera, no solo para el equipo de integrantes de este periódico digital. Debe de entenderse en favor de todos los periodistas, de las periodistas que ejercen o tratan de ejercer periodismo independiente; segundo punto, pone en cuestionamiento a un Estado que, desde un enfoque de avance autoritarista, golpea a la prensa independiente; y, el tercero, deja en evidencia que, en el caso del Órgano Ejecutivo, y en el caso de las diferentes instituciones estatales, no existe un mecanismo a aplicar para garantizar protección y para garantizar cumplimiento de una medida cautelar. En ese punto, veo positiva la iniciativa de diferentes organizaciones de derechos humanos de insistirle a la Asamblea Legislativa que debe ser aprobada la ley de defensores y defensoras de derechos humanos, ese puede ser uno de los mecanismos. Honduras tiene un mecanismo de protección para periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos que falla, porque está visto desde un enfoque securitivo y usted tiene defensores de derechos humanos con medidas cautelares, que el Estado le brinda dos agentes policiales para que le acompañe, sean sus guardaespaldas en sus acciones, y eso no funciona.
Usted misma lo ha dicho: hay medidas cautelares que no se cumplen. ¿Cómo debería la CIDH trabajar en esto frente a los gobiernos de los que hablamos?
Es de los retos más fuertes. Creo que las alianzas de la Comisión Interamericana deben estar de la mano con organismos internacionales y con gobiernos interesados en que otros gobiernos respeten y garanticen derechos humanos. Deben ser más fuertes, de tal manera que la presión hacia un Estado que comete violaciones a derechos humanos se exprese en aislamiento económico y social, aplicado de manera gradual, desde una evaluación imparcial, de parámetros claros, que determinen si un actor viola, sistemática o no, los derechos humanos. Partiendo de eso, la Comisión Interamericana, por sí misma, difícilmente puede imponerse con respecto a sus observaciones, a sus decisiones, o en el caso del Sistema Interamericano a sentencias de la Corte Interamericana, en tanto no hayan otros actores capaces de presionar en el marco de las alianzas políticas con otros estados y en el marco de la cooperación económica condicionada, y estoy ocupando la palabra adecuada: condicionada a la observancia de normas básicas de institucionalidad democrática y cumplimiento en materia de garantías de derechos humanos.
¿En su propuesta ha hecho énfasis en este punto?
Es parte de los tres componentes de la propuesta generada a partir de qué haría como prioridad en caso asumiera la conducción de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. A reducir la carga de mora procesal, el rezago procesal, en las peticiones. No pueden las víctimas esperar, después de que han esperado 10, 20 años agotando los mecanismos internos en sus respectivos países. El garantizar profundizar los mecanismos de asesoría técnica de acompañamiento hacia los Estados en función de reducir la posibilidad de que sea por desconocimiento de la normativa que pueden cometerse violaciones a derechos humanos, en casos donde haya voluntad política de actores para poder superar esta situación, y el tema fundamental que es la autonomía, sobre todo, administrativa de la Comisión Interamericana. La independencia es la que le permite actuar con los mismos criterios y los mismos indicadores, independientemente la naturaleza del Estado que es señalado por violaciones a derechos humanos.
