La Dirección General de Centros Penales (DGCP) removió de su puesto al director del penal de máxima seguridad de Izalco Fase III, Rafael Antonio Jiménez Ramos. Desde enero de 2021, el puesto ha sido ocupado por un excandidato a diputado del partido GANA y luego por un abogado sin ninguna experiencia en la administración de cárceles.
Aunque el portal de transparencia de la DGCP no informa sobre estos cambios, El Faro pudo constatar con dos empleados de esa institución, otro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) asignado a cárceles, y dos fuentes con acceso a reportes de inteligencia de penales, que el traslado es un hecho.
El año pasado, bajo la administración de Jiménez Ramos, los empleados de ese penal dejaron constancia, a través de una serie de informes de uso interno, de varias irregularidades ocurridas en la cárcel que dirigía hasta enero de 2021. En aquellos documentos se describía una negociación en curso entre el Gobierno actual y la Mara Salvatrucha-13. Los documentos en cuestión provenían de los dos centros penitenciarios de máxima seguridad: Izalco Fase III y Zacatecoluca.
El Faro buscó al jefe de comunicaciones de la DGCP, Alejo Carbajal, para buscar explicaciones al traslado, pero aseguró que a él ni siquiera le informan de los cambios y traslados de directores. Pidió que se le llamara más tarde y, dos días y varias llamadas y mensajes después, no volvió a contestar.
Izalco Fase III fue uno de los escenarios en los que se llevó a cabo una serie de encuentros anómalos entre funcionarios del Gobierno del presidente Nayib Bukele y líderes de la MS-13, para negociar un acuerdo que incluía la reducción de los asesinatos y el respaldo de esta pandilla en las elecciones recién pasadas, en las que el partido Nuevas Ideas obtuvo el control absoluto del parlamento y la mayor parte de alcaldías del país.
Esas visitas incluían la presencia del propio Osiris Luna y del director de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, acompañados de varias personas encapuchadas que se negaron a identificarse bajo el amparo de los funcionarios públicos mencionados. La inteligencia penitenciaria identificó a una de las personas encapuchadas como Michael Estiban Hernández Estrada, un líder nacional de la pandilla apodado White de Iberias y que sigue en libertad.
Jiménez Ramos remitió a Luna un oficio que contenía un informe de inteligencia elaborado por el inspector Jairo Solís, subdirector de seguridad de Izalco Fase III, a sabiendas de que en dicho informe aparecían mencionados algunos funcionarios, incluyendo a su propio jefe, Luna.
El documento elaborado por el subdirector de seguridad inicia haciendo un sumario de los hallazgos hechos: “…Informo a usted de una información que se vienen dando por parte de las fuentes fidedignas y en las cuales se refieren a una serie de anomalías según ellos con miembros de la Ranfla de la estructura delincuencial MS-13 y personal del gobierno… (sic)”.
Lo que seguía a continuación era un detallado compendio de informaciones que incluían el contenido de las charlas sostenidas entre los funcionarios del Gobierno y los pandilleros. Los informantes “fidedignos” aseguraron haber escuchado a Marroquín pidiendo el respaldo de la Mara para “el nuevo partido”, a cambio de una serie de beneficios cotidianos en la prisión.
Dentro de la información recopilada por el inspector Solís también se detalla el papel que jugaría Izalco Fase III en los arreglos con el Gobierno: según unas wilas (mensajes escritos) interceptadas y decodificadas por la inteligencia del penal, los líderes de esa prisión tienen la responsabilidad de dirigir las acciones cotidianas de los miembros de la MS-13 en libertad, mientras que la Ranfla Histórica, conformada por líderes recluidos en el penal de Zacatecoluca, dirigirían las negociaciones con el Gobierno.
En una de las transcripciones se lee: “Ellos (la Ranfla) vieron a bien que esta cantona (cárcel) quedara como principal para estarnos entendiendo con los homies en las calles, que en cualquier decisión que ellos tengan que tomar en cualquier procedimiento que se tenga que llevar a cabo como barrio (pandilla) que nosotros como cantona lo podemos llevar a cabo todo… y que nuestra palabra tiene el respaldo de ellos)”.
El oficio escrito por el ahora ex director de Izalco Fase III fue elaborado el 12 de agosto de 2020 y remitido a Luna ese mismo día. En septiembre, El Faro lo hizo público como parte de un extenso reportaje en el que se documentaban las negociaciones entre el Gobierno y la Mara Salvatrucha-13. Para el reportaje también se mostraron y analizaron decenas de páginas del libro de novedades, donde los custodios registraban la entrada de los encapuchados, los funcionarios y de placas de vehículos, como uno a nombre de Dennis Fernando Salinas Bermúdez, entonces subdirector de Tejido Social y ahora diputado electo por San Salvador del partido Nuevas Ideas.
Un mes despúes de que este periódico hiciera públicos los ingresos de funcionarios y pandilleros al penal de Izalco Fase III, para reunirse con líderes de la MS-13, la dirección de penales ordenó que se trasladara a uno de los líderes encarcelados en esa prisión a una visita médica de 'urgencia', a pesar de que el jefe médico del penal certificó que esa persona gozaba de perfecto estado de salud y de ser él el responsable institucional de ordenar los traslados con fines médicos. En esa ocasión -siempre por órdenes de la dirección general- ni siquiera se le trasladó al hospital de Sonsonate, que es el que le corresponde por cercanía geográfica, sino al de Zacatecoluca, avecindado con el penal de máxima seguridad donde guardan prisión los líderes históricos de esa estructura criminal.
Jiménez Ramos fue removido de su cargo en enero de 2021 y trasladado como director del penal de San Miguel, que es una cárcel de régimen común.
Lo sustituyó en el puesto Ricardo Salguero, quien trabajó para el partido GANA y cuya experiencia en centros penales no incluye la dirección de cárceles de pandillas. Posteriormente, Salguero fue sustitiudo por Salvador Meléndez, un abogado sin ninguna experiencia en la administración de cárceles.
Directores sin experiencia para una cárcel de máxima seguridad
Ricardo Ernesto Salguero Ventura es un abogado que se graduó de la Universidad Evangélica, y cuyos asuntos laborales han crecido en paralelo a sus actividades políticas con el partido de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), que fue el vehículo usado por el presidente Nayib Bukele para llegar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2019, y con el que el director general de Centros Penales fue diputado.
Desde agosto de 2011 hasta abril de 2012, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo contrató como “expositor y facilitador del proceso de elecciones” municipales y legislativas. Al mismo tiempo que era empleado del TSE, Salguero se inscribió como candidato a diputado propietario por GANA en San Salvador para los comicios de 2012. Fue inscrito en la casilla 22 y, según el conteo final, obtuvo 4,408 marcas, cifra que no le alcanzó para ganar la diputación.
Tras el fracaso en sus aspiraciones como diputado, el abogado que también se promociona como directivo y representante de Corporación Hamedata, una firma de abogados que entre otras cosas se dedica a la recuperación de mora, siguió trabajando para el TSE como facilitador en el área electoral en 2014, 2015, 2017 y 2018.
En 2018, El Salvador eligió una nueva Asamblea Legislativa y Salguero Ventura terminó trabajando como “técnico y asesor jurídico” de la fracción parlamentaria de GANA por un salario nominal de $450 mensuales.
Cuando Luna se convirtió en director de Centros Penales, Salguero también dejó la Asamblea Legislativa y fue contratado como técnico jurídico en la Subdirección Jurídica de la DGCP. Ese mismo año, en 2019, fue nombrado director de cárcel de mujeres, en Ilopango, y en agosto pasó a dirigir el penal 'La Esperanza', conocido como Mariona. Luego del traslado de Jiménez Ramos, Salguero asumió la dirección del penal de máxima seguridad de Izalco Fase III, en el que cumplen sus penas líderes de la MS-13 y de la facción Sureños del Barrio 18, según confirmaron las fuentes.
Luego de un período breve, en el que Salguero funcionó como director de Mariona y de Izalco Fase III a la vez, fue nombrado en este último penal el abogado Salvador Josué Meléndez Carrillo. El portal de transparencia de la DGCP publica su hoja de vida, en la que se menciona que se graduó en 2011 como Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Evangélica y que ha tenido una serie de trabajos en la empresa privada, que van desde vendedor en TELEPERFORMANCE; asistente de gerencia en una empresa de alimentos llamada CORALSA SA de CV; empleos administrativos en CS Sondea, y una empresa llamada Master Chef, gerente de una empresa de seguros y supervisor en otra de construcción. Absolutamente nada relacionado a la gestión de centros penales.
El nombramiento de Meléndez, quien llegó al sistema penitenciario luego de que Luna asumiera la dirección de la institución en 2019 es una nueva adición al círculo de confianza de Luna. En julio de 2020 fue removido sin que mediara ninguna explicación el que era subdirector general de penales, Élmer Mira, para colocar en su puesto a un hombre leal a Carlos Marroquín, y que había sido además su subalterno en la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social: Carlos Aparicio, quien además no reune los requisitos legales para ocupar ese puesto.
