Un asesor militar estadounidense, el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, estuvo en Morazán con el coronel Domingo Monterrosa durante la masacre de El Mozote. Con esta revelación de la perito Terry Karl, que redibuja el papel de Estados Unidos en la guerra civil de El Salvador y sus razones para el encubrimiento de la masacre, se reanudaron ayer las audiencias preliminares del juicio por la masacre, perpetrada por el Ejército de El Salvador en diciembre de 1981.
Según Karl, profesora en la universidad de Stanford y una de las principales expertas internacionales en las violaciones de Derechos Humanos durante la guerra en El Salvador, la omisión hasta hoy del nombre de Hazelwood en todos los relatos públicos sobre la masacre se debe a un “sofisticado encubrimiento” coordinado por el Gobierno de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y la junta cívico-militar en El Salvador con el fin de mantener el apoyo militar estadounidense al Ejército salvadoreño en aquel momento. “Si eso (la masacre y la presencia de Hazelwood en El Mozote) hubiera sido público en ese momento, habría cortado la ayuda estadounidense”, dijo ayer Karl, y agregó: “la participación de un asesor en actividades de guerra es ilegal en las leyes nuestras y era ilegal en ese momento”.
Hazelwood —identificado en algunas secciones del peritaje como Hazelton— “era conocido como una de las mejores fuentes para los Estados Unidos, respecto a un cuerpo de oficiales (salvadoreños) que desconfiaba de los Estados Unidos”, describe Karl en la primera versión de su peritaje para el juicio de El Mozote, fechada en abril 2019 y a la que El Faro tuvo acceso. En 2018 un documental del programa televisivo holandés Zembla identificó a Hazelwood como un asesor estadounidense que conoció de antemano el plan del coronel Mario Reyes Mena para asesinar a cuatro periodistas holandeses en 1982. Karl sugiere que lo mismo pudo haber ocurrido en el caso de El Mozote, si se toma en cuenta la enorme confianza que según sus investigaciones unía a Hazelwood y Monterrosa, uno de los principales jefes militares del Ejército salvadoreño durante el inicio de la guerra y comandante del batallón Atlacatl, que ejecutó la masacre.
“Los documentos y declaraciones sugieren que Hazelton pudo haber sido consciente de antemano de lo que iba a ocurrir, aunque no hay ninguna implicación de que apoyara la decisión de los oficiales salvadoreños de matar civiles en cualquiera de estos casos”, dice el documento.
Entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 el Ejército de El Salvador desplegó una operación militar en el norte de Morazán, en El Mozote y siete cantones de sus alrededores, que terminó con al menos 978 personas civiles asesinadas. La mayoría, 533, eran niños. 477 tenían menos de 12 años. 248 menos de seis. Durante años los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos negaron que la masacre hubiera sucedido y después pasaron a cuestionar la identidad de las víctimas diciendo que se trataba de guerrilleros. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado salvadoreño por el crimen.
Un representante de la Embajada de Estados Unidos estuvo presente en la sala de audiencias durante el testimonio de Karl la jornada de ayer. “Estados Unidos apoya el proceso judicial sobre el caso de la masacre de El Mozote”, dijo Jonathan Lloyd, asociado profesional de Asuntos Políticos de la Embajada. “Estamos apoyando el estado de derecho y el proceso judicial independiente aquí en El Salvador y creemos que los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos y abusos son importantes para proporcionar justicia a las víctimas”, dijo sin referirse a la presencia de un militar estadounidense en la masacre.
“No diré que no lo ordenó”
La declaración de Karl forma parte de las etapas previas del juicio por la masacre de El Mozote, y una vez inicie el juicio será tenida en cuenta como anticipo de prueba. Terry Karl viajó por primera vez a El Salvador en 1981 y desde entonces ha investigado en documentos oficiales, trabajos académicos y mediante entrevistas directas las violaciones de Derechos Humanos durante la guerra salvadoreña. Durante los últimos 40 años entrevistó a decenas de actores políticos, sociales y militares clave en la guerra y de todo el espectro político, desde el mayor Roberto D’Aubuisson hasta miembros de la guerrilla, así como a diplomáticos y militares estadounidenses que han estado íntimamente involucrados en las últimas décadas de historia del país.
También es experta en unos 12,000 documentos sobre las masacres en El Mozote y lugares aledañas, elaborados por sociedad civil, organizaciones internacionales de derechos humanos e informes gubernamentales en El Salvador y Estados Unidos. “Creo que los he leído todos”, dijo ayer Karl, que en los últimos 20 años ha testificado como experta en los casos más sobresalientes de la guerra civil salvadoreña: los juicios que se celebraron en Estados Unidos contra el capitán Saravia, por el asesinato de Monseñor Romero, y contra los exministros de Defensa Guillermo García (imputado de mayor rango en el caso de El Mozote) y Eugenio Vides Casanova por torturas, o el juicio en España por la masacre de los jesuitas.
El peritaje final que Karl está presentando ante el tribunal está fechado en 2020. La suya es la segunda declaración de peritaje en el caso, tras el testimonio de las antropólogas argentinas en agosto de 2018. Es la primera estadounidense en hacerlo.
Poco después de iniciada la audiencia de este lunes, el juez concedió un receso a petición del abogado defensor Lisandro Quintanilla. “Siempre ponen obstáculos”, dijo Rosario Sánchez, sobreviviente de la masacre en el cantón La Joya. Su sobrino, Amadeo Sánchez, le contestó: “toda la vida”. Los Sánchez perdieron a 24 parientes en la masacre. Quintanilla es uno de los abogados defensores que ha solicitado la la recusación del juez Jorge Guzmán, que lleva el caso, y hace pocos días pidió la suspensión de esta audiencia.
Estas audiencias preliminares suceden en medio de un embate legal de los abogados defensores contra el juez Guzmán, que enfrenta dos solicitudes de recusación. Si alguna de ellas prospera, audiencias serán nulas y el proceso quedará en vilo. El caso de El Mozote, como el resto de procesos judiciales en el país, se detuvo durante 2020 por la pandemia. La última audiencia con declaración había sido en enero de 2020, y en ella uno delos acusados, el general Juan Rafael Bustillo, admitió que en El Mozote ocurrió “una grosería” y atribuyó la masacre a 'un momento de locura' de Monterrosa. El caso está en la fase final de la Instrucción, a punto de que el juez decida si hay suficientes evidencias para pasar a juicio formal, con la posibilidad de una sentencia de cárcel para los oficiales imputados.
Por meses, y como parte de sus indagaciones, el juez Guzmán ha tratado sin suerte de acceder a los archivos militares del Ejército de El Salvador, lo que lo llevó a un enfrentamiento público con el presidente Nayib Bukele entre septiembre y octubre del año pasado, cuando el Ejército desobedeció hasta cinco veces seguidas la orden judicial de permitir una inspección de sus instalaciones y archivos.
Esas circunstancias revisten de mayor importancia el testimonio de Karl. Este lunes la investigadora hizo una larga presentación con cuatro recesos, desde las 10:19 de la mañana hasta las 4:15 de la tarde. No ha llegado aún el turno de ninguno de los abogados para hacerle preguntas.
Una de las pruebas que Terry Karl presentó del rol de Bruce Hazelwood en la masacre le fue aportada por Aryeh Neier, director en 1982 de la organización Americas Watch. En una entrevista de abril de 2019, Neir dijo a la perito que Elliot Abrams, entonces secretario adjunto de Derechos Humanos del Departamento de Estado, se quejó con él de un reporte del periodista Raymond Bonner en el New York Times el 11 de enero de 1982, en el que hablaba de la participación de un asesor de estadounidense durante sesiones de tortura en El Salvador. Abrams negó que eso hubiera sucedido, pero le dijo a Neier: “me gustaría poder decir lo mismo sobre El Mozote”. Se refería a Hazelwood.
La revelación sobre la presencia del asesor estadounidense Hazelwood tiene, además de relevancia histórica, un peso judicial específico. Uno de los objetivos de la Fiscalía y los abogados de las víctimas en el juicio es individualizar las responsabilidades de los oficiales salvadoreños acusados. Este peritaje es parte de ese esfuerzo, ya que Karl incorporó al proceso la entrevista de Hazelwood con un entrevistador de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en 1992, que cobra mayor relevancia al saberse que el estadounidense estuvo en el lugar de los hechos.
Según el documento presentado por la perito, Hazelwood dijo en esa entrevista que “(el coronel Domingo) Monterrosa estaba en el cuartel cuando comenzó la operación en el día de la masacre, pero salió al terreno cuando ‘las cosas’ todavía estaban sucediendo” y que el coronel Natividad Cáceres Cabrera “inició los asesinatos”. Finalmente, sobre la decisión militar tomada para llevar a cabo el operativo en El Mozote el 11 de diciembre del 1981 dijo: “No diré que Monterrosa no lo ordenó”.
La importancia política de encubrir la masacre
La experta estadounidense detalló también el plan de encubrimiento puesto en marcha tras la masacre, porque dijo que mostraba la dificultad de encontrar la verdad. “En el caso Mozote, más que en cualquier otro caso menos el caso Jesuitas, hubo un encubrimiento muy fuerte porque fue en un momento muy importante”, dijo. El 28 de enero de 1982, el presidente Ronald Reagan certificó ante el Congreso de Estados Unidos que El Salvador había conseguido una mejora en el campo de la reducción de abusos y violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, y justificó así el enorme flujo de apoyo militar a las Fuerzas Armadas de El Salvador. Solo un día antes, el Washington Post y el New York Times habían publicado sendos artículos revelando la masacre de El Mozote.
También la Embajada estadounidense en 1981 escuchó rumores de lo sucedido en Morazán, por lo que el embajador Deane Hinton envió a dos personas bajo su cargo a investigar: un joven oficial, Todd Greentree, y el mayor John McKay, veterano de Vietnam capacitado en conflictos con guerrillas. “Algo horrible ha pasado aquí”, escribió McKay en su informe. Según Karl, aunque llegaron con la misión de desmentir la existencia de una masacre, terminaron concluyendo que sí la hubo. En su informe también documentaron el encubrimiento e intimidación sistemáticos del Ejército de El Salvador: “No obtuvimos cooperación del Ejército salvadoreño, y los soldados estuvieron con nosotros todo el tiempo, así que no pudimos hacer entrevistas con personas claramente traumadas”, informaron.
“Greentree y McKay recabaron evidencia circunstancial para confirmar lo que los residentes dijeron al Washington Post, que hubo una masacre”, escribió en su libro “Weakness and Deceit” el periodista Raymond Bonner, uno de dos periodistas, junto a Alma Guillermoprieto, que revelaron al mundo la masacre de El Mozote.
A pesar de esos reportes internos, la línea oficial de la Embajada estadounidense fue que la masacre era “pura propaganda del FMLN”, según Karl. “No puedo decir que Reagan sabía, pero mucha gente en el Gobierno ya sabía lo que había pasado”, dijo en su testimonio. La perito explicó que, durante la década de los 80, El Salvador era 'el país más importante en la política exterior de Estados Unidos'.
Karl resumió su peritaje en seis conclusiones, que no terminó de sustentar en el primer día de audiencia, aunque su testimonio seguirá este martes. Uno, que el Ejército salvadoreño hizo de Morazán su blanco principal porque temía la formación de una retaguardia territorial del FMLN; dos, que hubo una estrategia de exterminio sin diferenciar combatientes y civiles; tres, que el alto mando, integrado por el ministro y el viceministro de Defensa junto con el jefe del Estado Mayor, fue responsable de la estrategia militar y el jefe del Estado Mayor fue responsable operacional; cuatro, que el cuerpo de oficiales ordenó, coordinó, efectuó y encubrió la masacre; cinco, que una operación como la que terminó en la masacre de El Mozote, con la participación de un tercio de las fuerzas armadas, solo se pudo llevar a cabo con participación activa del Alto Mando y del Estado Mayor; y seis, que fueron los oficiales en Morazán quienes trasladaron a las tropas las órdenes de matar.
