En Chalchuapa se han encontrado decenas de cuerpos en una fosa común ubicada en la casa de un expolicía que, según informaciones preliminares, violó y asesinó a decenas de personas, la mayoría mujeres. Hay muchas dudas, especulaciones, suposiciones y tramas sobre lo que sucedió; pero este hecho nos escupe en la cara dos temas latentes: los desaparecidos/desaparecidas y el control territorial. El primer tema me atañe personalmente, como familiar de persona desaparecida; el segundo nos debería de importar a todos, sin distinción política o partidaria.
Mi sobrino desapareció en 2015. Los meses de búsqueda fueron realmente angustiantes, visitamos hospitales, bartolinas, y un recorrido pavoroso por la morgue del Instituto de Medicina Legal. En cada centro de búsqueda encontramos una pizarra con cientos de rostros que decían: se busca. La mayoría hombres jóvenes. El recorrido por la morgue es algo impronunciable.
Tras varios meses de búsqueda concluimos que había fallecido y decidimos hacer un espacio simbólico para la ausencia de aquel cuerpo. Con el paso de unos meses uno de sus amigos, que también había desaparecido y luego apareció, nos contó que mi sobrino fue víctima del saldo de cuentas entre pandillas. Fue entonces cuando decidimos dejar de buscarlo y enviamos exiliado a su hermano menor a otro país en Centroamérica.
Han pasado seis años desde que desapareció mi sobrino, uno de los muchos casos de desaparecidos en este país. Nosotros ya no lo buscamos, pero en el municipio de Chalchuapa, muchas madres buscan y reclaman un cuerpo al cual enterrar. Estas familias que han puesto en la fosa de Chalchuapa la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, y las familias que huyeron en Panchimalco de las amenazas de las pandillas, me animaron a poner por escrito lo que muchos nos estamos preguntando: ¿Basta con bajar las estadísticas de los homicidios para reclamar el control del espacio común?
Cuando en 2019 se creó la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, como estrategia de seguridad contemplada en el Plan Control Territorial, imaginé que por fin se le apostaría de manera seria a la implementación de acciones que garantizaran los derechos humanos; la reconstrucción de la memoria y la sanación de las heridas abiertas por los abusos de la guerra y las políticas neoliberales impulsadas desde los ochenta.
Por ahora lo que sabemos de esta Dirección es que está construyendo e implementando un proyecto llamado Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), unos espacios para alejar a los jóvenes de la violencia de las pandillas. ¿Será suficiente un espacio físico de recreación para la reconstrucción del tejido social? No estoy tan segura.
Esta falta de claridad nada tiene que ver con ser afín o no al gobierno de turno. Es solo que como no existen planes o, al menos, no son de carácter público, no sabemos descifrar si los CUBOS son una acción de un objetivo concreto, son parte de estrategias o una simple ocurrencia.
Mientras no se entienda que el tejido social pasa por la comprensión de construcción de sentidos comunes, es decir, de aspectos culturales que fortalezcan la convivencia democrática como necesidad innegable en los territorios; mientras no tomemos la convivencia como respuesta a la inseguridad, seguiremos apostando al fortalecimiento de la represión institucionalizada y al autoritarismo como respuesta.
La construcción de la convivencia se encuentra en la ciudadanía, pero una ciudadanía que ha contado con garantías sociales, económicas y políticas. No es posible garantizar la convivencia si no se tiene acceso al agua potable, por ejemplo, de ahí que la convivencia es un factor integral y mucho tiene que ver con las leyes mandadas a archivar hace pocas semanas en el pleno legislativo.
Mientras no se apueste a la reconstrucción del tejido social de manera planificada y con amplia participación de la gente que habita los territorios, seguirán existiendo sobrinos desaparecidos, expolicías “sicópatas”, mujeres asesinadas, extorsiones y mafias.
