El año 2020 nos sorprendió con una pandemia y eso generó un contexto completamente nuevo para la población salvadoreña: hubo cambios en el funcionamiento social y económico del país, así como en nuestras relaciones familiares y comunitarias. La pandemia también evidenció la incapacidad de diálogo de quienes nos gobiernan para atender los problemas de la gente. Los casos de corrupción han sido una de las formas en que nos recuerdan dónde están los intereses primarios de estos grupos políticos.
Esta situación dejó casi en el olvido la significativa reducción de homicidios con la que cerramos el año recién pasado, uno en el que se registró la tasa más baja de homicidios en las últimas décadas. En 2020 hubo un total de 1322 homicidios, con un promedio de 3.6 asesinatos diarios. Esto, antes de cualquier otra cosa, es un importante descanso de la violencia más cruel que sufre la población que se encuentra en condiciones de mayor exclusión y marginalidad, los pobres más pobres y las poblaciones jóvenes que han sido las víctimas favoritas de la violencia homicida. Esta reducción significa que miles de familias no vivieron la pérdida, el dolor y la ausencia que deja la muerte, muy probablemente en completa impunidad.
Precisamente por lo que significa esta reducción de homicidios para la población que ha sufrido de manera sistemática la violencia resulta tan relevante saber qué ha originado este descenso. Las preguntas más frecuentes que surgen ante la discusión sobre la reducción de homicidios son: ¿qué causó está baja? ¿Fueron las pandillas? ¿Fue el Plan Control Territorial? ¿Fueron las dos cosas? ¿Fue el cambio de presidencia? ¿Qué es lo que ha permitido mantener este descanso de forma más o menos estable? Mi respuesta más honesta es que no lo sé. No lo sé porque hasta ahora las explicaciones que hemos visto por parte del Gobierno (que es quién debería de explicarlo) se basan más en estrategias publicitarias que en evidencia, por lo que no me parecen lo suficientemente convincentes. Voy a aclarar por qué.
En primer lugar, hay que decir que la reducción de homicidios viene registrándose desde 2016, luego de que en 2015 se registrara la tasa de homicidios más alta observada en las últimas dos décadas. Esto ocurrió durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), el cual también se caracterizó por una política manodurista nunca antes vista. Esta estrategia, que bien pudiera nombrarse como una política de exterminio, se identificó por graves violaciones a derechos humanos en cárceles y en comunidades afectadas por la violencia. Durante la administración de Sánchez Cerén murieron al menos unas 2000 personas a manos de la Policía, en lo que se conoció como enfrentamientos armados, pero también en ejecuciones directas, perpetradas por policías y militares que participaban en grupos de exterminio. Apenas algunos de ellos fueron detenidos y llevados a la justicia.
Sánchez Cerén presentó el Plan El Salvador Seguro (PESS) como su política de seguridad, la cual fue apoyada por instancias internacionales y países cooperantes, por organizaciones sociales e instituciones de Estado, pero que en términos honestos fue más una pantomima para la cooperación y la comunidad internacional. Esto no quiere decir que la población priorizada no logró algún beneficio de las acciones puntuales de inversión social y de la generación de oportunidades, pero eso no niega el reconocimiento de que no era esta la apuesta principal del Gobierno. La política real del segundo gobierno del FMLN fueron las llamadas Medidas Extraordinarias de Seguridad, el exterminio de pandilleros y de jóvenes de comunidades excluidas. En síntesis, una guerra directa contra las pandillas, en cárceles y en terreno. Y, como en toda guerra, se observó un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del Estado y el enemigo, en este caso las pandillas. Las pandillas atacaron de forma sistemática a policías, militares y sus familiares, principalmente. Las pandillas, por primera vez, movieron su objetivo hacia el Estado, y perdieron.
Durante este período hubo una reducción de homicidios, a partir de 2016, como he mencionado, durante la cúspide de este enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del Estado y las pandillas. Mi hipótesis al respecto es que las pandillas no pudieron hacer frente a esta dinámica, incluso solicitaron, nuevamente, un diálogo que les permitiera integrarse a la sociedad y abandonar su participación en estas estructuras. Las pandillas tuvieron claro que no tenían la capacidad de hacerle frente a esta guerra.
En segundo lugar, la explicación de Nayib Bukele sobre la reducción de homicidios adjudicada al Plan Control Territorial (PCT), el cual se empezó a ejecutar en la tercera semana del inicio de su administración ha sido incompleta. A 18 meses de su puesta en marcha, este plan sigue sin ser público, a pesar de que organismos internacionales de derechos humanos, organizaciones sociales y las mismas instituciones estatales hayan solicitado que se socialice. El Gobierno se ha negado a compartir información de dicho plan, aduciendo que darlo a conocer implicaría dar ventaja a las pandillas sobre las estrategias que están implementando para combatirlas. Nadie fuera del gabinete sabe qué es el Plan Control Territorial.
Por lo poco que se ha hecho público, este plan parece caracterizarse por la presencia policial y militar en comunidades dominadas por pandillas, el incremento en el número de armas y equipamiento policial y militar, las detenciones y las violaciones a derechos humanos en cárceles. Es decir, lo mismo que hemos visto en todos los gobiernos desde que las pandillas se (las) convirtieron en los enemigos principales del país. La información que se tiene se parece mucho a las fórmulas fallidas de gobiernos anteriores, que hasta el momento no han logrado establecer una relación causal (no correlacional temporal) entre el PCT y la reducción de homicidios. Además, desconocemos las estrategias, acciones, metas, que el Plan Control Territorial prioriza. Es por eso que no me convence que sea este el que haya generado el descenso de asesinatos.
En tercer lugar, una característica de esta reducción es que los homicidios ocurren con menos frecuencia; alguien decide que ya no se mate. Esto implica que, muy probablemente, estructuras delictivas que eran responsables de un buen número de homicidios han decidido no cometer estos asesinatos. Y esto puede deberse a muchas cosas: una razón puede ser que hay menos oportunidad para hacerlo y que, por ejemplo, las pandillas vean más difícil asesinar ante la presencia y toma de control del territorio por parte de las fuerzas de seguridad. También podría deberse a que Policía y Fiscalía han logrado una mayor investigación y capacidad de llevar a la justicia estos hechos, condenando a los responsables con mayor dureza, ejemplificando así la capacidad del Estado.
Puedo decir con contundencia que ninguna de las dos cosas me parece cierta. Las fuerzas de seguridad tienen, más o menos, la misma presencia en territorio que antes. Las pandillas, además, siguen desplazando a familias enteras, siguen extorsionando, siguen desapareciendo cuando quieren. Siguen teniendo el control del territorio como lo han tenido desde hace décadas. La Fiscalía General de la República sigue logrando condenas cuando la suerte le acompaña y el temor se lo permite. Tiene, incluso, peor relación con la Policía Nacional Civil, tanto que ha pedido contar con una policía propia. Por otro lado, a las pandillas desde hace rato no le asustan las condenas de cientos de años, la cárcel es su espacio de poder político y un paso más dentro de la carrera pandilleril.
Si alguien ha decidido no matar, la pregunta sigue siendo por qué ha decidido dejar de hacerlo.
Finalmente, en la vereda se encuentran los indicios de una negociación entre el Gobierno y las pandillas, al menos con la Mara Salvatrucha (MS-13). El Faro ha reunido evidencia suficiente de que personas clave de la administración Bukele, entre ellos el mismo Osiris Luna, director de Centros Penales, han sostenido reuniones y han facilitado espacios, movilización y acercamiento entre altos mandos de la pandilla con funcionarios del Gobierno. A eso se suma la revelación del ingreso de funcionarios y pandilleros en libertad a cárceles para reunirse con tomadores de decisión de la MS-13, registrado en los mismos documentos gubernamentales, así como la salida de uno de los líderes de la pandilla a un centro de salud sin padecer enfermedad alguna que deba ser atendida.
Bukele ha negado esta negociación alegando que su Gobierno ha sido el más duro contra las pandillas. Muestra fotos, pide que los medios vean lo mal que tratan a pandilleros en cárceles y se burla del discurso que le señala como violador de derechos humanos y negociante al mismo tiempo. Pero aquí es donde la memoria no le es conveniente, como en otros casos, ya que fue Mauricio Funes (2009-2014), junto a David Munguía Payés, quienes se estrenaron con el truco del discurso manodurista y la negociación con pandillas debajo de la mesa. Mientras se negociaba la tregua entre pandillas y el Gobierno en 2011, Munguía Payés mantuvo un discurso altamente represivo en medios públicos, buscando alejarse de lo que de forma secreta estaba acordando con el enemigo número uno de la seguridad. Meses más tarde, en 2012, se conoció de las negociaciones y tuvieron que aceptar su participación en estas.
Si el Gobierno actual insiste en que es el Plan Control Territorial lo que ha llevado a esta reducción de homicidios, tan positiva para nuestro país, qué mejor razón que esta para hacer público qué estrategias, qué acciones, y por qué razón ahora ha funcionado lo que está haciendo la misma Policía, el mismo Ejército que antes estuvo en la aplicación de las Medidas Extraordinarias, en las ejecuciones extrajudiciales, en la tregua y en la guerra.
La población puede o no estar de acuerdo con la respuesta que da el Gobierno, pero a mí la publicidad no me basta como explicación ante un problema tan complejo como la violencia homicida. Llevo 12 años trabajando este tema, viendo cómo los gobiernos pasan con más o menos mentiras sobre su gestión, con buenas y malas estrategias publicitarias, pero sobre todo con pocas acciones transformadoras. He visto a distintos actores partidarios y estatales negociar con pandillas con el fin de conseguir el poder o de mantenerse en este. A ninguno le ha interesado ni atender las causas estructurales de la violencia, ni mucho menos buscar un diálogo para lograr la paz, desde la honestidad, la transparencia y la legalidad, con las pandillas.
Sé que abordar la violencia requiere una inversión técnica, económica y política a largo plazo, que transforme las desigualdades sociales, que aborde de manera diferenciada e integral las diversas expresiones delictivas y de violencia. Se requiere de un Estado comprometido a largo plazo por la justicia, la legalidad, la inclusión y la reparación de las víctimas. Ojalá que este Gobierno no desaproveche la oportunidad de transformar las causas estructurales que generan la violencia, que trascienda de la negociación para el beneficio electoral y se convierta en un gobierno que no hemos tenido, un gobierno que vele de verdad por mejorar las condiciones de vida de la gente.
