Este domingo 2 de mayo, un día después de que la Asamblea dominada por el partido del presidente Bukele destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, y que nombrara a sustitutos cómodos a sus intereses, El Salvador amaneció con al menos dos versiones antagónicas sobre lo ocurrido. Por un lado, Casa Presidencial justificó las destituciones y las definió como actos de “limpieza”, mientras que un amplio grupo de organizaciones sociales salvadoreñas y poderosas voces de la comunidad internacional calificaron lo ocurrido como un golpe de Estado de facto o al menos como una violación al Estado de derecho. En medio del debate público, principalmente ocurrido en redes sociales, cuatro funcionarios que fueron destituidos por la bancada cyan —el fiscal Raúl Melara y los magistrados Aldo Cáder, Carlos Sánchez y Marina de Torrento— hicieron públicas sus renuncias a través de cartas publicadas en redes sociales.
Desde el sábado por la noche, mientras todo ocurría, juristas, organizaciones civiles, diplomáticos y miembros de la comunidad internacional emitieron condenas y rechazos de los cuatro decretos aprobados por la nueva Asamblea, al tiempo que Bukele y algunos diputados de Nuevas Ideas recurrieron a las redes sociales para tratar de imponer una versión de los hechos. La narrativa oficial incluyó desde burlas hacia opositores hasta el hostigamiento policial de quien hasta el sábado era el presidente de la Corte, Armando Pineda Navas, pasando por sugerir teorías conspirativas como que el magnate George Soros se encuentra detrás del repudio internacional e incluso detrás del rechazo a las medidas hecho público por la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.
En un gesto que también habla de lo abrupto de las destituciones, las líneas gráficas en las redes sociales de las instituciones tomadas por el oficialismo (Fiscalía, Corte Suprema, Asamblea) adoptaron un nuevo tono, color azul oscuro, y el personal de relaciones públicas y prensa dejó de responder las consultas hechas por teléfono.
“Todos, absolutamente todos los que critican desde otros países, pidieran hasta cárcel para los funcionarios de un régimen que los tuvo en la miseria por 30 años. Déjense de hipocresías. El 75% del pueblo salvadoreño votó en elecciones libres por el cambio que estamos viendo”, escribió Bukele en Twitter, respondiendo a las críticas internacionales que llovieron desde temprano. “¿Esperan que la gente vote abrumadoramente por un nuevo Gobierno, esperan 2 años para que les permitan votar abrumadoramente (75% de los votos) por una nueva @AsambleaSV y que después de todo sigan los mismos funcionarios? ¿Ya revisaron su lógica?”, añadió, horas más tarde, en otro tuit. Diputadas como Suecy Callejas también intentaron convencer en Twitter sobre las supuestas razones por las cuales, saltándose lo establecido en la Constitución, decidieron destituir a los funcionarios.
En 24 horas, desde las 5:27 de la tarde del sábado, Bukele publicó 310 tuits y retuits, a ritmo de uno cada cinco minutos. Pese a la ofensiva tuitera del bukelismo, la censura hacia lo ocurrido el sábado adquirió mayores proporciones cuando altos funcionarios de la administración Biden, incluyendo la vicepresidenta Harris, se pronunciaron para rechazar las actuaciones de la bancada cyan. Harris publicó un tuit la noche del domingo: “Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador, a la luz de los votos de la Asamblea Legislativa que destituyó a los jueces de la corte constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”. Harris es la designada por Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica.
También el canciller de Biden, el jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken, condenó las destituciones. Blinken llamó telefónicamente a Bukele este domingo, según su portavoz Ned Price: “El Secretario Blinken expresó la seria preocupación del Gobierno de los Estados Unidos por la votación legislativa con la que fueron destituidos los [funcionarios]. El Secretario hizo notar que un órgano judicial independiente es esencial para la gobernanza democrática”, dijo Price, a través de un comunicado.
En Europa occidental, fueron el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Niels Annen, y la eurodiputada Tilly Metz quienes primero condenaron los hechos. La Unión Europea (UE) se pronunció hasta este lunes con una declaración: 'Siguiendo con preocupación los últimos eventos en El Salvador que cuestionan el funcionamiento del Estado de derecho y la separación de poderes', escribió Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la UE. En el congreso de Estados Unidos, representantes como Jim McGovern, de Massachussets; y Joaquín Castro, de Texas, mostraron su preocupación por los hechos.
Hubo cuestionamientos aún más duros. 'Quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el Gobierno de EEUU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de derecho es una condición necesaria', tuiteó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. El vicepresidente de Bukele, Félix Ulloa, respondió 18 horas más tarde en redes sociales, aunque sin pronunciarse sobre la alegada inconstitucionalidad de los nombramientos del sábado: 'Estoy dandote las gracias por hacer todo lo posible para beneficio de nuestro pueblo, yendo al BID, al BM, al FMI a la admon. Biden a buscar sanciones para El Salvador. ¡Ejemplo de defensor de los derechos humanos! Solo falta que pidas un embargo como el que castiga a Cuba(sic)', expresó Ulloa.
La oposición salvadoreña en la Asamblea reaccionó desde el mismo sábado, mientras todo ocurría. Claudia Ortiz, la única diputada electa por el partido Vamos, abandonó la sesión plenaria cuando se preparaban las destituciones, al final de la tarde. “No participaré en una simulación de democracia”, dijo Ortiz, en un tuit, y salió del Salón Azul. El resto de diputados de oposición se mantuvo en el hemiciclo, pero votaron contra los decretos. Arena, FMLN, Nuestro Tiempo —que junto con Vamos forman un bloque de 20 diputados, intrascendente para la toma de decisiones- también emitieron comunicados de protesta e hicieron un llamado a la comunidad internacional y, en especial, a la Organización de Estados Americanos (OEA). El Partido Demócrata Cristiano (PDC) también condenó los hechos, pese a que Reynaldo Carballo, su único diputado, ha tenido posturas que favorecen a Nuevas Ideas. Carballo votó a favor de los cuatro decretos del sábado por la noche. El partido, no obstante, publicó un comunicado en redes sociales donde tomaban distancia. “El PDC rechaza y condena la pretendida y arbitraria destitución de los magistrados de la Sala (...) Es un acto de ruptura del sistema republicano”, decía el escrito.
Almagro se distancia de Bukele
Por la mañana de domingo, la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por Luis Almagro emitió un comunicado de censura por los hechos de la plenaria y con eso marcó la primera ruptura importante en su relación con la administración Bukele. “La OEA rechaza [las destituciones] así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas acciones”, dice el comunicado.
Almagro ha sido una importante voz de respaldo de Bukele en el debate internacional, muy antagónica a la de especialistas en derechos humanos como el Vivanco, de Human Rights Watch, que se ha convertido en un crítico de la gestión Bukele. “Bukele ataca el Estado de Derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”, dijo Vivanco, el sábado por la noche. A él, Almagro ya lo había descrito como una “voz histérica” que criticaba a Bukele sin fundamento. En julio de 2020, en una entrevista en la que le pidieron su opinión por el intento de golpe que Bukele dio en el 9 de febrero de 2020, Almagro dijo que “no hay que inventar dictaduras donde no las hay”.
La OEA consideró 'imprescindible' dar continuidad a los trabajos iniciados por una Misión Especial 'en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, invocando el artículo 17 de la misma, conforme a lo solicitado por el poder Ejecutivo y la anterior legislatura salvadoreña”. La misión estuvo a cargo de Santiago Cantón y visitó el país en los días posteriores al 9 de febrero. Cantón publicó ayer mismo las conclusiones del informe en Twitter. En general, la misión concluyó que ya había señales de violaciones a la independencia de poderes en El Salvador. Ahora Almagro considera vital que se haga un buen seguimiento a esos hallazgos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington y parte del sistema interamericano, también rechazó las acciones de la Asamblea e instó a que el Estado salvadoreño respete la sentencia que declaró inconstitucional el nombramiento de nuevos magistrados hechos por la bancada de Bukele y los partidos aliados. La Comisión también delegó a un equipo de su Secretaría Ejecutiva para monitorear de manera más puntual lo que ocurra en El Salvador en los próximos días.
Desconocen a los magistrados de Bukele
Durante el domingo 2 de mayo y del lunes 3, 71 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la fiscalización de la función pública emitieron una condena ante las destituciones. El domingo por la mañana, 26 organizaciones dijeron que lo ocurrido el 1 de mayo “rompe el orden constitucional y atenta contra el derecho de todos los salvadoreños”. Acción Ciudadana, Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) fueron algunas de las organizaciones presentes. Describieron el proyecto de Nuevas Ideas como un “incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona”.
“En mi larga carrera política, nunca he visto que en seis, ocho horas, se viole tantas veces la Constitución y las leyes del país” dijo Rubén Zamora, exembajador salvadoreño en Estados Unidos y ante Naciones Unidas, y también primer candidato presidencial de la izquierda tras los Acuerdos de Paz. Las violaciones, según dijo, ocurrieron en medio de una sesión que no es válida, porque nunca hubo agenda. “Violaron totalmente el reglamento interno de la Asamblea. Por lo tanto, es nulo lo que se ha hecho”, agregó. Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), explicó que en el país solo existe una Sala de lo Constitucional, la que fue destituida por el bukelismo. “El proceso de nombramiento de los presuntos magistrados que se realizó el día de ayer carece de legalidad. Son personas que no han pasado por el procedimiento que la misma Constitución establece”, explicó.
En su comunicado, las organizaciones manifestaron que desconocen a los funcionarios electos y los calificaron de “usurpadores”. “El revestimiento jurídico de las destituciones es una burda simulación que no resiste el más mínimo análisis de coherencia, rompe con el orden constitucional”, dice el comunicado emitido a media mañana de este domingo. Las organizaciones señalaron que los nuevos diputados podrían incurrir en delitos.
El lunes por la mañana, otras 40 organizaciones emitieron una condena pública. 'Muchos piensan que lo que está pasando no les afecta directamente; pero se equivocan. La destrucción de la democracia nos terminará afectando a todos tarde o temprano', reza un comunicado que fue leído en las instalaciones de la UCA.
En horas del mediodía de domingo, el magistrado Aldo Cáder Camilot publicó en sus redes sociales una carta de “renuncia irrevocable” al cargo de magistrado de la Sala de lo Constitucional para el período 2018-2027. Cáder, uno de los magistrados que suscribió múltiples sentencias que frenaron diversas violaciones de ley del Ejecutivo en el marco de la atención de la pandemia en 2020, dijo que la renuncia obedecía a razones personales y familiares diversas, y calificó la destitución de los magistrados como un “lamentable acontecimiento político partidario”. “Mi persona jamás ha estado vinculada ni ha respondido nunca a intereses de ningún partido político ni de ningún poder económico o de cualquier otra naturaleza”, escribió Cáder.
Posteriormente, otros dos magistrados y el fiscal Raúl Melara publicaron cartas que compartían similar redacción. La magistrada Marina de Torrento, que fue elegida en 2018 en un proceso que fue descrito como una repartición de cuotas entre Arena, FMLN y Gana, publicó su carta en Twitter y no dio más detalles de su renuncia. Luego hizo lo propio el magistrado Carlos Sánchez, quien publicó su carta a través de terceras personas. A diferencia de sus colegas magistrados, él sí insinuó que temía por represalias. 'Teniendo en cuenta algunas razones de índole familiar que algunos diputados y funcionarios del Órgano Ejecutivo no ignoran, que son la grave enfermedad que mi única hija está padeciendo estando ingresada en el Hospital Rosales, es que he tomado la irrevocable decisión de renunciar al cargo', rezaba la misiva.
El fiscal Melara también renunció, aunque dejó claro que no está de acuerdo con la decisión. Dejó entrever que estaba preocupado por el bienestar de su familia. 'Sin embargo, considerando como motivo principal el bienestar de mi familia, y dado que sale de mi control contar con las garantías necesarias para ejercer dicho cargo, he decidido presentar mi RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo...', decía la carta, publicada a las 9:36 de la noche del domingo.
La noticia de la destitución de la Sala desató una convocatoria para manifestarse. A las 2:00 de la tarde del domingo, en el monumento a la Constitución, en San Salvador, llegaron unas 500 personas. Hubo pancartas, rótulos y rápidos discursos que se escuchaban a través de altoparlantes. Movimientos feministas y de la población LGBTI fueron de los grupos más numerosos de la concentración. “El madrugón de la primera sesión de la Asamblea atenta contra un sistema de libertades y seguridad jurídica mínimas conquistadas a base de las luchas y el sacrificio de miles de familias salvadoreñas”, dijo una de las manifestantes, al inicio de la protesta. “Bukele, fascista, vos sos terrorista. ¡Exigimos el cese absoluto de cualquier actuación fascista!”, gritaban algunos. “No se puede generar país de manera unilateral”, dijo otro de los protestantes, mientras llovía en la capital.
