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Cuatro meses para elegir una Sala de lo Constitucional prudente

"Nadie se salió con la suya, todos nos salimos con la nuestra", dice el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, tras la elección de la nueva Sala de lo Constitucional. Los diputados dan por hecho, y hasta celebran, que los nuevos magistrados se distanciarán de las sorpresas que caracterizaron a la Sala que terminó sus funciones el 15 de julio. 

Gabriel Labrador*

 
 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2018-2027 brindan su primera conferencia de prensa, el viernes 16 de noviembre, después del acto de juramentación. Al micrófono, Óscar Armando Pineda Navas, magistrado reelecto como presidente de la Sala de lo Constitucional. Foto: Carlos Barrera / El Faro.
 
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2018-2027 brindan su primera conferencia de prensa, el viernes 16 de noviembre, después del acto de juramentación. Al micrófono, Óscar Armando Pineda Navas, magistrado reelecto como presidente de la Sala de lo Constitucional. Foto: Carlos Barrera / El Faro.

El martes 19 de noviembre la corte plena del Órgano Judicial por fin sesionó con sus 15 miembros, y la nueva Sala de lo Constitucional empezó funciones luego de que la Asamblea Legislativa eligiera a los nuevos magistrados para el periodo 2018-2027. Tras 125 días de retraso, los partidos políticos cerraron una elección en la que, según admitieron, se priorizó la repartición de cuotas y se olvidaron de la idoneidad de los candidatos. Al cierre de la votación, los diputados también celebraron que esta Sala no se parecerá a la que finalizó su periodo en julio pasado, y que se caracterizó por hacer contrapeso al Legislativo y Ejecutivo.

La nueva Sala quedó integrada por jueces con los que los partidos políticos dicen sentirse cómodos. Aldo Cader, Carlos Avilés, Marina Marenco de Torrento y Carlos Sánchez lograron la mayoría de votos en una elección llena de tropiezos. Con los primeros tres nombres, tanto la coalición liderada por Arena como el FMLN y Gana lograron el triunfo de las cartas por las que apostaron desde el inicio de las negociaciones. El magistrado Carlos Sánchez, que ocupará la quinta silla en la Sala, fue producto de una "elección de consenso", según la mayoría de partidos, aunque Gana denuncia que es una carta de Arena. A la Sala de lo Civil, la última silla en asignarse, llega Roberto Calderón, quien fuera propuesta inicial del PDC, aunque su ficha fue resucitada por Gana a finales de octubre. 

Aunado al atropellado proceso de elección, este cierre de elección de segundo grado en la Asamblea cobra especial significado por dos factores: primero, porque plantea un reto a los nuevos magistrados por el precedente que dejó la Sala de lo Constitucional que terminó su mandato en julio. Entre otros fallos, la Sala 2009-2018 corrigió la plana a la Asamblea Legislativa en materia electoral, abolió la Ley de Amnistía y frenó la opacidad en el manejo de las partidas reservadas en la Presidencia de la República; y demostró lo saludable que es para la democracia el control entre los órganos del Estado. Hasta 2009, la Sala de lo Constitucional (y la Corte Suprema de Justicia) se había movido según los designios de los partidos políticos o del partido gobernante. La Sala 2018-2027 tendrá el reto de continuar por ese camino o, como auguran los diputados, encontrar un nuevo tono en su relación con el Legislativo (actualmente dominado por la derecha política) y el Ejecutivo. De momento, los diputados y los nuevos magistrados hablan de "prudencia" y "respeto". Los partidos celebran.

Junto a la nueva configuración de la Sala, los partidos también celebran cómo maniobraron para conseguir esta lista. De los electos, solo dos de cinco gozan de las credenciales suficientes en los baremos hechos por la Asamblea Legislativa y los foráneos hechos por oenegés. El pragmatismo se impuso al deber ser, y Arena se jacta de haber presionado al FMLN para conseguir los votos, so pena de la negación de transferencias financieras que el Estado necesitaba para pagar salarios de empleados y servicios públicos a través de un paro técnico en la Asamblea. El partido de Gobierno, por su lado, celebra por partida doble: por haber conseguido una carta en la Sala y porque Gana, el partido con el cual hizo aritmética parlamentaria en la Asamblea desde 2009 (y ahora punta de lanza en las encuestas para la carrera presidencial de 2019), también consiguió cartas a su favor. Aunque la figura por la que más pujó en las últimas semanas no fue electa como propietaria (Sonia Cortez de Madriz quedó como suplente en la Sala de lo Constitucional, y mantiene su cargo como procuradora), Gana saca cuota en dos de las cartas que promovió desde el inicio de la negociación: Marina Marenco de Torrento a la Sala de lo Constitucional y Calderón a la Sala de lo Civil. 

Ningún partido perdió. "Nadie se salió con la suya, todos nos salimos con la nuestra", dijo el presidente de la Asamblea, Norman Quijano. Todos los partidos ganaron, si por ganar se entiende una celebración con dedicatoria: ellos dejaron entrever que esta nueva Sala no será una Sala incómoda. El viernes por la tarde, al finalizar la votación, los diputados se felicitaron entre sí y se dijeron satisfechos porque después de cuatro meses de pleitos intestinos se decantaron no por el acuerdo ideal si no el posible, con el que todos se sintieran a gusto. Los diputados, por un lado, se abrazaron, y por otro, señalaron el camino del que, según ellos, los magistrados no se saldrán cuando administren justicia.

“Esperamos que esta sea una Sala que le dé la tan esperada estabilidad a este país y que los electos tengan una actitud clave por sobre cualquier otra, la ponderación”, dijo Shafick Hándal, el subjefe de los diputados del FMLN, en un tono exigente. Y luego añadió una frase que sonó a una declaración de victoria: “La lección que traemos y por la cual en el FMLN hemos sido muy puntillosos, quisquillosos al examinar los perfiles es porque no queremos repetir historias, no queremos repetir lo que pasamos recientemente”, añadió.

El FMLN, todavía en el Gobierno, lideró una campaña contra la anterior Sala de lo Constitucional. A las quejas del FMLN la Sala respondía con fallos que afectaban prácticas opacas de sus administraciones presidenciales (como las restricción al uso de la partida secreta), a la agenda política del partido (como los fallos que obligaron reformas electorales para garantizar el voto por rostro, voto cruzado y las candidaturas independientes). Resulta curioso el caso del FMLN en esta nueva elección: durante nueve años cuestionó a la anterior Sala porque según sus dirigentes (desde el expresidente Mauricio Funes, diputados, hasta el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén) tenían una agenda a favor de la derecha. Ahora el Frente celebra haber votado por una Sala donde hay mayoría de cartas propuestas por la derecha. A esta votación el FMLN le llama un ejercicio de "voluntad política", según la jefa de fracción, Nidia Díaz.

El FMLN tampoco tiene reparos en reconocer su alianza con Gana, con quien hizo mancuerna en las nominaciones para la Corte. A veces el Frente proponía un nombre, y Gana lo respaldaba, o viceversa. En una actitud protectora, el partido siempre exigió que se le respetara a su aliado el derecho de propuesta de candidatos. Díaz describe a Gana como un partido de “derecha liberal” a quien había que respetarle las propuestas de candidatos porque “era gente muy decente”, como Sonia Cortez, Marina Marenco de Torrento y, finalmente, su última propuesta, Roberto Calderón, la pieza que destrabó la elección. 

−¿Qué partido cedió, diputada?

−Todos están conformes por la corriente de pensamiento que refleja Calderón, todo mundo quedó conforme. Apareció, y dijimos: si lo acepta también todo el resto de partidos, pues entonces resolvamos.

−Si estuvo en las listas iniciales, ¿por qué no lo mencionaron antes?

−Porque Sonia Cortez es una mujer muy buena, y nosotros no aceptábamos vetos que rechazaran la capacidad de propuesta de todos los partidos en proponer.

−¿El FMLN promovía las propuestas de nombres Gana?

−Cada tres años se elige Corte y siempre hemos tenido derecho de propuesta en dirección de las corrientes de pensamiento, pero a otros partidos [Gana] esta vez los excluían del derecho de propuesta. A pesar de que Gana es derecha liberal, nosotros queríamos que el acuerdo se tomase con toda la expresión de corrientes.

De izquierda a derecha: Aldo Cader, Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento, son juramentados por el diputado Norman Quijano como magistrados de la Sala de lo Constitucional, el viernes 16 de noviembre de 2018. Su elección ocurrió con más de cuatro meses de retraso después de que FMLN y Arena cedieran sus posturas. Foto: Carlos Barrera / El Faro.
 
De izquierda a derecha: Aldo Cader, Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento, son juramentados por el diputado Norman Quijano como magistrados de la Sala de lo Constitucional, el viernes 16 de noviembre de 2018. Su elección ocurrió con más de cuatro meses de retraso después de que FMLN y Arena cedieran sus posturas. Foto: Carlos Barrera / El Faro.

¿Una Sala inocua?

La nuevos magistrados de la Sala recién comienzan sus funciones y todavía no hay nada que permita concluir cómo se comportarán una vez asuman casos en los que sienten postura jurídica sobre temas de relevancia nacional. Por ejemplo, a esta Sala le tocará evaluar si es viable el matrimonio igualitario en El Salvador o verificar el seguimiento de una nueva normativa que garantice justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra. También deberá dirimir si se mantiene la vía libre de vehículos particulares por el Sitramss, uno de los proyectos insignia de los gobiernos del FMLN, o si procede que esos carrilles diseñados para el transporte público estén restringidos a particulares.

Por el momento, lo que se alcanza a percibir detrás de sus primeros planteamientos, y detrás de las decisiones de la Asamblea, son guiños que complacen a los partidos. Por ejemplo, ha sido releecto como presidente de la Sala (y de la Corte Suprema) Óscar Armando Pineda Navas, un exgerente de operaciones de la Asamblea Legislativa que surgió como un candidato de consenso de los diputados cuando la Sala anterior ya había tumbado, varias veces, la designación hecha por los partidos en 2014. En su gestión, Pineda Navas demostró ser un concertador entre dos trenes en constante colisión o a veces un simple observador. No se enfrentó a la hegemonía de los exmagistrados Sidney Blanco, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez y Rodolfo González que hicieron, casi siempre, mayoría en las resoluciones, pero tampoco se prestó, como sus antecesores en el cargo, al juego político incondicional a favor de la Asamblea y de los partidos. Pineda acompañó pocas veces a sus colegas de Sala, y casi siempre planteó sus oposiciones en votos razonados que colindaban con los argumentos de los partidos. Ahora el magistrado presidente dirigirá un barco en el que los nuevos miembros de la Sala deberán demostrar imparcialidad luego de esta elección. Por el momento, la mayoría de sus expresiones agradan a la Asamblea.

Por ejemplo, hace más de 125 días, cuando se postularon al cargo, los ahora magistrados Marenco de Torrento y Cader expusieron durante sus entrevistas en el proceso de selección que estaban contra las diputaciones no partidarias, habilitadas por los magistrados de la Sala anterior. Sus respuestas fueron una suerte de guiño o parte de un guion prearmado en el que las preguntas de los diputados buscaban un fin: descrubrir qué tan parecidos o qué tan diferentes serían los candidatos respecto a los magistrados de la Sala saliente. 

Sobre las diputaciones no partidarias, una de las resoluciones más polémicas de la anterior Sala y que en 2018 permitió, por primera vez, la elección de un diputado no partidario, Marenco dijo: “Hay artículos que no requieren interpretación. Me llama la atención una palabra del artículo de la Constitución que dice que los partidos son el único -el único- vehículo para el ejercicio de la representación del pueblo en el Gobierno. No sé si lo veo de manera muy restrictiva”, dijo Marenco. Cader opinó que no a todos los cargos públicos podía permitírsele el acceso a personas no partidarias.

El viernes 16, recién juramentado, el magistrado Carlos Avilés, a pesar de que prometió transparencia en las sesiones de corte plena si llegaba a la CSJ, reclamó que durante el proceso de selección algunas asociaciones escrutaran las hojas de vida de los contendientes. Su postura sonó muy parecida a la de los diputados, que quisieron obviar su responsabilidad por una negociación bajo la mesa apuntando los cuestionamientos hacia las oenegés que exigían candidatos idóneos por baremos. Según los diputados, esas oenegés querían influenciar en la elección. 

“Con los baremos algunas asociaciones trataron de potenciar a ciertos candidatos para que pudieran ellos seguirlos favoreciendo desde estas instancias. El uso que se le dio a los baremos fue un uso deshonesto, inmoral y hasta vulgar. Espero que esta experiencia la asumamos todo, lo que ocurrió no debe volver a ocurrir”, dijo. Avilés no está entre los peores evaluados en esos baremos (en tres de ellos se ubicó entre el puesto 14 y el 18 de 30 contendientes), pero su llamado, según dijo, era por la magistrada suplente Sonia Cortez de Madriz. A ella, que fue carta de Gana y del FMLN, la Fundación para el debido proceso la declaró no elegible por tener una de las peores notas en los baremos. 

De Madriz también fue defendida por la nueva magistrada Marina Marenco de Torrento, cuya elección también ha sido cuestionada porque fue sancionada dos veces por el Tribunal de Ética Gubernamental por favorecer a un familiar. Marenco de Torrento, al cierre de la elección, dio luces de cuál será su postura en la nueva Sala. “Hay cosas dentro del funcionario o magistrado que el baremo no mide y que son bien importantes a la hora de administrar justicia. La prudencia con la que se puede actuar, la tolerancia, la capacidad de trabajar en equipo…”. “Prudencia”, dijo.

Se refuerza la Corte Plena

Junto a los magistrados de la Sala, la Asamblea también designó a Roberto Calderón como nuevo magistrado de la Sala de lo Civil. Con esta elección queda conformada la nueva corte plena de la CSJ, que entre otras cosas debe dirimir si proceden o no juicios civiles por enriquecimiento ilícito contra decenas de funcionarios y exfuncionarios públicos, entre estos 26 diputados de la actual legislatura. 

En junio, cuando Calderón fue interrogado por los diputados, algunas de las preguntas que le hicieron escondían la preocupación de los partidos sobre cómo actuaría si vuelve a ocurrir una crisis parecida a la de 2012, cuando la Sala declaró ilegal los nombramientos de magistrados hechos por la Asamblea. ¿Estuvo bien que la Sala resolviera de esa manera un asunto que le atañía o debió haberlo resuelto la corte plena? ¿Quién es el máximo tribunal del país: la corte plena o la Sala?, preguntaron los diputados. Y Calderón tuvo un guiño para los diputados e insinuó que la actuación de la Sala estuvo mal. Respondió que la corte plena es el máximo tribunal del país, “porque la Sala forma parte de ese pleno y el pleno de la CSJ es la autoridad para dilucidar estos casos”, dijo el 11 de junio.

Calderón formará parte de la corte plena que ya traía una trayectoria más cercana a los intereses de los partidos políticos que a las batallas que proponían los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, cuando intentaban formar bloques a favor de la transparencia y el combate a la corrupción. Según la Constitución, la CSJ es la encargada de investigar y procesar a funcionarios y exfuncionarios por enriquecimiento ilícito. A la fecha, además de la lista de 26 diputados de esta legislatura que tienen expediente abierto por enriquecimiento ilícito, hay otro puñado de funcionarios y exfuncionarios que también están en lista de espera. Entre estos se encuentran la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar o el actual vicepresidente, Óscar Ortiz. 

El nuevo magistrado también causó incomodidad en organizaciones ciudadanas como Cemujer por otra respuesta que brindó en su entrevista con los diputados el 11 de junio. Cuando Rodolfo Parker, uno de los diputados gestores del acuerdo para elegir magistrados, preguntó su opinión sobre la sentencia que abolió la Ley de Amnistía, Calderón respondió que estaba muy de acuerdo pero terminó explicando que lo que el país necesita es también la “justicia restaurativa”, en donde casos de violación en un menor de edad podrían perdonar al violador “si la víctima lo perdona para que no entre al proceso judicial, esa es la justicia restaurativa”, dijo.

El diputado no partidario suplente, Jorge Juárez, votó en contra del dictamen que recogía todos los nombramientos pero también contra cada una de las propuestas. La Constitución exige que la votación de los magistrados sea nominal y pública, es decir, que cada diputado diga en voz alta si está a favor o no del aspirante. Juárez también votó en contra. Según dijo, al menos seis resoluciones de inconstitucionalidad (49-2011, 77-2013, 94-2014, 56-2016 entre otras), emitidas por la anterior Sala se habían incumplido en el proceso. Juárez señaló que no se había garantizado que se eligieran a los aspirantes más idóneos, así como tampoco se podía garantizar que los elegidos no representen directamente a grupos o sectores particulares, en detrimento de la mayor parte de la población. Juárez también criticó que el proceso no había sido del todo transparente. “Varios diputados aceptaron que ocurrieron reuniones privadas, a las cuales no asistimos”, dijo, minutos antes de que se le apagara el micrófono por habérsele agotado los cinco minutos para emitir opinión.

El único diputado del partido CD, Juan José Martel, también señaló que el acuerdo no es el idóneo. “Se ha electo lo posible, no es lo ideal. No es lo que muchos queríamos, no puedo felicitarnos pero es lo que hemos decidido”, dijo Martel, quien también señaló que en la etapa final de las negociaciones, fue excluido.

Parte del secretismo a lo largo de los 125 días de retraso en elegir, se debe, como admitieron los diputados una vez terminada la votación del viernes 16, a que los partidos no querían una Sala de lo Constitucional que les desafiara como la Sala 2009-2018.

“Les queremos pedir a los magistrados electos que no se les vaya olvidar mantenerse atento en el fiel cumplimiento de la Constitución, serán observados por la ciudadanía”, dijo el diputado Mario Ponce. “En ningún lado de la Constitución dice que las sentencias tienen a la base las corrientes internacionales. Perdónenme, si esta Carta Magna es la que nos guía, no nos podemos salir”, dijo.

Roberto Angulo, también del PCN, admitió que tardaron en elegir porque no querían sorpresas en la gestión 2018-2027. “Los nombres que se eligieron estaban ahí desde hace meses, pero el temor de que se llegara a tener una Sala que legisle y que cambie la Constitución era fundado, o que hubiera una Sala manejada por una fracción o por la otra, también causaba temor”, dice Angulo, citando algunas de las críticas más fuertes a la Sala de lo Constitucional.

(De izquierda a derecha) José Cristobal Reyes, Jorge Quinteros Hernandez, José Luis Lovo Castelar y Sonia Cortez de Madriz fueron juramentados el viernes 16 de noviembre de 2018 como magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. La elección ocurrió con 125 días de retraso. Foto: Carlos Barrera / El Faro.
 
(De izquierda a derecha) José Cristobal Reyes, Jorge Quinteros Hernandez, José Luis Lovo Castelar y Sonia Cortez de Madriz fueron juramentados el viernes 16 de noviembre de 2018 como magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. La elección ocurrió con 125 días de retraso. Foto: Carlos Barrera / El Faro.

El voto decisivo

Otro de los factores que ayudó a desentrmapar la elección fue la definición de la Sala de lo Civil en sustitución de Sonia Cortez de Madriz, la carta impulsada por el partido Gana. Ese candidato fue Roberto Calderón, a quien Gana resucitó de la lista del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a finales de octubre, después del último intento fallido para hacer la votación.

El nombre de Calderón comenzó a aparecer en las reuniones secretas y bilaterales de los partidos políticos que ocurrieron en las primeras dos semanas de noviembre. Para aceptarlo, los dos grupos que desde hace más de cuatro meses se formaron en la Asamblea para la negociación desistieron de su respectivas propuestas para la magistratura de la Sala de lo Civil, que se había convertido en el centro de la negociación. Arena, PCN y PDC tuvieron que olvidarse de Alex Marroquín; el FMLN y Gana, de Cortez de Madriz.

Calderón se convirtió, según el diputado del PDC, Rodolfo Parker, “en el nuevo candidato de consenso de todas las bancadas”. Y, según Nidia Díaz, jefa de diputados del FMLN, “todos los partidos se mostraron conformes por la corriente de pensamiento que refleja Calderón, todo mundo quedó conforme”. 

Calderón es presidente de una de las asociaciones más numerosas e influyentes en el mundo jurídico, la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (Amjues) y es miembro de la Asociación de Jueces de Paz (Ajupes). En 2012, las dos asociaciones respaldaron a la anterior Sala en el conflicto con la Asamblea, mientras que otros grupos insistían en que nadie podía tumbar el nombramiento hecho por los diputados. Por eso a los diputados les interesaba saber cómo iba a actuar Calderón si la CSJ enfrentaba otra crisis similar como cuando estuvo bicéfala, máxime, cuando en la misma entrevista de junio había dicho que sus profesores habían sido Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco. “A algunos les puede gustar, a algotros no”, dijo. Para los partidos, el miedo que pudiese generar por sus simpatías hacia los exmagistrados parece que fue superado por su posicionamiento a favor de una corte plena con mayor poder que la Sala.

Calderón no fue de los mejores evaluados en todo el proceso de selección, pero tampoco de los peores. Entró vía Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que por ley propone 15 de los 30 nombres que conoce la Asamblea. En el CNJ obtuvo una nota inferior a la media (7.74); de 39 contendientes, y se ubicó en el puesto 18. En rankings de los mejores evaluados que hicieron las organizaciones Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Acción Ciudadana y el Consorcio por la Transparencia, Calderón se ubicó entre los puestos 10 y 19. 

Ya en el proceso interno de la Asamblea, el nombre de Calderón surgió de la mano del PDC, cuando este partido lo incluyó en su terna el 13 de julio. Pero rápidamente las negociaciones lo excluyeron y la discusión se centró en otros contendientes. Entre agosto y noviembre, los dos bloques legislativos fueron incapaces de elegir porque se disputaban el control de la quinta silla de la Sala, en una admisión tácita de que el nombramiento es más una búsqueda de cuotas partidarias de poder en la CSJ .

Gana –que había dicho a inicios de noviembre que no iba a permitir que se expulsara de la ecuación a la procuradora Cortez de Madriz- terminó cediendo. Los otros partidos de derecha (que concurrirán juntos en la elección presidencial) lo hicieron doblegarse, según Parker. “Nosotros le habíamos dejado bien claro a Gana que no le íbamos a aceptar cuotas ni tampoco el mecanismo que querían. Yo era el más opuesto a que ellos vinieran a imponernos ese mecanismo donde supuestamente ellos tienen derecho a escoger propuesta… ¡Si no tienen propuesta!”, dijo Parker a El Faro. 

Parker explicó que hace 15 días, después de que la sesión plenaria quedara en suspenso hasta nombrar magistrados, hubo un ejercicio de desempolvar las listas iniciales de aspirantes y buscar de entre los 30 nombres alguien potable. “Empezamos a ver las listas de nuevo, para ver si por milagro… En ese momento no teníamos conciencia de quién podía ser. Ahí se detuvieron las miradas en José Ernesto Clímaco, Óscar Luna, y se detuvo la mirada en Roberto Calderón”, dice. El diputado del PCN Roberto Angulo lo secunda: “Nos decíamos que el nombre no podía estar lejos, que no podía ser tan difícil”.

Calderón ha sido juez desde el año 2003. Ha estado en juzgados de paz, de instrucción, de sentencia y de vigilancia penitenciaria. Comenzó su carrera en 1994 como colaborador jurídico en un despacho y en 1998 fue nombrado fiscal. Desde 2016, es juez Décimo de Instrucción de San Salvador y tiene experiencia en extradiciones. Está por graduarse de una maestría en derecho penal del Consejo Nacional de la Judicatura y de un postgrado en derecho constitucional de la Universidad Tecnológica.

China y el FMI 

Junto al consenso por las últimas sillas en disputa, la elección de los nuevos magistrados también fue posible gracias al movimiento de varias piezas en el tablero legislativo. Arena provocó presión tocándole el bolsillo al Gobierno al congelar transferencias financieras que el Estado necesitaba para pagar salarios de empleados y servicios públicos. Tres dictámenes de la Comisión de Hacienda habían quedado en suspenso por el receso indefinido de la sesión plenaria que decretó Norman Quijano, presidente de la Asamblea. También entró en el escenario una exhortación del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno y a la oposición el jueves 15 de noviembre a lograr “grandes acuerdos políticos”. Pero las dos piezas maestras que destrabaron todo fue, por un lado, resucitar al candidato Calderón, que había sido descartado en las primeras semanas de negociaciones entre partidos y, por otro lado, asegurar una plaza de suplente en la Sala de lo Constitucional para Sonia Cortez de Madriz, la carta de Gana, a quien también le resta un año como procuradora general.

Uno de los dictámenes en suspenso por el paro técnico de la Asamblea ordenado por Quijano buscaba la transferencia de seis millones de dólares del fondo general para financiar remuneraciones en distintas instituciones del Estado, entre ellas, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Conamype, y el ministerio de Obras Públicas (MOP). También había otro que si no se diligenciaba iba a empañar las nóveles relaciones diplomáticas del Gobierno con China (abiertas hace dos meses y medio): ocho contenedores con mercancía china estaban pendientes de que se les autorizara su importación libre de aranceles. La mercancía estaba pensada para ser exhibida en la V Exposición Comercial de la República Popular China, a realizarse en una semana, entre el 23 y 26 de noviembre, en el Cifco.

“Es triste que un evento eminentemente comercial relacionado a un país con el cual tenemos una relación comercial desde el 21 de agosto, se quiso politizar. Es una falta de respeto”, reclamó el diputado del FMLN Manuel Flores, sobre la presión que había significado el entrampamiento de esos decretos. Flores aceptó que sí fue un factor de presión. “Sí, fue una estrategia de presión pero ¿a quién afectaba? Al pueblo, no al Gobierno”, añadió Flores, también presidente de la Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo Chino.

El diputado Quijano y dos fuentes legislativas de Arena confirmaron a El Faro que congelar los dictámenes, entre ellos, los que tocaban las finanzas públicas y la exposición de China, fue deliberado y que con eso pretendían doblegar al FMLN y desentrampar la elección de la CSJ. “Lo tuvimos que consensuar [con otras bancadas]. Cuando tuve la idea, porque estaba viendo muchos dictámenes, dije ‘aquí hay que hacer presión’. Tuve que llegar al extremo de la aplicación de los poderes discrecionales que me da el reglamento”, dijo Quijano. Otra fuente legislativa de Arena comentó: “El frente se sintió asfixiado y lo queríamos asfixiar porque ya estábamos hartos de la puteadas por no elegir magistrados”.

El jueves 15 se reanudó la sesión plenaria. El primer dictamen que se aprobó fue el de la exposición comercial de China. Fue aprobado con 46 votos, sin votos de Arena - a excepción de Alberto Romero, Donato Vaquerano, Margarita Escobar, Mario Martínez- y con dos abstenciones de Rosa Romero, y Jeannette Palacios diputada suplente. Para lograr estas votaciones, según la diputada Nidia Díaz, también influyó una visita técnica del Fondo Monetario Internacional, que recomendó al Estado sacar "un montón de cosas rezagadas", entre ellas el presupuesto, la ley de responsabilidad fiscal y la reestructuración de la deuda externa. 

Cuando este periódico preguntó a la jefa de diputados del FMLN si los dictámenes en suspenso habían ayudado a que cedieran en su postura, Nidia Díaz respondió con un tono de alivio: “Ayer (jueves) se resolvió eso”. Consultado sobre si la visita del FMI también influyó, Quijano responde que entre las peticiones del FMI sobre materia fiscal hubo un llamado para que se lograran acuerdos políticos: "No dijeron propiamente sobre los magistrados, pero obviamente también se referían [a ellos]…".

*Con reportes de Carmen Valeria Escobar.

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