A las 7 de la noche del 8 de junio dos eventos compitieron por la atención de los salvadoreños: empezó el partido de fútbol de la selección nacional y la ministra de Economía presentó a la Asamblea Legislativa la ley que convierte el bitcoin en una moneda de curso legal en el país. A las 8:45 de la noche, todavía faltaban minutos para que Walmer Martínez metiera el tercer gol de la victoria 3-0 contra Antigua y Barbuda, pero la Comisión Financiera consideró que ya había discutido lo suficiente una ley que obligará a todos los salvadoreños a aceptar la moneda digital bitcoin como forma de pago de bienes y servicios. El cambio, según la ley aprobada en la madrugada del 9 de junio, operará en principio desde septiembre de 2021.
El Gobierno de Nayib Bukele corrió para tener una ley bitcoin. Pasaron 85 minutos en la comisión que examinó el tema y solo cinco horas entre la presentación pública del proyecto de ley y su aprobación, con 62 de 84 votos, pocos minutos después de la medianoche, el 9 de junio.
La ley obliga a 'todo agente económico a aceptar bitcoin como forma de pago', permite que se paguen los impuestos con bitcoin y establece que todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares previas a la emisión de la ley podrán ser pagadas en bitcoin.
De esa obligación quedan excluidos 'quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcoin', aunque no se detallan los indicadores para establecer ese 'hecho notorio'. En la prisa, los diputados ni siquiera estudiaron qué leyes o normativas entran en conflicto con esta nueva ley y decretaron de manera general que 'queda derogada cualquier disposición que la contraríe'.
Cuando el país cambió su moneda de colón a dólar, en 2001, el cambio también se operativizó rápidamente. El presidente Francisco Flores anunció la decisión el 22 de noviembre de 2000, envió el proyecto de ley al día siguiente, y se aprobó el 30 de noviembre. Un mes después, los dólares empezaron a circular en el país. Ese proceso ya fue descrito por economistas como apresurado y carente de rigurosidad técnica. Cuando se aprobó la ley de bitcoin solo habían pasado dos días y medio desde que se viralizó un video de Bukele, en la conferencia Bitcoin 2021 en Miami, anunciando a El Salvador y al mundo que su país convertiría la criptomoneda célebre en curso legal.
En una escena del video desde Miami -y aparentemente conteniendo lágrimas de alegría- se ve al empresario criptomonedero Jack Mallers, de 27 años, ataviado en gorra y sudadera. Reveló que había sido contactado por Yusef Bukele, uno de los tres hermanos y principales asesores del presidente Bukele. Habló de manera suelta sobre la economía salvadoreña: dijo que cerca del 70 % de la población no están incluidos en el sistema bancario, que estaban probando un sistema para enviar remesas gratis, que los intermediarios no tomaran “la maldita mitad del dinero” y que el Gobierno salvadoreño le había pedido ayuda para elaborar un proyecto de ley para convertir a bitcoin en curso legal. Una encuesta de 2016 del Banco Central de Reserva reveló que el 77 % de los salvadoreños no tiene una cuenta de ahorro y que solo el 61 % tiene al menos un producto entre cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, algún tipo de seguro y fondo de pensiones. Western Union, una empresa intermediaria para enviar remesas, dice que cobra hasta el 6 % de cada transferencia, aunque Bukele dijo en llamada con empresarios de bitcoin que la tarifa rondaba el 30 %.
El Gobierno contrató a Strike, la empresa de Jack Mallers, para que crearan una ‘billetera’ digital pública para bitcoin, una aplicación muy parecida a las de bancos privados en la que sus clientes pueden hacer transferencias, ver su estado de cuenta, y acceder a otros servicios. La diferencia, ya que bitcoin es totalmente digital, es que uno no podría ir a un cajero a sacar efectivo desde la billetera de bitcoin. Desde luego, se podrá usar otras billeteras dependiendo de la oferta en el país, pero el Gobierno ofrecerá la suya como respaldo.
El emocionado Mallers dijo que casi se orinó en los pantalones cuando lo contactaron del Gobierno y se quitó la sudadera para mostrar una camiseta de la selección salvadoreña de fútbol. Para el martes 8 de junio, la Ley Bitcoin, que el empresario estadounidense dice haber ayudado a elaborar, pasó por la Asamblea a un ritmo vertiginoso. Mientras eso ocurría en el primer órgano de Estado, los que más recibieron el cortejo personal y público del mandatario salvadoreño para promover el proyecto fueron inversionistas extranjeros. “Bitcoin tiene un valor de mercado de $680 mil millones”, publicó el presidente en Twitter el sábado tras el anuncio. “Si se invirtiera un uno por ciento de ese dinero en El Salvador, nuestro producto interno bruto aumentaría 25 %.”
Desde que Mallers apareció en pantalls el sábado 5 de junio, el despliegue de mercadeo y discurso en redes marca Bukele no ha parado. El presidente tuiteó en inglés sobre bitcoin decenas de veces.
Bukele se cambió la foto de perfil en Twitter por una donde tiene ojos que parecen tirar rayos láser, un guiño a la comunidad de criptomonedas. Decenas de sus funcionarios, incluido su ex secretario privado, Ernesto Castro, hoy presidente de la Asamblea, le imitaron.
Los titulares del mundo se llenaron de menciones de El Salvador y Bukele recuperó el control de la narrativa mediática sepultando otra noticia: el día anterior a la conferencia Bitcoin en Miami, se deshizo de una de sus principales apuestas de campaña al cortar la cooperación de su Gobierno con una comisión contra la impunidad, coordinada por la OEA, que investigaba la corrupción en su Gobierno durante el manejo de la pandemia.
Mientras la nueva ley pasaba por la Asamblea el martes, sin haber dado conferencia de prensa ni cadena nacional sobre el tema, apareció Bukele junto con su hermano Karim en un livestream en inglés en Twitter Spaces con empresarios criptomonederos, para vender su plan.
Nic Carter, un inversor de capital de riesgo, fue el anfitrión del Twitter Space al que se sumaron dos de los hermanos Bukele y al que llegaron a conectarse más de 20,000 personas. Los hablantes competían en abierto para lanzarle preguntas al presidente. Las preguntas y los detalles revelados en el space fueron más amplias y duraron más tiempo que la discusión de la comisión legislativa que tenía que evaluar la viabilidad de la ley.
“Estamos elaborando esta nueva ley que dará residencia permanente a cualquier persona que invierta tres bitcoins en El Salvador,' dijo Bukele en vivo. Lo aprobado el 9 de junio no dice nada sobre esa reforma migratoria. Para ese momento, un bitcoin valía $33,000. 'Innovadores, inversionistas, emprendedores, bitcoineros que quieran comprarse una casita de vacaciones o vivir a la orilla de la playa', complementó el presidente.
La aceitada maquinaria de comunicación y propaganda de Bukele posicionó el bitcoin en la agenda, en los medios oficiales, en los medios controlados por el Gobierno y en redes sociales. El diputado Rodrigo Ayala, economista, tuiteó: “Inclusión y libertad financiera. Balance deflacionario. Facilidad de transacciones (i.e. remesas). Inversión a largo plazo con apreciación exponencial”, enumerando las que según él son ventajas del bitcoin. El diputado Carlos Bruch fue más emotivo: “El #Bitcoin también es ecología, es humanidad, es respeto. Es progreso, es futuro. Es avance y es democracia”.
No hubo en los discursos, como tampoco hay en la ley, espacio para explicaciones didácticas sobre qué es el bitcoin, cuál será la diferencia de porcentajes de transacciones entre los agentes intermediarios actuales y los de la criptomoneda, cuál será el mecanismo de aplicación e implementación. Pero Nayib y Karim Bukele sí dieron más información sobre su propuesta a los inversionistas bitcoineros el martes en vivo por Twitter Spaces. Mientras el diputado Guillermo Gallegos decía en la Asamblea “aquí no se le va a obligar a nadie, el que quiera lo va a hacer y el que no quiera no lo va a realizar de esta manera”, Bukele dijo en el live: “Si vas a un McDonalds, no podrán decir ‘no aceptamos bitcoin’. Tienen que aceptarlo por ley. El bitcoin no va a aplicar en contabilidad, pero podrás pagar impuestos con bitcoin”.
Según el Gobierno hasta ahora, al consumidor no se le obligará a hacer pagos ni convertir sus ahorros en bitcoin, pero el comerciante sí tendrá que aceptarlo como moneda de cambio, como el dólar, sea banquero o vendedor de verduras.
El vendedor de verduras entonces tendrá la opción de convertir el bitcoin que recibe de sus clientes en dólares antes de transferir el dinero al banco —si es que tiene una cuenta— a través de un intercambio con el Gobierno, explicó el presidente en Twitter Spaces. “Tienen que aceptar bitcoin, pero no el riesgo, que pasará al Gobierno”, dijo. Si el valor en bitcoin, que regularmente varía un diez por ciento de un día para otro, cambia entre la venta de una minuta y el momento de mandar ese dinero al banco, Bukele dice que el Gobierno lo convertirá en dólares, si el comerciante pide el intercambio, según el valor del bitcoin cuando se compró la minuta, asumiendo cualquier pérdida o ganancia.
Para garantizar esas fluctuaciones, la ley crea un fideicomiso o fondo especial del nacional Banco de Desarrollo, Bandesal. “El punto del fideicomiso no es ganar dinero, sino apoyar la decisión de tener bitcoin como curso legal y que el fideicomiso sirva por años sin problemas”, explicó. “No involucra la Reserva Federal [de Estados Unidos] ni nuestro banco central. Es un fideicomiso con nuestro banco de desarrollo”. También dijo que el comerciante podrá intercambiar bitcoins por dólares u otras divisas en el mercado privado sin depender del intercambio gubernamental.
De nuevo, estas importantes explicaciones no se dieron frente a los diputados, ni en medios de comunicación nacionales y ni siquiera en español. Son detalles que únicamente se revelaron en la conversación con inversionistas extranjeros en Twitter.
“Cada día habrá una nueva idea”
Bitcoin es una moneda digital, privada y descentralizada, lo cual significa que ningún banco central controla cuánto de la criptomoneda está circulando, ni erradica falsificaciones, como cuando un banco o negocio rechaza un billete falso según criterios fijos por un banco central. El mundo de bitcoin es un circuito de las computadoras que lo compran y venden desde su creación en 2008. Por eso el fundador anónimo, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, creó un sistema anti-falsificación: la minería.
Toda venta y compra de bitcoin se apunta en un registro público compartido entre todos los servidores del mundo que manejan la criptomoneda. Ese registro público se conoce como “blockchain”. Cualquier computadora puede ofrecerse a validar las transacciones en el blockchain como no fraudulentas y, a cambio, recibirá una fracción pequeñísima de bitcoin por cada transacción validada. A este proceso de recibir fracciones minúsculas de la criptomoneda por el servicio de validación se le llama minería; el bitcoin se simboliza por una moneda de oro, pero no existe de manera física.
Y donde hay oro aparecen picos. En la última década ha florecido una industria de empresas cuyo plan de negocio es llenar almacenes de computadoras cuya única función es minar bitcoin, o formar parte de la cadena de suministro para ello. Si bien rinde buen dinero al fiel, es un proceso de alto consumo energético. La Universidad de Cambridge estima que la red global de bitcoin consume más de 105 terrawatts por hora, “aproximadamente lo que consumen anualmente países pequeños como Malasia o Suecia,” escribió el inversor Nic Carter en Harvard Business Review este mayo. Carter fue el anfitrión del espacio virtual donde realmente se explicó la ley salvadoreña.
En esa charla le preguntaron al presidente Bukele si el Gobierno había contemplado crear centros de minería en el país. “Jamás se me ocurrió, pero cada día habrá una nueva idea. Así que no habíamos contemplado la minería, pero podemos hacer algo para promoverlo, por supuesto”, dijo el presidente. “Los volcanes nos dan energía geotermal...también es 100 % limpio porque la energía del volcán vaporiza el agua y eso crea electricidad”.
El siguiente día, miércoles 9, Bukele anunció un nuevo proyecto. “He dado instrucciones al presidente de La Geo, nuestra empresa estatal de electricidad geotermal, para que haga un plan para ofrecer instalaciones para la minería de bitcoin con energía muy barata, 100% limpio, 100% renovable y con cero emisiones, de nuestros volcanes. ¡Esto va a evolucionar rápido!”, tuiteó en inglés.
Bukele soltó otra noticia en el Twitter Space: se reunirá este jueves 10 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), institución financiera internacional con la que su Gobierno está negociando un préstamo de $1,000 millones para reestructurar su deuda. En mayo, la deuda gubernamental superó el 90 % del valor del producto interno bruto anual. Dijo que en la mesa de discusión su objetivo será aplacar las preocupaciones del FMI sobre bitcoin. 'Traté de explicarles que esto es una enorme oportunidad para el país y un gran mensaje al mundo, pero que no va a cambiar nuestra macroeconomía”, relató.
La ley aprobada tiene 16 artículos que caben en dos páginas. Tampoco hubo espacio en la Comisión Financiera para escuchar a representantes de esas agencias, o a los bancos, o a economistas, o a nadie, en realidad. El diputado Rodrigo Ávila, de la oposición arenera, dijo que su partido no se oponía a la discusión de la Ley de Bitcoin, pero pidió que se escucharan opiniones de técnicos y expertos, y que no se aprobara de manera intempestiva. Nuevas Ideas, el partido de Bukele que controla las dos mayorías de la Asamblea, se negó. “Yo me di a la tarea de revisar la lista de los 'expertos' que siempre habían citado para dar su opinión y eran los mismos todo el tiempo. Entonces, ¿para qué los vamos a llamar si no conocen sobre este tema?', dijo el diputado oficialista William Soriano, de 29 años.
“Lo que se quiere aprobar en la Asamblea sobre el Bitcoin, tiene implicaciones demasiado severas para toda la población, como para aprobarse sin un debate y estudio serio y técnico”, dijo Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Renata Ávila, una abogada guatemalteca especializada en tecnología, escribió que “en vez de un enfoque visionario y experimental para probar alternativas (con pequeños pilotos y una evaluación independiente de riesgos), la ley de bitcoin salvadoreña es una imposición, imprudente, apresurada y desconectada del contexto social y económico del país”. Luego, agregó un comentario sobre la ley: “nunca había visto tanta incongruencia ideológica, jurídica, matemática y económica-monetaria en convergencia, en tres páginas”.
Un grupo de diez economistas salvadoreños firmaron una carta que cuestiona la promesa de venta de reducir el costo de las remesas. “Detrás del precio del bitcoin no hay acción gubernamental que pueda garantizar el valor en el tiempo de esta pseudo moneda y (...) las personas pueden recibir una remesa que puede perder su valor de un momento a otro”. También consideraron “lamentable y condenable que una decisión de tanta trascendencia sea tomada con tal ligereza, de espaldas a la población, sin discusión abierta, plural y el análisis riguroso suficiente”.
