La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está preparando una ley de extradiciones para regular el procedimiento que se sigue cuando la justicia de otro país pide la entrega de un salvadoreño con cuentas pendientes en esa nación. Hasta ahora, la CSJ ha resuelto esas solicitudes con base en leyes dispersas y el convenio bilateral que se tenga con cada país.
La preparación de la nueva ley llega en un contexto especial. Por un lado, la CSJ mantiene paralizada la extradición de Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue”, miembro de la Mara Salvatrucha 13 y cabecilla del programa de la costa este, en Estados Unidos. Y por el otro, también hay un funcionario de la administración Bukele con una solicitud de extradición vigente desde Guatemala: el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hananía.
El 8 de junio, el presidente de facto de la CSJ, el magistrado Óscar López Jeréz, aseguró, durante una sesión de corte plena, que promovería la creación de una comisión interinstitucional, en la que podrían participar otros magistrados de la Corte, para trabajar junto con más oficinas del Estado en la elaboración de un borrador de ley que luego se llevará a la Asamblea Legislativa.
“[El] magistrado Presidente refiere que se dan por recibido de las recomendaciones y que retomará desde la Presidencia la conformación de una Comisión que participe interinstitucionalmente en una propuesta, en la que puede participar incluso Magistrados de esta Corte”, se lee en el acta del 8 de junio.
Dos días después, el 10 de junio, en otra sesión de corte plena, cuatro magistrados expusieron razones por las cuales había que revocar un acuerdo tomado minutos antes para extraditar al pandillero Melgar Díaz a Estados Unidos, tal como lo reportó La Prensa Gráfica. Esos cuatro magistrados son de los que impuso la bancada de diputados de Nuevas Ideas el 1 de mayo, cuando destituyeron a los magistrados y al fiscal general de ese momento. Entre las razones que los magistrados Héctor Nahún Martínez, Luis Suárez y José Ángel Pérez Chacón brindaron para desestimar en el caso del pandillero, según publicaciones de Diario El Mundo y La Prensa Gráfica, estaban que había que fundamentar aun más la decisión de extradición y tomar en cuenta la “situación real” de El Salvador y las condiciones “que se pueden desencadenar” si en Estados Unidos se imponen penas carcelarias más graves que las que existen en la ley salvadoreña.
Sin embargo, esa es una consideración que ya establece la Constitución en el artículo 28. “En todo caso, sus estipulaciones (las de los tratados bilaterales con cada país) deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales que esta Constitución establece”, dice el artículo.
A pesar de que la orden de la CSJ para extraditar a Melgar Díaz se mantuvo en pie, la CSJ no siguió con el trámite de la extradición. La Prensa Gráfica reportó el 16 de julio que la corte plena no había vuelto a tocar el punto y que tampoco había firmado la resolución.
Melgar Díaz, según LPG, fue puesto en libertad en septiembre de 2020 después de permanecer en el penal de máxima seguridad, pero ese mismo día la Policía lo volvió a capturar porque unos meses antes, en mayo, un juzgado de Estados Unidos ya había girado una orden internacional de captura por diversos hechos delictivos ocurridos en aquel país. Estados Unidos pidió su extradición a El Salvador y así fue como se llegó al 10 de junio, cuando la CSJ denegó la extradición del pandillero.
En septiembre de 2020, El Faro publicó un reportaje que, basado en documentos oficiales de Centros Penales, demostraba que el actual Gobierno llevaba, hasta al menos esa fecha, más de un año negociando con la MS-13 la reducción de homicidios y apoyo electoral para las elecciones del pasado febrero, donde el partido Nuevas Ideas tuvo un contundente triunfo.
En el transcurso de todo el proceso vinculado a la posible extradición de Melgar Díaz, en la CSJ inició la discusión para que se apruebe la ley de extradición. Los magistrados comenzaron el debate el tema a raíz de una recomendación escrita que les había enviado el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, el 27 de abril anterior. “[U]na recomendación dirigida a este Pleno es que éste promueva una ley que proporcione la seguridad jurídica, actualidad y uniformidad al procedimiento de Extradición en nuestro país y que se informe de ello en los treinta días siguientes”, se lee en el acta de la corte plena en la que discutieron el punto.
En las siguientes sesiones de corte plena tampoco volvió a tocarse el tema, y fue hasta el 22 de julio pasado que el punto volvió como punto en agenda. Ese día, según el sitio web de la CSJ, la corte plena había puesto como primer punto de la sesión “el análisis jurídico sobre la extradición pasiva”. El acta de esa sesión aun no se ha publicado en el sitio web de la CSJ.
Ese mismo día, el 22 de julio, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Manes, habló de la relevancia que tiene la extradición de Melgar Díaz para la administración Biden: “Es muy importante para los Estados Unidos, hay un tratado con El Salvador para la extradición, y nosotros estamos esperando para el cumplimiento de eso. Hay personas importantes, como por ejemplo la persona que era la jefe de la MS-13 en el oeste de los Estados Unidos y estamos esperando que podamos traerlo por un caso que tenemos pendiente (...) Tenemos esperanza que en algún momento va a pasar, que estas personas van a enfrentar la justicia en los Estados Unidos”, dijo, en respuesta una pregunta de medios salvadoreños, durante la donación de un barco militar a la Fuerza Naval.
El Faro buscó una declaración del presidente de la CSJ el martes 27 de julio a través de una llamada telefónica con su asistente personal, a quien se le explicó el contenido de este artículo. Hasta el cierre de esta nota, el funcionario no había respondido.
A raíz de una reforma a la Constitución salvadoreña que se aprobó en julio 2000, que habilitó la extradición de salvadoreños al extranjero, Estados Unidos comenzó a solicitar salvadoreños en extradición, amparado también en el convenio bilateral vigente desde 1911. En 2010, ocurrió la primera extradición de un salvadoreño hacia ese país. Estados Unidos, en ese entonces, tenía un paquete de 14 solicitudes para que la misma cantidad de salvadoreños enfrentara justicia en ese país. Entre 2014 y 2015 se aprobaron cuatro extradiciones más, según un informe del Asocio para el Crecimiento, de septiembre de 2015. En 2016, El Salvador avaló la extradición de dos salvadoreños buscados por lavado de dinero, según un reporte gubernamental de ese año. Para 2019, otro reporte de ese mismo tipo indicaba que la CSJ había recibido siete solicitudes de extradición y había tramitado solo tres.
Para Sonia Rubio Padilla, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso en San Salvador (DPLF), la creación de una ley de extradiciones es de utilidad. “Sería útil porque dotaría el procedimiento de extradición de seguridad jurídica, es decir, establecería los parámetros, tiempos y formas en que se haga la extradición pasiva”, dijo a El Faro este miércoles 28. “Es importante, además, para evitar que la falta de normativa genere desequilibrios en unos casos frente a otros, es decir, que haya dobles estándares o, al menos, intentar que se reduzcan”, agregó.
Para Rubio, el contexto salvadoreño actual explica también la necesidad de que el Estado esté buscando una ley de extradiciones y hace una lectura del contexto: “Dicho de forma un poco burda: actualmente, el Gobierno tiene sus tentáculos en todo el aparato estatal, y sabemos que la mayoría, sino todas las instituciones, están alineados con él. El tema de extradición podría ser una piedra en el zapato; no solo por temas de extradición de líderes pandilleriles o de criminales de guerra, como ha pasado, también podría incluir a personas que actualmente están en poder, y puedan resultar de las listas que el gobierno estadounidense publique”.
Hace unas semanas, Estados Unidos desclasificó un listado de funcionarios del Triángulo Norte de los que, según ese país, hay suficientes pruebas de que han participado en actos de corrupción o en actos que socavan las democracias.
Un funcionario de Bukele también tiene orden de extradición
Otra caso vigente en este contexto nace de la recomendación que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) hizo a la CSJ en abril pasado, en el sentido de que regulara las extradiciones. La recomendación forma parte del expediente SS-0551-2019 en el que está relacionado el ministro de Gobernación de la administración Bukele, Juan Carlos Bidegain Hananía.
Ese expediente se había abierto en septiembre de 2019 a raíz de una denuncia interpuesta en la PDDH. La denuncia se originó porque la expareja de Bidegain solicitó a la PDDH acompañamiento, por temor a que el caso no avanzara, dado el cargo de funcionario público de Bidegain y su madre (ministra de Educación).
El caso por maltrato en Guatemala sigue activo, según una consulta que hizo El Faro en el sistema de Gestión Penal de la torre de tribunales en la capital guatemalteca. El expediente número 01186-2014-00387 está en el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal de la capital y lo investiga la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP). El miércoles 28 de abril de 2021, el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, también confirmó a este medio que el caso está activo. “Efectivamente, es un hecho que la orden de aprehensión está vigente en la Fiscalía de la Mujer”, confirmó Pantaleón. El 30 de abril, el vocero de la Policía Nacional Civil guatemalteca, Edwin Monroy, no precisó si Bidegain sería detenido si entra a Guatemala, pero confirmó que en el momento en el que intente ingresar “se establecería si tiene o no orden de aprehensión”.
Pese a la solicitud de extradición, Bidegain goza de plena libertad en El Salvador y ha ocupado diversos cargos en el Gobierno de Bukele. El último nombramiento fue el 5 de abril de 2021, como ministro de Gobernación. Casi un año antes, el 28 de mayo de 2020, la CSJ salvadoreña había decidido no extraditarlo. La Corte tomó esa decisión porque, según su criterio, es la Fiscalía salvadoreña —no la guatemalteca— la que debe investigar los posibles delitos ocurridos en El Salvador. Fuentes judiciales salvadoreñas con conocimiento de estas acusaciones contra Bidegain confirmaron a El Faro que la Fiscalía recibió el caso en mayo de 2020. La investigación no avanzó porque cuando estudiaron los hechos denunciados se dieron cuenta de que ya habían prescrito, de acuerdo a la legislación salvadoreña. El plazo para investigar el delito de maltrato infantil, según el Código Penal y el Procesal Penal, es de tres años.
El supuesto maltrato de Bidegain contra una de sus hijas comenzó a ocurrir el 31 de diciembre de 2011, cuando la menor tenía seis años, según un recuento de hechos que hizo la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, máximo tribunal de ese país, que también llegó a conocer el caso. “Él jaló a la menor desde el baño y la aventó sobre el sillón, en el hotel Radisson (ahora Crown Plaza, en El Salvador), intentando golpearla”, se lee en el documento, disponible en el sitio web del Organismo Judicial de Guatemala. Al día siguiente, el 1 de enero de 2012, supuestamente, Bidegain tuvo expresiones denigrantes contra la menor. El 20 de enero, cuando la familia había vuelto a Ciudad de Guatemala, presuntamente, le provocó un morete en un brazo al sujetarla. “La madre de la menor le reclamó la situación, escudando (Bidegain) su respuesta en que no había medido sus fuerzas”, se lee en el documento de la CC. La demanda fue interpuesta el 16 de febrero de 2012. Además de estos episodios, un documento de la PDH de Guatemala enumera ocho eventos más de violencia contra la menor y su madre, desde amenazas telefónicas hasta agresiones físicas.
El caso de maltrato contra su hija se abrió en Guatemala en 2014, dos años después de la denuncia. En ese momento, el MP de Guatemala consideró que se podía aplicar “un criterio de oportunidad” a Bidegain; es decir, que se podía llegar a un arreglo, y para ello Bidegain fue convocado a una audiencia “en reiteradas ocasiones'. Bidegain nunca se presentó y por eso el sistema de justicia decretó que estaba en condición de “rebeldía”, según se lee en el documento de la Corte.
El 26 de noviembre de 2014, la jueza cuarto del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal giró la orden de captura en Guatemala contra Bidegain. Tras confirmar que no estaba en Guatemala, libró también una solicitud para que Interpol emitiera la alerta roja para su búsqueda y captura en 2015. Bidegain no ha respondido a solicitudes de entrevista hechas por este periódico. Se le buscó en abril a través de sus asistentes para que brindara una reacción, pero hasta la fecha no ha respondido. Unos días después de tomar posesión del cargo de ministro, asistió a una radio donde le preguntaron al respecto: 'Esto no es nada más que una situación muy personal con mi expareja, de hace más de diez años, hubieron (sic) situaciones que se terminaron llevando a un tema jurídico, al final esto fue solventado por las autoridades salvadoreñas, tanto por la Fiscalía y la Corte Suprema, quienes rati... rectificaron que no hubo ningun delito. Esto es muy doloroso... no quiero que esto siga lastimando a las personas que amo. No tienen derecho a exponer de mi vida privada de esa manera, creo que no es justo, creo que es irreponsable', dijo.
*Con información de Gabriela Cáceres
