Estados Unidos dice tener evidencias de que al menos cuatro altos funcionarios y dos exministros del actual gobierno de El Salvador son responsables de actos de corrupción o están involucrados en ellos. Se trata del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; el director de Centros Penales, Osiris Luna; y los exministros de Seguridad y Agricultura Rogelio Rivas y Pablo Anliker.
Todos ellos son o han sido funcionarios de máxima confianza del presidente Nayib Bukele. El Faro y otros medios de comunicación salvadoreños ya habían denunciado, en el último año y medio, casos de tráfico de intereses, nepotismo o negociaciones ilícitas contra algunos de ellos.
Los nombres de los funcionarios aparecen en la sección salvadoreña de la Lista Engel, una enumeración de personas presuntamente vinculadas a corrupción, impunidad o debilitamiento de la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador dada a conocer hoy por el Departamento de Estado. En la lista aparecen también Walter Araujo, excandidato a diputado del partido Nuevas Ideas y vocero informal del oficialismo; los exdiputados Carlos Reyes (Arena) y Sigfrido Reyes (FMLN); el magistrado del Tribunal Supremo Electoral Guillermo Wellman; los empresarios Adolfo ‘Fito’ Salume y Enrique Rais; y el exalcalde de La Unión Ezequiel Milla, también del partido Arena pero cercano al gobierno de Bukele en los últimos meses.
En Guatemala, la lista señala al expresidente de la República Álvaro Colom y a los operadores legislativos Gustavo Alejos, Felipe Alejos y Alejandro Sinibaldi. En Honduras destaca el señalamiento contra el expresidente Pepe Lobo, a quien Estados Unidos acusa de haber recibido sobornos del grupo de narcotráfico “Los Cachiros”, y su esposa Rosa Elena Bonilla, condenada en Honduras a 58 años de cárcel por apropiación indebida de fondos públicos aunque posteriormente la sentencia fue anulada. También aparecen señalados 18 miembros o exmiembros del Congreso hondureño, la mayoría por casos de corrupción investigados por la ya desaparecida misión contra la impunidad de la OEA en ese país, la MACCIH. Del total de 21 funcionarios hondureños señalados, sólo seis habían aparecido en listas similares anteriores.
Es, en conjunto, un retrato demoledor de la alta clase política del norte de Centroamérica, en un momento en el que los retrocesos en la lucha contra la corrupción y la impunidad y los ataques a la institucionalidad democrática desde los congresos y poderes ejecutivos de la región están generando constantes condenas por parte de sociedad civil, organismos multilaterales y comunidad internacional.
“El mensaje que esta lista envía a la región es que si hay personas con participación connotada en actos de corrupción los gobiernos deberían evitar tenerlas en posiciones de responsabilidad”, dijo a El Faro una fuente del Departamento de Estado en Washington. “El propósito de la lista es tener impacto en la actuación de las personas. De hecho, uno de los impactos deseados es complicar la interacción de estas personas no solo con Estados Unidos sino con otros actores internacionales”.
Estados Unidos aplicará sanciones inmediatas a las personas incluidas en la Lista Engel: todas tienen desde este momento prohibida la entrada a territorio estadounidense, perderán sus visas y en algunos casos el Departamento del Tesoro evaluará la congelación de sus bienes en Estados Unidos y otras medidas contra sus intereses o los de sus familias, según la citada fuente, que está vinculada directamente a la política estadounidense hacia Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos y sus distintas agencias limitarán también su interacción y relación de trabajo con los funcionarios centroamericanos que aparecen en la lista.
La Embajada de Estados Unidos en San Salvador ha informado que en los últimos cinco años ha retirado más de 300 visas a ciudadanos salvadoreños por vínculos con corrupción, afiliación a pandillas y actividades criminales. La diferencia es que esas sanciones no fueron públicas. Que los nombres de la lista Engel sí lo sean consolida la dimensión política de las nuevas sanciones y de la estrategia estadounidense.
La fuente del Departamento de Estado consultada por El Faro asegura que la Lista Engel seguirá creciendo a lo largo de este año. “Es una lista incompleta, pero debe ser vista como una versión inicial. A medida que recibamos más información la utilizaremos. A la lista Engel se van a ir incorporando nombres con cierta regularidad”, asegura.
“La publicación de la Lista Engel es una herramienta para ayudar a los salvadoreños a construir un futuro próspero”, dijo la Encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, pocas horas después de la publicación de la lista. “Esta visión de prosperidad sólo es posible si combatimos la corrupción desde la raíz. La corrupción corroe la confianza pública, obstaculiza la gobernanza eficaz e impide la inversión y el desarrollo necesario para que los ciudadanos puedan prosperar”, dijo. “La lista Engel permite tomar acción inmediata contra actores que están abusando su poder para beneficio personal.”
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), considera que hay un “juego diplomático” que influye en las menciones y las ausencias del listado Engel. “Es lo que esperábamos. Es una lista integral en la que aparecen todos los partidos políticos y no hay manera de deslegitimarla en ese sentido”, dice. Sandoval dice que las expectativas de ver a funcionarios como el ministro de Salud, Francisco Alabí, o a los funcionarios involucrados en el golpe judicial del 1 de mayo deben ser comedidas y sopesadas. “Puede que haya más nombres, y es probable que aparezcan después, pero no es un directorio telefónico, sino que tiene el propósito de permitirle a los gobiernos actuar ahora”, afirma.
Adriana Beltrán, directora del programa de seguridad ciudadana de WOLA con diversas publicaciones sobre la lucha contra la corrupción en Centroamérica, valoró la lista como “un buen comienzo”. “En Guatemala, por ejemplo, la lista da un mensaje claro al incluir a miembros de la élite política, legisladores y exfuncionarios que forman parte de redes de corrupción y han buscado procurarse impunidad”, opinó.
Aplaudió que incluya también “a varios de sus operadores, como Ricardo Méndez Ruiz, Raúl Amilcar Falla o Moisés Galindo”, pertenecientes a la ONG Fundación Contra el Terrorismo y a los que Estados Unidos acusa de obstaculizar investigaciones contra militares y encubrir actos de intimidación contra Fiscales anticorrupción en Guatemala.
Golpe a la administración Bukele
l Departamento de Estado elaboró esta lista por orden del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, con apoyo tanto demócrata como republicano, y se trata de una medida de presión sobre tres gobiernos gravemente cuestionados por su encubrimiento de millonarios casos de corrupción y de los que Estados Unidos sospecha que mantienen vínculos o negociaciones con estructuras de crimen organizado. Desde la llegada de Joe Biden a la presidencia el pasado enero, Estados Unidos ha insistido en señalar la corrupción como un factor estructural que impulsa la migración centroamericana, y funcionarios de la Casa Blanca han repetido que combatirla será un eje central de su política hacia la región.
Es incierto en todo caso qué efecto real tendrá. A inicios de mayo se reveló una lista similar pero de menor alcance que ya incluía los nombres, entre otros, de la jefa de Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, y de su aliado legislativo Guillermo Gallegos. Bukele despreció en aquel momento los cuestionamientos y no tomó medida alguna para esclarecer las acusaciones o separar a su funcionaria, aunque las apariciones públicas y declaraciones en medios de Recinos se redujeron.
La lista Engel es la primera mención directa contra el secretario jurídico Conan Castro, miembro del círculo de máxima confianza de Nayib Bukele, solo detrás de los hermanos del presidente en acceso a él. Sobre Castro, el reporte dice que “socavó procesos o instituciones democráticas al ayudar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General” el pasado 1 de mayo.
En la misma categoría de ser responsables de acciones contra la institucionalidad democrática del país Estados Unidos sitúa al ministro Rolando Castro y a Walter Araujo. Al ministro Castro, la lista le acusa de obstruir investigaciones sobre corrupción y dice que “socavó los procesos o instituciones democráticas en un esfuerzo por dañar a sus oponentes políticos”. Es público que en octubre de 2020 el ministerio de Trabajo cerró las oficinas de la Corte de Cuentas donde trabajaban los auditores de 500 millones de dólares en gastos gubernamentales por la pandemia, con el argumento de que había insuficiente protección para los empleados ante posibles contagios de covid-19. Castro también fue desde su cargo un activo militante contra la reelección de Ernesto Muyshondt como exalcalde de San Salvador, durante la campaña que terminó dando la silla edilicia a Mario Durán, hasta ese momento ministro de Gobernación de Bukele.
De Araujo, el reporte recuerda que “convocó a la insurrección contra la Asamblea Legislativa (el 9 de febrero de 2020) y amenazó reiteradamente a candidatos políticos”. Araujo, que fue diputado y presidente del partido Arena y ahora es vocero informal del oficialismo y excandidato a diputado de Nuevas Ideas, quiso convocar a una protesta frente a la Asamblea una semana después de que el presidente Bukele militarizara el recinto y amenazara con disolver el Congreso aquel 9F.
Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele, ya apareció semanas atrás en la lista Torres, considerada un preámbulo de la lista Engel. “Ha participado en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”, dijo el documento de mayo. Ahora la lista Engel reitera esas acusaciones: dice que Recinos “hizo mal uso de fondos públicos para beneficio personal” y que “participó en un importante plan de blanqueo de capitales”.
En junio de 2020 El Faro reveló que el gobierno Bukele benefició a cuatro hermanos de Recinos, a tres con contrataciones y a una con un préstamo en un banco público, aunque el comité de créditos del banco advirtió sobre el conflicto de interés. A Recinos, exfuncionaria del FMLN, también la demandó civilmente una empresa de Alba Petróleos por una deuda de 227 mil dólares.
La gestión de Pablo Salvador Anliker en el Ministerio de Agricultura (MAG) es ya parte de una investigación de la Corte de Cuentas y de la Fiscalía General que encabezaba Raúl Melara, destituido el 1 de mayo por la Asamblea controlada por Nuevas Ideas. La lista dice que Anliker “malversó fondos públicos para su beneficio personal”.
De febrero a agosto de 2020, el MAG ejecutó $265 millones para compras y actividades relacionadas al programa de entrega de canastas de alimentos. En julio de 2020 el entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, admitió que Agricultura cambió, sin aval legislativo, el destino de fondos públicos asignados a rubros específicos. El presidente de la Corte de Cuentas reclamó la falta de colaboración de Agricultura en el proceso de auditoría a los millones de dólares adjudicados y ejecutados. Anliker compareció en diciembre de 2020 ante una comisión legislativa que investigó el uso de esos fondos.
Estos cuestionamientos contra Anliker no son ajenos a Bukele, que aceptó su renuncia el 6 de abril, aunque lo nombró viceministro de Agricultura en esa misma fecha. Estuvo menos de dos meses en ese puesto y fue removido el 28 de mayo.
El viceministro Osiris Luna, que antes fue diputado del partido Gana, fue uno de los primeros funcionarios cuestionados de la administración Bukele, tras la publicación de fotos suyas en un jet privado. El Faro reveló en febrero de 2020 que ese viaje fue pagado por una empresa mexicana experta en servicios de seguridad, algo que contraviene la ley de Ética Gubernamental. Pese a ello, sigue en el cargo. “Se ha involucrado en importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato”, dice de él la lista Engel. En agosto de 2020, Revista Factum publicó una investigación que denunciaba que Luna usó ilegalmente 8.5 millones de los fondos de las tiendas penitenciarias.
El exministro de Seguridad Rogelio Rivas también aparecía ya en la lista Torres. “(Está) involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos públicos para beneficio personal”, dice el documento revelado hoy. En julio de 2020 El Faro reveló que una empresa de la que Rivas había sido Ejecutivo ganó 212 contratos sin licitación con la entonces alcaldía de Bukele, mientras Rivas era su asesor de despacho. En abril de 2021, El Faro también reveló un informe de Inteligencia del Estado que acusaba a Rivas de usar fondos públicos para preparar su candidatura presidencial. Por ello, Bukele destituyó a Rivas como ministro el 26 de marzo de 2021, aunque no se abrió ninguna investigación contra él.
José Luis Merino, uno de los principales dirigentes del FMLN, cercano a la administración Bukele, es desde hace años blanco de las investigaciones estadounidenses. “Incurrió en corrupción a través de sobornos y participó en un plan de blanqueo de capitales”, dice ahora el Departamento de Estado. Merino dirigió Alba Petróleos y la Fiscalía salvadoreña abrió contra la empresa un caso por lavado de dinero en 2019, aunque nunca llegó a tribunales. Merino fue socio de Nayib Bukele en la fundación del canal de televisión TVX.
Estados Unidos también acusa a dos salvadoreños de cometer actos ilegales para facilitar la influencia de China en asuntos políticos y económicos de El Salvador. Del exalcalde arenero de la Unión Ezequiel Milla, el documento dice que “abusó de su autoridad a cambio de un beneficio personal” en la venta de la Isla Perico a agentes chinos. El Faro publicó en septiembre de 2018 que Milla actuó como un agente de bienes raíces en esa transacción. Por su parte, del magistrado Wellman Estados Unidos dice que permitió “la influencia maligna de China durante las elecciones salvadoreñas”, además de provocar “serias e innecesarias demoras en los preparativos electorales”. Según el documento, Wellman recibió a cambio “beneficio personal”.
Hay dos prófugos de la justicia salvadoreña en la lista. El empresario Enrique Rais, a quien Estados Unidos señala por sobornar a funcionarios, está acusado en tribunales por su rol en una trama de venta de justicia que tiene al exfiscal general, Luis Martínez, en prisión. Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa con el FMLN, también es prófugo de la justicia y está asilado en México. En El Salvador se le acusa de lavado de dinero, peculado y estafa.
Del diputado Carlos Reyes, de Arena el reporte dice que “obstruyó las investigaciones sobre corrupción al influir de manera inapropiada en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema”, aunque no especifica a qué elección se refiere. En 2015, El Faro publicó un reportaje sobre el aumento de la fortuna de Reyes, basado en sus declaraciones de probidad.
Por último, la lista Engel señala al empresario harinero Adolfo Salume por supuestamente “sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar el pago de una multa”. En 2016, como parte de la investigación de los Panama Papers, El Faro publicó una investigación sobre las maniobras de Salume para evitar el pago de miles de dólares en impuestos.
Pulso por el rumbo de Centroamérica
Estados Unidos es consciente de que la publicación de la lista Engel puede tensar aún más su ya difícil relación con las administraciones de Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y Juan Orlando Hernández. “Esperamos una reacción negativa de la clase política de los tres países”, afirma la fuente del Departamento de Estado. “A corto plazo complica las relaciones con el Triángulo Norte, pero a largo plazo deja claro a los gobiernos de la región que las acciones tienen consecuencias”.
La lista es uno más de los intentos de Estados Unidos por recuperar influencia en la región, mientras los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua parecen estar dispuestos a aislarse cada vez más de la comunidad internacional con tal de no ceder a las exigencias de mayor transparencia y respeto a los derechos civiles y la independencia de poderes.
“No estamos teniendo éxito en la labor de cambiar el rumbo (de la región)”, admite la fuente del departamento de Estado consultada por El Faro, en referencia al objetivo que fijó el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, en una entrevista con El Faro el pasado abril.
La más clara evidencia del actual fracaso de la comunidad internacional en su intento por presionar para reducir la impunidad y lograr mejoras democráticas en la región es el de Daniel Ortega en Nicaragua, que según fuentes en Washington “ayuda a los demás presidentes de la región con sus acciones”.
“Ni un paso atrás”, dijo Ortega el pasado miércoles 23 de junio en defensa de su cacería de opositores, que incluye ya a cinco precandidatos a la presidencia y una decena de políticos y periodistas encarcelados o acusados penalmente. Ese parece ser también la respuesta de los presidentes Giammattei y Bukele ante las críticas internacionales a sus ataques a la independencia judicial, que ha llegado a la cooptación de las cortes constitucionales de ambos países. “Nunca más volveremos al pasado”, respondió Bukele cuando Zúñiga propuso revertir el golpe legislativo del 1 de mayo. En respuesta, la agencia de cooperación USAID retiró apoyo a instituciones gubernamentales y lo redirigió a organizaciones de la sociedad civil.
En la misma dirección, solo dos días después de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, Néster Pimentel tomó posesión como magistrado constitucional pese a que la Fiscalía de su país le ha levantado cargos por interferir con la justicia en colusión con Gustavo Alejos, ex secretario presidencial. Alejos aparece en la lista Engel.
En El Salvador poco más de 24 horas antes de la publicación de la lista Engel, la madrugada del 30 de junio, la Asamblea controlada por Nayib Bukele eligió a cinco magistrados de la Corte Suprema, entre ellos un exempleado de Casa Presidencial. En un solo mes, los diputados del partido oficial han nombrado a 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema, aunque por ley cada legislatura sólo puede nombrar a cinco. A las cinco de la mañana de este 1 de julio, Bukele anunció una propuesta de aumento del 20 % del salario mínimo. El ministro de Trabajo Castro, que solo 15 días había anunciado que “no se estaba analizando el tema del salario mínimo”, convocó a una conferencia de prensa para las 12:30 de la tarde para hablar del aumento. Tras la publicación de la lista, a eso de las 9:30 hora salvadoreña, Castro canceló su comparecencia.
Al mismo tiempo que anuncia sanciones, Estados Unidos, está haciendo estas semanas un evidente esfuerzo por mostrarse como aliado de los centroamericanos y consolidar puentes de diálogo, en un ejercicio de funambulismo diplomático. La reciente visita de Harris a Guatemala fue presentada como una deferencia hacia el gobierno de ese país, y a finales de junio Estados Unidos anunció la donación de 1.5 millones de vacunas a Honduras. Una alta delegación de funcionarios, encabezada por Victoria Nuland, la número 3 del Departamento de Estado, se reunió en San Salvador con el presidente Bukele en la víspera de la publicación de la lista Engel. Durante esa visita Jean Manes, la Encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, resaltó en un tuit “el exitoso manejo de la pandemia” por parte de la administración Bukele.
La publicación del listado es parte de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos, publicada el 27 de diciembre de 2020. Se le conoce como “Lista de actores corruptos y antidemocráticos” o Lista Engel, siguiendo una tradición estadounidense de nominar las leyes tras los funcionarios que las promueven. Tiene el nombre de Eliot Engel, congresista demócrata durante 30 años hasta su retiro a inicios de 2021, líder del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y un apoyo para Bukele en los primeros meses de su gobierno. En 2019 Engel mocionó a favor de la continuidad de la ayuda económica a Centroamérica que el presidente Trump había decidido quitar, pero un año después reclamó a Bukele por sus ataques contra la democracia y medios independientes. En la ley aprobada, el congresista Engel pidió supeditar la entrega de asistencia económica a los países centroamericanos a la publicación de este listado y la elaboración de una estrategia de largo plazo para la región.
Dicha estrategia debió en teoría darse a conocer al mismo tiempo que la lista, pero fuentes en el Departamento de Estado y el Capitolio aseguran que tardará aún una o dos semanas en estar lista para su publicación.
