El exvicepresidente (2009-2014) y expresidente (2014-2019) de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien se nacionalizó nicaragüense la semana pasada, logrando evitar una orden de captura de El Salvador por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, recibió de la partida de gastos reservados un total de $849,581.27, dinero que fue depositado en dos cuentas del estatal Banco Hipotecario y que el político gastó a su discreción, según un peritaje contable-financiero a las cuentas bancarias de la partida de gastos reservados durante el primer gobierno del FMLN. El informe, elaborado por nueve expertos, fue entregado a un juez que investiga el caso de corrupción el 23 de diciembre de 2020.
El 28 de agosto de 2009, Sánchez Cerén abrió la cuenta 210240663 en el Banco Hipotecario llamada: Sánchez Cerén/Cta Vicepresidencia de la República. Ese mismo día, recibió un cheque por $25,000 girado desde una cuenta del mismo banco, que era manejada por Francisco Rodríguez Arteaga, el entonces jefe de la Unidad Financiera de Casa presidencial, condenado a tres años de prisión por anomalías en el manejo de la partida de gastos reservados durante el Gobierno de Antonio Saca (2004-2009) e investigado por la misma razón por su actuación durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014).
Entre el 28 de agosto de 2009 y el 12 de septiembre de 2012, desde una de las cuentas a cargo de Rodríguez Arteaga se giraron nueve cheques y se ordenaron diez traslados de fondos que suman $662,500 hacia la cuenta del entonces vicepresidente. Los detalles de estas operaciones financieras están consignados en una “auditoría forense contable-financiera-tributaria” que fue ordenada por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, la instancia que investiga al expresidente Funes por corrupción y lavado de dinero. El Faro tiene una copia del documento y analizó los 5,594 folios que revelan detalles del uso de la partida de gastos reservados durante el Gobierno de Funes.
Los peritos entregaron el documento al juzgado el 23 de diciembre de 2020. Siete meses después del informe, el 28 de julio de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Sánchez Cerén y a otros exfuncionarios del Gobierno por lavado de dinero y otros delitos relativos a la corrupción. El Juzgado Segundo de Paz confirmó la orden de captura de Cerén, pero la posibilidad de que comparezca ante un tribunal salvadoreño es remota porque dos días después (el 30 de julio) el Gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense a Sánchez Cerén y su familia.
Sánchez Cerén es el segundo expresidente salvadoreño en obtener la ciudadanía nicaragüense. Antes, el 30 de julio de 2019, el expresidente Funes obtuvo esa nacionalidad, bloqueando así cualquier posibilidad para ser extraditado a El Salvador.
La asistente y su cuenta bancaria
Sánchez Cerén recibió el primer cheque de la partida de gastos reservados el 26 de junio de 2009, por un monto de $1,588, dinero que se usó para abrir la cuenta corriente 00210240256 del Banco Hipotecario, registrada a nombre de Kelly Maribel Arévalo Rivera, la entonces asistente ejecutiva del vicepresidente.
Arévalo Rivera recibió en esa cuenta un total de $144,146.70 durante el Gobierno de Funes. Los cheques son por cantidades que van desde los $1,588 hasta los $19,219.34. En una declaración que rindió ante la Fiscalía el 27 de abril de 2018, Arévalo Rivera dijo que abrió la cuenta por órdenes de la Secretaría Privada de la Presidencia que, en ese momento, dirigía Francisco Cáceres. Aunque no mostró documentación para respaldar los gastos, la empleada dijo que los fondos se usaron para la compra de café, papelería, pago de parqueos, becas, sillas de rueda, planchas de cocina y “otras cosas que la gente pedía”.
Siete meses después de rendir su declaración en la Fiscalía, el 18 de noviembre de 2018, la entonces asistente personal del presidente Sánchez Cerén fue nombrada cónsul en Toronto, provincia de Ontario, en Canadá. La actual administración de Nayib Bukele la mantuvo en el cargo, pero desde el 21 de julio 2021, el Portal de Transparencia del Gobierno reporta que la cónsul en esa ciudad es Hazel Nohemy Hernández Torres. El Faro intentó contactar a Rivera Arévalo por medio de correo electrónico el 5 de agosto pasado, pero hasta el cierre de esta nota no había respondido.
Cuatro días después de abrir la cuenta en el Banco Hipotecario, el 30 de junio de 2009, Arévalo Rivera recibió otro cheque, el número 101, por $6,600. Al siguiente mes, en julio, la asistente de Sánchez Cerén recibió otros dos cheques por $28,800.
En su segundo mes como vicepresidente, Sánchez Cerén recibió otros dos cheques que no dejaron mayor rastro porque fueron cobrados en efectivo por empleados de Casa Presidencial. Eso sucedió, por ejemplo, con el cheque 128 y 203, por $5,134.18, dinero que fue cobrado en efectivo por Ramón Trujillo, un mensajero que vive en San Marcos. Este periódico intentó contactar al mensajero Trujillo, pero la llamada fue remitida a una contestadora: “La persona con la que quieres comunicarte no puede responderte en este momento”. En total, son 12 cheques los que fueron cobrados en efectivo por empleados de Casa Presidencial, y suman un monto de $42,934.51. Este dinero también salió de la cuenta de Rodríguez Arteaga.
Según la declaración de Arévalo Rivera, los cheques que ella recibía eran como “una caja chica” de la Vicepresidencia, que se utilizaba para pagar papelería oficial, el estacionamiento para personal que salía a hacer diligencias de esa oficina y para comprar azúcar, café. En su declaración, la asistente no explica por qué recibió dinero para comprar cosas que ya estaban en el presupuesto oficial de Casa Presidencial. Según el Ministerio de Hacienda, la Presidencia (a la que está adscrita la Vicepresidencia) tenía una partida para la compra de papel y cartón por un monto de 1.1 millones de dólares, entre 2009 y 2014. De ese total disponible, Casa Presidencial gastó $1,039,769. Es decir, del total proyectado para comprar papel sobraron un poco más de $147,000.
Los otros cheques mensuales por $25,000, dijo Arévalo Rivera, eran para gastos operativos de la Vicepresidencia, como entrega de sillas de ruedas, planchas de cocina, pago de médicos y compra de medicina para comunidades, así como becas para estudiantes universitarios. El Faro no ha logrado documentar quiénes son esos beneficiarios, y Arévalo Rivera nunca respaldó lo dicho con facturas o recibos durante la declaración que rindió en la Fiscalía, en abril de 2018.
El sobresueldo del vice
El 19 de enero de 2019, El Faro publicó los recibos originales de los sobresueldos que recibieron funcionarios del Gobierno de Funes. Uno de esos recibos era el del vicepresidente Sánchez Cerén, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Educación ad-honorem. El documento consignaba que Sánchez Cerén recibía un sobresueldo de $10,000 mensuales.
El recibo del 18 de enero de 2010 no tiene la firma del entonces vicepresidente. Sin embargo, al comparar la firma del recibo del sobresueldo con la declaración que Kelly Maribel Arévalo Rivera firmó en la Fiscalía, las firmas son similares.
La investigación que la Fiscalía presentó contra Sánchez Cerén la semana pasada confirma que el vicepresidente recibía un sobresueldo mensual de $10,000. En cinco años de gobierno, a Sánchez Cerén le correspondía el pago de $600,000, pero los fiscales solo han presentado ante un juez 53 recibos de sobresueldo para acusarlo por lavado de dinero de $530,000. Ninguno de esos recibos está firmado por el vicepresidente: “firmado en nombre de Salvador Sánchez Cerén”, consigna la acusación fiscal, sin detallar quién es la persona que firmó los recibos y que recibió el fajo de billetes en la Secretaría Privada de la Presidencia, a cargo de Cáceres.
Según los recibos que la Fiscalía ha presentado como prueba, el último sobresueldo del vicepresidente data del 20 de mayo de 2014 por un monto de $10,000, once días antes de juramentar como nuevo presidente de la República. “Recibió beneficios ilegales ya que en el sistema financiero tiene la cantidad de $848,622.06 de fuentes no justificadas”, sostiene la Fiscalía. El expresidente Sánchez Cerén no se ha pronunciado públicamente sobre la acusación en su contra ni sobre las razones para nacionalizarse nicaragüense. Algunos miembros de su partido, el FMLN, califican la acusación como una persecución política.
