El Gobierno del presidente Nayib Bukele sostuvo en 2020 negociaciones con las tres principales pandillas del país dentro de penales de máxima seguridad, con la finalidad de conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su histórico desplome. A cambio, las tres organizaciones –consideradas terroristas por la legislación salvadoreña–, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, han planteado una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.
Esta serie de negociaciones fueron documentadas por la Fiscalía General de la República a través de audios, fotografías, documentos y testimonios.
Los fiscales encargados de la investigación bautizaron el caso como Catedral, e incautaron documentos oficiales de Centros Penales luego de que este medio publicara, en septiembre de 2020, que el Gobierno llevaba un año negociando con la MS-13.
Hasta abril de 2021, la Fiscalía, dirigida por Raúl Melara, llevaba un proceso de investigación criminal contra varios funcionarios del Gobierno de Bukele. Durante meses, los fiscales intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos físicos, se incautaron de documentos, tomaron fotografías y entrevistaron testigos.
El sábado 1 de mayo de 2021, la nueva Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, removió ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general Melara. Desde ese día, la investigación llamada Catedral quedó en manos de Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por el bukelismo, quien con el paso de las semanas desmantelaría la unidad que consiguió los hallazgos.
El Grupo Especial Antimafia (GEA) no era una unidad fiscal como tal. En noviembre de 2019, el exfiscal Germán Arriaza seleccionó a cuatros fiscales de diferentes unidades para conformar un equipo e investigar las negociaciones entre políticos del FMLN y pandillas que ocurrieron previo a las elecciones de 2014. El exfiscal creó esa unidad amparándose en el artículo 24 de la Política de Persecución Penal de la Fiscalía, que lo faculta a crear equipos especiales con fiscales de diferentes unidades. Tras la publicación de septiembre de 2020 sobre las negociaciones entre el Gobierno de Bukele y la MS-13, el GEA también inició investigaciones al respecto, que arrojaron las evidencias que se muestran en este reportaje. De acuerdo con tres fuentes fiscales, el GEA fue eliminado después de que el exfiscal Arriaza renunciara a su cargo como jefe de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía.
Arriaza renunció a la Fiscalía el 7 de mayo, después del nombramiento de Delgado, quien ordenó moverlo de unidad, ante lo que Arriaza prefirió irse. El exfiscal no solo había conducido investigaciones vinculadas a negociaciones con pandillas, sino también relacionadas con compras irregulares durante la pandemia vinculadas con los ministerios de Salud y Agricultura.
El Faro consultó a Melara sobre la investigación y él respondió: “Prefiero no emitir comentarios”. También se le consultó a Arriaza, quien respondió: “No voy pronunciarme al respecto”.
Los fiscales del GEA habían bautizado el caso como Catedral, según pudo constatar El Faro gracias a documentos y testimonios de fiscales que conocieron las investigaciones.
El mismo día que los diputados oficialistas removieron al fiscal Melara y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, nombraron a nuevos funcionarios en esos cargos. Los nuevos magistrados tenían en sus manos la extradición de un líder de la M-13 al que el Gobierno de los Estados Unidos acusó de terrorismo en mayo de 2020. Su nombre es Armando Eliú Melgar Díaz, el 'Blue'. Desde que los funcionarios impuestos tomaron sus cargos, la extradición del Blue ha sido paralizada.
Primeros hallazgos
El 7 de septiembre de 2020, cuatro días después de la publicación de este medio, la Fiscalía allanó varias cárceles, así como las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Producto de esas investigaciones, los fiscales descubrieron que la operación para negociar con los pandilleros era mucho más abultada y compleja que lo que este periódico había conseguido demostrar: no solo incluía a la MS-13, sino además a las dos facciones del Barrio 18, cuyos líderes encarcelados también recibieron visitas de funcionarios públicos.
Los investigadores de Catedral descubrieron un mayor número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad, en las que Luna autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse. Tal como había publicado El Faro, los fiscales concluyeron que esos misteriosos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados.
La Fiscalía, además de las escuchas a pandilleros y otros visitantes enmascarados a los penales, consiguió libros de novedades y fotografías de esos eventos, en los que se muestra al director Luna guiando a una serie de hombres encapuchados, con lentes oscuros y guantes.
Consiguieron además hacerse con el teléfono de uno de los pandilleros de la MS-13 involucrado en la negociación, del que extrajeron mensajes de audio en los que la pandilla planifica el disfraz que usarán sus miembros para ingresar a la cárcel para negociar. En uno de los audios, de fecha 6 de agosto de 2020, un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar, y le asegura que los representantes del Gobierno están nerviosos: “… A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”.
Gracias a esos audios conocieron también el pliego de peticiones que las pandillas han hecho al Gobierno para mantener vigente el acuerdo: se trata de una lista de 20 puntos, muy parecidos a los que las pandillas plantearon en 2012 al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, cuando visitó el país para acuerpar el proceso de negociación con las pandillas que intentó el Gobierno efemelenista del ex presidente Mauricio Funes, conocido como La Tregua.
Los pandilleros pidieron al Gobierno de Bukele el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos, y de la persecución indiscriminada de los suyos “solo por estar tatuados”; pidieron financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros; visitas de sus familiares en las cárceles y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros aspectos.
La Fiscalía consiguió documentar también algo que el Gobierno se ha empeñado en negar: los miembros de pandillas distintas en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca fueron separados el 8 de agosto de 2020: el subdirector general, Carlos Aparicio, pasó nueve horas en esas instalaciones coordinando la separación de internos, de modo que cada celda albergara exclusivamente a miembros de una sola pandilla. El Gobierno montó un tour dentro de cárceles para algunos periodistas luego de la publicación de este medio en 2020, pero no incluyó Zacatecoluca, donde guardan prisión los principales líderes pandilleros.
La investigación presentada por este periódico el año pasado concluía que la negociación con la MS-13 estaba en manos de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, adscrita al Ministerio de Gobernación. La investigación de la Fiscalía confirma que Carlos Marroquín, director de esa entidad acompañó en varias ocasiones a los encapuchados y, aunque cubrió su rostro, fue identificado por algunos custodios de penales. Dennis Fernando Salinas Bermúdez, que fue subdirector de la misma unidad y ahora es diputado por San Salvador del partido Nuevas Ideas, aparece también señalado, pues uno de los vehículos en los que se ingresó a los penales de máxima seguridad estaba a su nombre, y los custodios lo identificaron como uno de los encapuchados y así lo plasmaron en el libro de novedades.
La Fiscalía agrega un nombre más a la lista revelada por El Faro: Víctor Manuel Martínez Santana, conocido como Scar, que se desempeñó como director de “Cultura Ciudadana” en la misma dirección. Scar fue capturado por la Policía en agosto de 2019 por haber efectuado disparos al aire en pleno bulevar de Los Héroes, mientras se conducía en un vehículo sin placas. Según la información recabada por los investigadores, él formó parte de las comitivas de encapuchados que ingresaban a conversar con líderes pandilleros en los penales de Zacatecoluca e Izalco Fase III. Actualmente, Martínez Santana es diputado suplente de la vicepresidenta del congreso, Suecy Callejas, también de Nuevas Ideas.
Otro de los hallazgos arrojados por Catedral es que el director de Centros Penales, Osiris Luna, intentó borrar los rastros de las reuniones de funcionarios con pandilleros y de los ingresos irregulares de personas encapuchadas a los centros de detención.
Apenas dos días después de la publicación de El Faro, personal de inteligencia penitenciaria, bajo órdenes explícitas de Luna, retiró 221 libros de novedades de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca y discos duros de computadoras de las fechas en las que había ingresado con encapuchados a Izalco Fase III
El Faro obtuvo parte del expediente de Catedral, en el que se consignan los hallazgos mencionados anteriormente, analizó fotografías, contrastó con los documentos de Centros Penales obtenidos anteriormente, consultó fuentes con conocimiento de las negociaciones y buscó la reacción oficial de los funcionarios de Gobierno mencionados.
A lo largo de este lunes 23 de agosto, El Faro llamó a las oficinas de prensa de distintas instancias públicas y del partido Nuevas Ideas. Desde la oficina de prensa de la Fiscalía contestaron que 'las investigaciones sobre las negociaciones con las pandillas siguen en curso'. En la oficina de prensa de Gobernación, donde se pidió una respuesta del director de Tejido Social, Marroquín, respondieron que le avisarían y que, si él quería responder, se comunicarían con este medio. La respuesta no llegó. Lo mismo ocurrió con la oficina de prensa de la fracción legislativa de NI y la oficina de prensa de la Asamblea: aseguraron que se comunicarían con los diputados Salinas y Santana y responderían en caso de que ellos quisieran agregar algo. La respuesta nunca llegó. El Faro llamó y dejó mensaje en el celular del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, pero no hubo respuesta. Tampoco la hubo de parte de la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, a quien se le marcó a su teléfono celular. Se llamó en reiteradas ocasiones y se dejó mensajes al jefe de prensa de Centros Penales, pero tampoco hubo respuesta.
Negociación también incluyó al Barrio 18
En los documentos obtenidos por este periódico el año pasado, ya se registraba una reunión de cuatro personas “sin identificar”, que fueron acompañadas por el director Luna a un encuentro con las caras más visibles del Barrio 18 Sureños: Carlos Alberto Rivas Barahona (Chino Tres Colas), Douglas Geovany Velásquez Navas (Payaso) y Carlos Ernesto Mojica Lechuga (Viejo Lyn). Los documentos consignan que la conversación ocurrió en la “sala #6” y duró una hora, pero no se revela la fecha del encuentro.
Los fiscales de Catedral obtuvieron más detalles: por ejemplo, el día 31 de marzo de 2020, un informe del subinspector José Walter Peñate Cruz, reportaba al director del penal de Zacatecoluca el ingreso de Luna con cinco personas enmascaradas. El oficio da cuenta de que los visitantes se presentaron al penal en dos vehículos: una camioneta Land Cruiser gris sin placas, asignada a Luna, y el vehículo placas P841-810, asignado a José Castaneda, a quien los fiscales identifican como miembro de la Policía Nacional Civil. Según el reporte, Luna permitió que los encapuchados ingresaran sin identificarse hasta “el área de control 2” y ahí se entrevistaron con ocho líderes pandilleros, representantes de las tres estructuras criminales. El informe de la Fiscalía contiene fotografías del momento en que los encapuchados van acompañados de Luna mientras recorren el penal.
A esa reunión asistieron los pandilleros Víctor García Cerón, “Duke”; Jeffrey Isaac Pérez López, “Xochil”; y Rubén Arnoldo Toledo Cea, “El Humilde”, tres de los líderes más visibles del Barrio 18 Revolucionarios durante La Tregua de 2012, y tres de los nombres con más autoridad en esa pandilla. Junto a ellos, estaba Erick Saúl Villalobos, “Pitoreta”, líder del Barrio 18 Sureños, que fue capturado el 31 de enero de 2020 y trasladado al penal de Zacatecoluca el 4 de febrero de ese año, acusado de delitos de extorsión, homicidio, tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas. La Policía lo perfiló como uno de los líderes nacionales de esa pandilla, cuyo centro de operaciones era el municipio de San Martín.
También acudieron a esa reunión cuatro líderes de la MS-13: Borromeo Enrique Henríquez, “Diablo de Hollywood”; Tiberio Ramírez Valladares, “Snyder de Pasadena”; dos de los pandilleros que conforman desde hace más de una década la Ranfla Nacional: la cúpula de dirección de la MS-13. Los acompañaban otros dos líderes de menor perfil: Elvis Enrique Mejía, “Sayco”, que fue capturado el 23 de enero de 2019 en Sonsonate, por la tenencia ilegal de un arma de fuego, y Daniel Jeremías Brizuela Soriano, “Kilo de City Paraísos”, que fue capturado el 21 de septiembre de 2019 en la colonia Distrito Italia, del municipio de Tonacatepeque. En su momento, este Gobierno señaló a Kilo como uno de los responsables de un súbito y breve aumento de asesinatos que tuvo lugar en aquellos días.
Los encapuchados entraron al penal a las 4:30 de la tarde y se retiraron a las 9:15 de la noche. En el encuentro solo participaron los encapuchados y los ocho líderes pandilleros. Tanto Luna como el director del penal permanecieron fuera de la reunión.
El 2 de abril, faltando cinco minutos para las 11 de la mañana, Luna se presentó en su Land Cruiser, acompañado del vehículo placas P844-233. De nuevo autorizó el ingreso de cuatro personas encapuchadas, sin que se identificaran y sin que fueran registradas. Las fotografías obtenidas por la Fiscalía muestran a Luna recorriendo distintos sectores del penal de Zacatecoluca con la delegación de enmascarados. Finalmente, les permitió reunirse a puertas cerradas con cinco líderes del Barrio 18 Revolucionarios y un representante de los sureños.
Nuevamente estuvieron presentes Xochil y Duke, acompañados de José Alberto Rivera Delgado, “Chino Bartolo”, que operaba en Quezaltepeque, municipio de La Libertad, y que había sido capturado con varias porciones de droga; Marcelino Antonio Guillén Molina, que fue capturado en junio de 2014 y a quién, ya preso, la Fiscalía responsabilizó de haber planificado el atentado contra la delegación policial de Quezaltepeque el 5 de abril de ese año, en el que resultó lesionado un policía. Guillén Molina fue uno de los líderes pandilleros que fueron trasladados desde Zacatecoluca a penales de menor rigor durante La Tregua de 2012. También estaba William Alexander Argueta Mejía, “Boxer”, líder de la clica que opera en la colonia Zacamil, del municipio de Mejicanos. Argueta Mejía fue condenado por estar detrás del asesinato del testigo criteriado “Jaguar”, mientras este estaba recluido en las bartolinas policiales de Los Planes de Renderos, en marzo de 2013. Según las autoridades, Boxer sobornó a agentes policiales para que le permitieran eliminar a “Jaguar”, un exmiembro de su pandilla que colaboraba en ese momento con la Fiscalía para desarticular la clica de Boxer.
El sexto pandillero presente en la reunión fue el único miembro de la facción Sureños en el encuentro. Su apodo es Bad Boy, es originario de Cojutepeque y fue condenado por homicidio simple. Su nombre es Víctor Manuel Figueroa León.
Esta visita quedó consignada en el informe que el inspector Isabel Martínez Sánchez dirigió al director del penal.
La Fiscalía también incautó teléfonos celulares a Elvis Enrique Mejía, alias Sayco, uno de los miembros de la MS-13 presentes en la reunión del 31 de marzo dentro del penal de Zacatecoluca. Esos aparatos contenían una enorme cantidad de información en fotografías, mensajes de texto y mensajes de voz que fueron posteriormente transcritos por los fiscales y cuyo contenido forma parte del informe en poder de El Faro.
“A ellos les preocupa el más mínimo error”
El teléfono de Sayco contenía un buen número de mensajes en distintos formatos, lo que apunta a que este pandillero está a cargo de las comunicaciones de la MS-13. Los fiscales que investigaban Catedral identificaron cada audio con un número de serie y todos se encuentran actualmente en poder del fiscal Delgado, impuesto por los diputados oficialistas en mayo.
En uno de los cuadros incluidos en Catedral, los investigadores han rotulado: “Gráfico ilustrativo de planificación de ingreso al interior de un centro penitenciario por parte de ranfleros de la Mara Salvatrucha y posibles empleados de centros penales”.
Es importante tener en cuenta que la investigación de este periódico probó que la MS-13 ha necesitado que los líderes que conforman la ranfla en libertad ingresen a las cárceles para comunicarse y recibir la aprobación de la ranfla en prisión, en particular de los líderes que se encuentran recluidos en Zacatecoluca y en Izalco Fase III. A veces, los pandilleros se refieren a las ranflas como “ruedas”.
El gráfico contiene la transcripción de una serie de mensajes. En la información en poder de El Faro no se detalla quiénes son las personas que envían los mensajes. Todos están identificados con un número correlativo que va desde el 1_4997092314573701322 hasta el 1_4997092314573701329.
Este intercambio de mensajes de voz extraído del teléfono de Sayco ocurrió el 6 de agosto de 2020, y este medio solo ha incluido signos de puntuación a fin de que sean comprensibles:
– El día de mañana pudiéramos platicar en persona para explicarte cómo es el mecanismo para el ingreso al hotel, porque nosotros vamos en caravana custodiados.
– El día de mañana llegaría con la ranfla para que nosotros nos coordinemos ya el día de mañana. Van cuatro carros con los guardaespaldas. Nosotros vamos como detectives. Para saber por dónde, yo te pasaría trayendo el día viernes.
– La cuestión de la vestimenta, va, y todos los preparativos. A mí, me hizo ver el chavo que usted me iba a proporcionar (se corta e inicia otro mensaje)
– … un pantaloncito, un jean, con unos zapatillos formales, botillas de ser posible, una chumpa, los navarones ellos los llevan, unas gafas que te tapen los ojos, lo que me… Hay un protocolo para ingresar ahí, te toman temperatura, a veces te hacen que te lavés las manos en la entrada y me están diciendo que andás tinta. Tenemos que pensar en todo eso.
– El tema de la vestimenta que yo he adquirido y algunos accesorios para hacerme pasar como, ahí, como que soy de la corporación, yo voy seguido, vos sabés que uno se aprende… Como yo voy constantemente, una vez al mes, allá, yo he adquirido una ropa así, pero que tu apariencia, nosotros que somos delincuentes por la vestimenta: uy, ese maje como que es jura, guachá cómo se viste, o algo tenemos que aparentar que somos juras.
– … Yo puedo buscar lo que es la vestimenta y todo, no hay falla, camisas manga larga, yo hasta junglas tengo, la onda está los navarone y los guantes y los lentes. Con la onda de la lágrima, ahí ya sería ver ya, sería como tipo maquillarme, lo que quiero guachar cómo es la manera, esto lo queremos hacer de la mejor manera.
(En el mismo teléfono, los fiscales encontraron una fotografía de un pandillero con una lágrima tatuada en el rabillo del ojo y otra donde el mismo pandillero muestra el efecto del maquillaje sobre ese tatuaje).
– Ahorita estaba en línea con los contactos y, sinceramente hermano, ellos me manifiestan lo mismo que acabo yo de transmitir al chavo, de que a ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error de la parte de ellos para que esto no fracase y no salga a la luz pública de que hay un entendimiento. Podemos conseguir guantes negros. ¿Cuál es el gran problema? De que a veces te quitan las botas, los zapatos, se te rompen los guantes y se te vaya a ver la tinta, ese es el otro temor de ellos, a veces hay movimientos de cuello y quedan a la vista. Ya le transmití al chavo esperando la última palabra que me diga, el objetivo es solidificar ustedes los temas como rueda con la rueda de allá dentro.
Un día después de esta conversación, el viernes 7 de agosto de 2020, a las 4:10 de la tarde, un agente penitenciario de la cárcel de máxima seguridad de Izalco Fase III, observó desde las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo, el ingreso del director Luna, junto a Marroquín y seis acompañantes más a los que les fue permitido no identificarse. Se retiraron a las 6:40 de esa misma tarde. El inspector Jairo Solís, escribió un informe sobre esa visita, en el que dejó constancia de que los encapuchados se reunieron con dos de los principales cabecillas del penal: Walter Oswaldo Gómez Villalobos, “Macaco de Stoner” y José Luis González, “Baby de City Paraísos”.
En otros mensajes de audio extraídos del celular de Sayco, los fiscales escucharon reclamos cuando en alguno de los territorios controlados por la MS-13 los homicidios comenzaban a despuntar:
En el audio 1_4956523449360056499, un pandillero envió el siguiente mensaje: “En el de octubre salieron más palmes (asesinatos) que el año pasado, vamos a perder las ondas que hemos ganado en las casas, ya aumentamos la onda de los muebles (muertos) y nos va a repercutir en las casas (cárceles).
En otro audio –el 1_4956523449360056511–, un pandillero dice: “La four (Zacatecoluca) le dio una palabra a Barbacoa (a este personaje a veces también le llaman Barbacha), y esa la estamos cumpliendo porque la misma línea jalamos de aquí a allá, carnal, todos unidos, ¿verdad? El sistema ya sabe que nosotros a cero”.
Las peticiones
Los investigadores del caso Catedral consiguieron obtener una wila elaborada por los líderes de la MS-13 en el penal de Zacatecoluca, e incluyeron fotografías originales en el documento que obtuvo este periódico. Como suelen ser las wilas, éste es un manuscrito, sobre papel de cuaderno, pero rotulado con una leyenda particular en este caso: “No son para nosotros, son peticiones para el sistema”.
Aunque las exigencias están numeradas del 1 al 20, son en realidad 19, puesto que los miembros de la MS-13 no se permiten a sí mismos escribir ni pronunciar el número 18. De los 19 puntos, 14 se refieren a la vida al interior de las cárceles y el resto son peticiones para mejorar la vida de los pandilleros en libertad y sus familias.
El primer punto es el traslado a otra cárcel que no sea Izalco Fase III de quienes ya tengan más de siete años seguidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca; piden también que se defina en la ley un tiempo máximo de permanencia en esta cárcel “sin importar el perfil” del reo; el traslado de los enfermos graves y los discapacitados que cumplen su sentencia ahí; que las celdas de los sectores especiales cinco y seis –cuya construcción financió el Gobierno de los Estados Unidos– se remodelen, así como los sectores de castigo de otros penales. En particular piden que se retiren las planchas metálicas que cubren las puertas y que se mejore la ventilación; que la estadía en los sectores cinco y seis de Zacatecoluca, en Izalco Fase III y en las celdas de castigo tenga un máximo de tres años; que las bartolinas policiales donde se guarda detención provisional, conocidas como “penalitos”, sean desmanteladas y que se construyan instalaciones de detención provisional con buenas condiciones y no “centros de tortura”, como los califican; que se mejoren los sistemas de salud, de alimentación y educación de las cárceles y que se apoye la creación de iglesias; que se “industrialicen” las cárceles, es decir, que se busquen empresas que empleen a los internos y que se creen posibilidades de formación técnica y universitaria; que se reestablezcan las visitas familiares y las visitas íntimas, que se permita el ingreso de ropa particular y que se reestablezca la libertad ambulatoria dentro de las cárceles, así como programas especializados de salud; que no se mezclen en las mismas celdas a pandilleros retirados; que se reestablezcan las dietas especiales para quienes padecen enfermedades crónicas y que las celdas de máxima seguridad sean solo para dos personas.
Piden también que recibir los beneficios a los que pueden optar los reos comunes al cumplir las dos terceras partes o la mitad de su condena, en particular piden ese beneficio para los reos miembros de pandillas que ya habían cumplido ese tiempo cuando se reformó la Ley Penitenciaria para excluirlos.
Luego hacen una serie de peticiones para mejorar la vida de sus miembros en libertad: piden que existan programas especiales de reinserción para pandilleros que recién salen de la cárcel y la creación de micro y pequeñas empresas para sus miembros, así como cooperativas. Exigen además becas de educación superior para sus hijos.
El tercer grupo de peticiones tiene que ver con limitar el ejercicio de la fuerza de la Policía y el Ejército: piden “que se tenga un cese al ataque de la Policía y la Fuerza Armada y unidades a nuestra gente en las calles”; que se creen “comisiones” que evalúen permanentemente el actuar de los aparatos de seguridad, así como de los custodios de centros penales, para evitar que comentan ilegalidades; que no se persiga a sus familias y que se depure a todo policía, militar, custodio o personal penitenciario que haya tomado parte de “torturas” a reos en las prisiones.
La wila termina literalmente así: “Por lo tanto, mediante exista la mano principal de Dios todopoderoso de que esto se cumpla y la buena voluntad de las partes e instituciones correspondientes de darle su cumplimiento y velar de nuestra parte nuestra voluntad y esfuerzo, estará en disposición de igual manera al llegar el momento y tener al alcance a futuro para que se reforme el artículo que en su momento expondremos. Atentamente (sic)”.
Retirar la evidencia
La información recogida por la Fiscalía no solo revela nuevas reuniones de los encapuchados con diferentes líderes pandilleros, sino también cómo reaccionó la Dirección General de Centros Penales (DGCP) luego de la publicación del 3 de septiembre de 2020, cuando El Faro reveló las negociaciones del actual Gobierno con la MS-13.
Según consigna el documento fiscal, el 5 de septiembre de 2020, dos días después de la publicación, Osiris Luna se presentó al penal de Zacatecoluca acompañado de “personal de informática de la DGCP”. Entraron a las 18:45 a “retirar discos duros de computadoras” y a “cambiar discos”. En esos discos no se encuentran solo los videos de las personas que salen y entran de los penales, sino que también se almacena información de otro tipo, como imágenes de wilas interceptadas que los pandilleros pretendían enviar a sus estructuras de calle.
El informe fiscal deja constancia de que ese ingreso de Luna se registró desde diferentes puntos de control del penal de máxima seguridad: “libro Entrega de consigna de jefe de servicio, página 54”, “Libro de novedades de jefe de servicio, páginas 165 y 166”, “Libro de novedades de Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), páginas 104 y 105”.
En los centros penales, cada cambio de turno se nombra como jefe de servicio a un agente penitenciario que queda como encargado del libro de consignas. En ese libro se detalla lo que ha quedado pendiente de hacer y lo que ocurrió durante el turno. En los penales de máxima seguridad, además del libro de consignas, el jefe de servicio debe llevar también un libro de novedades donde registre cualquier detalle, por cotidiano que sea, como la llegada de los alimentos. El COM, que controla las cámaras, lleva otro libro de novedades donde los custodios detallan todo lo acontecido en el turno, desde el desayuno de los internos hasta si el director Luna se presenta a retirar discos duros de las computadoras.
El secuestro de la evidencia que sustentaba la publicación continuó el día siguiente. Según la información fiscal, el 6 de septiembre de 2020, a las 10:45 de la mañana, el motorista de la DGCP, Óscar Burgos, y el empleado de la DGCP, Gilberto Flores, se presentaron en el penal de Zacatecoluca a bordo del carro con placa nacional N281611 “a retirar 221 libros de novedades de todas las posiciones operativas… En coordinación con el señor director y subdirector del centro penal y por instrucciones de Osiris Luna”.
Una vez más, el documento fiscal consigna que esa información quedó registrada en “el libro de entrega de consigna de jefe de servicio, página 54-55”, en “el libro de novedades Jefe de Servicio, página 167”, en “el libro de novedades Control Uno, página 86” y en “el libro de novedades de Caseta, página 115”.
“No se pueden llevar libros, ni tampoco agregar páginas. ¿Bajo qué razón? Si ese documento es una especie de control. Y la persona que lo hace está escondiendo una posible evidencia”, explicó un juez con conocimiento del manejo de cárceles que pidió anonimato para no ser separado de cualquier proceso futuro.
Cuando ese día los empleados de la DGCP llegaron a retirar 221 libros de novedades, los cuadernos mencionados en las líneas anteriores aún estaban en uso. Es decir, los custodios seguían anotando novedades en ellos. Eso explica que no hayan sido retirados y la Fiscalía los haya encontrado cuando, un día después, el 7 de agosto, allanó la DGCP y los penales de Zacatecoluca e Izalco, en busca de las pruebas que se habían revelado en la investigación periodística.
La Fiscalía allanó esas instalaciones cuatro días después de publicado el reportaje. Para ese entonces, Luna y sus empleados no solo habían retirado discos duros y cientos de libros de novedades, sino que habían dado un tour dentro de algunos penales a periodistas convocados por la DGCP, para demostrar que los internos de diferentes pandillas seguían reunidos en las mismas celdas.
En aquella publicación de 2020, este medio mostró un documento oficial del 8 de agosto de 2020, donde el director del penal de Zacatecoluca, Rogelio García, informaba a la DGCP que ese día había ingresado el subdirector de Centros Penales, Carlos Aparicio, y había ordenado vender a los internos “Pollo Campero, Campestre, pupusas, pizza y comida casera” en las tiendas institucionales. Luego, como consigna el oficio, Aparicio se dedicó a supervisar la reubicación de pandilleros, a fin de dejar en cada celda solo a miembros de la misma pandilla. Esa labor le llevó desde su ingreso a las 8:50 de la mañana hasta su retirada a las 5:17 de la tarde. Pero en la visita guiada para periodistas posterior a la publicación, la DGCP no incluyó Zacatecoluca.
Los 221 libros retirados por orden de Luna, al menos según la versión recogida por los fiscales, fueron llevados al Archivo General de la DGCP, ubicado en una casa de Los Planes de Renderos, y este medio desconoce si la Fiscalía finalmente logró encontrarlos.
El Faro consultó con una fuente que conoce los procedimientos de Centros Penales y que pidió anonimato por temor a represalias gubernamentales. Ante la pregunta de si es normal que el director llegue a retirar discos duros o libros de novedades, su respuesta fue tajante: “completamente anormal”.
En la investigación fiscal se consigna también que el 8 de agosto de 2020, casi un mes antes de la publicación de El Faro, Luna se presentó a Izalco Fase III junto a Óscar Díaz, jefe de la Unidad de Tecnología y Desarrollo Informático de la DGCP, y Roberto Suncín, jefe del Centro de Análisis de Información Penitenciaria de la DGCP (CAIP), “buscando información del sistema de cámaras, de fechas 11 de enero, 13 de mayo y 7 de agosto de 2020, descargaron videos de las cámaras y los intentaron copiar a un disco duro externo”. Ese informe se rindió en el memorando COM-035/2020 del 13 de agosto de 2020, suscrito por el jefe del Centro de Operaciones y Monitoreo, José Luis Rodríguez Flores, y dirigido al director del penal, Rafael Antonio Jiménez Ramos.
Las fechas de los videos que descargaron coinciden con la entrada de Luna junto a encapuchados al penal de Izalco Fase III durante 2020.
El 11 de enero de 2020, a las 12:44 del mediodía, tal como muestran las fotografías recogidas por la Fiscalía y publicadas en esta investigación, Luna entró a Izalco Fase III acompañado de cuatro encapuchados que no fueron registrados por los custodios.
El 13 de mayo de 2020, tal como El Faro publicó en su reportaje de septiembre de ese año, Luna entró a Izalco Fase III acompañado del “señor Marroquín” y ocho personas más. En los libros se dejó constancia de que “ingresaron por sus medios” y sin revelar sus identidades.
El 7 de agosto de 2020, como se consignó en el reportaje anterior, el agente de turno en el Centro de Operaciones y Monitoreo de Izalco Fase III, desde donde se controlan las cámaras de vigilancia, anotó: “Visita de la DGCP (Dirección General de Centros Penales) a las 16:10 horas. Se observa mediante cámara el ingreso del director general Osiris Luna, acompañado con el director (Carlos) Marroquín de Tejido Social, con 6 acompañantes más que no dieron identificación, en los vehículos placa P894-393, P844-339, P842-331 y el vehículo del director que no tiene placa. Retirándose a las 18:40 horas”. Tres de los presos que dan información a Centros Penales aseguraron, como quedó plasmado en oficios que también se publicaron, que ese día la comitiva entró a reunirse con dos de los principales cabecillas del penal.
En las semanas previas a la publicación de septiembre de 2020, los periodistas de este medio que realizaron la investigación registraron seguimientos y vigilancia en sus casas. En varias ocasiones se trataba de carros sin placas, polarizados y con dos tripulantes dentro, como se ha hecho del conocimiento de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República de El Salvador.
Todo apunta a que el Gobierno sabía que este medio investigaba las negociaciones con los pandilleros. Tanto así que, el 1 de septiembre, dos días antes de la publicación, y previo a que los periodistas llamaran a cualquier fuente de Gobierno para pedir sus explicaciones, el presidente Bukele tuiteó a las 11:16 de la noche: “De seguro los del ‘periodismo incómodo’ estarán preparando alguna cortina de humo, para sacar del fango a una de sus plumas pagadas. Hoy no duermen, dándole a las teclas. Que feo ha de ser autodenominarte periodista y acusar a los demás por dinero. Siendo una basura (sic)”.
El 3 de septiembre, horas antes de la publicación que mostró decenas de documentos oficiales de Centros Penales, Bukele continuó con su narrativa y a las 3:39 de la tarde tuiteó otra vez: “Los ‘periodistas incómodos’ están muy callados con las acusaciones a Héctor Silva. ¿Apostamos que preparan una cortina de humo? Por cierto, las cortinas de humo se reconocen porque nunca van acompañadas de videos, fotos, audios o acusaciones formales, solo son ‘dicen’ o papel”. En esta investigación, la Fiscalía consiguió varias fotos de los encapuchados y también audios donde planificaban esas entradas.
La noche de la publicación, el presidente publicó 16 tuits más negando la veracidad de la publicación. Mientras tanto, en los días siguientes, los empleados de Centros Penales siguieron retirando la evidencia de los penales de máxima seguridad.
En la información recogida por la Fiscalía queda registro de que a las 12:40 del mediodía del 6 de septiembre, tres días después de la publicación, los empleados del CAIP, Rodolfo Campos y Douglas Grande, junto con el informático de la DGCP, Óscar Díaz, llegaron a Izalco Fase III “ingresando al COM Central (Centro de Operaciones y Monitoreo) a verificar cámara y retirar CPU con número de inventario 11.3.04.1.18.918, retirándose en el vehículo particular placas 844-040”. Todo quedó registrado en los libros de novedades de la Comandancia de Guardia y el libro de novedades del COM. Fue el mismo día en el que, por la mañana y según el documento fiscal, se habían llevado también los 221 libros de novedades de Zacatecoluca.
Más encapuchados, más pandilleros, más visitas
La información obtenida por la Fiscalía que se presenta en este artículo encaja como nuevas piezas de rompecabezas con la que se publicó en el reportaje de septiembre de 2020. En aquella ocasión, producto del análisis de 108 páginas de libros de novedades de Centros Penitenciarios, se logró establecer que, entre el 18 de octubre de 2019, cuatro meses después de la toma de posesión de Bukele, y el 7 de agosto de 2020, al menos un pandillero y distintos funcionarios públicos encabezados por Carlos Marroquín y con la anuencia de Luna entraron en 12 ocasiones a las cárceles de Zacatecoluca e Izalco Fase III a reunirse con líderes de la MS-13.
La Fiscalía inició sus investigaciones el 7 de septiembre y en ellas, a pesar de lo realizado por Luna, logró identificar varios ingresos más de encapuchados a estos penales que este periódico no logró obtener en el pasado.
Por ejemplo, gracias a esta nueva información, es posible documentar que hubo un ingreso de Marroquín y los encapuchados previo al registrado anteriormente por El Faro. El 5 de julio de 2019, según se muestra en cuatro fotografías en poder de la Fiscalía, tres encapuchados ingresaron al penal de Zacatecoluca acompañados de Luna. En la presentación, al lado de las imágenes se lee: “Encapuchados, supuestamente agentes del OIE, a quienes posteriormente (el testigo) identifica como Carlos Amílcar Marroquín Chica y Víctor Manuel Martínez Santana, alias Scar”. Las imágenes son del área que está justo antes de entrar a los sectores, al lado de la clínica y las salas de audiencia, y en el margen superior muestran la fecha: y hora de la filmación. Por ejemplo: “05-07-2019 Vie 13:49:16”. Abajo, dejan registro de qué cámara captó la imagen. Por ejemplo: “Ctrl. 2” (Control 2).
Este ingreso, el primero del que hay evidencia hasta ahora, ocurrió apenas un mes y cuatro días después de que Bukele fuera juramentado como presidente de la República.
La siguiente imagen de Luna con encapuchados aparece en el documento fiscal fechada el sábado 11 de enero de 2020. Para ese entonces, según la información publicada por este medio, Luna ya había ingresado dos veces a Zacatecoluca, siempre con tres encapuchados que no pasaron revisión. En las imágenes del 11 de enero, Luna aparece con cuatro encapuchados a punto de ingresar y luego, con radio en mano, caminando al lado con uno de los encapuchados por el pasillo sur de Izalco Fase III. Atrás se puede ver a los demás encapuchados siguiéndolos. De nuevo, las cámaras dejan registro de la hora y fecha: la primera es de las 12:44 minutos; la segunda, apenas minutos más tarde, a las 12:49.
Todos estos movimientos han ocurrido de espaldas a los juzgados de vigilancia penitenciaria. Prueba de ello es que el Juzgado de Vigilancia de San Vicente, a cargo del penal de Zacatecoluca, solicitó a Centros Penales que notificara cuántos reos estaban contagiados de Covid-19, en mayo de 2020. Centros Penales no envió la respuesta y, ante la negativa, el entonces titular del juzgado decidió suspender todas las visitas de inspección, que la ley establece deben realizarse una vez al mes, para evitar contagios. En aquel momento las visitas estaban suspendidas, pero de igual forma este periódico ha logrado documentar que en el año de la pandemia, posterior al 20 de mayo, nueve encapuchados ingresaron en dos visitas al penal de Zacatecoluca sin ser revisados.
Este periódico buscó al juez que estaba a cargo del penal de Zacatecoluca, pero no hubo respuesta. El Faro, a través de la unidad de prensa, solicitó también una entrevista con el juez de vigilancia de Sonsonate, a cargo del penal de Izalco, y hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.
Para entender cuál es el rol del juez de vigilancia, El Faro habló con cuatro jueces expertos en el tema penal, quienes pidieron hablar bajo anonimato para evitar ser separados de conocer un caso por las opiniones vertidas. Todos coinciden en que al juez de vigilancia le corresponde velar para que se cumplan los derechos fundamentales de los reos o registrar traslados, pero también recibir información si algún empleado o privado de libertad observa una anomalía al interior del recinto, para poder certificar a Fiscalía. Las fuentes judiciales tachan de ilegal que los encargados de los libros de novedades no pidan identificación y la causa de la visita.
“Todo aquel que ingresa a una cárcel no puede ser incógnito, ni anónimo, y debe estar reflejado en el libro de novedades. Sobretodo porque se trata de un centro de máxima seguridad”, explicó uno de los juzgadores.
Alguna de la información recogida por la Fiscalía no revela ingresos nuevos, pero aporta detalles y fotografías a ingresos que este medio ya había publicado.
En la publicación anterior se consignó que el entonces subdirector de Tejido Social, y ahora diputado por San Salvador de Nuevas Ideas, Dennis Fernando Salinas Bermúdez, aparecía en los libros de novedades el 10 de febrero de 2020, ingresando al penal de Zacatecoluca a las 8:45 de la mañana. A pesar de que entró enmascarado junto a otra persona, se infiere que el custodio lo reconoció, pues escribió su nombre y cargo en el reporte, aunque también consignó que no quisieron identificarse. La nueva información recogida por la Fiscalía agrega tres fotografías de ese mismo día, las tres tomadas entre las 8:55 y 10:00 de la mañana, las horas en que los encapuchados estuvieron en el penal. En la primera, aparecen Osiris y los encapuchados caminando hacia la sala de audiencias. En la segunda, los ranfleros de la MS-13 Borromeo Enríquez y Edwin Cedillos, conocidos como Diablo y Renuente, salen del Módulo 2 y, en la última, una camioneta gris sin placas y un pick up blanco salen del penal, con los visitantes abordo.
En la información nueva hay también tres fotografías más de Luna caminando hacia la comandancia de guardia del penal de máxima seguridad con cuatro encapuchados, a la 1:24 de la tarde del 4 de marzo de 2020. En otra página del informe fiscal se consigna que, en un reporte escrito ese mismo día por el inspector Isabel Martínez Sánchez, de Zacatecoluca, y dirigido al director de ese penal, el inspector reportó que una de las personas era Marroquín, y que los otros tres encapuchados no pudieron ser identificados. Todos, escribió Sánchez, dijeron ir a entrevista con Diablo.
La información en poder de la Fiscalía permite identificar un cuarto ingreso de encapuchados a Zacatecoluca, a parte de los tres que ya se habían publicado. Ocurrió el 31 de marzo de 2020 a las 5:01 de la tarde. Luna camina dentro del penal junto a un hombre que sostiene un radio y lleva mascarilla. Atrás de ellos, cuatro personas portando gorro pasamontaña, lentes oscuros y guantes. Se consigna que iban a “reunirse con un grupo de privados de libertad”. La imagen corresponde al final del pasillo del sector 6, el de máxima seguridad dentro del penal, donde se encuentran los principales líderes de las pandillas.
La información recabada por la administración fiscal anterior explica que algunos pandilleros que ingresaron estaban tatuados del rostro y de las manos, por eso el uso de guantes y lentes oscuros en algunos casos, además de los pasamontañas para ocultar la identidad.
Este último ingreso es particular, es en el que la Fiscalía ubica una reunión con ocho pandilleros, líderes de la MS-13 y del Barrio 18 Revolucionarios.
También se deja constancia de dos ingresos más en abril. El día 1, se consigna que Luna entró a Zacatecoluca en su “Land Cruiser sin placas, acompañado por una persona que no presento documento de identificación y no quiso proporcionar ningún nombre. Atrás venía otro vehículo de placas P844-339, con tres tripulantes que solo se identificaron como Mariachi, Centinela y Selva y atrás un vehículo de placas nacionales N7689 con personal de la DGCP, llevando este último “30 paquetes para los privados de libertad que se entregaron por orden de Osiris Luna sin la revisión de seguridad”, como consigna el reporte rendido por el subinspector José Walter Peñate Cruz al director de Zacatecoluca ese mismo día.
El 2 de abril, Luna volvió en su Land Cruiser sin placas seguido del vehículo P844-233 del que bajaron “cuatro personas no identificadas y con gorros navarone”, según el informe rendido ese día por el inspector Isabel Martínez Sánchez al director de la cárcel de Zacatecoluca. Esta información se complementa con una fotografía de Luna dentro del comedor del sector 6, tercera planta, de Zacatecoluca, a las 11:14 de la mañana. Luna y los encapuchados observan a un grupo de 28 privados de libertad sentados en las mesas de cemento.
Ese día, según el informe de Centros Penitenciario recogido por la Fiscalía, los encapuchados se reunieron con seis miembros de la ranfla del Barrio 18 Revolucionarios, a quienes les llevaron juegos de dominó, ajedrez y biblias.
El 28 de julio de 2020 la nueva información deja registro de otro ingreso a Zacatecoluca, documentado en el informe que el subinspector Juan Carlos Figueroa Fuentes rindió ese mismo día al subinspector Fredy Leonel Cerón. Osiris y el subdirector Aparicio ingresan de nuevo con encapuchados que solo se identifican como “Enríquez, Alfaro, Hernández y Duarte”, que llegan a entrevistar a tres pandilleros. Dos de ellos son recurrentes en la información publicada: Diablo y Tiberio. El tercero aparece por primera vez: se trata de Jonathan Jefferson Escamilla Gómez, a quien este medio identificó en sentencias judiciales como Bandido de la clica Iberias Locos, de la MS-13. Es la misma clica a la que pertenece White, el pandillero que, según registros de inteligencia penitenciaria, ingresó varias veces en 2020 junto con Marroquín a los penales de máxima seguridad usando pasamontaña, el mismo que estuvo en la reunión de la Pizza Hut del 21 de diciembre de 2015, con el ahora alcalde capitalino de Nuevas Ideas, Mario Durán, Marroquín y otro pandillero conocido como Renuente, líder de la clica Abriles Danger Locos de la MS-13.
Un día después, 29 de julio de 2020 a las 11:35 de la mañana, según consta en “las páginas 107 y 108 del libro de novedades”, Luna, Aparicio y cinco encapuchados más ingresaron de nuevo al penal de Zacatecoluca. La información recogida por la Fiscalía explica que llegaron a supervisar los programas que se desarrollaban dentro del penal. Una de las peticiones que los pandilleros presos introdujeron en la discusión con los personeros del Gobierno fue justamente que se intensificaran los programas dentro de los penales.
Este es el último ingreso de encapuchados según esta nueva información. En el reportaje publicado en 2020, la última entrada documentada estaba fechada el 7 de agosto de 2020 en Izalco Fase III, e incluía a Luna, Marroquín y seis acompañantes que no se identificaron.
