Este jueves 4 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió conceder medidas cautelares a favor de todo el personal de El Faro y ordenó al Estado salvadoreño a que adopte 'medidas para preservar la vida y la integridad' de los 34 miembros del periódico. 'La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el presente asunto reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad', dice el documento. En consecuencia, la Comisión también pide al Estado salvadoreño a que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar hostigamientos amenazas, intimidaciones, estigmatización de distintas personas de este medio.
La petición ante la CIDH fue interpuesta por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) el 6 de noviembre del año pasado. Las medidas cautelares buscan que los miembros de la redacción 'puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio a la libertad de expresión sin ser objeto de intimidación, amenazas y hostigamiento'.
La Comisión determinó que los derechos de los miembros de El Faro están en una situación de gravedad, porque las amenazas están relacionadas al ejercicio de su labor de informar. 'Al momento de valorar dicha gravedad, la Comisión ha tomado en cuenta que tales presuntos hostigamientos, intimidaciones, amenazas y estigmatización estarían estrechamente relacionados con el ejercicio de su libertad de expresión en cuestiones de interés público para su país', dice la resolución.
Como reflejo de la seriedad de los eventos que enfrentan los integrantes de dicho medio digital en El Salvador, la resolución detalla los mensajes con amenazas de agresión o de muerte recibidos a través de redes sociales o de terceras personas: “meterte 3 tiros en la cabeza” (mayo de 2020), prender fuego a la sede del periódico (septiembre de 2020), o la colocación de “un coche bomba” contra los periodistas De “El Faro” (septiembre de 2020), “el otro año los desaparecemos” (diciembre de 2020), “cuando menos se lo esperen pum!!” (diciembre de 2020), entre otros.
También enumera mensajes descalificativos recibidos por diversos medios: “basura”, “delincuentes”, “traficantes”, “mafioso”, “cloaca de periodismo vendido”, “corruptos”, “violadores” y “violines”.
La denuncia también es por la publicación de datos familiares de algunos periodistas y el seguimiento en las oficinas de “El Faro” por determinados periodos de tiempo, presuntamente por el Organismo de Inteligencia del Estado (julio de 2020). La CIDH recibió información del seguimiento del desplazamiento de un periodista de parte de un vehículo no identificado (septiembre de 2020) y la grabación en video de la casa de un periodista (septiembre de 2020).
Desde que tomó posesión el presidente Nayib Bukele, El Faro ha enfrentado bloqueos a conferencias de prensa; amenazas de instituciones de Gobierno que han dificultado el trabajo periodístico de fiscalización y rendición de cuentas; campañas de desprestigio a través de artículos anónimos publicados en medios de comunicación bajo tutela del Estado; estigmatización y acoso en las conferencias de prensa; seguimientos a periodistas y auditorías a la contabilidad del periódico que exceden lo tributario.
El 6 de septiembre de 2019, Presidencia de la República prohibió el ingreso a periodistas de El Faro y de Revista Factum a un evento público en el que iba a ser presentada la principal apuesta del Gobierno para garantizar transparencia y combate a la corrupción. 'El día que el Presidente de El Salvador @nayibbukele presenta comisión para investigar corrupción con @OEA_oficial Casa Presidencial impide acceso de @_ElFaro_, uno de los principales medios de investigación. Gobiernos deberían ser neutrales frente a línea editorial de los medios', escribió desde su cuenta oficial en Twitter en aquel momento el entonces relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
El 10 de septiembre, un grupo de Congresistas y Senadores demócratas liderados por Elliot L. Engel enviaron una carta a Bukele en la que expresaban su preocupación “por la creciente hostilidad de su Gobierno hacia los medios de comunicación independientes y de investigación” y fueron enfáticos en condenar el hostigamiento del Gobierno a El Faro. “Su gobierno ha atacado su credibilidad a través de artículos anónimos en los medios administrados por el gobierno. Además, estamos extremadamente preocupados por la agresiva auditoría de las finanzas de El Faro por parte de su Ministerio de Finanzas, que parece ser un esfuerzo por intimidarlos”, añade la misiva.
El 23 de septiembre, 6 congresistas republicanos expresaron su preocupación, a través de una carta, por 'lo que parece ser un lento pero firme alejamiento del Estado de derecho y de las normas democráticas por las que nuestro continente ha peleado enérgicamente”, dice la misiva. Un día después, el 24 de septiembre, el presidente Bukele anunció en cadena nacional que Hacienda investigaba por evasión de impuestos y lavado de dinero a El Faro. 'Ahorita tienen una investigación por lavado de dinero, seria”, dijo. “Y pues el ministerio de Hacienda les está pidiendo los documentos, como se los pide a cualquier empresa”, dijo Bukele.
La resolución de la CIDH fue respaldada por el presidente, Joel Hernández García; la primera vice-presidenta Antonia Urrejola Noguera; la segunda vice-presidenta Flávia Piovesan y por los integrantes Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Edgar Stuardo Ralón Orellana y Julissa Mantilla Falcón. Le han pedido al Gobierno de El Salvador que en 15 días (hasta el 19 de febrero) informe sobre la adopción de medidas cautelares.
