“Este mensaje va para [un] policía bajador y tumbador de cosas”. Así empieza un vídeo cuya versión parcial circuló el 7 de septiembre en redes sociales. Lo grabó un sujeto con el rostro cubierto por un gorro pasamontañas, quien se presenta como miembro de un cártel mexicano, y acusa (identificando con sus nombres) a un agente, dos oficiales y un inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala de robarle, según se infiere, un cargamento de droga entre Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas, municipios de Alta Verapaz, 321 kilómetros al norte de la capital de Guatemala, cerca de la frontera con México.
“El 12 de mayo se robaron unas cosas del patrón”, continúa el sujeto, con acento mexicano, rodeado de otros tres hombres, también con el rostro cubierto y empuñando fusiles de asalto. “Ya vamos por ustedes (…); tienen 24 horas para devolver las cosas, o si no se los va a cargar su puta madre; hasta sus hijos vamos a matar (…). Es la última oportunidad que te damos (…). No venimos jugando. Ya limpiamos La Mesilla [frontera en Huehuetenango] de rateros (…), y varios lugares [más]. Óiganlo bien, con la gente del señor Nemesio nadie se mete. Esas cosas tienen dueño, y ese dueño es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.
El “señor Nemesio” al que se refieren es Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a quienes las autoridades mexicanas identifican como el líder del CJNG, que actualmente le disputa al Cártel de Sinaloa el control del Estado de Chiapas, en México, y de muchos otros territorios.
La última vez que narcotraficantes se desquitaron con policías de Guatemala por un tumbe de dinero o droga fue en junio de 2013, cuando ocho agentes y un inspector de la subestación de Salcajá, Quetzaltenango (occidente del país), fueron asesinados. Por este caso fue condenado como autor intelectual el guatemalteco Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, quien también recibió una sentencia por narcotráfico. Ahora, hay síntomas de que una vendetta similar está en marcha.
Amenaza en ciernes
Raxruhá, Alta Verapaz, no tiene frontera con México. No obstante, el vídeo del 7 de septiembre indica que tiene más relación con la violencia fronteriza de Huehuetenango (Guatemala) y Chiapas (México) de lo que sugieren los 314 kilómetros que la separan de La Mesilla. El hombre del vídeo asegura ya haber puesto orden en ese lugar, La Mesilla, aparentemente abrogándose la autoría de ataques armados en la zona entre julio y agosto.
Los síntomas de esta nueva vendetta del crimen organizado comenzaron el 12 de junio, cuando reportes de prensa replicaron la denuncia de un retén en la carretera que conduce de Nentón, Huehuetenango, a Comitán, Chiapas. Para entonces, había transcurrido un mes después del supuesto tumbe que se denuncia en el vídeo. Los reportes de prensa señalaron que “vecinos de Nentón” observaron a hombres con pasamontañas y fusiles de asalto en la carretera, del lado de Guatemala, revisando vehículos, buscando migrantes, armas de fuego o droga. Ese primer síntoma llegó a oídos del Ministerio de la Defensa (Mindef) en Guatemala, aunque su portavoz, el coronel Rubén Téllez, corrigió el dato y aseguró que el retén ocurrió en México.
“No hubo una confirmación, [nadie] se presentó e indicó, ‘sí, a mí me pararon y me pidieron esto’, no que tenga conocimiento; sólo circularon las fotografías”, dijo Téllez, quien agregó que se reforzó el patrullaje militar y policial en la frontera. En agosto, un residente de la zona dijo a este medio, “como de costumbre, aquí nadie sabe nada, ni dice nada”. Aseguró que el movimiento de grupos del crimen organizado en la frontera es usual, pero que, además, desde hacía dos meses, un nuevo comando armado entraba y salía con regularidad de Guatemala. Se refería al mismo reportado en junio en Nentón, Huehuetenango.
Los hechos violentos ocurridos cerca de la frontera desde junio sugieren que ese comando armado es, o podría tener relación con, el CJNG, tal como asegura el hombre del video. En la zona hay alarma porque, pese a la usual actividad del narcotráfico, y otros tipos de trasiego, el último pico de violencia de gran escala del lado guatemalteco ocurrió en 2012. Es más, Huehuetenango, departamento fronterizo con México, tiene una de las tasas departamentales de homicidio más bajas de Guatemala. Por eso, los síntomas sugieren que la violencia tiene relación con grupos de México y que puede repetirse.
El 28 de julio, la prensa reportó una balacera en la carretera entre San Gregorio Chamic y Ciudad Cuauhtémoc, (municipio Frontera Comalapa) en Chiapas, a once minutos (4.5 kilómetros) de Guatemala. Las autoridades mexicanas encontraron al menos 300 casquillos de varios calibres y seis vehículos abandonados: uno en llamas y el resto tiroteados; uno de estos tenía placas de Guatemala. No encontraron muertos ni heridos.
El 31 de julio circuló en redes sociales, en cuentas de México y Guatemala, un mensaje de voz de un sujeto que, sin anunciar afiliación alguna, advertía: “Ahí va un aviso importante para todos aquellos que andan (…) metiéndose a cuidar en las putas cadenas. Hagan favor de hacerse a un lado (…), porque vamos entrando a ese puto lugar de Guatemala, y (…) va a correr sangre. Se metieron con nuestra gente; ahora aguántense. El que esté en la calle, le damos en la v…(sic) y ya. No decimos qué día, pero ya está cerca. Ya andamos allá. Ahí anda un túnel para pasar a Guatemala. (…). Chamic, Comalapa, La Mesilla, Cuauhtémoc, todos esos lugares (…) vamos a pasar baleando”.
Un exinvestigador del Ministerio Público guatemalteco (MP), familiarizado con la frontera, y que pidió anonimato, explicó que las cadenas son las familias que tienen propiedades sobre la línea fronteriza, que se utilizan para el trasiego de droga hacia México. Estos puntos también son utilizados para el paso de contrabando. “Siempre hay al menos dos policías de Guatemala cobrando impuesto a los que traen mercadería”, afirma un comerciante en la zona, que ha sido testigo de estas transacciones. “El Ejército allí se mantiene, si uno va, los ve. Los menos comunes son mexicanos entrando a Guatemala, y si entran, se sabe a leguas que son narcos [que vienen] a comprar y transportar”.
Antes de que circulara el vídeo con la amenaza del supuesto miembro del CJNG a los policías, ese mismo comerciante reveló que la extorsión de autoridades locales había causado problemas. “Un grupo, no sé si policías o soldados, pidió dinero para dejar pasar material, y creo que agarraron a alguien mexicano que no pagó, y se armó clavo, más que nada por el derecho de pasar de un lado a otro sin tener que pagarle a nadie”, dijo.
El 12 de agosto, hubo otra balacera cerca de la frontera, en la carretera entre Ciudad Cuauhtémoc y Potrerillo, en Chiapas, a diez minutos de Guatemala. El saldo: un microbús y un pickup en llamas a un lado de la carretera; el pickup tenía placas de Guatemala. Reportes de prensa, que citan a autoridades mexicanas, y un vídeo, revelaron que el conflicto se extendió hasta Vueltamina, Huehuetenango (en territorio guatemalteco, a solo cinco kilómetros de la frontera). Ese día, el vocero del Ejército aseguró que la incursión a Guatemala no ocurrió, que los soldados en la zona lo verificaron.
En solo tres meses, el vocero del Ejército ha debido dar la versión oficial sobre cuatro situaciones que presuntamente involucran al crimen organizado transnacional en la frontera; la cuarta, también el mes pasado.
El 16 de agosto, las autoridades mexicanas capturaron a 48 integrantes del CJNG en Chiapas. Ocho días después, el 24 de agosto, la prensa divulgó que, en el caserío San Vicente Chojil, en La Democracia, Huehuetenango, dos ocupantes de un microbús murieron acribillados. El tiroteo sucedió a 15 kilómetros de la frontera con México, unos kilómetros antes de Nentón, sobre la ruta donde se reportó el retén en junio. Sólo dos semanas después del ataque al microbús, circuló el vídeo en el que el supuesto miembro del CJNG asegura que el cártel ya limpió La Mesilla.
Reacciones y antecedentes
El día que circuló el vídeo respecto al caso en Raxruhá, el Ministerio de Gobernación (Mingob) anunció que la Inspectoría General de la PNC (Asuntos Internos) investigaría el hecho. El vocero del Mingob, Pablo Castillo, señaló que el día del supuesto tumbe, 12 de mayo, la PNC de Raxruhá decomisó dos pickups Toyota Tacoma abandonados en una carretera y los entregó al Ministerio Público (MP). Castillo agregó que la investigación establecerá si los policías sustrajeron algo de esos vehículos.
Una versión extraoficial indica que los pickups tenían caletas, compartimientos secretos que usualmente ocultan drogas o dinero. Sin embargo, la vocera del MP, Gladys Galeano, dijo que la Fiscalía Municipal del Chisec, Alta Verapaz, aún no recibe un informe de la inspección de los pickups.
Mientras tanto, en el Mingob, el vocero Castillo dijo que no descartan que el propósito del video era causar desestabilización “por los buenos resultados [del Gobierno] en el combate al narcotráfico”. Castillo se refería a la captura de 36 personas que Estados Unidos pide en extradición, la incautación de 5,864 kilos de cocaína en lo que va del año, y los 94 días (al 7 de septiembre) en que las autoridades han impedido que aterricen en Guatemala aeronaves que transportan droga, en coordinación con agencias internacionales del combate al narcotráfico.
El Mingob no asumió de oficio la inocencia de los policías, aunque tampoco abordó los hechos que precedieron la divulgación del vídeo, entre otros detalles, como el lugar del hecho.
En 2011, Raxruhá ya era un punto importante de trasiego de cocaína para los Zetas, que la movían hacia México por el puesto fronterizo Ingenieros, en Quiché, a 79 kilómetros de distancia. Los Zetas tuvieron una presencia fuerte en el país entre 2008 y 2013. Los Zetas, tras convertirse en prioridad del Gobierno mexicano después de cometer barbaries como la del asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas, perdieron territorio en el sur y se replegaron hacia el norte. En los últimos años, el CJNG ha empezado a conquistar las otrora plazas de Los Zetas, incluyendo la franja fronteriza con Guatemala.
Para aquellos años, la corrupción policial en Alta Verapaz era un problema. El entonces ministro de Gobernación, Carlos Menocal, reveló que desde la comisaría se filtraron números de teléfonos de los agentes que hicieron una incautación importante en Raxruhá, y por la cual recibieron amenazas de muerte por teléfono.
En 2017, un investigador de la Fiscalía de Narcoactividad en Guatemala dijo que los narcotraficantes tenían contactos en todas las comisarías y subestaciones del país. No decía que todos los policías eran corruptos, pero sí que los contactos eran suficientes para echar a perder operativos de incautación o captura. Esa condición obligaba a la Fiscalía a hacer operativos sólo con policía antinarcótica de la capital. No obstante, ese año, menos del 1% de la fuerza policial era procesada por casos relacionados con drogas
Gerson Alegría, actual jefe de la citada Fiscalía de Narcoactividad, afirma que estas condiciones prevalecen. El mismo día que fue revelado el vídeo acusatorio contra los policías de Raxruhá, Alegría dijo que habían capturado en la capital a tres agentes de la PNC en relación con un caso de narcotráfico.
Un periodista en Alta Verapaz, que pidió no ser citado, reveló que ha observado que es frecuente el contrabando, paso de migrantes, y narcotráfico hacia México, vía Raxruhá y Playitas, y el extremo noroccidental del vecino departamento de Quiché.
La lectura de los hechos
Alegría sostiene que los brotes de violencia a lo largo de la frontera internacional, que comparten Huehuetenango y Chiapas, pueden obedecer a una mala negociación entre grupos del narcotráfico. “Cuando cae la gota que derrama el vaso, se desata la violencia”, afirma el fiscal. Dicho esto, los picos de violencia del lado guatemalteco son inusuales.
La situación contrasta con la frontera de Guatemala con Honduras y El Salvador, donde la atomización de las estructuras contribuye a hacer que las tasas de homicidio del sector sean las más altas del país.
En Huehuetenango, las balaceras y homicidios múltiples se cuentan con los dedos de una mano, aun en los últimos 15 años, y por lo general involucran un elemento externo. El hecho más famoso fue la matanza en Agua Zarca, en noviembre de 2008, una refriega entre el grupo local Los Huistas (socios del Cártel de Sinaloa) y los Zetas que dejó un saldo oficial de 19 muertos. Luego, en diciembre de 2012, en San Pedro Necta, siete personas fueron asesinadas, en cuenta una exfiscal y tres policías. En 2017, fueron asesinados en Camojá tres mexicanos, miembros de un quinteto musical sospechoso de traficar droga. En 2020, dos guatemaltecos murieron acribillados en Camojalito, La Democracia.
Los hechos de violencia vinculados al narcotráfico ocurren de forma tan espaciada porque, según aseguró la Fiscalía de Narcoactividad en 2018, en la frontera occidental hay pocas estructuras de narcotráfico, pero tienen mucho control territorial y un monopolio de la violencia. En Huehuetenango, Los Huistas son la estructura dominante.
Las autoridades no capturaban a ningún Huista desde 2012. Dos capturas en 2021 demuestran que la estructura sigue activa, según Alegría: la captura en enero de 2021, en Santa Ana Huista, de Henry Hernández Herrera, por lavado de dinero, y la captura, en agosto pasado, en Huehuetenango cabecera, de Augusto Castillo Hernández, a quien Estados Unidos requiere en extradición por narcotráfico. El primero es hermano de la primera vicepresidenta del Congreso y diputada por Huehuetenango, Sofía Hernández Herrera, a quien el MP no ha vinculado al caso. El segundo capturado es sobrino de la legisladora.
No sólo es el narcotráfico
Un investigador del MP asegura que hay contubernio de las autoridades locales con diferentes grupos del crimen organizado, que no se dedican exclusivamente al tráfico de drogas. Por ejemplo, afirma que la Policía recibe el aviso cuando los buses con migrantes van en ruta hacia Huehuetenango, donde los detienen para exigirles dinero a cambio de permitir que se desplacen hasta la frontera. Es una práctica común en la frontera con México. En 2019, un periodista de El Faro que se infiltró en el flujo migratorio fue asaltado por policías dos veces antes de lograr llegar a la frontera en el departamento de Petén.
La disputa por el botín, que son los migrantes y el dinero que llevan, también provoca violencia contra policías. En julio pasado, dos agentes que investigaban la desaparición de un menor de edad migrante, en una zona remota de Huehuetenango, fueron vapuleados por cinco coyotes, según lo muestra un vídeo que publicó la prensa. La escalada de violencia relacionada con la migración se explica, en parte, porque algunos narcotraficantes también incursionan en el coyotaje. El 27 de agosto, la PNC de Petén advirtió que estaba en alerta por “un grupo de posibles integrantes de cárteles de México” que pretendían atentar contra migrantes, sedes y puestos de control migratorio en Guatemala.
El investigador del MP asegura que los hechos de violencia, en ambos lados de la frontera, que involucran microbuses, podrían tener una relación con migrantes: el 12 de agosto, un microbús fue incendiado en Chiapas; el 24 de agosto, el otro fue baleado en Huehuetenango. Este último caso está bajo investigación, según el vocero de la PNC, Edwin Monroy, quien no reveló más detalles que el saldo: dos muertos y dos heridos. Una fuente del Mingob dijo extraoficialmente que el caso estaba bajo reserva porque los fallecidos eran extranjeros; ambos eran salvadoreños. Agregó que en las pesquisas participan investigadores de trata de personas.
Los reportes de prensa indicaron que los atacantes del microbús huyeron en “vehículos todo terreno”, o camionetas agrícolas. El residente de Huehuetenango antes citado habló del ingreso frecuente desde México hacia Huehuetenango de un comando armado a bordo del mismo tipo de vehículos. La fuente del Mingob señaló que aún se debe establecer si los atacantes del microbús eran mexicanos, pues datos preliminares indican que viajaban en una motocicleta. El vocero del Mindef confirmó esa versión, citando información que recabaron elementos del Ejército en el lugar. Un contacto de la zona asegura que, si los agresores eran narcotraficantes mexicanos, se habrían transportado en camionetas agrícolas y no en moto.
“Sobre la llegada del Cártel de Jalisco a Chiapas hay muchas notas de periódico; los que saben algo de eso dicen que como los están golpeando mucho en Jalisco, están incursionando en negocios No-Droga, y así no llaman la atención de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos)”, dice Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejarse del centro norte mexicano, y acercarse a la frontera con Centroamérica, ha sido su estrategia. “Eso trataron de hacer los Zetas hace años, pero en Tabasco y Petén (frontera con Guatemala)”, dice Benítez. La sospecha ahora es que el CJNG también tiene esas intenciones, pero en Chiapas y Huehuetenango.
Casi dos semanas han transcurrido desde que circuló el vídeo con la amenaza del supuesto miembro del CJNG, aún incumplida. El Mingob dice que los policías amenazados en Raxruhá reciben protección. Sin embargo, el conductor de un autobús murió asesinado a balazos el pasado 13 de septiembre en Huehuetenango, a un kilómetro del ataque al microbús del 24 de agosto, y a media hora de La Mesilla. Las autoridades aún no se pronuncian. El Gobierno guatemalteco sigue restando importancia a la información que trasciende desde la frontera, aunque la violencia en la zona no ha mermado, y muchas señales apuntan a que el Cártel Jalisco Nueva Generación está entre los responsables.
