Los procesados en casos de alto perfil en la FECI veían en la salida de Sandoval una forma de garantizarse impunidad, según Velásquez. El exjefe de la CICIG está convencido de que las acciones de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, demuestran que actuaba en nombre de alguien más, no sólo de ella misma, porque destruyó lo poco que aún le daba credibilidad: la FECI al mando de Sandoval. De ahí la actitud desafiante de ella ante el rechazo de Estados Unidos; y, en Guatemala, ante el despido de Sandoval, aunque su decisión le valiera figurar en la lista de actores antidemocráticos y corruptos del istmo que el Gobierno estadounidense ha publicado en 2021. Al final de la conversación de una hora con este medio, el mismo Velásquez reconoce haber sido “muy extrovertido” en esta ocasión.
El exjefe de la CICIG habla en una vídeo llamada desde Bogotá, Colombia. Es el tercero de tres intentos por conversar. La llamada por WhatsApp se escuchaba entrecortada. La segunda, llamada directa por teléfono, no entró; la tercera es una sesión en Meet. El excomisionado, usualmente difícil de localizar, quiere hablar y lo demuestra. Responde extensamente con detalles de fechas y diálogos frescos en su mente que detalla como si hubieran ocurrido el día anterior. Durante una hora, habla enérgico, en un tono de voz que devela que el tema todavía lo mueve.
Según Velásquez, las acciones emprendidas desde la Fiscalía General y el Ejecutivo revirtieron avances en materia de fortalecimiento institucional que la CICIG impulsó. Esta degradación robusteció la corrupción interna que habilita al crimen transnacional. Así, las repercusiones traspasan fronteras y afectan a toda la región. Pese a todo, o precisamente por cuanto acontece, Velásquez sostiene que no es momento para bajar los brazos: cree que la coyuntura demanda unidad nacional contra el enemigo que ha capturado al Estado. “La acción penal prescribe dentro de muchos años. Y habrá paciencia de las personas correctas de Guatemala para después llamar a cuentas a todos estos corruptos que están destruyendo al país”, dice.
Desde su creación, era previsible que la CICIG y la FECI generarían enemigos. El asunto no era tan grave mientras los enemigos estuvieran fuera del Estado de Guatemala, uno de los firmantes del convenio de creación de la Comisión, junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, en la medida en que las investigaciones revelaron la participación de altas autoridades en actividades ilícitas, en contubernio con un sector del empresariado, las reglas no escritas del juego cambiaron. Los ataques comenzaron desde adentro, como en un organismo auto destruyéndose. Entonces, cada dos años, cuando el Estado debía solicitar la renovación del mandato de la CICIG, había expectativa de si se venía el golpe final, pese a los catalizadores que eran la ONU y la comunidad internacional.
El excomisionado no vivió esa incertidumbre recién llegado a la CICIG en septiembre de 2013, mismo mes en que el Gobierno publicó el acuerdo de extensión del mandato para 2015. Ese año, la renuncia y captura del ya expresidente Otto Pérez Molina (empujada por investigaciones de la CICIG) precedieron a las elecciones. El presidente electo Jimmy Morales anunció que en 2016 pediría la extensión del mandato hasta 2021. Pero en 2019, un orillado presidente Morales, también por investigaciones de la Comisión, y viéndose en el espejo de su antecesor, daría un golpe de timón.
En 2013, tres meses después de publicado el acuerdo de extensión, Velásquez había revelado que el nuevo objetivo sería investigar el financiamiento electoral ilícito y la incursión del crimen organizado en las aduanas del país. La reacción cayó por fuerza de gravedad. El presidente, y la vicemandataria Roxana Baldetti, inmediatamente declararon que la CICIG no tendría tiempo de transferir capacidades al Ministerio Público (MP), y otras entidades, si se dedicaba a abrir casos nuevos. El entonces comisionado respondió, diciendo a la prensa, “la mejor forma de transferir capacidades es la investigación de campo”. Para 2015, las investigaciones de la Comisión llevarían a la cárcel a Pérez Molina y a Baldetti, en procesos que sirvieron para capacitar fiscales de la FECI (creada en 2013). Era un gran paso, pero también fue el principio del fin.
Por sus obras los conocerás
Velásquez dice que un mal presagio fue observar cómo el fiscal Rafael Curruchiche solicitó al menos dos veces beneficiar con el criterio de oportunidad (para cesar la persecución penal) a un grupo de sujetos que pertenecían a la élite empresarial de Guatemala. Los empresarios estaban acusados de financiamiento electoral ilícito para la campaña política de Jimmy Morales en 2015. La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, rechazó las solicitudes del fiscal, y ligó a proceso a los acusados en 2018. En 2019, el entonces presidente Morales sacó a la CICIG del país. En 2020, una sala otorgó un amparo a los empresarios, que impidió que fueran a juicio. Ocho meses después, Sandoval fue destituido, y Curruchiche ocupó su cargo en la FECI. Luego, el exjuez Mynor Moto intentó que Aifán fuera procesada por solicitar su captura (en enero 2021) en otro caso de la FECI que heredó de la CICIG: Comisiones Paralelas.
Moto alega que él gozaba de inmunidad porque el Congreso de la República lo juramentó como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), pese a que lo impedía el hecho de que estuviera acusado en un proceso penal. Moto nunca tomó posesión porque permanece vigente la orden de captura que firmó Aifán.
En septiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la solicitud de Moto para retirar la inmunidad a la jueza y someterla a un proceso penal. Ese mes, el MP solicitó la captura de Sandoval (por obstaculización de la acción penal e incumplimiento de deberes). El exfiscal ya no estaba en Guatemala. Había salido al exilio horas después de su despido, convencido de que seguía una mayor persecución penal (de la que ya padecía como fiscal) por los casos que llevaba la FECI.
“Yo pensaba que después de todo lo que ocurrió entre 2018 y 2019, la situación de la FECI podía ser muy difícil, pero no pensé que la fiscal procediera a aniquilar lo que le daba algún reconocimiento”, dice el exjefe de la CICIG.
La presión ha ido de menos a más: desde la supervisión de casos de la Fiscalía (antes del despido de Sandoval), el traslado de fiscales, la reactivación de investigaciones o la reasignación de un caso a un fiscal con menos experiencia para retrasar la investigación, hasta el anuncio del MP de retirar la seguridad a fiscales de la FECI, casi dos meses después del despido de Sandoval, ocurrido el 23 de julio pasado. Según Velásquez, el propósito es intimidar a los agentes fiscales y auxiliares aún vinculados a la FECI. El mensaje, según sus palabras, es: “si esto se hace con Juan Francisco, ¿qué no podrán hacer con ellos?”.
“Todo tiene el propósito de desarticular esa Fiscalía Especial Contra la Impunidad”, dice el excomisionado. “‘Los que no se sometan serán trasladados’ [es la consigna]. Y entonces, notificados los fiscales, o acceden a lo que se les solicite, o saben que se pueden ir a cualquier fiscalía de liquidación en cualquier departamento, porque ya ha habido actos en ese sentido. [La fiscal general] está mostrando su control sobre la FECI, pero no es el control de la buena administradora, sino el control de quien persigue a quien hace bien las cosas”.
Mientras tanto, Porras no aparenta temer a las repercusiones, incluido el retiro de ayuda de Estados Unidos al MP y, más recientemente, su inclusión en la lista de “actores corruptos y antidemocráticos” (junto al secretario general del MP, Ángel Pineda Ávila, también por obstruir investigaciones de corrupción). Después del anuncio, el presidente Alejandro Giammattei declaró públicamente que la inclusión de Porras en la lista y el retiro de su visa era una falta de respeto “hacia las relaciones internacionales”.
“Parece que tuviera la seguridad de que todo esto no va a tener consecuencias”, dice Velásquez, refiriéndose a Porras. “Primero, la destitución [de Sandoval] ya era un acto muy atrevido de la fiscal general. No obstante, el gran respaldo ciudadano a Juan Francisco cuando estaba en la FECI, y después por su destitución. Ella desafía, lo que demuestra que se trata de un asunto mucho más fuerte”. La teoría de Velásquez es que el despido de Sandoval se debió a algo mucho más importante que aquello que se esgrimió, que él había incurrido en ilegalidades en sus investigaciones.
El excomisionado supone que el conflicto que Porras resolvió con el despido de Sandoval pudo tener relación con “la visita de los tres rusos a la casa de Giammattei”, que Sandoval confirmó y aludía a negocios ilícitos entre empresas rusas y el Estado. El exfiscal Sandoval también recibió información de una entrega de dinero en efectivo en una casa en la zona 15 capitalina (misma zona donde reside el mandatario). El exjefe de la CICIG sospecha que podría ser el mismo móvil que llevó a la revisión de los expedientes en la FECI.
“Ir directamente a revisar los casos, agencia por agencia, (significa) que estaba buscando algo”, continúa Velásquez. “No es una revisión rutinaria de control. ¿Qué era lo que estaba buscando? Y hacerlo así, de manera directa… (la fiscal general) tenía que responderle a alguien. Ella le estaba demostrando a alguien, sea el señor de Fundaterror (en referencia a Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo), o al presidente Giammattei, que sí les había prestado atención, y que ella estaba para remediar cualquier cosa que ellos temieran. Parece que nada encuentra, pero sigue el temor. ¿Por qué sigue ese gran temor? Una hipótesis admisible es que Juan Francisco Sandoval haya sido objeto de vigilancia, de seguimiento, de inteligencia que le hubieran hecho, y ellos sabían que había hablado con alguien”.
Para el excomisionado, la gravedad de cuanto sabía Sandoval justificaba su destitución, aunque la fiscal general sabía que cometía un acto ilegal y delictivo (no siguió el procedimiento interno del MP para una destitución). Luego, designó a Carla Valenzuela como sucesora, pero once días después nombró a Curruchiche, explicando que Valenzuela solo había tenido un cargo interino.
Velásquez cree que la fiscal general necesitaba en el cargo a alguien que pudiera manejar. “Entonces, recurre a una persona de la que ya se sabía cuál era su condición, porque lo demostró en las investigaciones por financiamiento electoral ilícito, y porque había sido una pretensión de la fiscal general (en 2018) lo del criterio de oportunidad para los empresarios (en el caso contra el presidente Morales), y el fiscal Curruchiche lo hacía con vehemencia, [como] un compromiso que tenía con los empresarios”, agrega Velásquez.
Curruchiche intentó obtener el criterio de oportunidad para los empresarios entre marzo y noviembre de 2018. Porras, quien ya estaba en el MP, pero fue nombrada fiscal general en mayo, apareció en agosto en un comunicado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que se refería a Porras como “una fiscal general de lujo”. En abril de 2021, tres meses antes del despido de Sandoval, cuando ya había comenzado la vigilancia sobre la FECI, el Cacif, la Cámara de Industria y la Asociación Nacional de Municipalidades entregaron reconocimientos públicos a la fiscal general por su trabajo.
Según Velásquez, en 2018, mientras la CICIG informaba a la Fiscalía de Delitos Electorales de toda diligencia realizada en el proceso, la Comisión sabía que Curruchiche “tenía reuniones ocultas, secretas, con los empresarios, para ver cómo se lograba que el criterio de oportunidad fuera admitido”, porque la jueza Aifán no lo aceptaba. “Cuento todo esto para demostrar la naturaleza del actual jefe de la FECI, que es precisamente lo que la fiscal general necesitaba”, dice el excomisionado.
No ceder
El precio que Porras pagó por el blindaje contra la FECI, además de perder la ayuda financiera de Estados Unidos para el MP, fue una primera expresión pública de desconfianza del Departamento de Estado de ese país. Aunque explicó por escrito al secretario de Estado, Anthony Blinken, por qué despidió a Sandoval, la fiscal general después anunció que el MP no necesitaba fondos estadounidenses para trabajar. Era la primera pauta de que ni Estados Unidos lograría que Porras diera su brazo a torcer. Velásquez dice que es un bluff.
“Tanto la afecta (el retiro de la ayuda), que lo que ella tiene como el mayor logro del Ministerio Público en toda su historia, que es la creación de las fiscalías municipales, fue por el apoyo de Estados Unidos”, dice Velásquez. “(Es) una creación de fiscalías que son nada más unas oficinas de apariencia, porque no tienen la capacidad de investigación, no tienen vehículos. Los fiscales no tienen manera de desplazarse para hacer diligencias en zona rural, y deben esperar que, en la capital del departamento, en la fiscalía (distrital), le presten un vehículo para hacer diligencias”. La cobertura ampliada a todo el país, más allá de la apertura de nuevas oficinas, no puede funcionar sin apoyo externo.
Según Velásquez, la fiscal general no ha calculado las repercusiones a mediano plazo. “Ella está actuando como si fuera a ser la fiscal general de 2022”, dice. “Y es probable que pueda tener algún acuerdo con el presidente Giammattei, pero esos acuerdos políticos son también frágiles y no se sabe si las condiciones del país el próximo año den como para que el presidente sostenga a una persona como Consuelo Porras en la Fiscalía General, que ha realizado actos graves en una especie de reto: ‘Bueno, yo soy la fiscal, y hago esto ¿y qué? ¿A ver qué van a hacer ustedes?’”.
El excomisionado dice que Porras no debe olvidar lo que ocurre en Perú, por ejemplo: un fiscal general obstaculizó investigaciones de corrupción, concluyó su mandato y fue condenado por obstaculizar la justicia. Velásquez considera que también puede ocurrir en cualquier momento en Guatemala, variando las condiciones. “Los corruptos creen que esta situación va a ser permanente en Guatemala, y va a ser por toda la vida de ellos”, agrega.
Punto de quiebre
¿Cuál fue la pieza que hizo caer la cascada de dominó que llegó hasta la FECI? El excomisionado recuerda cuando los resultados de la CICIG comenzaron a generar alarma.
“Es posible que el punto de quiebre está después que se presentaron los casos de Cooptación del Estado y de Construcción y Corrupción, empezando el segundo semestre de 2016”, dice. “Allí ya hubo una alerta entre quienes temían que la investigación los tocara y descubriera grandes actos de corrupción en los que habrían incurrido”. Los casos involucraron a miembros del Ejecutivo del Gobierno anterior y sector privado. Según Velásquez, eso llevó a las actividades de lobby financiadas por empresarios, o en las que los propios empresarios intervinieron, en Estados Unidos, o ante la Unión Europea, mientras la actividad contra la corrupción continuaba.
El excomisionado dice que dos hechos claves alarmaron a los empresarios y a los exfuncionarios detenidos en la brigada militar Mariscal Zavala, un grupo que se aglutinó en el segundo semestre de 2016 (mientras Donald Trump era electo presidente). El primer hecho fueron las investigaciones de financiamiento ilícito relacionadas con la campaña de Jimmy Morales. “El presidente (Morales) temía por él mismo”, señala Velásquez. “Y eso que apenas logramos verificar un acto, por esos empresarios, pero sí el pago de los fiscales el día de las elecciones”. No se trataba de recibir dinero de manera directa, en aportes de campaña, sino de que los empresarios hicieron los pagos a los fiscales electorales (representantes del partido en centros de votación). El monto total percibido y no reportado fue de 15 millones de quetzales (unos US$2.5 millones). Se sumaban a esto los viajes de Morales a Estados Unidos, para hacer campaña en 2015 con los migrantes guatemaltecos, y donde reunió US$150 mil que tampoco reportó.
“Más que por un caso de su hijo y su hermano, hubo un temor muy fundado que tenía Jimmy Morales de que finalmente él también iba a resultar investigado”, afirma. Eso fue hace dos años. El pasado 22 de septiembre, ambos familiares del exmandatario fueron absueltos en el caso por el que eran señalados: “Botín Registro de la Propiedad”.
El segundo caso clave, según Velásquez, fue la investigación en 2017 respecto de la municipalidad de Guatemala, y el alcalde Álvaro Arzú, y los pagos irregulares realizados a Torre Fuerte, cooperativa que el reo Byron Lima Oliva (asesinado en 2016) administraba desde la cárcel durante la campaña electoral de 2011. Arzú (fallecido en 2018), también presidente entre 1996 y 2000, tuvo vínculos sólidos con la élite empresarial durante décadas.
“Esos hechos marcaron la terminación (de la CICIG), más la actitud de Estados Unidos naturalmente, del gobierno Trump, y la ceguera de muchos en Estados Unidos, sobre lo que se estaba organizando en Guatemala”, dice Velásquez, refiriéndose a cómo el Gobierno estadounidense nunca se pronunció de manera enérgica contra las presiones de la administración de Morales contra la Comisión. El 31 de agosto de 2018, Morales anunció que no solicitaría la extensión del mandato de la Comisión.
Todo esto, según el excomisionado, allanó el camino para la persecución contra investigadores extranjeros de la Comisión, a quienes les cancelaron visas o no las renovaron. Luego, en enero de 2019, Morales declaró unilateralmente que estaba terminado el convenio de la CICIG.
Compás de espera para la FECI
El excomisionado está convencido de que los planes de Consuelo Porras para la FECI comenzaron en la administración pasada (en la Presidencia de Morales), pero ella esperaba un momento de mayor respaldo —como el que recibe de Giammattei— para actuar contra la Fiscalía. Velásquez recuerda que la fiscal general también guardó la investigación del caso por financiamiento electoral ilícito contra Sandra Torres (excandidata presidencial), entre agosto y septiembre de 2018, y esperó a que llegara 2019 para que su inscripción como candidata (que le daba inmunidad) impidiera un antejuicio en su contra.
“En muchas ocasiones le solicité (a Porras), que las denuncias absolutamente inconducentes, manifiestamente espurias, que se presentaron contra Juan Francisco Sandoval y contra otros fiscales de la FECI, que diera instrucción para que las revisaran en la fiscalía de asuntos internos (administrativos) y fueran archivadas”, explica Velásquez. Se trataba de al menos diez investigaciones en contra de los fiscales. Porras siempre se negó. Uno de esos casos era acerca del suicidio de un exministro de Finanzas quien creyó que iba a ser capturado en un operativo de la CICIG y FECI, cuando el objetivo era capturar a otra persona. El caso generó denuncias por ejecución extrajudicial contra Sandoval y Velásquez. “Situaciones como esa mostraban que Consuelo Porras no tenía una real voluntad de fortalecer a la FECI”, afirma el excomisionado.
En abril de 2010, cuando la CICIG estaba por cumplir tres años en Guatemala, el entonces jefe de la Comisión, el español Carlos Castresana, dijo “sólo se ha arreglado una esquinita del problema” en cuanto al fortalecimiento institucional y la capacitación de operadores de justicia. Desde entonces, esa era una responsabilidad del Estado que no sólo dependía de la Comisión.
Después, entre 2013 y 2014, cuando se comenzaba a discutir un cierre de la CICIG, no era inusual que Thelma Aldana, la entonces fiscal general, pidiera públicamente al Ministerio de Finanzas que transfiriera los fondos al MP para cubrir el presupuesto mensual, porque ya no había dinero para pagarle a los fiscales. No era una buena señal respecto a la autonomía del MP y a su capacidad para funcionar después del cierre de la CICIG.
Velásquez afirma que hubo fortalecimiento institucional en el trabajo conjunto de investigación que hacían la CICIG y el MP con fiscales, analistas y policías, ya en época de Aldana, y con el ministro de Gobernación Francisco Rivas, porque sabían que la Comisión no sería eterna. “Empezamos en el 2016 con policías que iban a salir de la academia antes de ser asignados a sus cargos en la Policía Nacional Civil (PNC), los reclutábamos para actividades de seguridad o de investigación, y conformamos con estos últimos una Escuela de Investigación”, relata el exjefe de la Comisión. “Después de un mes de trabajo teórico, trabajaban con investigadores policiales internacionales, para que los investigadores policiales guatemaltecos adquirieran esas destrezas. Cuando llegó el señor (Enrique) Degenhart (como ministro de Gobernación en 2018), llegó también con la misión de enfrentar a la CICIG, y uno de sus primeros actos fue suprimir el apoyo de la PNC. Retiró a los policías guatemaltecos de la CICIG”.
El excomisionado dice que, con Aldana, creyeron que los analistas financieros y criminales, y expertos en informática forense del MP, fortalecerían sus capacidades al trabajar con sus homólogos en la CICIG. Para ello, tuvieron un permiso para integrar temporalmente las unidades de investigación en la Comisión. “Cuando llegó la señora Porras, lo primero que dijo fue, ‘a mí me parece que eso es muy irregular. ¿Con base en qué se puede tener a un funcionario de la fiscalía trabajando en la CICIG con licencia? Pues que se defina. O renuncia o se queda acá’”, recuerda Vélasquez. “Entonces, los funcionarios le preguntaron: ‘¿y si renunciamos, podemos regresar?’. Y ella les dijo: ‘claro, se pueden ir, que aquí tienen su espacio reservado’, lo cual fue falso”. Varios quedaron afuera del MP para finales de 2019.
“La fiscal Porras se negó a vincularlos (de nuevo) al Ministerio Público, con el respaldo de los empresarios, porque recuerdo bien un comunicado del CACIF de respaldo”, dice el excomisionado, quien asegura que se trataba de guatemaltecos altamente capacitados para las investigaciones penales.
“Eran agentes fiscales, auxiliares fiscales, que trabajaban con las unidades investigativas de la CICIG muy estrechamente y tienen muy altas capacidades para enfrentar investigaciones de gran corrupción, para adelantar investigaciones de crimen organizado, como lo demostraron (los que lograron quedarse en la FECI) luego del retiro de la CICIG”, agrega. “En la última parte de 2019, ya retirada la CICIG, y en el 2020, la FECI adelantó investigaciones muy importantes, con mucha capacidad, como lo que hizo en el caso Comisiones Paralelas II, y el seguimiento a las visitas que recibió Gustavo Alejos (exfuncionario clave en la manipulación de la elección de magistrados y jueces en las cortes)”.
Velásquez explica que era difícil lograr avances en fortalecimiento institucional ante el grado de oposición que la Comisión enfrentaba en entidades como la PNC y el MP.
“Que ahora digan que por culpa de la CICIG no hay fortalecimiento de capacidades, cuando fiscales como Juan Francisco Sandoval, altamente capacitado al nivel de cualquiera de los abogados extranjeros que trabajaron en la CICIG, es destituido, ¿de qué están hablando cuándo están quitándole investigaciones a los fiscales de la FECI o cuando trasladan fiscales para impedir que investigaciones se adelanten? ¿De qué es de lo que están hablando?”, pregunta Velásquez. “Esas son simples excusas, las mismas excusas como las que antes tenían de soberanía. Ahora ya no es la excusa de soberanía porque ya no está la CICIG. Ahora es: ‘estos que nos invadieron aquí, ¿cómo es que no nos dejaron preparados?’”.
La metástasis
El funcionamiento de la CICIG hasta 2018 y los resultados en términos de funcionarios y exfuncionarios corruptos procesados generaron la expectativa de replicar el modelo en los otros países del Triángulo Norte de Centroamérica. Los intentos fueron de corta vida. Sin embargo, las implicaciones del cierre repentino de la Comisión en Guatemala, y de la reversión de algunos procesos contra la impunidad y la corrupción, sí trascendieron fronteras.
“Lo que ocurrió con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y la CICIG en Guatemala, dejó un campo abierto a la gran corrupción vinculada con el crimen transnacional. Se produjo en escalada: cierra la CICIG, no se renueva la MACCIH, y un año después se decide que la CICIES era una comisión gubernamental, porque no era una comisión al estilo de la MACCIH, y muchísimo menos al estilo de CICIG”, responde Velásquez. “De la CICIG, tomó su nombre, más como propaganda que como un tema de voluntad cierta de combatir la corrupción. Entonces, que se haya perdido esta presencia internacional de apoyo a las fiscalías nacionales, en la lucha contra la gran criminalidad, que ya no exista esa cooperación, ha permitido fortalecer el crimen transnacional”.
Según el excomisionado, cada vez que una nueva acción de corrupción se descubre en Guatemala, es más por obra del periodismo de investigación que por actividad de la Fiscalía, “que indudablemente no tiene ninguna voluntad de descubrir, y ahora muchísimo menos sin la FECI”.
La gravedad radica, según el excomisionado, en que toma mucho tiempo recuperar un Estado para devolverlo a la institucionalidad, cuando desde los más altos poderes hay un desprecio por la legalidad y el Estado de Derecho.
“Entonces, es muy normal que un señor como Néster Vásquez (nuevo magistrado en la CC este año) sea protegido por la fiscal general, como lo demostró Juan Francisco Sandoval en la investigación de Comisiones Paralelas, y que (la fiscal general) actúe contra el exrector de la USAC (Estuardo Gálvez) porque es el enemigo de Néster Vásquez, para quitarle el rival del camino. Pero cuando (corresponde) actuar (judicialmente) contra los dos, se detiene, porque a Néster Vásquez hay que protegerlo y esperar a que goce de inmunidad (al ser juramentado como magistrado)”, explica Velásquez. “También es muy grave. Tampoco hay consecuencias de que el Congreso de la República no juramentara a Gloria Porras (también como magistrada de la CC) que, si no sale del país, seguramente que ya estaría igualmente privada de libertad, como intentaron con Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval”.
El excomisionado hace una pausa después de 50 minutos de conversación. “Bueno, ya he hablado bastante, y además fui muy extrovertido”, dice, sonriente, casi sorprendido, como repasando cuanto ha dicho.
Pero resta preguntar algo: ¿Hay luz al final del túnel?
“Yo no sé cuán largo sea [ese túnel], pero siempre conservo la esperanza. Todos debemos conservar la esperanza. Ha habido acciones muy importantes de sectores muy fuertes del país: los pueblos indígenas, las convocatorias de las autoridades ancestrales, los movimientos campesinos, o el Parlamento Xinca. Hay un enemigo muy fuerte que tiene el control del Estado. La construcción de la democracia debería ser el único elemento que sirva para unificar ahora. Todo el que esté por la democracia, por la justicia, por el Estado de Derecho, debe unirse en un gran movimiento nacional por la recuperación de Guatemala. Si la ciudadanía se vuelve pesimista, si pierde la esperanza, se entrega. Y aquí lo que no se puede es claudicar”.
