“Necesito un apoyo, brother, en Guatemala están reventando muchas cosas y necesito ayuda para el fiscal Juan Francisco Sandoval. Sale de Guate. Se lo van a reventar aquí si se queda”.
Así de urgente lucía el mensaje que un colaborador del ex fiscal anticorrupción guatemalteco envió a las 7:12 de la noche del viernes 23 de julio a un reportero de El Faro. Quien enviaba el mensaje es una persona cercana a Sandoval, que había sido fuente de este periódico hacía algunos años.
Lo que no dijo en su mensaje fue que en ese momento el propio fiscal recién destituido no sabía que iba a abandonar Guatemala con destino a El Salvador. Es más, en ese preciso instante, Sandoval ofrecía una conferencia de prensa en la que reaccionaba a su despido por parte de la fiscal general Consuelo Porras y anunciaba que no pensaba abandonar su país. Sin embargo, sus colaboradores buscaban una vía expedita para sacarlo de Guatemala cuanto antes.
Juan Francisco Sandoval dirigió durante más de tres años la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una unidad fiscal especializada en el combate a la corrupción, heredera de parte de las energías que suscitó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue clausurada por el ex presidente Jimmy Morales. Durante su gestión, Sandoval fue lo opuesto a un funcionario cómodo para los gobiernos guatemaltecos: mediático, cáustico, y con un fuelle aparentemente inagotable. Confrontó a su jefa, a la que considera parte de un poderoso entramado de corrupción, e hizo más que insinuar que ella boicoteaba sus esfuerzos para perseguir a los corruptos de su país. Lo despidieron ese mismo viernes a las cuatro de la tarde, a través de un procedimiento frío: se lo notificó la jefa de recursos humanos. Posteriormente la fiscal Porras emitió un comunicado en el que justificaba su decisión argumentando “abusos y atropellos a la institucionalidad del Ministerio Público” y remataba esgrimiendo “irrespeto” y “vejámenes” contra ella misma, sin ofrecer mayores detalles.
Tras conocerse su despido, cientos de guatemaltecos salieron a las calles a protestar por lo que consideraron un paso más hacia la construcción de un Estado que protege políticos, funcionarios y empresarios corruptos. Muy pronto se manifestaron la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung; la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, Samantha Power; el asistente del presidente Joe Biden y director principal para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González; el representante demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires, el ex director de la CICIG, Iván Velázquez y el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, todos ponderando el aporte de Sandoval a la lucha contra la corrupción y quejándose de una decisión calificada una y otra vez como “retroceso”.
Mientras tanto el exfiscal Sandoval seguía sin saber que esa misma noche abandonaría su país.
El Faro, al ser un periódico, no dispone de procedimientos o de recursos para ayudar a salir de sus países a funcionarios amenazados, así que se hicieron algunas llamadas a representantes de oenegés locales. Una de esas instituciones, que prefirió no ser mencionada, organizó de inmediato una reserva en un hotel. La situación de Sandoval parecía ser tan precaria, en término de redes de apoyo, que su salida dependía de que uno de sus colaboradores recordara el nombre de un periodista salvadoreño y que a este se le ocurriera a quién llamar para atajar la situación. Pese a que la mismísima vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, había mencionado hacía menos de dos meses, durante su visita a Guatemala, la importancia del trabajo que realizaba la FECI, o que Sandoval había recibido en febrero la distinción como “campeón anticorrupción” de parte del Gobierno estadounidense, no fue esa representación diplomática quien movió ficha en auxilio físico de Sandoval. En cambio, el embajador de Suecia en el país centroamericano, Hans Magnusson, se ofreció para sacarlo de Guatemala él mismo, y llevarlo hasta la frontera salvadoreña.
La conferencia de prensa terminó y mientras Sandoval atendía a algunos medios internacionales, su equipo había tomado ya decisiones: el exfiscal debería abandonar Guatemala lo antes posible, en previsión de que la Fiscalía girara una orden de aprehensión en su contra. Ni siquiera le permitirían ir a su casa a recoger sus pertenencias: viajaría con un pequeño maletín deportivo con ropa nueva, comprada a toda prisa por sus colaboradores. El Faro no conoce el diálogo que terminó convenciendo al exfiscal anticorrupción de abandonar el país con ese sentido de gravedad, ni quién dentro de su entorno fue capaz de hacerle creer en la urgencia de ese acto. El caso es que cerca de las diez de la noche, Juan Francisco Sandoval, viajaba en un vehículo con placas diplomáticas, acompañado por el embajador sueco, el procurador de derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas, algunos miembros de organizaciones de derechos humanos y una periodista de la agencia de noticias AP.
A la medianoche, entre el viernes 23 y el sábado 24 de julio, dos vehículos diplomáticos no hicieron parada en la caseta migratoria de Valle Nuevo, en Guatemala, y siguieron de largo hasta el puente fronterizo con la frontera Las Chinamas, en El Salvador. Temían que si Sandoval pasaba por Migración guatemalteca fuera arrestado y que su salida del país se frustrara.
Del lado salvadoreño aguardaba un vehículo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que había sido solicitado por el procurador Rodas, y un carro de alquiler en el que viajaban dos reporteros y un fotoperiodista de El Faro. Tras una breve revisión de documentos, Sandoval subió a nuestro pick up y partimos hacia San Salvador escoltados por el vehículo de la PDDH. “Disculpen si no estoy tan platicador, pero es que tengo tantas cosas en mi cabeza”, dijo el ex fiscal, y se sumergió en su teléfono, del cual salía apenas para aportar alguna chanza al silencio riguroso de aquella cabina.
Luego de registrarse en el hotel Sheraton Presidente, cuyo lobby era una oscuridad a las 3 de la madrugada, pedimos al empleado de recepción que encendiera la lámpara de una de las mesas para poder vernos las caras y realizar la entrevista que viene a continuación.
Unas horas después, Sandoval tomó un vuelo y se alejó aún más de su Guatemala.
¿Cómo fue su día hoy?
Fue un día, en un inicio, normal. Por la mañana, impartí clases virtuales a las 7; luego, comencé a desarrollar mis actividades, de hecho, remití una información a la señora fiscal con relación a unas intimaciones en contra de una persona que ya está ligada a proceso. Tuve reuniones de trabajo y, alrededor del mediodía, recibí una llamada telefónica del secretario contra la corrupción del MP en la que me indicaba que a las 2 de la tarde me llamaba la señora Fiscal General para una reunión en su despacho. Pensé que se iba a dar alguna instrucción. Estuve mucho tiempo solo en la sala de reuniones, aunque eso era algo normal porque no son muy puntuales. Después de media hora se acercó el secretario contra la corrupción José Estuardo López y López, no tenía tema de conversación, y me dijo: 'Bueno, ya van a venir'. Entonces empecé a pensar que me iban a notificar mi traslado o alguna acción de personal y cuando ingresó la jefa de recursos humanos de la institución junto con otra empleada de esa unidad entendí el mensaje y únicamente me dieron a conocer la decisión de la señora fiscal que era de destituirme. Para estas horas en que me están haciendo la entrevista, pese a que he viajado, he hecho varias cuestiones, en realidad, no he asimilado lo que significa... porque son 18 años de mi vida, muy intensos.
¿La fiscal Porras no habló con usted durante todo este día?
Hoy no, no tuve la oportunidad, lo único que pude saber de ella es que emitió un comunicado confuso, difuso, oscuro como todo lo que ha hecho ella, ahora lo puedo decir con libertad y con propiedad porque mientras estuve en la institución, es lógico que por el principio de jerarquía no podía manifestarme en ese sentido, pero pueden ver en la comunicación donde me dan a conocer mi destitución no encuentro una razón válida. Se habla del debido proceso, pero yo nunca fui estuchado.
Sabíamos de su relación tensa con la Fiscal General. ¿Qué fue lo que disparó su despido?
Yo solamente hice una petición, manifestando mi inconformidad con una decisión que había tomado. Le pedía que reconsiderara una instrucción que había vertido para que una fiscal cuestionada, que no es confiable, asumiera la dirección de la investigación de algunos casos que pueden involucrar a algunas autoridades del Gobierno anterior o del actual.
Usted mencionó en la conferencia de hace unas horas que la tensión escaló en las últimas semanas.
Durante los tres años con dos meses que sufrí la gestión de Consuelo Porras como Fiscal General, me hostigó a tal punto que prácticamente tenía dos o tres semanas de haber tomado, prácticamente, la Fiscalía. Porque cuando habla con desdén de resultados de la FECI refiere que solo representan el cero punto y varios ceros 1 % del trabajo del MP. Pero si no fuera importante la FECI ¿por qué iba a estar tomada completamente por ella? Un Fiscal General, si tiene fiscalías en 340 municipios (Porras ha vendido esa estadística como un logro de su gestión) y que, durante un mes, centre todo el trabajo en permanecer dentro de la FECI, es porque es muy importante o algo le preocupa del trabajo que se haga en la misma. Me llamó la atención que en una de las reuniones previas, ella hizo mucha alusión a la ley contra el femicidio y hoy, en el comunicado, habla algo de 'vejámenes' pero no sé si se refería a que yo le había provocado vejámenes. Tengo buena memoria y no recuerdo en ningún momento haber provocado algún vejamen a ella. Sí recuerdo en muchos momentos que me molestaron algunas de sus injustas decisiones, pero nunca le falté el respeto. No sé a qué se refiere. Ese comunicado es difuso, como todo lo que ha hecho durante su gestión.
Usted había expresado de manera diáfana sus desacuerdos con la fiscal. Era de conocimiento público la tensión entre ustedes.
Efectivamente, pero no existe ninguna actuación que hayamos realizado al margen de alguna directriz o que no fuese del conocimiento de ella. Creo que la mayoría de las inconformidades que pudimos manifestar en ese tiempo fueron con relación al trato que recibíamos, a la dinámica adoptada, en el sentido de paralizar investigaciones o acelerarlas, según fuera la conveniencia. Me recuerdo de los tiempos en que el Ministerio Público era una institución técnica: estábamos acostumbrados a presentar casos en los momentos procesales en los que teníamos el material de investigación. Pero con Porras no, bajo la premisa de que “se iban a analizar las investigaciones” y que “estaban haciendo un riguroso análisis”... Lo más reciente, el 25 de mayo presentamos peticiones para levantar la inmunidad de 10 magistrados, 8 de ellos de la Corte Suprema de Justicia, uno del Tribunal Supremo Electoral, uno de la Corte de Constitucionalidad, por su vinculación con el proceso de manipulación de elección de altas cortes, sin embargo, los expedientes los mantuvieron durmiendo en el análisis y hasta que garantizaron la inmunidad del magistrado Néster Vásquez que asumió la Corte de Constitucionalidad tuve vía libre para la presentación de los antejuicios. Esa dinámica fue constante y el propósito era defender o atacar según su interés y los de su grupo de amigos.
¿Por qué decidió salir del país de manera tan precipitada?
Porque las denuncias, por más espurias, por más estúpidas que sean, se han convertido en una herramienta de control del personal. Entonces, cuando el personal es incómodo, como lo he sido yo, ha sido la manera utilizada para neutralizar... porque dígame si no un proceso penal en contra de un operador de justicia no es una herramienta para neutralizar el trabajo. Muestra de ello es la persecución que ha sufrido la exfiscal Thelma Aldana , los temores que hay con respecto a Claudia Paz , las denuncias interpuestas contra Andréi González ... hace un par de meses de lo más sonado en el país fue la situación del extrabajador del Ministerio Público Juan Francisco Solórzano Foppa y la detención de un exanalista de la CICIG que responden a esta dinámica que ha sido permanente en la gestión de la señora Porras. ¿Entonces por qué no aprovechar la oportunidad para lanzar alguna de las denuncias en mi contra para que procediera orden de captura? Para una persona como ella es fácil decir que el que nada debe, nada teme. Lo dice porque ella es Fiscal General, tiene inmunidad, tiene esa posibilidad de mover y de manipular la justicia como lo ha hecho y eso es obstrucción de justicia en El Salvador, en Guatemala y en todas partes: se llama obstaculizar la acción penal. Es manipular el sistema de justicia.
¿Tiene buscado pedir asilo o refugio en algún país?
Han sido muy precipitados los acontecimientos entonces creo que voy a descansar un par de horas para comenzar a pensar qué es lo que será de mi futuro, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que haré con mi familia...
Puede resultar confuso que haya promovido tantos casos desde la fiscalía y que ahora tenga que escapar de la misma.
En primer término, soy víctima de una campaña de criminalización que se acentuó desde el año 2016 y se potencializó con la salida de la CICIG. Entonces, finalmente, si existiera un Ministerio Público serio y responsable habría podido realizar un análisis de patrón de esta conducta pero, por el contrario, bajo esa misma premisa de que 'se analiza a profundidad la legalidad' ocurre la misma historia. De hecho, hoy decía en la conferencia de prensa que ya iba a aparecer el comunicado del MP diciendo que la institución 'es garante de la legalidad...'. En apariencia se busca la justicia, pero en realidad lo que se está haciendo es manipulado la justicia. Se neutralizó la fiscalía contra la corrupción, se neutralizó la fiscalía de derechos administrativos, y ahora fue el turno de la FECI, que creo que es la última que quedaba. No me iba a prestar a ser parte del show. Tenía que salir del país sí o sí. Considero que tengo los elementos para defenderme: cuando todo el sistema de justicia ha sido objeto de nuestras investigaciones, nosotros sabemos que la justicia no va a responder al interés de garantizar ese valor, sino que va a responder a garantizar la impunidad de los corruptos.
¿Hay algún caso en particular al que usted atribuya el arrebato de su despido?
Creo que son varias investigaciones que, en mínima o mayor manera, vinculan a las autoridades en actos de corrupción.
¿Incluido el presidente Giammattei?
Podría estar incluido el presidente, porque, si yo le dijera que está incluido, nosotros necesariamente tendríamos que haber planteado una petición para levantar la inmunidad, pero desde la Presidencia de la República se empezaron a correr voces, cuestionando mi actuación 'con tintes ideológicos', lo cual es la última herramienta que tienen los que tratan de atacar, dicen que les molestaban ciertas conductas. Hubo cuestiones que no mencioné en la conferencia, por ejemplo, el año anterior, recibimos información de que en algún área de salud del país, en plena época de pandemia, se estaba incurriendo en actos de corrupción manifestados en el pago de plazas fantasmas, es decir, se pagaba dinero a trabajadores que nunca ejercían la función. Eso fue de mucha molestia e inclusive nos iniciaron un procedimiento administrativo y el expediente fue trasladado a otra Fiscalía.
¿Quién se beneficiaba de esas plazas fantasmas?
Según lo que teníamos investigado en ese momento, eran empleados medios, pero el tema de molestia era que por qué íbamos a investigar un acto de corrupción de la actual administración gubernamental. Meses después, hicimos una diligencia de secuestro de unos libros de ingreso en el Ministerio de Salud que se relacionan con un caso ya viejito de la administración de Gobierno de 2015, pero nuevamente el presidente de la República le llamó a la Fiscal General para reclamar 'qué estaba haciendo la FECI allanando las instalaciones del Ministerio de Salud'. Lo que está ocurriendo es que el Ministerio Público se ha convertido en una alfombra del Ejecutivo, la mejor empleada del Gobierno de Giammattei es Consuelo Porras y el Ministerio Público. Según la Constitución, artículo 251, el Ministerio Público es una institución autónoma. Lo que ha existido es un retroceso. Hubo independencia, por lo menos le puedo hablar de las administraciones de Claudia Paz y de Thelma Aldana, pero ahora lo que vemos es un sometimiento total. Ninguno de los ministros de Estado es tan eficiente en su labor de protección como la fiscal general. Entonces, eso me parece paradójico y patético porque es un retroceso completo en el sistema de justicia.
¿Hay otros casos de los que no habló en su conferencia de prensa a los que usted atribuya la preocupación de la fiscal general y del presidente?
Por ejemplo, en octubre del año anterior, recibí información de que en un lugar guardaban una gran cantidad de dinero en efectivo que había salido producto de comisiones ilícitas de constructores para autoridades del Ministerio de Comunicaciones durante una gestión anterior. Y fueron localizados 123 millones de quetzales en efectivo. Imagínese encontrar esa cifra. He visto que, en otras partes del mundo, con un hallazgo de tal magnitud, el Fiscal General se pone al frente. Pero yo estaba aislado. La información que recibí es que el gobernante estaba molesto. ¿Por qué iba a estar molesto por eso? Posteriormente, surgió cierta información que podría vincular al gobernante o a su pareja o alguien de su administración con ese dinero. No es algo que pudimos confirmar porque era dinero en efectivo, pero en esa búsqueda estábamos. Si existe ese temor o si eso generó el aumento de las tensiones, ellos sabrán si se encuentran vinculados o no con el tema.
En el caso de los 123 millones de quetzales, ¿los indicios a los que tuvo acceso apuntaban de una manera sólida hacia el presidente Giammattei?
Por el avance de la investigación, por la información que teníamos, podían apuntar. No le puedo hablar con solidez porque, si hubiéramos tenido solidez, le estaría diciendo que la próxima semana tendrían que presentar algo. Pero una línea de investigación sí apunta hacia él.
¿Relacionado en qué forma?
En que eran pagos de constructores para ser beneficiados con algún proyecto o para financiar alguna campaña política, porque recordemos que este dinero se recaudó a finales del año 2019, cuando estábamos entre la primera y la segunda vuelta electoral (en la que resultó ganador Giammattei). Por ejemplo, también hice alusión a que yo recibí información… pero tendría que haber documentado y haber hecho más diligencias relacionadas con algún dinero en efectivo que pudo haber recibido el residente de la República procedente de empresarios rusos. Vemos que en Guatemala hay intereses mineros rusos; está el tema de una negociación por 614 millones de quetzales (unos 81 millones de dólares) de unas vacunas que de 16 millones de dosis solo han llegado 800 mil. Creo que había muchas situaciones que estaban empezando a provocar demasiado escozor dentro de las autoridades de Gobierno.
En la conferencia de prensa que dio en Guatemala antes de salir hacia El Salvador usted habló de una visita de unos rusos a la casa del presidente Giammattei. ¿Está relacionado al tema de las vacunas?
Pudiera ser, la información que tenemos es que llegó dinero en efectivo a una casa en la zona 15 en Ciudad de Guatemala. ¿Por qué va a recibir el presidente del Ejecutivo un dinero en efectivo de estas personas?
¿Quiénes son esas personas?
Eso es lo que estábamos investigando o tratando de investigar.
¿Qué otra investigación habrá causado incomodidad a la presidencia?
Otra situación importante es que el número 1 de la Lista Engels es el empresario político Gustavo Adolfo Alejos Cámbara vinculado en por lo menos cinco investigaciones de la Fiscalía. Pero empujado por la publicación en esa lista, Alejos empezó a brindar información a la Fiscalía sobre el proceso de conformación de Cortes, sobre las negociaciones que hubo para conformar la directiva del Congreso para darle al oficialismo la mayoría; habló de negocios... Entonces esa declaración empezó a provocar molestia. De hecho, Alejos al tener conocimiento otros privados de libertad que podrían estar involucrados sufrió atentados y denunció amenazas directas del ministro de gobernación. Y en uno de los casos teníamos alguna información pendiente, que era el único en el que Alejos tenía prisión preventiva, instamos la clausura provisional del proceso. ¿Qué implica eso? Que se pidió una ampliación del plazo de investigación, pero él quedó en arresto domiciliario por un aspecto de política criminal. Es decir, a nosotros nos resulta mejor hablar con él afuera de la cárcel para no tener que exponer a los fiscales ni tener que entrar a la cárcel donde está detenido. Sin embargo, imagínense, no ha sido muy publicitado en Guatemala: nosotros instamos la clausura provisional como Fiscalía y el Ministerio Público, invadiendo nuestras atribuciones en la FECI, le pidió a otra fiscalía que impugnara una petición del Ministerio Público. Es decir, ¡el Ministerio Público impugnó una resolución que devenía de una petición del propio Ministerio Público!
¿Podemos decir que el boicot a la FECI fue generalizado o solo fue en casos puntuales?
Se boicoteó el trabajo de tal manera que, según la instrucción, la Fiscal General iba a tener unidades que iban a estar captando investigaciones sobre redes político-económicas ilícitas e iban a decidir cuáles trasladaba a la FECI. Pero ni una sola trasladó. Las investigaciones que pudimos desarrollar en la FECI es porque la gente confiaba o confió en mí y en el trabajo de la FECI, y llegaban y denunciaban y yo tenía que hacer el planteamiento a la fiscal de si seguíamos investigándolas, o no. Algunas fueron trasladadas a otras fiscalías, de otras ya no tuvimos mayor información, como por ejemplo, se descubrió una confabulación entre la comisión que postuló a magistrados para el Tribunal Supremo Electoral y el magistrado que hoy funge como presidente de ese organismo. Para postularse ese magistrado remitió información sobre un doctorado falso que había cursado. Quien participó en la comisión de postulación representando a las universidades privadas era la persona que había emitido el certificado falso. Le dije a la señora fiscal que teníamos esa información y hasta la fecha no hay respuesta. Finalmente, por una parte se decía: 'Noooo, es que necesitamos mayores resultados estadísticos', pero lo que la Fiscal General hacía era quitarle el agua a la FECI, 'quitarle el agua al pez', tal cual la doctrina militar durante el conflicto armado. No puedo decir que el trabajo de la FECI ya concluyó, pero ya lo verán en unos meses. Creo que el 23 de julio debe marcar para el Ministerio Público un punto de inflexión. Tres años con dos meses pudo soportar la FECI y los resultados obtenidos: si el resultado era positivo era como un logro de la Fiscal General pero en realidad fueron a pesar de ella. Es que no hubo ningún apoyo.
¿Ninguno?
Mire, tengo un oficio, por ejemplo, del 19 de octubre, imagínese qué estúpido... no he conocido ninguna Fiscalía en el mundo que tenga que pedir a la Fiscal General que autorice el apoyo de una patrulla policial en un departamento del interior. Es como que un fiscal de Ahuachapán tenga que tener un oficio con el visto bueno de la Fiscal General para pedir el apoyo de una patrulla de Policía. Eso es estúpido. Eso nos tocaba hacer. Era una herramienta de control.
Usted está convencido, me queda claro, que la fiscal es parte de un entramado corrupto en Guatemala.
No me cabe duda. Corrupto no necesariamente en el sentido de estar recibiendo dinero, pero la corrupción no implica solo recibir dinero, sino poder también.
Su papel en este entramado, cree usted, es proteger los intereses de otras personas, particularmente del presidente.
Del presidente de la República, que era alguien a quien había que tratar con deferencia. Uno de los procesos disciplinarios instruidos en contra nuestra fue por un tema posiblemente movido por influencia del presidente, relacionado con la posible remoción del presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social: en ese caso la persona que desempeñaba ese cargo le era incómodo al presidente y entonces se inventaron una herramienta abusando de su autoridad con el propósito de someter al pleno de esa junta directiva la remoción del licenciado Carlos Contreras, sin embargo lo que vimos es que había un tema de abuso de autoridad motivado por una instrucción directa del presidente de la República y lo que pedimos es que la secretaria general de la presidencia explicara quién le dio la instrucción de trasladar una información a la Procuraduría General de la Nación. Eso generó un procedimiento disciplinario porque no le pedimos con la deferencia con la que nos teníamos que dirigir al presidente de la República y porque siendo el presidente la nota tenía que llevar el visto bueno de la fiscal general. A esos niveles de estupidez se llegó.
Su destitución pareciera ser el último paso en un proceso que comenzó con la destrucción de CICIG, con la persecución de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana. Tras su salida y con lo que irá a pasar con su equipo y su unidad se termina de desmantelar las unidades institucionales que luchaban contra la corrupción…
Esta era la última dependencia que tenía ese fin. Recuerdo el año anterior, el 9 de diciembre, en el día internacional contra la corrupción, hubo una actividad en el Palacio Nacional en el que el presidente ni siquiera mencionó a la Fiscalía. Hay una comisión presidencial contra la corrupción que fue humo. Después hubo un evento en el Ministerio Público, donde por supuesto por estar yo no estuvo el presidente de la República y ahí animé a todos los que dieron sus discursos de que mejor vivieran la lucha contra la corrupción, porque ya estábamos cansados de inflar globos. Entonces, aparte de eso existe una… el presidente de la República como que tiene algo personal en mi contra porque en algún momento formé parte del equipo que investigó las ejecuciones extrajudiciales en el centro de detención de Pavón y en el Infiernito, donde él estuvo involucrado de alguna manera. Que haya logrado solventar su situación no implica que tengo la convicción de que fue beneficiado por algún órgano jurisdiccional, pero que yo haya desempañado un papel en aquel momento era producto de mi función como servidor público.
Me lleva a pensar que usted está convencido de que la persona que le va a suceder en el cargo es una persona servil a los intereses que protege la fiscal Porras.
Al menos ha sido fiscal de confianza de ella. Yo fui su compañero de estudios, es muy profesional, muy buena compañera y espero que logre sobreponer el interés de la justicia por sobre el cumplimiento de cualquier intención o de cualquier capricho que tenga la señora fiscal general.
La ciudadanía guatemalteca abrazó a sus instituciones y las defendió, llenaron las calles molestos por los ataques a CICIG y se apoderaron de la lucha anticorrupción. Tomaron la calle para tumbar a un presidente y a una vicepresidenta corruptos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de esa energía?
Los actores involucrados en gran corrupción es gente que tiene mucho poder político, económico y aprovecharon todas las herramientas a su alcance para hacer retroceder el discurso. También se utilizó mucho la polarización de la sociedad: de 1954 al 2021 en Guatemala, salvo un gobierno que se preciaba de ser social demócrata, los gobiernos han sido de derechas: se decía que sólo atacábamos a los gobernantes de derecha y se comenzó a trasladar el discurso que quienes participamos en la lucha contra la corrupción somos izquierdistas, comunistas, zurdos… entonces utilizaron la polarización como herramienta, la gente se comenzó a involucrar menos porque la gente pensó que los iban a etiquetar de guerrilleros. Nuestra guerra fue mucho en el área rural, mucho de destruir poblaciones enteras, entonces creo que el recordar eso provoca mucho temor a la ciudadanía, y entonces eso fue apagando el ímpetu que tenía la población en algún momento.
Usted mencionaba en una entrevista anterior el error que fue que las instituciones del Estado guatemalteco no acompañaran la lucha contra la corrupción haciendo las reformas necesarias. La CICIG investigaba pero el resto de instituciones no acompañaron en las transformaciones…
Solo figuraron para la foto. Si una investigación de un caso de corrupción determinaba que hubo una fisura en una ley, el Congreso no hizo una reforma, si la investigación determinó que lo que falló fue el control de la Contraloría de Cuentas, no se hizo reformas a la Contraloría de Cuentas. Creo que hoy obtenemos el fruto de lo que sembramos.
Se dirá que perdieron ¿no? Que Claudia Paz y Paz, que Thelma Aldana, que la CICIG y ahora usted perdieron. ¿Lo ve así?
Puede ser… sí. Pero más que nosotros pierde el pueblo de Guatemala.
