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La tregua de Bukele

Verónica Reyna

 
 

Durante los poco más de dos años de gobierno de Nayib Bukele, el país entero ha logrado vivir un descenso significativo y sostenido de los homicidios, así como de otras expresiones de la criminalidad. Aunque este hecho se ha intentado relacionar al Plan Control Territorial, cada día parece haber más evidencia de que este descenso se le pudiera adjudicar más a la decisión de las pandillas de dejar de matar y no a la supuesta efectividad del Gobierno, mucho menos su supuesta política de seguridad, de la que hasta el momento no se conoce más que unas cuantas diapositivas.

Y es que el Gobierno ha sostenido -al menos durante dos años, pero puede que durante más tiempo- un diálogo frecuente y constante con los liderazgos de las tres principales pandillas en el país. Las razones, los objetivos y los acuerdos de este diálogo se mantienen en buena parte en la oscuridad, sin que el director de Centros Penales o el de Reconstrucción de Tejido Social informen a la población sobre estas conversaciones, y sin que mucho menos el presidente tome medidas inmediatas ante la evidencia de estos encuentros.

Más que un plan exitoso, pareciera que al presidente le han descubierto la estrategia de mayor efectividad para disminuir los homicidios: pactar con las pandillas. Mauricio Funes (el expresidente, ahora prófugo de la justicia) fue el primero en ensayar formalmente estos pactos a nivel nacional, buscando obtener un descenso rápido de los homicidios y así mejorar la imagen del FMLN ante las elecciones de 2014. El primer ensayo permitió, entonces, al menos dos cosas: hacer evidente el poder de las pandillas para bajar (y subir) los homicidios en el país y dejar establecido que pactar con ellas era la forma más fácil -aunque no necesariamente legal- de lograr ese tan anhelado país sin violencia. El presidente Bukele parece estar ensayando una nueva versión de estos pactos, logrando establecer una logística basada en la amenaza y el silencio para desarrollar reuniones entre personeros de gobierno y líderes pandilleriles.

Hasta la fecha se conoce de encuentros de pandilleros con funcionarios de Gobierno y entre liderazgos de pandillas en las cárceles de máxima seguridad y en un hospital nacional. Además, estos encuentros parecen mantenerse y consolidarse a pesar de los señalamientos públicos de medios de comunicación y el evidente control de las pandillas en el territorio. La criminalidad desciende, mientras pudiera consolidarse aún más el poder de las pandillas, no solo como actores dominantes del territorio, sino como actores políticos junto a uno de los gobiernos que menos respeto ha mostrado a la legalidad.

A pesar de esta evidencia, muy poco parece que pudiera ocurrir en torno a la continuidad de la investigación de estos hechos. Luego de la destitución ilegal del fiscal general y la imposición de uno afín a los intereses de Bukele y su partido, poca esperanza hay de que este realice alguna investigación en contra del presidente y su séquito. Sin embargo, en el marco de la información que se ha hecho pública gracias a la labor periodística, me gustaría señalar algunas implicaciones que esta nos deja, no solo para quienes negocian, sino para todo el país.

Una de las principales implicaciones de esta negociación es la duda sobre la efectividad del Plan Control Territorial (PCT), principal política pública de seguridad de este Gobierno. Esta política, declarada como información reservada, ha sido asociada con la reducción de homicidios observada a partir de junio de 2019, mes en que tomó posesión el presidente Bukele.

Quienes hemos trabajado el tema de seguridad durante años observamos con desconfianza esta supuesta relación. Las estrategias de seguridad del PCT recuerdan mucho a las desarrolladas por “los mismos de siempre”: grandes despliegues de policías y militares, la publicidad mensual del número de personas detenidas por la Policía y los golpes a las estructuras de pandillas. La guerra contra las pandillas declarada en 2003 por Francisco Flores, retomada por Antonio Saca en campaña y al inicio de su mandato, fue reconocida públicamente por el mismo exdirector de la Policía de los gobiernos de Arena como una estrategia mediática. Este discurso de combate fue retomado también por Munguía Payés, padre de la tregua 2012-2013, quien despotricaba contra las pandillas en cada aparición pública mientras pactaba en secreto con ellas. Es decir, esta táctica recuerda, en síntesis, a un discurso de guerra contra las pandillas acompañado de mucha foto, pero que tras bambalinas escondía negociaciones con el llamado enemigo interno.

A estas acciones comprobadas como fallidas y que buscaron ocultar medidas poco populares (como una negociación con pandillas) se le suma la imposibilidad de medir los resultados reales del Plan Control Territorial. Al no conocer el plan, no saber sus metas, sus líneas operativas y estratégicas, y cómo estas se conectan con la reducción de delitos, resulta imposible afirmar que es este el que ha causado la disminución. En otras palabras, ¿cuál es entonces la política de seguridad de este Gobierno? ¿El plan es realmente una negociación con las pandillas que permita una moderada “gobernabilidad” y le brinde a Bukele uno de sus principales logros? En todo caso, serían las pandillas las que estarían dando este logro al Gobierno, pese a la inversión que ha significado asociarlo de mil formas con un plan desconocido.  

Otra implicación más es el papel real de los funcionarios vinculados, quienes están a cargo de dos instituciones claves en el tema de seguridad: los centros penales y el territorio dominado por las pandillas. No es casual que sean estas instituciones y sus dirigentes quienes están vinculados a estas negociaciones. Son los centros penales los que retienen a liderazgos históricos de las tres pandillas y es en las comunidades donde están los liderazgos pandilleriles que dan las indicaciones fuera de las cárceles. La duda entonces recae sobre la manera en la que se administran realmente estas instituciones y sus direcciones. ¿Son estas solo formas de llevar y materializar acuerdos entre los liderazgos de estas estructuras y el Gobierno? ¿Son las inversiones en los territorios donde trabaja la Dirección de Tejido Social parte de las solicitudes hechas por pandillas? Osiris Luna, discípulo del manodurista Guillermo Gallegos, ambos del partido GANA, ha mantenido un discurso de combate sin tregua contra las pandillas, el cual ahora parece ser más una puesta en escena que le permite negar estas negociaciones con pandillas, como en su momento ensayó el exministro de seguridad Munguía Payés.

Sobre estas instituciones y sus funcionarios solo cabe añadir las dudas sobre el presupuesto que se les asigna y el uso que realizan de este.

Por otra parte, la investigación deja claro algo que ya se venía señalando desde distintas voces que conocen el terreno: son las pandillas las que han mantenido y mantienen el control del territorio, no el Gobierno. Si los diversos delitos que aquejan al país han registrado un descenso de manera casi generalizada, esto parece ser una decisión de las pandillas y no consecuencia de la capacidad y el control del Gobierno. Es más, cada día la Policía detiene menos pandilleros. La permanencia y la vigilancia de las pandillas se han mantenido intactas en los territorios que dominan, y eso significa que, aunque la población ha tenido un descanso de la violencia que les ha tocado vivir por años, también esta violencia puede volver en igual o peor medida, como ya ocurrió en 2014 y 2015, cuando la tregua entre las pandillas y el Gobierno de Funes finalmente se rompió.

Si el poder de las pandillas se mantiene en el territorio y tienen influencia política con los gobiernos de turno, ¿cómo pudiera evolucionar este pacto con pandillas? Estas estructuras han mutado siempre en función del contexto: si el Gobierno ofrece una negociación a largo plazo esto podría implicar la integración de las pandillas a ejercicios formales del poder estatal. Han sido los gobiernos, por acción y omisión, quienes han provocado este escenario. Se creen con las capacidades de manejarlo siempre a conveniencia, pero los pactos comprometen y necesitan de ganancias en ambas partes para funcionar. La necesidad de hacer pública esta negociación es crucial para conocer en qué se ha comprometido este Gobierno con las pandillas, si es legal o ilegal, si va en función de sus intereses o de la población.

Por último, si el gobierno ha logrado reducir los homicidios negociando con las pandillas, lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿por qué lo ha hecho a oscuras, mintiendo y buscando ocultar las evidencias? La explicación que pudiera dar en este contexto es que negociar con pandillas no es popular en un país donde los mismos gobiernos se han esforzado en nombrarles como los principales enemigos internos. Bukele lo sabe, por lo que no pondrá en riesgo su popularidad y mantendrá el discurso manodurista y de guerra contra las pandillas; una diatriba populista y refrita de las ensayadas por Arena y el FMLN.

El presidente, con tan amplio respaldo popular, pudo haber cambiado la retórica y atreverse a construir una narrativa más conciliadora que le permitiera atender el fenómeno desde un proceso de diálogo, transparente y legal, que busque verdaderamente resolver desde sus causas uno de los principales problemas del país en las últimas dos décadas. Sin embargo, lo que hasta el momento se observa es que pesa más su popularidad y la posibilidad de mantener el poder a largo plazo, quizá necesitando de este aliado criminal con quien se encuentra consolidando su relación. Bukele recuerda la cobardía que mostró el FMLN cuando no fue capaz de retomar la tregua con pandillas como un proceso de pacificación real, a mediano y largo plazo, que no estuviera plagado de ilegalidades ni oscurantismo, y que supiera lidiar con honestidad y transparencia el golpe a su popularidad y la no continuidad en el poder. Bukele, siendo ahora hijo ilegítimo del FMLN, aprendió que vale más mantenerse en el poder, a costa de lo que sea.

Verónica Reyna es directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
 
Verónica Reyna es directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).


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