En Centroamérica es usual que los 15 de septiembre suenen los redobles y desfiles militares y, si bien la pandemia mermó los actos masivos de conmemoración de los 200 años de la independencia de España, no por ello impidió que en algunos países centroamericanos sectores de la sociedad se tomaran las calles para demandar el respeto de sus derechos.
El Salvador fue uno de ellos. El pasado 15 de septiembre, luego de la entrada en vigor de la ley que le da curso legal al Bitocin como moneda y de acciones legislativas que buscan debilitar la independencia judicial, miles de salvadoreños y salvadoreñas se manifestaron en el centro de la capital para expresar su inconformidad con las políticas de las autoridades. Ese día se materializó la primera expresión masiva -fuera de las redes sociales- contra el Gobierno del presidente Nayib Bukele y sus políticas públicas.
Movimientos feministas, personas defensoras de derechos humanos, funcionarios judiciales, ambientalistas, pueblos indígenas, estudiantes, personas LGBTI, familias enteras, en fin, un crisol de perfiles y organizaciones se hicieron presentes en la multitudinaria protesta.
Las razones por las que protestaban eran igual de diversas, pero todas confluyen en el rechazo de un modelo de gobernar que desprecia los derechos humanos, que tiene intolerancia al disenso y al diálogo, que utiliza un discurso de odio para deslegitimar a quienes percibe como adversarios y que busca, a toda costa, concentrar el poder y desmontar una institucionalidad que debería estar al servicio de los derechos humanos.
Si bien durante buena parte de su mandato el presidente Bukele y Nuevas Ideas, el partido oficialista han sido duramente criticados por varias de las medidas implementadas desde el Gobierno y la Asamblea Legislativa, las de las últimas semanas causaron especial preocupación y rechazo. Por un lado, se adoptó el Bitcoin, una de las criptomonedas más populares, como moneda de curso legal, se aprobaron reformas legales que cesarán a un tercio de los jueces y magistrados a nivel nacional y la nueva configuración de la Sala de lo Constitucional habilitó la reelección presidencial, prohibida por la Constitución salvadoreña.
Pero estas medidas solo fueron la gota que derramó un vaso que se ha venido llenado de forma acelerada. El Gobierno del presidente Bukele ha sonado las alarmas de la comunidad internacional en diferentes ocasiones y, desde hace meses, El Salvador vive en un capítulo oscuro y de malos presagios para quienes defienden derechos humanos.
El panorama no puede ser más desolador y, en ese contexto, las organizaciones de derechos humanos no han cesado de denunciar las políticas del Gobierno y las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista, que violan los derechos humanos o los ponen en riesgo. Pero hasta ahora estos llamados de auxilio no habían sido suficiente para movilizar a la población.
Este silencio masivo se rompió el 15 de septiembre. Ese día, miles de personas caminaron por las calles de la capital y demandaron un cambio de dirección en la forma de gobernar. Un halo de esperanza atravesó las avenidas y la gente decidió demandarle un cambio de curso a uno de los presidentes más populares de la región.
En respuesta, el presidente Bukele deslegitimó la protesta durante la cadena nacional transmitida ese día y amenazó con la posibilidad de hacer uso de gases lacrimógenos si en el futuro fuera “necesario”. De nuevo, mostraba oídos sordos y hostilidad ante la demanda de cambios sustanciales en sus políticas públicas.
La historia ha demostrado que, en su mayoría, los cambios sociales estructurales en materia de derechos humanos se materializan cuando la gente asume, desde la colectividad, la injusticia como algo personal. Después del 15 de septiembre de 2021 quedó claro que hay sectores de la sociedad salvadoreña que están dispuestos a autogestionar espacios colectivos de resistencia pacífica y que no se callarán mientras un mandatario pisotea sus derechos. Sin duda, la gente que manifestó su indignación tiene claro que no se merece muchas de las medidas adoptadas por el presidente Bukele y que no quiere vivir un nuevo capítulo de represión similar al que llevó al país a sufrir un conflicto armado de 12 años.
Las luchas por los derechos humanos son un camino empedrado que se construyen desde la indignación, pero también desde la esperanza y la acción colectiva. En Amnistía Internacional acuñamos hace muchos años un proverbio que dice: “Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”. La muestra de disenso y rechazo masivo que recientemente vivió El Salvador nos enseñó cómo miles de salvadoreños y salvadoreñas, en medio de un escenario terriblemente adverso, decidieron no sólo lamentarse, sino además, encender una vela.
*Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional.
