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Los costos de hacer historia

Ricardo Castaneda

 
 

Con apenas un mes de implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, es definitivo que El Salvador ha hecho historia. Pero nada tiene que ver con la que el presidente pregona desde Twitter. El experimento decidido por la familia Bukele que ha sometido al país a una presión financiera sumamente peligrosa ha significado, en apenas 30 días, conectar a un respirador artificial a una aplicación que está lejos de ser chiva y práctica, alimentada con estrategias que, lejos de ser política pública, son puro marketing.

“Si la gente no me quiere, me iré antes que termine mi período”, nos dijo el presidente Bukele el 30 de julio de 2021 a distintos representantes de organizaciones de sociedad civil, convencido de que la población le apoyaría sin importar lo que hiciera. En esa misma reunión, el presidente se comprometió a respetar el trabajo de las organizaciones de sociedad civil y de la prensa independiente, y reiteró varias veces que gobernaba escuchando al “pueblo”.

Los compromisos de ese día, como tantos otros, fueron incumplidos. También lo del mito que gobierna escuchando el pueblo. Pero a él eso lo tenía sin cuidado. Por ello, todo estaba preparado para que el mes de septiembre, el del Bicentenario, fuera un mes para celebrar: una nueva moneda de curso legal, una nueva Constitución, una nueva República y el “aval” para que el presidente pudiera reelegirse inmediatamente. ¿Qué podía salir mal?

Pues, que la ciudadanía, esa que algunos han señalado de apática, de timorata, al no encontrar espacio dentro de las instituciones públicas que escucharan sus demandas, salió a las calles a ejercer sus derechos para, entre otras cosas, dejar claro que no quiere vivir ni un régimen autoritario ni ser parte de un experimento. Cuando el presidente Bukele anunció a través de un video en inglés que El Salvador adoptaría un criptoactivo, que no reúne las características de moneda, como moneda de curso legal, lo que en realidad estaba anunciando es que él y su familia habían decido que la población salvadoreña iba a ser sometida a uno de los más grandes experimentos a escala mundial. Un experimento que hasta la fecha ha estado compuesto por una alta dosis de opacidad y otra gran dosis de improvisación. 

Este experimento, sumado al desmantelamiento de la institucionalidad democrática, ha provocado que las puertas del financiamiento se cierren. Ya esta administración hizo historia, nunca el perfil de riesgo medido por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes, EMBI —que muestra la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos emitidos por países subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran «libres» de riesgo—, había estado tan alto, ni siquiera en la crisis mundial de 2008 y 2009, o durante los meses más álgidos de la pandemia en 2020. Si el país saliera a emitir bonos nuevamente, en el mejor de los casos, la tasa de interés que pagaría sería de alrededor del 13 %, si acaso alguien decidiera comprarlos, lo que implicaría hipotecar los presupuestos de al menos los próximos 20 años.

Además, el acuerdo de servicio ampliado por $1300 millones que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se concretó antes de septiembre, como había anunciado el Gobierno el 31 de julio. Mientras no se logre ese acuerdo, ni el Banco Mundial ni el Banco Interamericano de Desarrollo darán financiamiento de apoyo presupuestario al país. 

En este experimento, sin importar las circunstancias, la población siempre pierde, suba o baje el precio del Bitcoin. Para empezar, usemos o no el bitcóin, nos toca asumir, con el pago de nuestros impuestos, la implementación de la Ley. $205.3 millones fueron aprobaron para ello, justo la misma semana que se aumentaban recursos para el Ejército y para la propaganda gubernamental, mientras se recortaban recursos para educación y salud. Un gesto por demás simbólico sobre las prioridades de la actual administración. 

Contrario a lo que anuncia el presidente desde su cuenta de Twitter, que el precio del bitcóin suba no significa una buena noticia para la mayoría de la población. La volatilidad, de acuerdo a lo establecido en la ley, se asumirá a través de un fideicomiso constituido con recursos públicos. Cuando se señala que con la Chivo wallet no se pagan comisiones para el envío de remesas, en realidad lo que quiere decirse es que no lo pagará la persona que la envía, sino que lo asumirá toda la población con sus impuestos.

Pareciera que, más importante que el bitcóin en sí mismo, lo más importante es el uso de la Chivo wallet que, dicho sea de paso, pertenece a la empresa Chivo S.A. de C.V., una empresa privada constituida con recursos públicos y diseñada para no dar información, para operar en la opacidad, al igual que todos los planes ejecutados por este Gobierno.

Una de las características principales del Bitcoin es que todas las personas pueden verificar, desde el anonimato, las transacciones que se hacen. En la Chivo wallet, en cambio, ¿quién lo puede verificar? ¿Quién puede tener la certeza de que todos los recursos que están dentro de la Chivo wallet sean bitcóines? Soy de la idea de que esto es solo el primer paso para tener un token propio, un paso para desdolarizar.

De lo poco que se sabe de Chivo S.A. de C.V., es que el empleado estrella de atención al cliente es el mismísimo presidente quien, el 7 de septiembre, cuando los ojos del mundo estaban puestos en El Salvador, intentaba dar explicaciones mientras las personas comprobaban la inoperancia de Chivo, la caída del precio del Bitcóin luego de la primera compra gubernamental, el aumento del perfil de riesgo y las manifestaciones de rechazo en la calle. 

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha anunciado, a manera de logro, que más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas han descargado la Chivo wallet. De ser cierto ese dato, significa que se han entregado $90 millones a las personas que se registraron y canjearon los $30 de bienvenida. Sin embargo, en el presupuesto solo se consignaron $30 millones, es decir, 60 millones menos. ¿De dónde salió el resto? Adicionalmente, el hecho de que los cajeros hayan estado llenos solo significa que la gente quería tener esos $30 en billetes, no usar bitcóin. Lo cual además es comprensible. En un país donde la pobreza extrema ha retrocedido a niveles que se tenían hace 6 años o donde la mitad de la población está en inseguridad alimentaria, obviamente intentarán obtener $30 o incluso aceptar $25, como ha pasado en la práctica, pues el cajero solo da múltiplos de 5.

Ahora que el efecto de los $30 está pasando, el presidente anunció que quienes usen la Chivo wallet tendrán una reducción en el precio de los combustibles. Esto, más que una política pública es más bien una estrategia de marketing. Si lo que se quisiera es beneficiar a toda la población, se tendría que haber negociado una reducción del precio del combustible para todos, independientemente usen la aplicación o no. Uno de los principios importantes en las políticas públicas es la no discriminación, pero pareciera que desde el Gobierno es más importante la aceptación y el uso de la herramienta que valide su experimento que dar respuesta a los problemas de la gente. 

El gobierno salvadoreño está intentando concretar el acuerdo cuando antes, o al menos eso pretenden hacer creer. Incluso, las autoridades de Hacienda han asegurado a inversionistas que el acuerdo se logrará a mediados de noviembre. Pero, ¿realmente el Gobierno cederá en temas relacionados con la transparencia y el restablecimiento del orden democrático o solo está volviendo a usar la carta para ver si baja el perfil de riesgo? ¿Correrá el riesgo el FMI de convertirse en un aliado clave para la consolidación de una autocracia en el país?

En cualquier caso, la situación financiera es grave y los aplausos se empiezan a convertir en abucheos. Quizá el presidente no lo dimensionó, pero al apostar con el bienestar de la gente también ha apostado su proyecto político.

Ricardo Castaneda Ancheta es economista sénior y Coordinador para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
 
Ricardo Castaneda Ancheta es economista sénior y Coordinador para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).


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