En 1995, apenas un año después de haber sido presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani Burkard inició una nueva etapa como inversionista. En las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá manejó al menos 16 empresas de papel usando como socios a sus hijos, a su esposa, a sus sobrinos y también a su hermano mayor.
Antes de llegar al poder, Cristiani ya era un próspero empresario heredero de compañías farmacéuticas, cafetaleras y algodoneras. Pero esto era algo distinto: Panamá y las Islas Vírgenes Británicas están entre los países conocidos internacionalmente por atraer capitales extranjeros a cambio de no cobrar impuestos y, sobre todo, mantener absoluta discreción sobre la identidad de los accionistas y los beneficiarios.
La protección a los dueños de empresas extraterritoriales es legal. Sin embargo, esto puede prestarse a la evasión de impuestos en los países de donde sale el dinero, así como a delitos de mayor relevancia, como el pago de sobornos, el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo, entre otros.
La información sobre las empresas de papel manejadas por Alfredo Cristiani en paraísos fiscales forma parte de la cobertura periodística mundial Pandora Papers organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), de la que el Faro ha formado parte.
Durante un año, 600 periodistas en 17 países revisaron 11.9 millones de registros financieros sobre 14 proveedores de servicios extraterritoriales que ayudan a crear fideicomisos, fundaciones y empresas ficticias.
La firma de abogados panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL) fue contratada por el expresidente salvadoreño en su incursión en paraísos fiscales. La empresa se presenta en su página web como un equipo de abogados que ofrecen “todo tipo de servicios legales” para hacer crecer a sus clientes con servicios profesionales del más alto nivel.
El ICIJ envió un cuestionario a Alfredo Cristiani sobre el manejo de empresas de papel. En una carta, respondió que, en su momento, cuando sus abogados lo consideren pertinente, dará una explicación, aunque adelantó que siempre actuó dentro de la ley.
Los archivos analizados por el Faro sobre el expresidente incluyen facturas, hojas de cálculo, informes de juntas de accionistas y registros de las empresas en ambos países que revelan la identidad de beneficiarios, además de algunos datos personales como direcciones y copias de pasaportes.
En las 16 compañías localizadas por El Faro dentro de Pandora Papers, quienes acompañaron al exmandatario en calidad de accionistas y beneficiarios han sido su esposa Margarita Llach, así como sus hijos Alejandro Félix, Javier Alfredo –fallecido en junio del 2019– y también su hija Claudia Margarita. Todos de apellidos Cristiani Llach.
En los mismos registros de la firma de abogados ALCOGAL también inscribieron a Antonio Juan Cristiani Burkard –hermano del expresidente– y a los hijos de este: Antonio Juan y Félix Guillermo, de apellidos Cristiani Moscoso.
Ocho de las compañías aparecieron en los registros de las Islas Vírgenes Británicas relacionadas con Cristiani y su familia: Americas Gene International Corporation, Corporación Mercantil Ltd, Fundación Raíces Ltd, IFC Financial Holdings Ltd, Listo Participations Inc, LJ Maple Hamlet Ltd, Monte Ebro Investments Ltd y Osprey Rotherham Ltd.
Las Islas Vírgenes Británicas junto con las Islas Caimán y Las Bermudas son los paraísos fiscales número uno en el mundo, según la lista 2021 publicada por Corporate Haven Index. Cada año, esta organización difunde qué naciones protegen a las corporaciones internacionales, así como a otros empresarios de alto poder económico, para pagar menos impuestos.
Cristiani y su familia manejaron otras ocho compañías de papel con ventajas fiscales en Panamá: Adigrove, Harvestland Overseas, Marmot Holdings, Monpearl Inc, Mullen Enterprises, Petroria Capital Corp, Senhouse Investments y Zermatt Comercio.
La Unión Europea incluyó de nuevo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales. En 2018 este país salió de esa calificación por asumir una serie de compromisos en materia de transparencia fiscal luego del escándalo provocado por el Panama Papers, otra de las coberturas periodísticas del ICIJ. Sin embargo, para el 2021, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la misma OCDE consideró que no podía otorgarle la categoría de un país “cumplidor en gran medida”.
Panamá fue el centro de una de las operaciones de Cristiani, de acuerdo con los archivos revisados por El Faro dentro de la investigación Pandora Papers. Entre 2005 y 2008, hizo 6 movimientos a través de 5 empresas en las que transfirió por lo menos alrededor de 1 millón 427 dólares en capital y acciones.
En Marmot –creada el 30 de septiembre del 2005– participaban como accionistas el expresidente junto con sus hijos Alejandro Félix y Javier Alfredo. Unos días después, el 4 de octubre, crearon otra compañía, Adigorve, cuyos dueños eran sus sobrinos Antonio Juan Cristiani Moscoso y Félix Guillermo Cristiani Moscoso. El director de esta última fue Antonio Juan Cristiani Burkard, hermano del exmandatario.
La operación fue posible gracias a este último. Si bien Antonio Juan Cristiani aparece como representante de Adigorve, sus acciones estaban a nombre de Marmot. Así dejó las puertas abiertas para que su hermano Alfredo Cristiani operara sin estar, en ese momento, involucrado directamente.
La maniobra se selló un año después, el 27 de septiembre del 2006, cuando en una reunión de accionistas de Marmot, realizada en Guatemala, los accionistas dieron el “más amplio poder de representación” al expresidente. Las asambleas en otros países es otra ventaja de los paraísos fiscales.
El incluir una empresa dentro de otra –en este caso Marmot dentro de Adigorve– como dueña de una parte de las acciones ha sido uno de los mecanismos usados para tratar de ocultar los nombres de los beneficiarios del dinero, independientemente de lo que ofrecen los paraísos fiscales, tal como lo expusieron otros trabajos periodísticos del ICIJ, como el Panama Papers o el Paradise Papers.
El siguiente paso lo dieron el 11 de junio de 2008, cuando los hijos del exmandatario salvadoreño anularon su participación dentro de Marmot y, al mismo tiempo, emitieron nuevos certificados accionarios en favor de Harvestland Overesas con un valor de 10 mil dólares. Esta tercera empresa había nacido apenas un mes atrás, el 18 de marzo. Los dueños eran: Antonio Juan Cristiani Burkard, Antonio Juan Crisitani Moscoso y el propio Alfredo Félix Cristiani Burkard.
Es decir, los hijos del expresidente emitieron acciones a nombre de la empresa apenas creada, cuyos dueños eran uno de sus primos, su tío paterno y, desde luego, su padre. El expresidente es quien más ganaba toda vez que tenía injerencia tanto en Marmot como en Harvestland Overseas.
Pero no únicamente hicieron esta maniobra. Ese mismo 11 de junio del 2008 dejaron por escrito –en las minutas de la reunión de Guatemala– que el expresidente era dueño de 628 650 acciones –cada una valía 1 dólar–, y que la compañía contaba con un capital de 640 000 dólares.
Harvestland Overseas desapareció el 14 de agosto del 2013, cuatro años después del intercambio de acciones. A partir de ese momento, los socios se distribuyen el dinero y los bienes que tuvo la compañía de acuerdo con el número de acciones.
Mientras tanto, Marmot seguía abierta. El 27 de junio del 2008, durante una junta de accionistas, también en Guatemala, los dueños, encabezados por su presidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, otorgaron un poder especial en favor de Juan Antonio Cristiani Moscoso -su sobrino- para que firmara un contrato de “cuentas por cobrar” con otra empresa llamada Zermatt, por 789 000 dólares.
En términos sencillos, Zermatt cobraría ese dinero a nombre de Marmot. La primera de ellas fue creada mucho antes, desde el 7 de febrero de 1995, un año después de que Alfredo Cristiani dejara de ser presidente de El Salvador, y sus accionistas eran él mismo y sus hijos.
Zermatt cerró el 3 diciembre del 2008, apenas 6 meses después de haber cobrado el dinero de Marmot con un capital a distribuirse de 640 000 dólares, según consta en los documentos revisados por El Faro.
Marmot, el epicentro de las maniobras financieras recibió un trato especial para no dejar rastro, como se hace con otras offshore en los paraísos fiscales. En octubre del 2005, pusieron como representantes a Jesús Madrazo Yris, a Bryan William Joseph Corkal y a Andrés Félix Flores. Los tres, en ese entonces, trabajan para ALCOGAL, la firma que diseñó la ingeniería financiera de las offshore, según consta en Open Corporates –una organización que proporciona los nombres de representantes de compañías offshore en el mundo–. Tiempo después, el 10 de marzo del 2009, ellos disolvieron la empresa. En suma, se trató de intercambio de acciones y dinero entre empresas de la misma familia.
En los registros de ALCOGAL clasificaron a Alfredo Cristiani como un cliente con un perfil políticamente expuesto, PEP, por sus siglas en inglés, hecho que los obligaba a manejar con mayor cuidado sus movimientos.
En Guatemala, Antonio Juan Cristiani Burkard, hermano mayor del exmandatario salvadoreño, está procesado en el juzgado de mayor Riesgo 'A' de Ciudad Guatemala por financiar de manera ilegal, con 100 000 quetzales -unos 13 000 dólares-, la campaña electoral de 2015 de la candidata presidencial Sandra Torres, postulada por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En esa ocasión, Torres perdió frente a Jimmy Morales. El caso está en suspenso desde que, en mayo de 2021, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala admitió a trámite un amparo interpuesto por Antonio Juan Cristiani, quien alega que el delito del cual es acusado no existía cuando entregó el dinero a la UNE.
Mientras la CC de Guatemala no resuelva el amparo, el caso –que estaba en la etapa intermedia, a las puertas del debate oral y público– no seguirá adelante. Antonio Juan Cristiani enfrenta una posible condena de cinco años, como máximo, y una multa de 13 000 dólares, un monto equivalente a la donación que hizo, pero si la CC da la razón a Cristiani, el caso, en el que hay una docena de empresarios acusados de lo mismo, podría derrumbarse.
Antonio Juan Cristiani reconoció haber entregado ese dinero; sin embargo, señaló a Mario Leal, el compañero de fórmula de Torres, como el intermediario que no registró en debida forma la aportación en la contabilidad del partido como él mismo se lo había pedido, de acuerdo con una entrevista de Antonio Juan Cristiani con El Faro, efectuada en enero de 2020.
Caso Taiwán
Pretoria Capital es la única empresa en la que no aparece la familia del expresidente. Los socios fueron José Mauricio Felipe Samayoa, Roberto Ortiz Ávalos, Elías Jorge Bahaia y Jorge Leopoldo Weill Schwartz, creada en Panamá el 16 de septiembre del 2015.
Un año antes, en 2014, la Fiscalía salvadoreña acusó al expresidente Francisco Flores (1999-2004) de desviar 10 millones de dólares que habían sido donados por Taiwán para atender a los damnificados por los terremotos del 2001 hacia la campaña electoral de su compañero de partido, el entonces candidato presidencial Antonio Saca, según reveló El Faro en octubre de 2014. En la acusación contra Flores, la Fiscalía describió a Samayoa como el responsable de ocultar el origen de los fondos de Taiwán pero, a pesar de ello, nunca presentó cargos contra él.
En 2003 y 2004, Samayoa era presidente del Banco Cuscatlán –nombre comercial del banco que en 2006 adquirió Citigroup–, donde Arena tenía una cuenta bancaria, y fue socio comercial de Cristiani hasta su muerte en 2015.
En junio del 2018, El Faro reveló que Cristiani recibió 35 cheques a su nombre por un valor de 4.25 millones de dólares provenientes de la partida de gastos reservados. Los últimos fueron apenas 12 días antes de entregar la banda presidencial.
Capres emitió dos cheques que sumaban en total 343 mil 249 dólares. En aquellas fechas se afinaba la transición de gobierno para el electo presidente Calderón Sol. Este había ganado las elecciones en una segunda vuelta el 24 de abril; el país convulsionaba por la débil economía heredada de la guerra y por la inestabilidad de algunos grupos afines al FMLN y a los cuerpos paramilitares que desconfiaban del cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El país, además, descubría el poder de bandas criminales y de secuestradores vinculadas a desmovilizados.
Recientemente, en julio de 2021, durante la sesión de una comisión parlamentaria de investigación sobre el asunto, Cristiani negó haberse beneficiado de los fondos secretos. Varios miembros del Congreso salvadoreño solicitaron que lo investigaran por presuntamente recibir y autorizar la entrega irregular de fondos estatales. En esa sesión, Cristiani, mencionó que todo el dinero de la llamada partida secreta lo usó conforme a las leyes del momento para fines lícitos.
En los archivos revisados por El Faro no hay información que verifique el cierre de las empresas extraterritoriales Americas Gene International Corporation, Fundación Raíces Limited, IFC Financial Holdings Limited, Listo Participations Inc, LJ Maple Hamlet Ltd, Monte Ebro Investments Ltd y Senhouse Investments.
En cuanto a la Fundación Raíces Ltd., Claudia Cristiani, hija del expresidente y directiva de la sociedad, confirmó a El Faro que la offshore sigue operando hoy en día. Claudia Cristiani explicó que la Fundación Raíces tiene su base operativa en El Salvador y que tiene como misión administrar diversos programas de asistencia social, entre ellos, el proyecto denominado 'Centros ¡Supérate!' Según el sitio web del proyecto, en El Salvador hay diez Centros ¡Supérate! y son instalaciones donde se brindan estudios especializados a alumnos de escuelas públicas hasta que se gradúan de bachillerato, y también se les brinda becas para que continúen sus estudios universitarios. Según la hija del expresidente, los centros se mantienen gracias a donaciones y, por ello, la Fundación decidió crear una sede en las Islas Vírgenes para facilitar la recepción de donaciones monetarias de personas extranjeras.
“La fundación opera en El Salvador y esa empresa (en Islas Vírgenes) la creamos para tener una sede en Estados Unidos y conseguir ahí el financiamiento para pagar los estudios universitarios de nuestros becarios una vez salen del bachillerato”, dijo Claudia Cristiani, en una llamada telefónica, el viernes 1 de octubre. Según ella, la idea de abrir la sede en Islas Vírgenes surgió cuando recibieron diversas solicitudes para que la fundación siguiera apoyando a los estudiantes al salir del bachillerato. “La creamos ahí (Islas Vírgenes) para facilitarle a los donantes de Estados Unidos la deducción de impuestos, porque hacerlo desde El Salvador es más complicado”, dijo.
Claudia Cristiani es la responsable de supervisar la estrategia de las inversiones sociales que hace el grupo empresarial de su familia, según una biografía de CALI Foundation. El Faro le preguntó si podía explicar las razones por las cuales su familia había creado las otras empresas en paraísos fiscales. 'No puedo comentar más del tema, lo único que puedo decir es que esas empresas fueron creadas de forma lícita, para fines lícitos y con fondos lícitos', escribió, a través de una plataforma de mensajería instantánea.
El expresidente Cristiani se aseguró de que su riqueza esté a salvo. Al menos desde agosto del 2018, existen pagos por 150 dólares para cubrir los servicios de Apex Corporate, una firma dedicada a buscar para sus clientes tasas de cambio a tasas preferenciales, oportunidades de inversión en paraísos fiscales en todo el mundo y algo más: seguir al pie de la letra su testamento.
