Paolo Ardoino es jefe de tecnología de Bitfinex Securities, una empresa de criptomonedas domiciliada en Kazajistán que se ha aliado con el Gobierno para facilitar la emisión de los $1,000 millones en bonos bitcoin. El empresario italiano explicó a El Faro su incursión en el proyecto Bitcoin en El Salvador y sus pláticas con uno de los hermanos del presidente, Yusef Bukele, para hacer realidad esta suscripción de deuda para financiar la promesa del presidente Nayib Bukele de construir infraestructura para Bitcoin City por $500 millones y para la compra de $500 millones en bitcoin.
Aunque no cuenta con un cargo oficial público conocido, Yusef Bukele es uno de los emisarios que ha mantenido reuniones con empresarios de la industria de criptomonedas y lo confirma Ardoino. “Hablé con Yusef Bukele sobre lo que se necesita para comenzar a construir un plan”, relató. Entre los puntos conversados enuncia lo siguiente: “leyes y regulaciones necesarias para que un exchange pueda operar en El Salvador y garantías que el Gobierno debe ofrecer para estructurar un bono de este tipo”, dijo Ardoino.
Públicamente, Bitfinex Securities y Blockstream han dicho que tendrán un rol protagónico en la formulación de las reglas bajo las cuales van a operar en El Salvador. ”No estamos diciendo que vamos a redactar las leyes en El Salvador, pero estamos siendo claros que para operar en el país deben contar con reglas”. Las reglas que buscan implementar están relacionadas a que queden claras las actividades a las que están autorizados a participar. “Lo que pedimos es un marco regulatorio que permita a exchanges (casas de cambio) como Bitfinex Securities operar y emitir activos”.
Los bonos bitcoin son una deuda que el Gobierno va a suscribir a 10 años, con una tasa de interés del 6.5%. En total, durante 10 años, el Gobierno debe cancelar $1,650 millones a los inversores en criptomonedas por este préstamo de $1,000 millones. Para hacer realidad esta idea, el Gobierno buscó aliados que le permitan vender estos bonos -conocidos como valores tokenizados- a inversores de criptomonedas y la empresa de Ardoino fue la elegida. “Somos la única plataforma de criptomonedas en el mundo que tiene una licencia para comerciar y para emitir valores tokenizados (tokenized securities)”, dijo.
El enlace entre Bitfinex y el Gobierno fue un amigo de Ardoino: Samson Mow, quien es representante de la empresa canadiense Blockstream. “Nos hemos puesto en contacto a través de Blockstream y Samson Mow, quien es un buen amigo. Nos pidieron ser proveedores de tecnología”, dijo a El Faro. Mow estuvo en pláticas con el Gobierno desde julio de este año, cuando Jack Mallers -representante de la empresa Strike- lo invitó a sumarse al proyecto, según un comunicado de Blockstream. “Blockstream tiene el conocimiento en minado de bitcoin y Bitfinex tiene la infraestructura para tokenizar securities”, justificó Ardoino la alianza.
El 1 de enero de 2022 el representante de Blockstream Samson Mow dijo en su cuenta de Twitter que ya casi están listos para presentar una 'Ley de Digital Securities'. Un día después, el 2 de enero, el presidente Nayib Bukele anunció que el Gobierno va a presentar 20 propuestas de leyes. Esos proyectos de Ley aún no son públicos, aunque el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya dijo el 4 de enero que ya están listos para presentarlos. 'Todas estas leyes (20) que serán enviadas a la Asamblea Legislativa están relacionadas con libertad financiera e inversión en el mercado de valores', dijo Zelaya.
El 18 de noviembre, Mow participó en una visita a una planta geotérmica de la empresa estatal La Geo, en Usulután, donde promocionó la instalación de equipo proveído por su empresa. “Hoy configuré una estación de base satélite #Blockstream@LaGeoSV en la Planta geotérmica de Berlín, donde se encuentra la mina Volcano #Bitcoin. La instalación ahora está conectada a nuestra red de satélites y recibe bloques de bitcoin desde una órbita geosincrónica”, dijo Mow en su cuenta de Twitter.
A Mow lo acompañaba Yusef Bukele, quien dio declaraciones a los medios oficialistas: “Como dijo Samson: si en esta planta se está minando bitcoin y hay un problema con el internet todo el trabajo se puede llegar a perder. Al estar conectado a un satélite aunque no haya internet se conecta y llega a la red Bitcoin. Es importante y una señal de hacia dónde va el país”, dijo el hermano del presidente.
El plan de Bitfinex Securities es abrir una empresa en El Salvador y obtener una licencia del Gobierno, que certifique que están autorizados para emitir este tipo de activos digitales en el país y para comerciarlos. A cambio Ardoino dice que ofrecieron no cobrar honorarios (“fees”) por facilitar su plataforma para que el Gobierno emita los bonos y estos sean vendidos a inversores con el propósito de recaudar dólares, bitcoin y Tether (una criptomoneda distinta a BTC). Por prestar estos recursos, inversionistas recibirán “tokens” en sus billeteras digitales que representan la promesa de pago del Gobierno de El Salvador.
El empresario italiano dijo que su empresa ya tiene una licencia en Kazajistán para emitir este tipo de bonos o “Tokenized Security”. “Este tipo de bonos son un security y tiene que estar en una plataforma que cuenta con una licencia para vender securities: la plataforma es Bitfinex Securities”, explicó Ardoino.
Bitfinex Securities opera bajo un marco legal especial, en una zona económica especial de Kazajistán, una ex república soviética con fronteras con Rusia y China. Desde el 5 de enero de 2022, ese país está en crisis por el aumento al precio del combustible y masivas protestas que exigen la salida del presidente Kassym Tokayev, quien ha solicitado la ayuda de Rusia, Armenia y de Bielorrusia, países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), para sofocar las manifestaciones
El plan del Gobierno y de Bitfinex Securities es usar la mitad de lo obtenido, $500 millones, para comprar bitcoin y tenerlos en una especie de reserva para especular con el precio. “Estos bitcoin estarán atados a un precio promedio durante un periodo inicial. Estarán bloqueados por cinco años y luego estos van a ser vendidos en el mercado y las ganancias serán repartidas en un 50% con los inversores”.
Los otros $500 millones servirán para la construcción de infraestructura de bitcoin City y la compra de equipo para el minado de bitcoin. Ardoino dijo que su empresa no ha tenido ninguna participación ni tiene conocimiento de si bitcoin City será una zona económica especial, similar a la que existe en Kazajistán, donde Bitfinex Securites opera. “No creo que esté relacionado. No tenemos participación en la idea de Bitcoin City. Nuestra empresa es una plataforma tecnológica y queremos ayudar a que la emisión de estos bonos tenga éxito, porque puede ser la entrada para que otros países sigan el ejemplo”. En diciembre de 2021, Ardoino dijo a El Faro que tenían previsto salir en febrero de 2022 con la emisión de los bonos bitcoin.
La plataforma para vender “tokens” del Gobierno
En la práctica, la emisión de los bonos bitcoin va a funcionar de la siguiente manera: el billón de dólares equivale a un billón de “tokens”. Los “tokens” son como unos vales digitales que tienen un valor y van a ser vendidos a inversores. El día de la venta Bitfinex va a habilitar una página web en la que los usuarios van a poder comprar estos vales digitales con dólares, bitcoin u otro tipo de criptomonedas que el Gobierno de El Salvador acepte.
Ardoino puso el ejemplo de un usuario que quiera participar con $10,000 en la recaudación meta: los $1,000 millones. El usuario debe mover $10,000 (en dólares, Tether o bitcoin) de su billetera personal a una billetera digital del Gobierno. “Supongamos que la meta se va a alcanzar. Los fondos que los usuarios de Bitfinex comprometieron se mueven a una billetera propiedad del Gobierno, mientras que los usuarios que participaron obtienen tokens en su cuenta en Bitfinex”.
Dice que en la página habrá una barra de progreso donde podrá hacerse un monitoreo de lo recaudado y que Bitfinex solo servirá como intermediario entre los compradores del bono y el gobierno que emite el bono.
Advirtió que para los inversores y para el Gobierno habrá riesgos y que por eso se han comprometido a transparentar información. “Como (estos bonos) son un security no está 100% garantizado. Cada vez que compras un token no hay nada garantizado en el mundo cripto. Compartiremos mucha información con los usuarios de la plataforma”, dijo. Prometió que cuando esté listo el documento donde va a estar detallada toda esta información será público. “El prospecto (de la emisión de los bonos) va a ser público, pero no está listo aún”, dijo.
Ardoino dijo que habrá un procedimiento de “conoce a tu cliente”, conocido en las regulaciones contra el lavado de dinero como KYC, en el que los inversores deberán identificarse. “Estos bonos son securities y están regulados por la SEC -Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos- y hay reguladores en cada nación del mundo. No se pueden vender securities sin que los usuarios pasen por el proceso de KYC y un procedimiento AML -anti lavado de dinero- que es extremadamente detallado. El proceso implica que el usuario entiende qué es un securitty y el riesgo que conlleva”, aseguró.
Para el Gobierno existe un riesgo adicional, la volatilidad, porque al momento de recibir los recursos recaudados de los bonos bitcoin existe el riesgo de que su valor aumente o disminuya. “En vez de un billón el Gobierno puede obtener 1,001 millones ó 990 millones, pero depende del tipo de criptomoneda que acepte el Gobierno. Si es una moneda estable, es simple. Está claro el interés del Gobierno en obtener dólares, tether o bitcoin”, dijo Ardoino.
El empresario dijo que aún no han definido la meta de recaudación en cada una de estas tres monedas, pero le restó importancia. “Estamos en una etapa temprana y no hay acuerdo sobre las proporciones. Como el Gobierno necesita comprar bitcoin, al final no importa, porque lo que reciba lo usará para comprar bitcoin”,explicó. Se mostró optimista sobre los resultados de esta emisión. “Hemos escuchado interés de inversores que son ballenas que nos han dicho, acá tenemos $70 millones y otros que se han acercado para manifestar interés”.
Una licencia tipo “Kazajistán”
Según un comunicado de Bitfinex, el Gobierno se comprometió a trabajar de manera exclusiva con la plataforma de Bitfinex para “emitir deuda para la construcción de infraestructura de minado (de bitcoin)”. Pero para operar en el país, la empresa necesita una licencia y que El Salvador cuenta con normas que regulen la emisión de “securities” así que han propuesto al Gobierno que emule las leyes de Kazajistán, que a su vez -dice Ardoino- están basadas en regulaciones del Reino Unido.
Ardoino enfatizó que necesitan una autorización para dedicarse a actividades similares a las que se dedican en otras jurisdicciones. “Tenemos una licencia en Kazajistán y está basada en regulaciones del Reino Unido. Para crear algo necesitamos una licencia similar y estamos asesorando sobre qué necesitamos desde un punto de vista legal, porque operamos en otras jurisdicciones y ninguna empresa estaría interesada en involucrarse con nosotros si obtenemos una licencia en El Salvador que diga puedes hacer lo que quieras, porque fuera de El Salvador ningún otro regulador lo va a aceptar. Por tanto necesitamos una regulación similar”.
Con esta licencia buscan evitar futuros problemas legales. “Nos tenemos que asegurar de que el marco regulatorio permita esta clase de préstamos para que podamos ser sus socios tecnológicos y podamos llevar esa emisión a la práctica”, indicó.
Rechazó que exista un conflicto de interés en participar en la formulación de las reglas bajo las cuales van a operar y dijo que habían tomado la decisión de no cobrar honorarios “fees” por la venta de los bonos para evitar ese tipo de cuestionamiento. “Una parte del acuerdo con el gobierno es que la empresa no hará dinero de estos bonos. Los bancos por ejemplo que ayudan a emitir bonos usualmente se quedan con una pequeña comisión. Ese no es nuestro caso”, dijo.
Aunque han sido enfáticos en la importancia de contar con una licencia, negaron que su participación esté motivada por obtener este permiso en El Salvador. “Nosotros ya tenemos una licencia en Kazajistán. Somos una empresa exitosa y no necesitamos unos dólares extra por esto. No vamos a cargar nada al gobierno por el costo de los bonos, porque no queremos quitar recursos a la población de El Salvador. Queremos asegurarnos de que sea una experiencia exitosa”.
Ardoino dijo que no están bajo ningún contrato y que los acuerdos con el Gobierno son aún preliminares. Se disculpó por no poder dar detalles del acuerdo general, porque este todavía no existe materialmente como un contrato con obligaciones para las partes, pero también dijo que la finalidad de esta alianza es construir una plataforma de criptomonedas en El Salvador. “Queremos tener una empresa que tenga impacto: contratar desarrolladores, entrenarlos, y educarlos en temas de blockchain”.
El plan para emitir bonos bitcoin sucede en un momento de tensión en el que las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de $1,300 millones están estancadas. El Gobierno necesita estos recursos para financiar el presupuesto de los próximos tres años y para cumplir con sus obligaciones con acreedores que en 2023 van a exigir el reembolso de $800 millones. Ardoino dijo que esperan que estos bonos bitcoin sean un éxito y se refirió a la tensa relación del Gobierno con el FMI. “El Salvador está tratando de esforzarse por navegar en el mundo de la economía global en lugar de estar sometido al FMI y la única condición que hemos puesto para participar en esto es que todo sea público”.
