Esta es la historia de unas personas que viven en una comunidad rural y empobrecida y que anduvieron, de puerta en puerta, suplicando ayuda para detener la perforación de un pozo. Hicieron reuniones, mandaron cartas, denunciaron el caso en la Policía, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en la Fiscalía y hasta buscaron al presidente de la República, Nayib Bukele, para pedirle su colaboración, pero nadie los escuchó. Esta también es la historia de una constructora que violó la Ley de Medio Ambiente, que incumplió normas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y que perforó un pozo, pese a que un juzgado le ordenó no hacerlo. Esta historia es un litigio que está lejos de llegar al final, pero que en su primer capítulo dejó a la constructora como una víctima y a tres habitantes de la comunidad La Labor, en Ahuachapán, como a unos delincuentes que tuvieron que estar encarcelados durante dos meses por reclamar su derecho al agua. La mañana de este 26 de enero de 2022, la Cámara de lo Penal de Ahuachapán ordenó liberarlos, aunque siguen teniendo medidas como no salir del país, presentarse periodicamente al juzgado a firmar y no acercarse al terreno donde opera la empresa que perforaba sin permisos.
La noche del 29 de noviembre de 2021, un Juzgado de Paz de Ahuachapán envió a la cárcel a Jorge Alberto Zúniga Artero, un agente de la Policía y presidente de la Junta de Agua de La Labor; a Rosa Miriam Cinco, una vendedora de frutas, pastelitos y yuca frita; y a José David Miro Escalante, el dueño de un pequeño molino y de un pick up con el que hace viajes. A otras cuatro personas, el juzgado ordenó procesarlas en libertad. La Fiscalía los acusa de invadir violentamente un terreno de la Inmobiliaria Fénix, que busca agua en La Labor porque planea construir 1,764 casas del proyecto residencial Eco-Terra Hacienda. Por el lado de los fiscales, hay una denuncia de ocupación violenta que se sustenta principalmente en el testimonio de dos empleados de la constructora. Del otro lado, hay un pronunciamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y el clamor de toda una comunidad que contradice esa versión. Hay, además, abundantes documentos de que Fénix operaba sin los permisos obligatorios.
El éxito de la Inmobiliaria Fénix camina de la mano con el de una de las constructoras más grandes del país: Salazar Romero. Fénix nació en 2014 con un capital de $2,000 y, dos años después, lo había aumentado a $22.8 millones gracias a los negocios que le endosó Salazar Romero. La relación es tan umbilical que Fénix factura en nombre de Salazar Romero. Esas y otras empresas relacionadas están al frente de proyectos habitacionales como Ciudad Versailles (La Libertad), Villas de Terranova (Usulután) y Acrópolis (Sonsonate), donde destruyeron parte del sitio arqueológico de Tacuscalco. Las empresas tienen acuerdos de financiamiento a largo plazo con el Fondo Social de la Vivienda (FSV) para que los usuarios puedan comprarlas al crédito. En los próximos años, Fénix quiere construir en La Labor, Ahuachapán.
La mañana del 26 de enero, El Faro llamó a las oficinas de Fénix para solicitar una entrevista con Raúl Armando Zaldaña Calderón, uno de los representantes. “Él no está aquí porque es un profesional externo que trabaja para la empresa”, respondió la recepcionista. Este periódico le solicitó una postura oficial de la constructora sobre las irregularidades denunciadas por la comunidad en el proyecto Eco-Terra Hacienda, en Ahuachapán, pero hasta el cierre de esta nota no se habían pronunciado.
Los de la Hacienda La Labor son los primeros encarcelados por protestar y reclamar el derecho al agua durante el Gobierno de Bukele, caracterizado por no tolerar la crítica ni la disidencia. Para la Fiscalía, controlada por el oficialismo, este caso fue una prioridad que resolvió en tiempo récord: apenas 24 horas después que la constructora puso la denuncia, un fiscal de Ahuachapán citó a 11 habitantes para que negociaran con la empresa. Ante la negativa de la comunidad, la Fiscalía continuó con las investigaciones y, apenas 20 días después, giró las órdenes de captura por un delito grave que es castigado hasta con ocho años de cárcel.
Pero ahí donde la Fiscalía vio un delito (ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo), otras instituciones del Estado adviertieron una persecución política. “Personal de esta Procuraduría, en calidad de observadores, estuvo presente (en la audiencia inicial), lo que permitió a este titular contar con información directa y fidedigna de lo ocurrido, por lo que puedo afirmar que es una criminalización de las acciones de defensa del derecho humano al agua”, reza un comunicado que el procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, divulgó el dos de diciembre pasado.
Los capturados en la Hacienda La Labor pasaron casi dos meses encerrados en cárceles. Ni los abogados ni sus familiares lograron visitarlos durante todo este tiempo. “El problema es que uno de pobre no tiene dinero para pagar abogados o para comprar las cosas que ellos necesitan en el penal. A uno solo le queda confiar en Dios”, dice el familiar de uno de los detenidos, que pidió anonimato por temor a represalias. En hojas volantes, cuentas anónimas de redes sociales y en medios de propaganda del Gobierno, acusaron a los líderes de la Hacienda La Labor de cobrar “fuertes sumas de dinero” para promover las marchas contra la perforación del pozo. 'PNC desarticula una red de agresivos manipuladores en Ahuachapán', tituló La Página, un sitio web administrado por el Gobierno, el 26 de octubre de 2021, un día después de la capturas. Pero dinero es lo que menos tienen los detenidos y sus familias. Allá, en La Labor, lo que abundan son calles maltrechas y polvosas.
En una de estas calles, una mujer intentaba recoger dinero.
―Un dólar vale el número. Cómpreme uno, está barato ―le dice Erika a un grupo de hombres que aquel domingo 16 de enero de 2022 estaban bajo la sombra de un árbol, cerca de lo que un día fue el casco de la hacienda y que ahora es un puñado de casas destruidas.
―Ahorita quizá no ―responde José, un hombre de bigote canoso, de unos 60 años.
―Cómpreme uno. Usted tiene suerte, acuérdese que usted se ganó la licuadora la vez pasada ―insiste Erika.
El hombre accede y compra un número para participar en la rifa de una bicicleta. Esta es una de las actividades para recoger dinero y pagar los honorarios de los abogados que defienden a los tres detenidos. Al siguiente día, Erika regresará al mismo lugar a vender más números. Esta no ha sido la única actividad para recoger fondos. En diciembre, la comunidad recolectó $167 gracias a la rifa de una licuadora, y los utilizó para pagar el paquete de cosas básicas que los dos hombres y la mujer de la comunidad necesitaban para ingresar a La Penitenciería de Santa Ana y a Cárcel de Mujeres, en San Salvador. Los pobladores de La Labor también han recolectado alimentos y los han entregado a las familias de los detenidos.
Del Facebook a la calle
El 8 de marzo de 2021, una publicación de la página de Facebook Hacienda La Labor advirtió a los habitantes sobre la llegada de maquinaria para la perforación de un pozo en uno de los terrenos que la cooperativa vendió a Inversiones Fénix. Los usuarios de redes sociales opinaban que la extracción de agua afectaría uno de sus bienes más preciados: un manantial de aguas termales que abastece los caseríos de San Lázaro, Pega Pega, El Limón, La Piedra, El Bordo, El Regadillo, La Pista, El Puente y la Hacienda, donde viven unas 10 mil personas.
El agente Zúniga, electo presidente de la Junta de Agua en enero 2021, tomó las riendas del debate sobre qué hacer. Él tiene 42 años de edad, es cristiano, padre de dos niños y trabaja en el Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), en Ahuachapán, institución en la que acumula 20 años de servicio. En los últimos años se ha involucrado en reforestar la zona protegida de La Labor y en la administración del agua. “Lo que se acordó fue investigar si la empresa tenía todos los permisos”, cuenta una persona que participó en una de las primeras reuniones y que pidió reserva de su nombre por temor a ser procesado.
Inversiones Fénix ya era conocida por la comunidad. En 2016, la cooperativa La Labor denunció en la Fiscalía que antiguos directivos vendieron ilegalmente a la empresa 856 manzanas por $1.6 millones. Las leyes de la reforma agraria prohibían la venta, pero la constructora se quedó con los terrenos. Los 240 cooperativistas que ya habían perdido una buena porción de la tierra ahora también tenían miedo de que les quitaran el agua. “Los que vendieron esa tierra dicen que ya no se puede recuperar y ellos sabrán por qué dicen eso. Si las leyes se aplicaran como debe ser, ganamos el caso, pero aquí hay otros intereses. Vamos a luchar hasta donde sea posible” dice Ismael Madrid, el presidente de la cooperativa.
La disputa por la tierra lleva seis años y aún no se ha resuelto. La oficina de comunicaciones del Centro Judicial confirmó que un juzgado ordenó la apertura a juicio, pero el expediente aún no ha sido remitido al Tribunal de Sentencia de Ahuachapán. La comunidad creía que al desempolvar la vieja disputa por la tierra, Inversiones Fénix pararía los trabajos porque las escrituras de compra-venta están bajo investigación. “La toma ilegal de las tierras trajo el problema del agua. Hay hasta funcionarios de gobiernos anteriores involucrados y esos papeles se le entregaron a la Fiscalía, pero como es corrupta, el caso no avanza”, dice un socio de la cooperativa que desde el 2013 está tratando de revertir las compras que hizo Fénix. Mientras el expediente por la venta fraudulenta de las tierras acumulaba polvo en los tribunales, la constructora seguía buscando agua.
Entre marzo y julio de 2021, la Junta de Agua de La Labor se dedicó a recolectar información y gestionar reuniones con la Alcaldía, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), el MARN y ANDA, instituciones a las que expusieron dos preocupaciones: primero, que la perforación del pozo afectaba su manantial y, segundo, que la nueva residencial podría contaminar con aguas negras el río San Reymundo.
A medida que la comunidad presionaba para obtener más información del proyecto, el agente Zúniga comenzó a recibir amenazas. A finales de marzo de 2021, desde la página de Facebook “Máximo Gladiador SV”, fiel a las políticas de seguridad del Gobierno, lo acusaron de ser pandillero, extorsionista y de organizar marchas contra la construcción del pozo para movilizar armas y drogas, aprovechando la confusión. Él desmintió esas acusaciones en un video que publicó el Movimiento de Trabajadores de la Policía, el 27 de marzo de 2021: “El que yo sea agente de la Policía no quiere decir que yo no tenga derechos y que no quiera cuidar a la gente que no tiene cómo defenderse y eso es lo malo que han visto. A eso le llaman que yo sea miembro de una pandilla o que este extorsionando a la gente. Créanme que si nos llegan a dañar esa vena de agua nosotros vamos a sufrir, o quizá nosotros no, pero nuestros hijos y nietos sí”.
En los siguientes meses, la distribución de hojas volantes y la creación de otras páginas de Facebook como “La justicia extrema a menudo es injusticia” arreciaron la campaña de desinformación. “Aquí pueden ver la corrupción de quién se dice transparente”, se leía en un post donde publicaron el montaje de una conversación de WhatsApp, donde supuestamente le ofrecían dinero al agente Zúniga por oponerse al proyecto de Inversiones Fénix. Él presentó una denuncia en la Fiscalía por el delito de amenazas, informó que tenía un testigo para resolver el caso, pero los fiscales e investigadores policiales no hicieron nada.
“Él tuvo miedo porque entendió que se estaba metiendo con una empresa poderosa. Ya se habían hecho las denuncias de que estaban perforando en una zona de recarga hídrica, pero la empresa seguía metiendo maquinaria”, cuenta un familiar de Zúniga. Entonces, él cambió de estrategia y buscó a líderes de otras comunidades aledañas que no se abastecen del manantial de La Labor, pero que se verán afectados por el proyecto urbanístico. El bloque de resistencia se hizo más grande. Inversiones Fénix, sin embargo, siguió perforando.
El 17 de agosto de 2020, la comunidad La Labor recibió la noticia que esperaba. El MARN informó que el proyecto “no cuenta con el permiso ambiental correspondiente” porque el trámite no había concluido. Los habitantes insistieron ante el MARN y ante la Alcaldía de Ahuachapán en la urgencia de parar las obras. El alcalde ahuachapaneco, Juan Carlos Zepeda Marroquín, de Nuevas Ideas, mandó la denuncia de los pobladores al Juzgado Ambiental de Santa Ana.
El juzgado ambiental pidió informes a instituciones como el Ministerio de Salud, MARN, ANDA y a la empresa constructora. El juzgado preguntó a Inversiones Fénix si el proyecto cumplía con el formulario del MARN, pero no hubo respuesta. El 28 de septiembre de 2021, el juzgado ordenó a la empresa “no realizar ningún trabajo en La Labor” para evitar posibles daños ambientales, pero nada detuvo la perforación.
No era la primera vez que Inversiones Fénix desafiaba al Estado. En abril de 2018, la constructora desobedeció cuatro órdenes de la Secretaría de Cultura, otra del MARN y una última de un juzgado ambiental que le ordenaban parar la construcción de la Urbanización Las Victorias, conocida como Acrópolis Sonsonate, por los graves daños al sitio arqueológico de Tacuscalco. Al final, Inversiones Fénix pagó una multa de $300,000, evadiendo así la responsabilidad penal por los daños irreversibles al lugar donde el conquistador español Pedro Alvarado llegó herido después de la batalla de Acajutla en 1524.
Con la perforación del pozo en la Hacienda La Labor, Inversiones Fénix siguió el mismo guion: ignoró la resolución del juzgado ambiental que le ordenaba no hacer ningún trabajo. El agente Zúniga intuía que necesitaban hacer algo más. “La gente de La Labor debe despertar”, escribió en su cuenta de Facebook, el 7 de octubre de 2021.
Un día después, el 8 de octubre de 2021, la comunidad ganaba otra batalla. Ese día, ANDA revocó un “certificado de no afectación” que la inmobiliaria Fénix había obtenido un año antes. Según una inspección de la autónoma, Inversiones Fénix subcontrató a Tecnología Hidráulica Aplicada, la cual hizo una perforación con tubería de seis pulgadas, encontrando el agua a una profundidad de 160 metros. ANDA hizo una inspección y confirmó que la empresa perforó en un lugar distinto a donde se le había autorizado. Y no era la única anomalía. El certificado obligaba a que la empresa informara a la autónoma sobre el inicio de los trabajos, algo que tampoco hizo.
Y eso no es lo más grave. El certificado de no afectación que entregó la Dirección Técnica de ANDA obligaba a la Inmobiliaria Fénix a presentar “el formulario ambiental o de una resolución del MARN” para realizar cualquier perforación. La Inmobiliaria Fénix, por supuesto, volvió a incumplir esa orden. Eso significa que la constructora violó el artículo 18 de la Ley de Medio Ambiente, que ordena presentar un estudio de impacto ambiental para que las obras o proyectos no tengan un impacto negativo en el ecosistema o en la vida de la población.
No tenía ese permiso ambiental, pero la constructora siguió perforando.
Nada detenía a Inversiones Fénix. Ni la falta de permiso del MARN ni la revocatoria del certificado de ANDA ni la orden del juez ambiental. Por eso, el 18 de octubre de 2021, La Labor y otras comunidades aledañas decidieron protestar en la calle. Con carteles que decían “no a la perforación” y gritos como “el agua no se vende, se cuida”, un centenar de personas cerró durante dos horas la carretera Panamericana. “Siempre pedí a Dios que se levantaran los líderes de La Labor. Dios escuchó”, escribió en Facebook el agente Zúniga.
El chorro que derramó el vaso
El cierre de la carretera Panamericana no inquietó a Inversiones Fénix y los trabajos de perforación continuaron. Al final de la tarde del 25 de octubre de 2021, la comunidad se indignó al saber que de un tubo salía un potente chorro de agua que se desparramaba sobre un terreno árido donde se cultiva a veces caña, a veces maicillo. La constructora había encontrado agua.
“Mire este chorrito y compárelo con el gran chorro que ellos sacaron allá”, dice Melkin Salinas, directivo de una asociación comunal que defiende el derecho al agua. Salinas está parado sobre uno de los tres tanques que recoge el agua que sale entre las rocas de una montaña tupida de árboles. Esa montaña forma parte de las 39 manzanas declaradas como zona protegida por el MARN, hogar de venados de cola blanca, gavilanes, cuzucos, entre otros animales. Cuando los tanques se llenan, el agua rebalsa hacia un estanque que los lugareños ocupan para nadar y lavar ropa. “La gente se molestó cuando comenzó a salir el agua, porque era un gran chorro el que se estaba desperdiciando. La gente lo tomó como una provocación”. Mientras Salazar Romero pudo encender la bomba y extraer el agua sin límite, las comunidades tienen que recibir un servicio racionado: en la hacienda el agua cae un día sí y un día no; mientras que en los caseríos más lejanos ocurre cada cuatro días, durante apenas dos horas.
La gente comenzó a organizarse para protestar de nuevo y exigir que apagaran la bomba del pozo. El lugar estaba custodiado por vigilantes privados y agentes de la Policía. “Apaguen la máquina, nos están dejando sin agua”, “apaguen ese bolado”, fueron los gritos más insistentes que quedaron grabados en videos de aquel día. Los habitantes pidieron a la Policía detener la extracción de agua porque la empresa no tenía el permiso ambiental, pero la petición no fue atendida. Llegó la noche y la gente no se retiraba del lugar, entonces la empresa cedió. “Se llegó a un acuerdo de que iban a apagar las máquinas y no las iban a volver a encender. Nuestra sorpresa fue que al siguiente día las volvieron a encender”, cuenta Francisco Cinco, otro de los habitantes involucrado en la defensa del derecho al agua.
El 26 de octubre de 2021, Salazar Romero siguió extrayendo agua del pozo y la comunidad volvió a organizarse para protestar otra vez. El lugar seguía bajo custodia policial. A media mañana, un fiscal de la Unidad de Medio Ambiente llegó a la perforación. La gente, aprovechando que no había cercos, ingresó al terreno de Fénix. Luego, unos agentes de la Policía hicieron una inspección en la que dejaron constancia de que unas 40 personas, representantes de diversas comunidades, habían entrado en el lugar. Las autoridades habían iniciado oficialmente una investigación. Lo que la gente no sabía en ese momento es que la investigación era contra la comunidad.
Los fiscales tienen prisa
La noche del 25 de octubre de 2021, dos empleados de la constructora, Geovani Pineda y Wilson Rodríguez, llegaron a la Fiscalía a denunciar que eran víctimas de lesiones y amenazas. Pineda contó que junto a su hijo se dirigía en una motocicleta a dejar cena a los trabajadores del pozo, cuando observó a unas 100 personas que comenzaron a gritarle: “ahí viene el gato, el vendido, el traidor”. Dice que un grupo comenzó a tirarle piedras y palos, y que una de esas piedras le impactó en el talón, mientras que logró esquivar las otras. Luego, dice Pineda, junto a su hijo corrió hacia la galera donde estaba la bomba del pozo. En estos hechos también resultó lesionado del tobillo Wilson, pero el requerimiento no detalla cómo ocurrió.
Giovani dice que estuvo refugiado en la galera hasta la una o dos de la madrugada del 26 de noviembre de 2021 porque la gente le gritaba que no llegara a su casa porque lo iban a matar. Esta parte se contradice con los documentos fiscales. En el requerimiento, la Fiscalía asegura que Giovani llegó a esa oficina a poner la denuncia el 25 de octubre de 2021, un día antes.
El 26 de octubre de 2021, los representantes de Inversiones Fénix, Raúl Armando Zaldaña Calderón y Armando Napoleón Avilés Morán, presentaron la denuncia por invasión del terreno.
La Fiscalía de Ahuachapán comenzó a investigar el caso de inmediato, con prisa. Apenas 24 horas después de recibir la denuncia de Inversiones Fénix, la Unidad de Patrimonio Privado citó a 11 miembros de la comunidad. El Faro entrevistó a tres de ellos, pero hablaron con la condición de reservar su nombre porque unos gozan de libertad condicional y otros temen que la Fiscalía los acuse de algún delito. “El citatorio me llegó el 27 de octubre de 2021 y tenía que presentarme al siguiente día a las diez de la mañana. Lo que nos dijeron es que la empresa quería la paz y que lo mejor era buscar un acuerdo”, dijo la primera fuente, el 11 de enero de 2022.
Una semanas después, El Faro entrevistó por separado a otras dos fuentes. “Cuando llegamos a la Fiscalía nos sorprendió que ahí estaba el representante de Fénix, estaba en la mesa con los fiscales. El señor de Fénix nos dijo que no quería guerra, nos pidió que reuniéramos a la gente, que los convenciéramos de no interferir en los trabajos del pozo y que ellos iban a retirar la denuncia. Nosotros no dimos una respuesta, pero entendieron que era un no. Al final, el señor nos dejó una tarjetita y dijo que sí cambiábamos de opinión, nos invitaba a un café para platicar”, recuerda otro de los citados.
Según los testimonios, en la reunión participaron Keylin Liliana Escobar Hernández, una de las fiscales del caso; Juan Carlos Chinchilla, jefe de la Unidad de Patrimonio Privado; y Cristóbal Hernández Palma, el jefe de la oficina fiscal en Ahuachapán. Por parte de Fénix estuvo el abogado Zaldaña Calderón. “Lo que yo entendí es que ellos querían que nosotros dejáramos de hacer protestas y que les permitiéramos hacer lo que ello querían”, dijo la tercera fuente. La reunión, dicen los testigos, terminó sin ningún acuerdo. El Faro intentó contrastar esta información con los fiscales mencionados por los habitantes.
El 17 de enero de 2022, este periódico llegó a la Fiscalía en Ahuachapán para solicitar una entrevista con los fiscales Wilfredo Alfonso Colón Pacheco y Keylin Liliana Escobar Hernández, para aclarar algunas particularidades del caso. ¿Por qué 24 horas después de la denuncia de Inversiones Fénix llamaron a declarar a líderes de la comunidad? ¿Abogaron por un acuerdo entre la constructora y la comunidad? ¿Por qué no intervinieron para parar la perforación de pozos que no tenía permiso ambiental? ¿Por qué en menos de un mes tenían listas las órdenes de captura?
―La fiscal del caso no está. Pero aunque estuviera no se le pueden dar detalles porque la Ley Orgánica nos exige confidencialidad de las investigaciones― dijo un fiscal.
―Este caso ya fue presentado al Juzgado de Paz y hasta hay personas detenidas― se insistió.
―Sí, pero el caso tiene reserva.
―Qué raro porque tengo el acta de la audiencia y ahí no hablan de ninguna reserva.
―Como le repito, la fiscal del caso no está y quizás lo mejor sea que su jefe haga una carta, la dirija al jefe regional y ahí explica lo que necesita. ¡No! Mejor dirija la carta al licenciado David Vaquero, que es el jefe de la División de Intereses de la Sociedad, en San Salvador, y así autoricen desde allá dar la información.
El Faro llamó a la oficina de comunicaciones de la Fiscalía y dejó mensajes en una aplicación de mensajería electrónica solicitando una entrevista. Al cierre de esta nota nadie había respondido.
Las acciones de los habitantes de La Labor trascendieron a los medios de comunicación, la empresa paró los trabajos de perforación y algunas instituciones del Estado reiteraron a Inversiones Fénix que no podía seguir con los trabajos. El 28 de octubre de 2021, por ejemplo, el MARN advirtió a la empresa “no realizar cualquier intervención” en La Labor. La empresa se defendió alegando que no había perforado pozos sino que solo había hecho un sondeo.
La comunidad frenó a la Inmobiliaria Fénix, pero presentía que ese era un logro efímero por la celeridad con que la Fiscalía inició las investigaciones. Durante la primera semana de noviembre de 2021, los representantes de 14 asociaciones comunales firmaron una carta en la que expresaban su temor de ser procesados arbitrariamente por unas “denuncias calumniosas” en la Fiscalía de Ahuachapán. La carta fue enviada al fiscal general impuesto por el oficialismo, Rodolfo Delgado, y al presidente de la República, Nayib Bukele.
“La denuncia interpuesta por la empresa Fénix es una represalia por las manifestaciones pacíficas contra el proyecto Urbanización Eco-Terra Hacienda (…) Le pedimos que se verifique que las denuncias presentadas por estas empresas son para doblegar la voluntad de las personas que han defendido los intereses de la comunidad. Le pedimos que la sede de Ahuachapán no cometa arbitrariedades, requiera o gire órdenes en contra de nuestros vecinos”, consigna la carta enviada a Delgado el primero de noviembre de 2021.
Cuatro días después, el 5 de noviembre, una comitiva de líderes comunales viajó a San Salvador para entregar una carta dirigida al presidente Bukele. “Todos nosotros confiamos en usted y las personas de nuestras comunidades confían en usted y le suplicamos que defienda los intereses del medio ambiente, que defienda los intereses de los habitantes de La Labor (…) Necesitamos de sus buenos oficios para que usted ordene al Fiscal General de la República que no vaya a perjudicar a personas inocentes por defender el agua”.
Madrid, el presidente de la cooperativa, confiesa que tenían la esperanza de recibir el apoyo del mandatario porque La Labor fue, durante la última campaña presidencial y legislativa, territorio de Nuevas Ideas. Las paredes de las casas que rodean el antiguo casco de la hacienda aún están pintadas de color cyan. La Presidencia, sin embargo, nunca contestó la carta a la comunidad. “Ya teniendo la guayaba se olvidan de uno”, dice Madrid.
Mientras los pobladores buscaban sin éxito la ayuda de altos funcionarios del Estado, la Fiscalía de Ahuachapán puso el acelerador sobre la investigación: pidió documentos, entrevistó testigos, ordenó inspecciones, elaboró croquis, hicieron reconocimientos con fotografías. En apenas 20 días hicieron 27 diligencias de investigación para acusar a siete personas de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo, un delito que la ley salvadoreña castiga hasta con ocho años de cárcel.
El agente Zúniga sabía que policías y fiscales le pisaban los talones. El 24 de noviembre de 2021, después de participar en una actividad de reforestación en la zona protegida de La Labor, el también presidente de la Junta de Agua escribió el siguiente mensaje en Facebook: “Quiero decirles que me siento orgulloso de ser laboreño y orgulloso de ser defensor de los derechos de nosotros los pobres, es posible que un día de estos nos detengan por injusticias de personas sin escrúpulos, solo quiero pedirles que valoren todo sacrificio”.
Al siguiente día, el 25 de noviembre de 2020, el agente Zúniga fue capturado. La Fiscalía también presentó cargos contra otras seis personas: José David Miro Escalante, Rosa Miriam Cinco, Erika Rosmeri Solorzano de Guerra, Kevin Josué Menéndez Girón, Mario Antonio Cinco y Adonaldo Antonio Artero.
“Nos metieron miedo del bueno”
A la medianoche del 25 de noviembre de 2021 los perros no paraban de ladrar. “Se escuchaba el gran chucherío y por eso él salió a ver qué pasaba. La casa estaba rodeada como por unos 30 policías y como a la una de la madrugada le dijeron que se lo tenían que llevar”, recuerda Gilma del Carmen González, la esposa de José David Miro Escalante. “Me pareció exagerada la forma en que lo vinieron a sacar porque él no es delincuente. Su delito fue darle ray a unas gentes”, dice esa madre de un niño de 6 años y que tiene 9 meses de embarazo.
David no es directivo de la Junta de Agua, pero en la comunidad dicen que es bien conocido porque durante un tiempo trabajó para Salazar Romero, pero que luego se compró un pick up blanco y un carro verde para dedicarse a hacer viajes. Además tiene una motocicleta para repartir tambos de gas de la empresa Metrogas El Salvador, y un pequeño molino. El día de la protesta, dice su esposa, David se dirigía hacia Ahuachapán cuando se encontró a unos vecinos y los llevó hacia el terreno donde Salazar Romero había comenzado a sacar agua, unos 3 kilómetros más adelante.
Wilson Rodríguez, empleado de Salazar Romero y testigo de la Fiscalía, asegura que David fue una de las personas que lo agredió, pero hay otros testimonios que cuestionan esa afirmación. “Él nos dijo: súbanse y nos dejó en el lugar”. “David lo que hizo fue llevarnos en un viaje y no nos cobró”, cuentan un hombre y una mujer que viajaron en el vehículo del detenido, pero que se niegan a revelar su nombre para evitar líos legales. La versión de una invasión violenta en el terreno de la Inmobiliaria Fénix no encaja con otros hechos. La veintena de policías del puesto La Labor y Ahuachapán que estaban en la zona no reportaron hechos violentos en los libros de novedades. Tampoco hubo capturas en flagrancia por amenazas o lesiones. Y hay otra institución que exime a la comunidad de las protestas violentas. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) dice: “la manifestación pública y pacífica fue el único recurso del que disponían los habitantes de la comunidad La Labor para defender el derecho humano al agua de su territorio, ya que en ningún momento las autoridades de la sociedad Fénix les mostraron la documentación legal que les habilitara la extracción de agua en la zona”.
El 29 de noviembre de 2021, los habitantes de La Labor recibieron un baldazo de agua fría. Ese día, luego de la audiencia inicial, el Juzgado de Paz de Ahuachapán confirmó la detención de tres de los siete procesados. “A mucha de esta gente le ganaron la moral. Los arraigos familiares y laborales estaban bien documentados, pero ellos están luchando contra el sistema. Créame, esta gente, pobre y humilde, ha sentido la bota del régimen encima”, dice Ricardo Martínez, uno de los cuatro abogados del caso. Es extraño escuchar la palabra “régimen” en boca de Martínez. Durante más de un año trabajó para el Partido Nuevas Ideas como el encargado de asuntos jurídicos para Ahuachapán, luego se convirtió en candidato a diputado. Martínez dice que su relación con el partido terminó por el verticalismo con el que se toman las decisiones. “Soy abogado y no voy aceptar todo lo que me digan. Mire, ahí en la Asamblea Legislativa hay muchachos y muchachas que no saben lo que están aprobando, no analizan las consecuencias jurídicas de lo que hacen, como la Ley Bitcoin”.
El abogado considera que hay jueces y fiscales que temen valorar las pruebas correctamente, por críticas o sanciones del oficialismo. Este fue el caso de la Hacienda La Labor, dice, porque varios documentos probaban el arraigo familiar y laboral: boletas de pago, la póliza de importación de un molino, comprobantes de créditos pendientes de pagos, recibos de luz, agua, escrituras de propiedad, actas de matrimonio, partidas de nacimiento de sus hijos, constancias médicas que algunos padecen enfermedades. “La señora jueza dijo que las actas de matrimonio no demostraban que vivieran juntos y que las escrituras de los inmuebles no demostraban que ahí vivían. ¡Por Dios! ¿Y no ahí los fueron a capturar, pues?”, señala Martínez.
En la notificación que la Cámara de lo Penal envió la mañana del 26 de enero de 2022, los magistrados consideran que las acciones de los habitantes de La Labor durante la protesta no encajan con el delito seleccionado por la Fiscalía. Y por eso anulan la detención contra tres personas que pasaron casi dos meses en un penal por reclamar su derecho al agua.
Aunque han logrado una victoria temporal, en las cadenas de WhatsApp y otras redes sociales, los líderes de la Hacienda La Labor invitaron a la comunidad a “no comer ansias” porque faltan trámites para que los detenidos recuperen plenamente la libertad. El abogado Martínez dice que los habitantes están bien organizados, pero que el proceso judicial los ha dejado con miedo. Un directivo de una de las 14 asociaciones comunales percibe lo mismo. “Te puedo dar declaraciones pero sin citar mi nombre”, me dice. “No estoy seguro si la gente va seguir protestando de la misma manera. Creo que no. La empresa logró meternos miedo y miedo del bueno”.
El terreno de Salazar Romero ahora luce como un terreno baldío, tranquilo, donde apenas hay unos tubos que recuerdan la agria discordia entre la empresa y la comunidad. La constructora logró el objetivo de extraer agua, pero las pruebas del MARN han determinado que no es apta para el consumo humano porque tiene componentes como magnesio y azufre. Más pronto que tarde, los habitantes de la comunidad creen que Salazar Romero regresará y, aunque con miedo, dicen que continuarán con su lucha. “No importa si el agua tiene parásitos, si tiene azufre, si está matando de insuficiencia renal a nuestros viejitos, pero es nuestra agua. No vamos a permitir que nos dejen sin agua”, dice un habitante que teme revelar su nombre.
