José Bladimir Barahona Hernández, diputado propietario de Nuevas Ideas por el departamento de Morazán, lideraba una organización criminal que cobraba entre $8,000 y $12,000 para traficar indocumentados hacia los Estados Unidos, aseguró el 2 de junio de 2017 un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR). El político no ha sido acusado del delito de tráfico de personas, pero actualmente tiene un proceso judicial abierto porque no ha podido demostrar de dónde obtuvo el dinero para comprar propiedades, vehículos y un canal de televisión por cable.
La investigación contra el diputado inició durante la administración del fiscal general Douglas Meléndez (2015-2018) y fue retomada por Raúl Melara, destituido por el oficialismo el 1 de mayo de 2021. Aunque su nombre figura en un expediente por tráfico de personas, la Fiscalía actual no ha pedido al pleno legislativo aval para procesarlo por ese delito. Por el momento, el diputado oficialista solo enfrenta un proceso de extinción de dominio de sus bienes. El Faro tiene una copia de la orden de embargo, la cual detalla que, entre 1998 y 2019, el diputado solo pagó el impuesto sobre la renta correspondiente a los años 2015 y 2016, razón por la que también le cuestionan evasión de impuestos.
El 24 de agosto de 2019, cuando Barahona Hernández no era diputado sino que alcalde de Meanguera, en Morazán, la Fiscalía lo acusó ante el Juzgado de Extinción de Dominio de adquirir sus bienes gracias al coyotaje. “La agencia fiscal sostiene la hipótesis que el señor José Bladimir Barahona Hernández está vinculado a actividades relativas al tráfico de personas”, consigna un documento judicial consultado por El Faro. Cuatro días después que los fiscales presentaron el caso, el 28 de agosto de 2019, el juzgado embargó los bienes del ahora diputado porque “se desconoce el origen de los fondos” con que hizo esas compras.
El embargo incluye la empresa Barahona Márquez, S.A de C.V (Bar-Mar), que administra la concesión de una frecuencia de televisión por cable. Según la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), la concesión fue otorgada a Bladimir Barahona en junio de 2007. La Fiscalía solicitó quitarle la administración de la frecuencia, pero el juzgado rechazó esa solicitud. El diputado Barahona sigue siendo el titular de la concesión, pese a que la Constitución de la República prohíbe en su artículo 127 que los concesionarios del Estado sean inscritos como candidatos a diputados.
Pese a los documentos oficiales que lo vinculan con el tráfico de personas y pese a que es concesionario de una frecuencia de televisión, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inscribió como candidato para las elecciones de febrero de 2021. Ahora tiene fuero y, sin un proceso de antejuicio, no puede ser acusado penalmente. Según el expediente de la Fiscalía, entre el 2014 y 2019, esa institución investigó al diputado por vínculo en actividades de tráfico de personas, en asocio con líderes de la banda Los Perrones: Wilfredo Antonio Reyes Martínez y los hermanos Gustavo y Carlos Umanzor Flores, todos con antecedentes desde hace una década y media por tráfico de personas y evasión de impuestos.
Los Perrones es una federación delictiva. La Policía investigó a esta banda hace dos décadas y determinó que no tiene un mando único sino que se trata de células del crimen organizado que comparten el oriente del país y se dedican al contrabando, tráfico de personas y droga, lavado de dinero y a la evasión de impuestos. Estos grupos se asocian, colaboran, para hechos delictivos específicos y simulan negocios para ocultar el dinero sucio en compras ficticias de vehículos y terrenos.
El testigo protegido dijo ante el juez que otro de los líderes de la banda era Edgar Bernardo Barahona Martínez, hermano del diputado de Nuevas Ideas. Hace apenas cuatro meses, en octubre de 2021, un tribunal de sentencia de Santa Ana condenó al hermano del diputado a diez años de cárcel por tráfico de personas. El testimonio que fue la clave para la condena de Edgar Bernardo es el mismo que sostiene la acusación por incremento patrimonial no justificado en contra del diputado Barahona.
La mañana del 28 de febrero de 2022, El Faro llamó tres veces al celular del diputado Barahona para conocer su versión, pero no atendió las llamadas. También se llamó a la oficina de prensa de Nuevas Ideas, se le envió un correo electrónico a su encargado de prensa y se le dejó un mensaje de texto explicando la razón de la entrevista. Hasta el cierre de esta nota no se había obtenido una respuesta. En un habeas corpus que presentó ante la Sala de lo Constitucional, el funcionario calificó el caso como “un procedimiento espurio, con el propósito de desprestigiarlo”, pero los magistrados declararon improcedente su reclamo el 29 de noviembre de 2019.
De alcalde a diputado
Antes de incursionar en política, Bladimir Barahona era un empresario dedicado al negocio de la televisión por cable. El 5 de mayo de 2007 se convirtió en accionista fundador de Bar-Mar y, al siguiente mes, recibió la concesión de una frecuencia de televisión. Dos años después, en 2009, la Caja de Crédito de San Francisco Gotera le financió un crédito de 16,000 dólares para ampliar el canal.
En Meanguera y municipios aledaños es un personaje querido. “La mayor parte de gente lo identifica porque él y su hermano se han dedicado por años a llevar gente a la USA, pero la población los estima y es comprensible. Antes vivía en el local de su empresa, pero ahora tiene varias propiedades y no sé en cual vive”, dice un empleado municipal que conoce a Barahona desde 2005. El empleado habló con este periódico bajo condición de no revelar su nombre por temor a represalias.
En 2015, Bladimir Barahona ganó una elección por primera vez. Fue electo alcalde de Meanguera, en Morazán, por el Partido Social Demócrata (PSD), fundado por Jorge Meléndez, un ex militante del FMLN. “Somos un partido humilde, somos un partido nuevo, somos la única alcaldía a nivel nacional, pero es una alcaldía de bien, transparente, y les aseguro que el próximo presidente va tener esta bandera”, dijo Barahona en el cierre de su campaña en 2018. El alcalde fue reelecto para el siguiente período (2018-2021) bajo la bandera del mismo partido.
Cuando Barahona trabajaba como alcalde se acercó a uno de sus colegas del FMLN que tenía una creciente carrera política. En 2017, Bladimir Barahona y Nayib Bukele estrecharon su relación. “Este día sostuve una reunión con mi colega alcalde de San Salvador Nayib Bukele donde tratamos temas de hermaniento (Sic)”, posteó Barahona en sus redes sociales, el 19 de octubre de 2017.
El 25 de junio de 2018, el alcalde Barahona se quedó sin partido. El PSD y otros partidos perdieron un litigio en la Sala de lo Constitucional y eso abrió la puerta para que el TSE procediera con la cancelación por no obtener los 50,000 votos a nivel nacional que exige la Ley de Partidos, durante las elecciones de 2015.
Al siguiente año, el 23 de enero de 2019, el alcalde Barahona endosó su apoyo político a Bukele, quien ya había sido expulsado del FMLN y estaba en plena campaña para ganar la Presidencia con Nuevas Ideas. Mientras el candidato presidencial exponía sus apuestas políticas en el municipio de Cojutepeque, en Cuscatlán, el entonces alcalde Barahona subió a la tarima y se presentó junto al Concejo Municipal de Meanguera para respaldar al candidato Bukele. La nota fue presentada por el canal del diputado.
Al finalizar su segundo período, cuando el PSD ya era solo un recuerdo en la historia electoral, el alcalde Barahona se afilió a Nuevas Ideas, se inscribió como candidato a diputado y ganó en las elecciones de febrero de 2021. Ya como diputado fue nombrado secretario de la Comisión de Asuntos Municipales y vocal de la Comisión Financiera. Es decir, el país tiene en la Comisión Financiera a una persona procesada en un juzgado por operaciones sospechosas en el sistema financiero.
El coyote delata al político
A mediados de 2014, un coyote que guiaba a los migrantes por Guatemala y México se quedó sin trabajo. El Cártel Jalisco Nueva Generación aumentó el cobro a las bandas de traficantes y los 72.7 kilómetros que separan a las ciudades de Acayucan y Coatzacoalcos, en Veracruz, dejaron de ser seguros para quienes no pagaran la cuota. “El que no pagaba se moría”, contó años más tarde el guía a unos investigadores. El coyote dijo que trabajaba para Domingo Saravia, un salvadoreño que no estaba dispuesto a pagar más dinero al cártel mexicano.
Saravia es un empresario de San Miguel que fue acusado de ser uno de los líderes de Los Perrones. El 29 de julio de 2002, Saravia enfrentó un juicio en el Tribunal de Sentencia de San Miguel porque un hombre lo acusaba de estafa por no llevarlo ilegalmente hacia los Estados Unidos. El empresario fue absuelto, pero la Policía siguió tras su pista. El 22 de agosto de 2014, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador lo condenó a ocho años de cárcel por lavar $8.9 millones. Aunque tenía líos judiciales que enfrentó en libertad, Saravia seguía traficando personas según el testigo protegido y, a mediados de 2014, no estaba dispuesto a pagar el aumento de la cuota que exigía el cártel mexicano. El coyote entendió que debía cambiar de banda.
En agosto de 2014, el coyote asistió a una fiesta de cumpleaños en Pasaquina, La Unión. El agasajado era Carlos Armando Umanzor Flores, un ganadero que también es conocido en los pasillos policiales. En 2008, la Fiscalía acusó a Umanzor Flores y otras cinco personas de formar parte de Los Perrones, bajo la acusación de evadir el pago de impuestos por $2.2 millones. En 2014, el cumpleañero ya había sorteado con éxito esa investigación y se dedicaba al tráfico de personas. El día de su fiesta, estaba en la antesala de llevar a seis hondureños hacia Estados Unidos.
Según el coyote, por su experiencia en los “jales” (viajes), él conocía los hoteles y casas donde alojaban temporalmente a los migrantes, y Umanzor Flores ofreció pagarle $11,400 ($1,900 por persona) para llevar a los seis hondureños desde Chiquimula en Guatemala hasta Reynosa en México, frontera con Estados Unidos. El viaje fue un éxito y cuando ya estaba de regreso en El Salvador asegura que recibió una llamada de Umanzor Flores: “te tengo más trabajo”. Y así siguió un segundo viaje, un tercer viaje, un cuarto viaje… hasta que un día fue capturado por tráfico de personas.
El 2 de junio de 2017, el coyote llegó al Juzgado Décimo de Paz de San Salvador para delatar a sus jefes. Desde ese día dejó de ser un guía de indocumentados y se convirtió en el testigo protegido “Romeo Uno”. Los primeros nombres de una estructura transnacional dedicada al tráfico de personas que reveló fueron cuatro: los hermanos Carlos Armando y Gustavo Adolfo Umanzor Flores; y los hermanos Edgar Bernardo y José Bladimir Barahona Hernández. Los tres primeros ya fueron condenados por tráfico de personas o, como dijo el testigo, por mover “cajitas” (migrantes) hacia “allá arriba” (Estados Unidos); el último no ha sido procesado penalmente y ahora es diputado de Nuevas Ideas.
El alcalde al que nunca capturaron
Un año después de recibir la declaración de Romeo Uno, la Fiscalía obtuvo más detalles de cómo operaba la red. Entre agosto de 2018 y enero de 2019, los fiscales intervinieron varios números telefónicos y escucharon cómo la banda contactaba, negociaba, trasladaba y, en algunos casos, abandonaba a sus víctimas en México. En aquellos días, los traficantes se quejaban porque las caravanas migrantes les estaban arruinando el negocio: “Va un vergo de mara y por eso se va poner perro en Reynosa (…) La caravana nos está haciendo mierda”, decían en una conversación que la Fiscalía grabó el 31 de octubre de 2018.
La madrugada del 29 de agosto de 2019, la Fiscalía ordenó una treintena de allanamientos y capturas a nivel nacional. El Ministerio de Justicia y Seguridad calificó el operativo en sus redes sociales como un “duro golpe” al crimen organizado transnacional. Luego de los allanamientos, el actual director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, dijo a Diario El Mundo que estaban tras la pista de un alcalde del oriente involucrado en ese delito, pero no reveló el nombre. La tarde del 24 de febrero de 2021, El Faro llamó al director policial para consultarle cómo avanza la búsqueda del alcalde, pero no respondió.
En la declaración del testigo Romeo Uno, el único alcalde mencionado como uno de los líderes de la banda es José Bladimir Barahona Hernández, quien en ese momento estaba al frente de la Alcaldía de Meanguera. La Fiscalía no ordenó su captura, aunque sí promovió un proceso de extinción de dominio por sospechas de adquirir vehículos, terrenos y empresas con dinero del tráfico de personas.
Además, el testigo aseguró que uno de los hermanos del alcalde, Edgar Bernardo Barahona Hernández, también era un hombre de peso dentro de la organización. Documentos consultados por este periódico apuntan a que Edgar Bernardo tiene más de dos décadas de dedicarse al tráfico de personas. En julio de 2002, como testigo, él mismo declaró ante un tribunal de San Miguel que trabajaba para Domingo Saravia como coyote de migrantes hacia los Estados Unidos. Luego, a finales de 2018 y principios de 2019, agentes de la División Criminal Transnacional de la Policía le dieron seguimiento en reuniones con otros miembros de la banda en restaurantes y centros comerciales. Por los seguimientos policiales también descubrieron que dos vehículos registrados a nombre del hermano del diputado, un Nissan Patrol gris y un Toyota Hilux Blanco, eran usados para el tráfico de personas.
En octubre de 2021, un tribunal de Santa Ana condenó a Edgar Bernardo a diez años de cárcel por tráfico de personas y agrupaciones ilícitas. El hermano del actual diputado es el que se ha llevado la peor parte entre las personas señaladas como líderes de la banda de traficantes por el testigo Romeo Uno.
Aunque Arriaza Chicas, el director policial nombrado por Bukele, aseguraba que buscaban a un alcalde, no hubo ninguna otra comunicación oficial que apuntara a que un funcionario de ese nivel fuera capturado en relación a este caso. Otros dos líderes de la banda, los hermanos Carlos Armando y Gustavo Adolfo Umanzor Flores, negociaron con la Fiscalía un procedimiento abreviado y fueron condenados a cuatro años de cárcel. Eso significa que mientras dos líderes fueron condenados a penas mínimas, otros subalternos fueron castigados con penas entre los 10 y los 15 años de prisión. El Faro pidió una entrevista con la Fiscalía para comprender las contradicciones del caso, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron a la solicitud.
Un evasor en la Comisión Financiera
Desde su curul y desde sus cuentas en redes sociales, el diputado Bladimir Barahona repite mensajes contra las “mafias” y la corrupción en el país. “Hemos sesionado en la #ComisiónFinanciera y hemos aprobado un dictamen favorable para que las mafias de este país no estén incrustadas en las entidades gubernamentales”, escribió en su cuenta de Twitter, el 3 de junio de 2021.
Cuando el diputado lanzó este mensaje contra las mafias habían pasado 22 meses desde que sus bienes fueron embargados porque la Fiscalía lo vincula a tres delitos: tráfico de personas, lavado de dinero y evasión de impuestos. Además de ser señalado por un testigo protegido con el tráfico de personas, cuando los fiscales pidieron informes al Ministerio de Hacienda determinaron que entre 1998 y 2019 solo declaró dos veces el Impuesto Sobre la Renta. En cuanto a una de sus empresas, los fiscales descubrieron que compró vehículos pese a no tener dinero.
El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, reportó que Bladimir Barahona estaba registrado para el pago de la renta desde 1998, pero que a lo largo de 21 años solo presentó su declaración en dos oportunidades. Eso sucedió en el 2015 y 2016, en los primeros dos de sus seis años como alcalde de Meanguera, cuando reportó que ganaba $1,117.40 mensuales.
Lo que Bladimir Barahona sí reportó al Ministerio de Hacienda fueron sus acciones en dos empresas: Bar-Mar y Barahona Hernández, S.A de C.V (BARAH), en las cuales es dueño del 25% de las acciones. Los fiscales cruzaron documentos sobre las operaciones financieras y encontraron graves irregularidades en el manejo del dinero: Bar-Mar, creada en marzo de 2007 y dedicada a la prestación de servicios de televisión, gastó en vehículos cantidades mayores a los ingresos que reportó oficialmente. Bar-Mar, a su vez, es la propietaria de otras dos empresas: Cablevisión del Norte y Televisora Morazán TV.
Entre 2008 y 2014, los ingresos de la compañía no sobrepasaron los 60,000 dólares. Sin embargo, aunque sus ingresos eran parcos, Bar-Mar, representada oficialmente por Ever William Barahona Hernández, otro de los hermanos del diputado, hizo compras importantes. “La adquisición de diversos vehículos automotores no es congruente con la capacidad económica de la sociedad (…) En el caso del vehículo P647-65, adquirido en el 2011, Fiscalía señala que dicha sociedad reportó utilidades menores o equivalentes al precio del automotor”, dice el escrito fiscal. El Faro documentó en el registro de vehículos lo apuntado en el documento fiscal, que el carro que Bar-Mar compró el 29 de marzo de 2011 es un Chevrolet blanco, adquirido a 10,369.71 dólares.
Entre el seis de abril de 2015 y el primero de septiembre de 2018, la empresa del diputado compró otros cinco vehículos por un monto de $113,227.34. Algunos fueron comprados por medio de créditos, pero la compañía no tiene documentos de dónde sacó el dinero para pagar las primas de los mismos. “Los vehículos están vinculados con actividades relativas al lavado de dinero, y que no se conocen la procedencia de los fondos con los que se adquirieron, configurándose un aumento patrimonial no justificado”, consigna el documento judicial en poder de este periódico.
Las compras no es el único aspecto que cuestionan los fiscales. La empresa Bar-Mar tampoco registró en sus libros contables dos préstamos que obtuvo en el 2009 y 2013.
El 14 de septiembre de 2009, la Caja de Crédito de San Francisco Gotera otorgó a la empresa del diputado Barahona un préstamo de 16,000 dólares para la ampliación del canal de televisión por cable, dinero que no fue registrado contablemente en los libros de la empresa. Cuatro años más tarde, el 13 de marzo de 2013, el diputado asegura que un comerciante de Meanguera le dio un préstamo de 100,000 dólares por hipotecar tres inmuebles de su propiedad, ubicados en el cantón La Joya de ese municipio. De nuevo, la compañía no dejó rastro sobre el destino de ese dinero y los fiscales lo interpretan como un mecanismo para justificar el ingreso de dinero ilícito.
Así está escrito en uno de los documentos fiscales: “El giro comercial de la sociedad era utilizado para aparentar una fuente de ingreso lícito capaz de generar suficientes ganancias para la adquisición de bienes; así mismo para ingresar cantidades de origen desconocido, circunstancias que constituyen actividades relacionadas al lavado de dinero y activos”.
Según la declaración de patrimonio que Barahona Hernández presentó a la Sección de Probidad tiene una riqueza de $76,823, de los cuales $62,054.23 son en bienes muebles; es decir, joyas, dinero y acciones en empresas. Además, dice tener una deuda reducida de mil dólares. El documento donde el Juzgado de Extinción de Dominio ordena el embargo de los bienes del diputado plantea que el funcionario tiene “uso sospechoso del sistema financiero”. El escrito, además, asegura que por el “ilícito de tráfico ilegal de personas genera ganancias que han facilitado a los afectados la adquisición de una gama de bienes, entre ellos inmuebles, vehículos automotores y productos financieros”.
Pese a que la empresa del diputado ha comprado vehículos con dinero de origen desconocido y pese a que el mismo diputado tiene otros cinco inmuebles y un vehículo embargado por vinculación con el tráfico de personas, Bladimir Barahona es vocal de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, que se encarga de “adecuar, revisar y legislar, los diferentes temas del ámbito financiero de El Salvador”. Es decir, el hombre que enfrenta un proceso judicial por uso sospechoso del sistema financiero es uno de los políticos a cargo de legislar los asuntos financieros del país.
El silencio del TSE
El 11 de junio de 2007, Bladimir Barahona recibió en concesión una frecuencia de televisión con cobertura en cuatro municipios de Morazán: Meanguera, Jocoaitique, Arambala y Perquín. Catorce años después, a petición de Nuevas Ideas, el TSE lo inscribió como candidato, pese a que la Constitución de la República y el Código Electoral lo prohíben.
La carta magna establece en el artículo 127, ordinal 6, que no pueden aspirar al cargo de diputado “los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, así como los que hayan aceptado ser representantes o apoderados administrativos de aquellos, o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos casos”.
La ley electoral establece además en el artículo 159 que “para optar al cargo de diputado es necesario reunir los requisitos que establece la Constitución y demás leyes”. El TSE estableció un precedente en el 2015 cuando declaró nula la candidatura de la exdiputada Sandra Marlene Salgado, de Gana, por ser accionista y administradora única del canal migueleño Televisión Oriental (TVO S.A de C.V).
“Por tener pendientes concesiones con el Estado, no puede optar al cargo de diputada, por lo tanto, no debió haber sido inscrita por el TSE (…) Tener pendientes concesiones con el Estado implica cualquier vinculación con un concesionario, directa o indirecta, que pueda originar un conflicto de interés”, resolvió el TSE el 13 de febrero de 2015, cuando anularon la inscripción de Salgado del registro de candidaturas.
La tarde del 17 de febrero de 2021, El Faro llamó a Dora Martínez de Barahona, la presidenta del TSE, para preguntarle por qué se inscribió a un candidato que tiene concesiones con el Estado. ¿El TSE ha modificado el antecedente de 2015, cuando invalidó una candidatura por esa razón?
―No se trata de si se ha cambiado el criterio o no. Primero, hay que confirmar si la concesión está a nombre de quién dice que está.
Este periódico explicó a la presidenta del TSE que hay documentos de la Fiscalía, de un juzgado, de la SIGET y hasta un hábeas corpus presentado por Bladimir Barahona donde reconoce que es concesionario del Estado. Ante la enumeración de documentos que consignan la concesión de la frecuencia de televisión a favor del diputado Bladimir Barahona, la presidenta del TSE dijo que tenía que revisar el expediente electoral y pidió llamarla al siguiente día o contactar a su asistente para dar una respuesta. Al siguiente día y a la siguiente semana, ni ella ni su asistente respondieron las llamadas a sus celulares.
