La última vez que Erika Aifán visitó Washington la exfiscal general Thelma Aldana, asilada política desde 2019, le dijo entre risas que esperaba no volver a verla pronto. La broma escondía un nudo en la garganta: ya entonces, a inicios de noviembre, parecía inevitable que la jueza se terminara sumando en un momento u otro al exilio guatemalteco en la ciudad.
Al frente del Tribunal de Mayor Riesgo D, especializado en casos complejos de alto impacto, Aifán ha procesado en los últimos seis años por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico a decenas de los empresarios, políticos o capos criminales más poderosos de su país. También a abogados y jueces corruptos. Por ello ha sido constantemente amenazada, espiada y perseguida judicialmente.
En febrero, El Faro reveló además que, en uno de los casos que Aifán instruye, un testigo acusó al presidente Alejandro Giammattei de haber financiado su campaña electoral con 2.6 millones de dólares provenientes de sobornos de empresas constructoras. Razón suficiente para que la Fiscal General de Guatemala, convertida en brazo ejecutor de Giammattei, haya impulsado solo en 2022 siete antejuicios para retirar la inmunidad y encarcelar a la jueza que, de lo contrario, podría un día encarcelar al presidente de Guatemala.
El miércoles 9 de marzo por la noche, sin avisar a su equipo de guardaespaldas, Erika Aifán cruzó por tierra la frontera con El Salvador para después volar a Costa Rica y de allí a Estados Unidos. Esta mañana sus abogados presentaron formalmente ante la Corte Suprema de Justicia su renuncia a la carrera judicial, efectiva a partir del 5 de abril. Con ella son ya quince los operadores de justicia guatemaltecos forzados a escapar del país en los últimos once meses.
¿Ha decidido exiliarse?
Sí, he decidido exiliarme. No veo otra opción para garantizar mi integridad física. La protección que debieran haberme dado el Estado de Guatemala y las autoridades del organismo judicial me toca buscarla en otro país.
Hace dos semanas alguien cercano a usted me dijo que tenía tomada la decisión contraria, que iba a enfrentar en Guatemala el proceso en su contra y estaba dispuesta a ir a prisión.
Esa fue mi primera decisión. Me imaginé en la cárcel y preparé un plan de acción si eso sucedía. Sin embargo, es evidente que no me enfrentaría a un debido proceso ni a un sistema de justicia democrático, con garantías. Y más allá del tema legal, en Guatemala estaban en riesgo mi vida y mi integridad física, así que, tras evaluarlo junto a mi familia y los abogados que me han estado asesorando, consideramos que debía buscar otros espacios para poder defenderme y protegerme.
¿Temía también por su seguridad si iba a la cárcel?
Sobre todo en el caso de ir a la cárcel. Tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia me ha dotado desde 2006 de personal de seguridad que se ha reforzado a lo largo del tiempo, ante el riesgo inminente de que pudieran atentar en contra de mi vida. Pero esa protección me sería retirada en el momento que se me separara del cargo, y no hay una sola cárcel en Guatemala que pudiese ser segura para mí. Desde 2016 mi tribunal ha conocido casos contra estructuras criminales con gran poder operativo y bélico a nivel nacional y transnacional, y he ordenado detención preventiva contra personas en casi todas las cárceles del país.
¿No cree que el Estado pueda garantizar su seguridad o en realidad temió que el mismo Estado atentase contra usted?
Mi labor jurisdiccional me ha permitido saber que en Guatemala hay estructuras criminales inmersas en los tres poderes del Estado. De hecho he instruido el único caso que incluye investigaciones a personas de alto perfil de los tres poderes del Estado que pudieran estar involucradas en delitos. Y durante este tiempo, lejos de un apoyo, por parte del Estado y sus diferentes entidades lo que he tenido es ataques, hostigamientos y amenazas. Sin duda un ataque en mi contra podía provenir del Estado de Guatemala.
¿Incluso del presidente Alejandro Giammattei?
No quiero individualizar y señalar nombres. Podría provenir de cualquiera de las personas que están señaladas dentro de los procesos que tuve a mi cargo, y ahí hay señalamientos en contra del presidente.
Entre otros, el testimonio que le relaciona con los 26 millones de dólares en efectivo encontrados en 2020 en Antigua Guatemala y acusa al presidente de financiar su campaña con sobornos de constructoras. ¿Es cierto que Giammattei le pidió en las últimas semanas una copia de la declaración del Testigo A?
El señor presidente solicitó una copia de la grabación de la declaración, así es. Dijo que tenía conocimiento de que hacía referencia a su persona. Rechacé su solicitud porque él no es parte procesal dentro del expediente; no es parte acusadora, sujeto adhesivo ni sindicado. Y quiero ser enfática en aclarar que el proceso está bajo reserva, pero la solicitud que hizo el presidente no lo está precisamente porque él no es parte en la investigación. Por eso puedo hablar de ella.
En sus últimos días en Guatemala defendió a puerta cerrada su inocencia frente al juez que evalúa si recomendar a la Corte Suprema su desafuero. ¿Qué sucedió en esas audiencias?
Hubo dos audiencias destinadas a que yo ejerciera mi derecho de defensa como indica la ley. Duraron muchas horas porque, con apoyo de mis abogados, hice un análisis extenso para desvirtuar cada punto de los señalamientos que se me hacen. Se me acusa de haber ordenado la investigación de hechos en agravio de magistrados y jueces que gozan de inmunidad, así que en la primera audiencia pedí que el magistrado pesquisidor me pusiera a la vista las resoluciones que supuestamente firmé y a través de las cuales supuestamente ordenaba esas investigaciones, pero no pudo hacerlo e indicó incluso que ninguna resolución firmada por mí había sido presentada como prueba. Días después, en la segunda audiencia, trató de que se cambiara lo consignado en ese punto del acta.
Creo que precisamente por circunstancias como esta él rechazó mi solicitud de que la audiencia fuera abierta al público: para poder manipular el acta. Nosotros nos opusimos, claro, y quedó recogido tanto lo sucedido el primer día como el intento del pesquisidor de alterar lo que ya constaba, porque evidentemente no puede existir responsabilidad mía en estos supuestos hechos si no aparecen resoluciones con mi firma. Y no pudo presentarlas porque no existe ninguna. No sé si en este momento pueden estar fabricándolas.
Es una acusación grave.
Si esta audiencia hubiera sido pública los guatemaltecos hubieran podido percibir que dentro del expediente del caso no existe ninguna resolución firmada o emitida por mí que significara una investigación contra jueces o magistrados que tienen derecho de antejuicio. Y hubiesen podido escuchar cada uno de los argumentos y ver las pruebas que desvanecen la denuncia que el Instituto de Magistrados presentó en mi contra. En privado es más fácil para él generar impunidad y corrupción.
Otro ejemplo: el denunciante pidió que fueran escuchados testigos, y pregunté porque me interesa escuchar esos testimonios para poder defenderme. Pero el magistrado fue enfático en señalar que no me va a permitir estar presente en las declaraciones de los testigos si decide hacerlas. Eso restringe mi derecho de defensa. Por todas estas razones pienso que el pesquisidor ya tenía tomada una decisión en mi contra antes de las audiencias, y no es lógico esperar que después de todo este esfuerzo por vulnerar el debido proceso resuelva a favor mío.
¿Fue lo sucedido en esas audiencias lo que la impulsó a salir de Guatemala?
Ya tenía la decisión tomada. Postergué mis planes de salida del país porque se programó una segunda audiencia, y de haberse programado una tercera los hubiera pospuesto otra vez. Quería dejar sentados mis argumentos de defensa y mis pruebas en este proceso de antejuicio, no ya de cara al procedimiento nacional sino a los internacionales, que aun cuando demoren en el tiempo considero que tienen alguna viabilidad por la que seguiré luchando. He solicitado medidas provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hecho también una petición de fondo. Y estoy analizando otras acciones contra el Estado de Guatemala.
¿Cree que la Corte Suprema también tiene una decisión tomada en su contra?
Indiscutiblemente. Solicité que varios magistrados se recusaran por conflictos de interés, pero lo que han hecho es abstenerse de responder y van a resolver mi caso con mi solicitud en trámite, a pesar de que la ley prohíbe a los jueces suspender la tramitación de los procesos. Están vedando mi derecho a tener un juez imparcial, independiente. Eso lo dice todo.
Se refiere al hecho de que buena parte de los magistrados de la Corte Suprema, que es la que decide si se le retira la inmunidad, aparecen señalados en uno de los procesos que usted está viendo.
La gente conoce esa investigación como “Comisiones Paralelas 2020”, e indaga la posible cooptación del proceso de selección de cortes. Por lo menos 7 de los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia están señalados en el caso. Fueron diez en principio, pero tres están ahora en otros organismos. También están señalados algunos magistrados de salas de apelaciones, que en ausencia temporal de alguno de los magistrados de pleno ocuparían su lugar. La denuncia en mi contra es además por supuesto abuso de poder en mi instrucción del caso Comisiones Paralelas. Es evidente que esos magistrados tienen un interés directo en que yo siga o no siendo la jueza a cargo del caso.
Y hay otros conflictos: la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver a favor o en contra mía, y el Instituto de Magistrados, que me denuncia, han tenido conversaciones en privado, lo que está prohibido por la ley de la carrera judicial. La presidenta de la Corte Suprema ha dado, según información del departamento financiero contable, al menos un pago de 20,000 quetzales al Instituto. Tienen relaciones económicas. Y además de todo esto, quien me denuncia es el presidente del Instituto, el magistrado pesquisidor, que es quien me escuchó y recibió mis pruebas de descargo, es el secretario del Instituto, y el tesorero del Instituto forma parte del pleno de la Corte Suprema. En resumen: denunciante, investigador y juzgador son parte de la junta directiva del Instituto que me denuncia. Es ilógico pensar que el resultado va a ser a mi favor. No puedo pensar que la corte está haciendo todo esto para favorecerme.
En los últimos diez meses se han exiliado ya quince operadores de justicia porque la Fiscal General abrió acusaciones contra casi todos ellos. Gente como Juan Francisco Sandoval, si no hubiera salido de Guatemala, probablemente estaría en la cárcel.
Probablemente estaría muerto. Hay un componente de odio muy fuerte hacia el licenciado Juan Francisco Sandoval y hacia mí. Es perceptible en lo que algunas de las personas que hemos investigado o juzgado han dicho contra nosotros tanto en audiencias como fuera de ellas. Y es perceptible a través de los mensajes en las redes sociales. El riesgo no solo de una detención, sino de muerte, es muy fácil de acreditar en el caso del licenciado Sandoval, por los hechos que le hizo saber la Embajada de Estados Unidos acerca de un atentado estructurado contra su vida .
¿Por qué ese odio? ¿Qué fibra han tocado ustedes?
Simplemente no detuvimos investigaciones o juzgamientos porque la persona señalada pudiera tener poder económico, político o de otra naturaleza. Yo juzgué de igual manera a personas de alto perfil y a otras que no son consideradas como personas de poder en la estructura social. Se les dio el mismo trato e intentamos cumplir siempre con la objetividad del debido proceso. Tocamos esferas de poder que no están acostumbradas a que la justicia les alcance.
He escuchado varias veces que el hecho de que en 2018 se forzara a altos empresarios a disculparse en público por participar en actos de corrupción fue recibido como una humillación. ¿Cree que aquello exacerbó ese odio?
Sí, esas percepciones exacerbaron el odio hacia nosotros. He tenido conocimiento de múltiples comentarios en torno a aquella circunstancia, en la que debo indicar claramente que no tuve ninguna intervención.
¿Se refiere a la conferencia de prensa en la que se disculparon? Hay quien se la atribuye a usted. Dicen que aquel día dobló el brazo a empresarios.
Se dice que pudo haber alguna presión o coerción para obligar a que aquello sucediera, pero yo no tuve nada que ver. Parte de ese odio hacia mí, hacia lo que represento y el trabajo que hice, son las distorsiones en la información. En este caso únicamente conocí lo tratado en la sala de audiencias. Todo lo que pudo suceder fuera de ese proceso era ajeno a mi persona. Ni siquiera tuve conocimiento. Me enteré de aquella situación en el mismo momento que todos los guatemaltecos, por los medios de comunicación.
¿Qué ha pasado en Guatemala para llegar a este punto?
El estado ha sido cooptado por miembros de estructuras criminales. Lo venimos señalando desde hace mucho, en diversas sentencias judiciales. Se ha socavado el estado democrático y las estructuras criminales han hecho un esfuerzo muy importante por obtener impunidad y para ello cooptar el sistema de justicia. Cuando vemos que en Guatemala ya no se cumplen las formas del debido proceso ni aun en las más altas cortes, nos damos cuenta de que el sistema de justicia ha sido socavado.
¿Cómo describiría usted esas estructuras criminales?
Es una macroestructura que tiene perfiles internacionales, raíces en el pasado de Guatemala, y que involucra a muchos sectores.
¿Personas ligadas al Ejército, actores políticos, empresariales, economías ilícitas?
Sí. Solo el expediente 359, que algunos detractores han llamado públicamente “la multicausa” al mismo que cuestionan la competencia de mi juzgado para conocerla, toca a muchos de los sectores que menciona. Es un expediente histórico, porque la investigación permitió revelar una estructura criminal con nexos en diferentes actores políticos, jurídicos, económicos. El componente militar es el único que no aparece en ese expediente en concreto, aunque sí hay otros procesos abiertos que nos permiten pensar en la posible participación de otros actores: líneas de narcotráfico, intervención de militares, etc.
El expediente 359 se ramifica en el caso Comisiones Paralelas, en distintas estructuras de corrupción dentro del Ejecutivo y el Legislativo, e incluye también el caso de lavado de dinero que se deriva del dinero encontrado en Antigua Guatemala, el testimonio que involucra al presidente Giammattei... Todos esos casos están interrelacionados.
Sí, todo forma parte del mismo expediente por lo que doctrinariamente se conoce como vinculaciones objetivas. Muchas de las fases de este proceso, o casos, fueron fruto de hallazgos inevitables en el desarrollo de la investigación de ese expediente.
¿Va a pedir asilo en Estados Unidos?
Estoy analizando distintas opciones.
¿Deja la judicatura?
Sí, dejo la judicatura.
¿Qué va a ser de los casos en los que ha estado trabajando, incluido el que alcanza al presidente Giammattei?
No lo sé. No sé qué pueda pasar con ellos. La Corte debería nombrar un juez o jueza independiente. Pero en el contexto actual, cuando la misma Corte obliga a la salida de alguien que no ha hecho más que trabajar de manera objetiva, honesta e independiente, no espero que lo hagan.
Hace tres años dijo en una entrevista: “el día que deje de creer será el día que deje de luchar”. ¿Está dejando de creer? ¿Deja de luchar?
No. Dejo la judicatura, que es diferente. Fue una decisión difícil. Han sido casi 20 años de trabajo. Pero no dejo de creer. Cambio el plano de lucha. Voy a enfocarme en los procedimientos internacionales y en otros espacios.
En 2015 la ciudadanía de Guatemala salió a las calles en defensa de estructuras de justicia como la CICIG o la Fiscalía, en contra la impunidad y la corrupción, y provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, que hoy sigue en la cárcel y en proceso de juicio. ¿Dónde está esa ciudadanía hoy?
Es complicado el contexto del país. La pandemia, la pobreza, las circunstancias, han ido generando decepción, cansancio en la población. Son frecuentes las manifestaciones de inconformidad hacia acciones de los tres poderes del Estado, pero ahora se producen en las redes sociales. Se ha instalado en el país una estrategia de terror que podemos ver también en la persecución que está realizando la Fiscal General contra quienes estuvimos involucrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Hay miedo.
¿Ve salida a esta situación?
No en el corto plazo, pero en el largo ninguna situación, por buena o mala que sea, es sostenible. Tengo la esperanza de que Guatemala pueda un día recuperar el estado de derecho y fortalecer de nuevo su sistema de justicia. Una oportunidad importante pudo ser la elección de fiscal general, pero también ahí veo algunos vicios. No estoy segura de que la persona que sea designada para estar los próximos años al frente de la Fiscalía General pueda devolver esa confianza y credibilidad a la institución.
Se podría decir que usted no es imparcial: quería optar al cargo y la Corte Constitucional no se lo permitió.
No hablo desde lo personal, sino porque tengo conocimiento de muchos compañeros jueces y juezas que hubieran hecho un papel excepcional de llegar a ser Fiscal General y se les ha cerrado esa oportunidad, precisamente porque no se busca elegir a alguien por méritos o porque vaya a desarrollar un trabajo independiente. Muchos jueces tienen un conocimiento en materia penal amplio y una formación que hubiera elevado el nivel del proceso de selección. En otras ocasiones compañeros y compañeras juezas han integrado la nómina final de seis candidaturas que se presenta al presidente de la república, pero esta vez no se permitió participar a ningún juez o jueza. Creo que eso vulnera gravemente la independencia judicial, porque se ve como un castigo al hecho de que nuestras resoluciones no se presten a intereses espurios o políticos.
¿Cuál va a ser su futuro?
Esa es la pregunta más difícil. No lo sé. Ahorita solo puedo partir de la decisión que ya tomé: dejar de ser jueza en Guatemala y buscar otros espacios para defender la Justicia y el estado de derecho, que es en lo que sigo creyendo.
