Sonia Arriaza de Sánchez carga una fotografía de su esposo, Manuel Sánchez. Manuel trabajaba como supervisor de saneamiento ambiental en la unidad de salud de Monserrat, San Salvador. El 17 de marzo de hace 2 años comenzó formalmente el encierro obligatorio decretado para combatir la pandemia de coronavirus.
Con la entrada de la Covid-19 a El Salvador, el trabajo de Manuel se transformó. Se duplicó. Comenzó a supervisar los centros de cuarentena que el Ministerio de Salud abrió para encerrar a las personas bajo sospecha de infección. Manuel era un hombre de 60 años de edad y según su esposa tenía múltiples padecimientos de salud. También era el sostén del hogar y no podía dejar de trabajar. En julio del 2020, cuatro meses después de confirmarse el primer caso de covid-19 en el país, Manuel contrajó el virus en uno de los centros de cuarentena en los que trabajaba. Falleció.
A casi dos años de la muerte de Manuel, su esposa sigue esperando que una compensación. Sonia Arriaza de Sánchez reclama que lo escrito en Ley Especial Transitoria Para la Constitución de Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud se cumpla. Esta ley fue aprobada por la anterior Asamblea Legislativa y pretendía compensar económicamente a los familiares del personal del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que falleció a causa de la covid-19.
Según el grupo Familiares de Personal de Salud Fallecidos en la Atención al Covid-19, han muerto 232 personas del MINSAL y del ISSS. De este grupo, 88 familias no han recibido la compensación, según datos de la misma organización de familiares. Sonia Arriaza es una de ellas. 'Cuanto estaba lo más fuerte de la pandemia el presidente decía que eran héroes de primera línea, pero ahora se olvidó de los familiares de los héroes’’, dice Sonia en relación a la forma en el que Nayib Bukele se expresaba del personal de salud pública.
