El sábado 26 de marzo El Salvador registró 62 personas asesinadas, una cifra récord en los últimos 20 años. Tras la aparición de decenas de cadáveres en distintos puntos de 12 de los 14 departamentos del país, el presidente Nayib Bukele movilizó a sus diputados para la aprobación de un decreto de Régimen de Excepción, que ya entró en vigencia, y que suspende la posibilidad de reunirse, permite intervenir comunicaciones y correspondencia sin orden judicial o detener por 15 días a quien las autoridades, soldados o policías, consideren sospechosos. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, no hay registros de que se haya decretado una medida igual por razones de violencia, y el único antecedente similar es el decreto especial emitido durante la pandemia para restringir, entre otros, el derecho de libre tránsito.
Según datos compartidos por la Policía Nacional Civil, La Libertad fue el departamento con más homicidios este sábado, al registrar 12 cadáveres. La violenta jornada inició el viernes, cuando hubo 14 homicidios registrados. El sábado, a La Libertad le siguieron San Salvador y Ahuachapán, con nueve cada uno, y Sonsonate con ocho. En todos los departamentos, a excepción de Morazán y Cabañas, hubo reportes de al menos un homicidio. En Chalatenango y Santa Ana hubo cinco; en San Vicente y Cuscatlán, cuatro; San Miguel, tres; Usulután, La Unión y La Paz, uno respectivamente. En su mayoría, los asesinatos han ocurrido en territorios controlados por la Mara Salvatrucha-13 (MS-13).
Según datos del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, las víctimas que murieron de forma violenta no necesariamente tenían registro alguno de vinculación con las pandillas, ya que al menos 30 personas asesinadas estaban trabajando o tenían una actividad económica y ningún antecedente penal: vendedores ambulantes, panaderos, motoristas y obreros de construcción se cuentan entre los muertos.
Tras los 14 homicidios del viernes, el presidente convocó a una reunión la madrugada del mismo sábado a todo su gabinete de seguridad. La imagen circuló a las 3:05 a.m. del sábado, y en ella aparecen el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director de Centros Penales, Osiris Luna; el ministro de Defensa, René Merino Monroy; el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas; y el fiscal general, Rodolfo Delgado. Los homicidios del viernes y sábado suman 76 y hasta las 3 p.m. de este domingo 27, el Movimiento de Trabajadores de la Policía contabilizaba siete muertes violentas, sumando 85 cadáveres en alrededor de 60 horas.
Desde el 2002, según datos de La Prensa Gráfica recopilados a través del Instituto de Medicina Legal, no se había presentado un alza de homicidios como la de ayer. Los datos oficiales registran el 15 de agosto como uno de los más altos, con 57 homicidios, el día más sangriento del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, el presidente de la segunda administración del FMLN (2014-2019), durante la que ocurrió el año más violento del que el país tenga recuerdo desde la paz firmada en 1992: 103 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Este Gobierno ha vendido la pacificación del país como su principal logro, al contabilizar más de 70 días sin registrar ningún homicidio. En todo momento ha atribuido ese éxito al Plan Control Territorial que nunca ha sido revelado oficialmente, y ha negado que tenga que ver con las negociaciones secretas con los líderes pandilleros recluidos en penales de máxima seguridad, a pesar de las revelaciones de este medio que mostró decenas de documentos oficiales de este Gobierno donde se da cuenta de ese diálogo sostenido por años.
Ante el alza abrupta, Bukele solicitó, a través de un tuit que escribió a las 8:00 p.m., que la Asamblea Legislativa decretase Régimen de Excepción esa misma noche. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, convocó a sesión plenaria extraordinaria a las 11:00 p.m. Pasada la medianoche, la Asamblea inició formalmente la plenaria y a las 3:45 de la madrugada se aprobó con 67 votos el Régimen de Excepción “para afrontar las graves perturbaciones al orden público”. La breve discusión previo a la votación, donde hablaron principalmente representantes del oficialismo tuvo algunas constantes: en todos los discursos de diputados de Nuevas Ideas se recordó que gobiernos anteriores habían tenido tasas altas de homicidios y que había evidencia de que habían negociado con pandillas para disminuirlos. Además, los diputados sugirieron que habían actores detrás de estos homicidios impulsándolos por razones políticas. Nunca especificaron a qué actores se referían ni aportaron las pruebas que los llevaban a esa conclusión.
Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, afirma que no hay un precedente de este tipo. 'Con esta Constitución, vigente durante la guerra, sí hubo un constante Estado de Excepción. Pero en los últimos 32 años, no recuerdo una suspensión de derechos tan amplia y general como esta', dice el experto constitucionalista.
Para Zaira Navas, exinspectora de la Policía y actual abogada de Cristosal, la administración Bukele ha tenido una característica cíclica en cuanto a asesinatos, en otras palabras, “cada cierto tiempo se ha producido un incremento de homicidios por dos o tres días. Pero lo de ayer, rebasa cifras previas, recalcó a El Faro. Según datos provistos por Navas, por ejemplo, abril de 2020 había sido el más violento de la gestión Bukele: el 24 de abril murieron 24 personas; el día siguiente, 13; y, el siguiente 23. En cinco días de finales de abril, murieron asesinadas 84 personas.
Un contexto que la narrativa oficial ha obviado mencionar en su discurso es la petición de extradición de Estados Unidos de la dirigencia de la MS-13. Estados Unidos sospecha que uno de los líderes de la pandilla al que ha pedido en extradición fue puesto en libertad y ha pedido explicaciones sobre su supuesta liberación y detalles sobre su paradero actual a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña. Helmer Canales Rivera, alias Crook, como aparece escrito en el documento, es requerido por una corte de Nueva York junto con otros 13 miembros de la cúpula de la MS-13, a la que Estados Unidos pretende extraditar por cargos de terrorismo.
¿Qué garantías constitucionales se suspendieron?
La Asamblea Legislativa aprobó restringir los artículos 7, 12, 13 y 24 de la Constitución durante 30 días. El régimen de excepción aprobado suspende el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa, con lo que se restringe que el detenido sea informado de la razón de su detención y tenga derecho a un abogado defensor y a las garantías del debido proceso.
También se suspende el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial. Además, amplía el plazo de detención administrativa, autoriza a que la Policía Nacional Civil detenga a cualquier persona que considere sospechosa sin tener evidencia que lo respalde. El decreto no estableció por cuánto tiempo se amplía el plazo de detención administrativa, sin embargo, la diputada Suecy Callejas compartió en su cuenta de Twitter que se trata de 15 días.
La entradas y salidas en el país como la libertad de expresión no fueron parte de las restricciones, como habían sugerido antes de la plenaria algunos diputados.
Debido a los Régimen de Excepción declarados al inicio de la pandemia por varios países, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado sobre estándares internacionales que esta medida debe cumplir.
Los Estados deben asegurar que en caso de establecerse un Régimen de Excepción se justifique que existe una excepcionalidad de la situación de emergencia en cuanto a su gravedad, inminencia e intensidad que constituye una amenaza real a la independencia o seguridad del Estado y que la suspención de algunos derechos y garantías sea estrictamente por un tiempo limitado a las exigencias de la situación, que las disposiciones que sean aprobadas resulten ser proporcionales y que la suspensión de derechos o garantías constituya el único medio para hacer frente a la situación.
Las reacciones a las medidas fueron inmediatas. La directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso, Leonor Arteaga, se mostró en contra de decretar un Régimen de Excepción para combatir el crimen. 'Los homicidos de las últimas horas en #ElSalvador deben combatirse con la ley penal, nada lo impide. Dar poderes extraordinarios a gobierno @nayibbukele vía un Régimen de Excepción, como ocurrió en pandemia, no beneficia a ciudadanía, sólo generaría miedo y facilitaría la corrupción', escribió en su cuenta de Twitter.
Wilson Sandoval, director de la oficina anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), también cuestionó en un tuit la suspensión de derechos constitucionales: '¿Por qué necesitan suspender garantías constitucionales? El repunte de muertes son la prueba irrefutable de que la tregua está ahí afuera y es un error fatal', escribió en redes sociales.
El investigador sénior de la División de las Américas de Human Right Watch, Juan Pappier, escribió en Twitter: 'En El Salvador, acaban de aprobar un 'régimen de excepción' que suspende por 30 días los derechos de asociación y reunión, defensa judicial e inviolabilidad de las comunicaciones. Muy preocupante, en especial, en un país donde no quedan instituciones democráticas independientes'.
El presidente Bukele aclaró esta mañana a través de sus redes sociales que el Régimen de Excepción aprobado no suspende los servicios religiosos, eventos deportivos, comercio y estudios. A esta aclaración agregó: “A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso. Sin embargo, sí habrá algunos cierres focalizados y temporales en algunas zonas”.
A primeras horas de este domingo, también dijo que las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas “solo cuando sea necesario”. “Para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal”, escribió. Durante este fin de semana, Bukele también retuiteó desde su cuenta a algunas cuentas anónimas que se presentan como policías o militares y que clamaban por venganza. 'Nuestro presidente Nayib Bukele nos acaba de quitar la correa. A trabajar, pues', 'Tenemos luz verde señores, ahora a dar 10/3 sin miedo al éxito (sic)', son dos de los mensajes de cuentas con fotografías de policías con navarone que el presidente retuiteó.
Hasta el mediodía de este domingo, la cuentas de las carteras de seguridad se ha llenado de información sobre operativos, retenes y detenciones de pandilleros. Al cierre de esta nota, la Policía no había reportado más datos de homicidios; sin embargo, desde el Movimiento de Trabajadores de la Policía se informó de siete personas asesinadas. Uno de los crímenes ocurrió a las 10 de la mañana en el Centro de San Salvador, en las cercanías del mercado Excuartel.
*Con Reportes de Gabriel Labrador y Carlos Martínez
