Dos exempleados de la Dirección General de Centros Penales declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) que tenían plazas fantasmas y que, durante más de un año, cobraron jugosos salarios con la condición de entregar una parte de ese dinero al director Osiris Luna Meza. Los dos exempleados habían sido contratados como “supervisores regionales”, una figura creada durante los primeros 19 meses de la gestión de Luna. Esos cargos no tenían ninguna función específica en los manuales operativos de esa institución, pese a que cobraban salarios que oscilaban entre los $1,526 y $3,333 mensuales. Todo lo anterior quedó consignado en la investigación Catedral, realizada por un grupo especial anticorrupción que operó en 2020, cuando Raúl Melara era fiscal general, antes de que el 1 de mayo de 2021 la Asamblea controlada por Bukele lo destituyera e impusiera a su sustituto.
Además de esos dos exempleados que confesaron sus plazas fantasmas, la anterior administración de la Fiscalía descubrió que Luna contrató a ocho supervisores regionales más, quienes cobraron un total de $278,353.48 pese a que no hay evidencia documental del trabajo que realizaron en Centros Penales y pese a que el Reglamento Penitenciario aprobado por el Gobierno de Nayib Bukele se lo prohibía. El dinero para esas plazas, según los documentos analizados por El Faro, salió del presupuesto de las Tiendas Institucionales, el ente que administra el dinero que depositan los familiares de los reos y que en la última década ha sido señalado como un foco de corrupción gubernamental.
Los nombres de los supervisores regionales, el monto de dinero y la cantidad de meses que cobraron en Centros Penales están detallados en una presentación que resume los hallazgos más importantes de Catedral. El Faro tiene una copia de este documento. Este periódico, además, entrevistó por separado a una fuente de Centros Penales que conoció de primera mano sobre las plazas fantasmas, así como a un exfiscal y un exasesor de la Fiscalía que participaron en la investigación y que añadieron más detalles a la publicación con la condición de no revelar su identidad por temor a represalias legales.
La Fiscalía obtuvo las primeras pistas de las plazas fantasmas gracias al personal del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE), quienes registraron en intervenciones telefónicas que Luna y su madre, la abogada Alma Yanira Meza Olivares, contrataron personas en Centros Penales para prestar su nombre y así cobrar salarios. Para corroborar esos datos, los fiscales citaron a algunos de los supuestos empleados para entrevistarlos en enero de 2021, según los documentos.
Dos exempleados de Centros Penales aceptaron que sus plazas eran fantasmas y recibieron un criterio de oportunidad, un beneficio judicial que consiste en aportar detalles sobre un delito cometido a cambio de no ser procesados. En la entrevista, los testigos coincidieron en un punto importante para la investigación: firmaron un contrato para una plaza a la que nunca asistieron y no ganaron el salario establecido. “Le daré un ejemplo: si la plaza era de $500, a ellos les daban menos de $100. Ganaban una tontera”, explicó el asesor fiscal.
Un exempleado, protegido con la clave “Luna”, dijo haber recibido 18 salarios y un aguinaldo que suman un total de $27,485.32; mientras que el otro exempleado, protegido con la clave “Sol”, aseguró haber cobrado diez salarios y un aguinaldo que suman $15,456.30. La Fiscalía calificó esas plazas como “ficticias” o “fantasmas”. Así está consignado en Catedral, un expediente asignado al Grupo Especial Antimafia (GEA), que también documentó las negociaciones de este Gobierno con las pandillas, y que fue desarticulado por Rodolfo Delgado, el fiscal general impuesto por el oficialismo.
La investigación Catedral concluyó que en Centros Penales operaba una “célula” criminal que se lucraba del robo de alimentos para los afectados de la pandemia, de amaños en los contratos de personal y de otras irregularidades detectadas por los fiscales. El testimonio de los exempleados y las escuchas telefónicas apuntan a que ese grupo criminal era dirigido por Luna; su madre, Alma Yanira Meza Olivares; y el empleado Wilfredo Hernández Ostorga, un militante de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el partido con el que Bukele ganó la Presidencia.
Las otras personas contratadas como supervisores se dedican a labores domésticas, la contaduría, la administración o reportan que son estudiantes, según información de varios registros públicos consultados por este periódico. Los fiscales, muchos de ellos exiliados fuera del país ahora mismo, citaron los hechos de una manera directa en una presentación que una fuente entregó a El Faro a mediados del 2021 y que este periódico ha publicado a medida que corrobora la información: “línea de acción en beneficio propio de la célula: plazas fantasmas en Tiendas Institucionales”.
Fuentes fiscales que El Faro ha consultado por separado, coinciden en señalar que a finales de abril de 2021, el GEA hizo una exposición de los avances de Catedral al entonces fiscal general, Raúl Melara. En el caso de los contratos, los fiscales recomendaron procesar al director Luna por tres delitos: peculado (apropiación de recursos públicos), actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. “Fue una investigación difícil, porque no teníamos apoyo de la Policía y tampoco se les tenía confianza. Obtuvimos detalles por las escuchas, pero las diligencias (seguimientos) fueron hechas por los fiscales”, contó en enero 2022 uno de los fiscales, quien dio información con la condición de reservar su identidad.
El 28 de diciembre de 2021, Reuters citó al exfiscal German Arriaza, quien fue el jefe del grupo que investigó Catedral. Arriaza reconoció que había investigaciones por corrupción y negociación con pandillas. Aseguró que el actual Gobierno cerró esa investigación y reconoció haber dejado el país.
El GEA también recomendó procesar a la madre de Luna cómo cómplice no necesaria en el delito de peculado. Aunque ella no tiene un nombramiento oficial en Centros Penales, las escuchas telefónicas revelaron, según el GEA, que coordinaba directamente con Ostorga, el militante de GANA, la contratación de los supervisores fantasmas. Según la investigación, el poder de la madre de Luna era tal que los gerentes de Centros Penales no cuestionaban sus órdenes relativas a la contratación irregular de personal y proveedores. “Ella coordina directamente con supervisores y demás (miembros) de la estructura”, consigna la presentación fiscal.
El esquema de corrupción que la Fiscalía atribuyó a Luna incluye a otros tres empleados de Centros Penales: Eduardo Antonio Acevedo, jefe de personal; Luis de Jesús de la O Tobar, un militante de Nuevas Ideas que trabajó cuatro meses como jefe de Tiendas Institucionales; y su sucesora, Carolina Elizabeth Tespan de Turcios.
En enero de 2020, Revista Factum reveló que De la O Tobar consignó en su hoja de vida que era un abogado graduado de la Universidad de El Salvador, pero era mentira. También falsificó varios diplomas, según la publicación. Pese a ello, Centros Penales lo contrató como jefe del Departamento de Registro y Control Penitenciario y luego lo trasladó a la jefatura de Tiendas Institucionales. Cuatro meses después de la publicación, en mayo de 2020, la Fiscalía dirigida por Raúl Melara lo procesó por ejercicio ilegal de la profesión y uso de documentos falsos.
El proceso judicial contra De la O Tobar continúa abierto. En octubre de 2021, el Juzgado Octavo de Instrucción sobreseyó definitivamente al exempleado de Centros Penales del delito de ejercicio ilegal de la profesión, pero ordenó que enfrente un juicio por el uso y tenencia de documentos falsos. El expediente pasó al Tribunal Tercero de Sentencia, pero hasta la última semana de marzo de 2022, ese tribunal aún no había determinado la fecha del juicio. La investigación Catedral recomendó procesar a De la O Tobar por complicidad en el delito de peculado relacionado con las plazas fantasmas. La misma sugerencia hicieron los fiscales contra otros dos mandos medios de Penales, Tespan de Turcios y Acevedo.
La mañana del 7 de abril de 2022, El Faro llamó al encargado de Prensa de Centros Penales para solicitarle una entrevista con los supervisores regionales y con el director Luna, pero no hubo ninguna respuesta. Este periódico también llamó alos celulares de Luna y de su madre. Luna no contestó, mientras que la persona que respondió en el celular de su madre dijo que le haría llegar la solicitud de entrevista. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Luna y el círculo vicioso
El dinero de las Tiendas Institucionales ha sido el fruto prohibido para los directores de Centros Penales durante la última década. Cuatro personas han desfilado por ese cargo, y los cuatro han usado esos fondos como una caja chica, sin rendir cuentas claras. Dos exdirectores ya fueron condenados, un tercero enfrenta actualmente un proceso en un juzgado capitalino, mientras que el actual gastó $8.5 millones sin aplicar el mecanismo que le ordena la ley, pero el Gobierno de Bukele lo mantiene en el cargo.
Los primeros dos en tener problemas por el manejo del dinero de las Tiendas Institucionales fueron Nelson Rauda (2012-2013, bajo Gobierno del Fmln) y Rodil Hernández (2013-2017, bajo Gobierno del Fmln). El 19 de julio de 2021, el Tribunal Quinto de Sentencia condenó a los dos exfuncionarios por el uso ilegal de $208,000, dinero que usaron para pagar sobresueldos, préstamos al personal e informes de inteligencia durante la tregua que el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) pactó con las pandillas. El tribunal los condenó a dos años de cárcel por esos gastos, pero la pena les fue reemplazada por trabajos de utilidad pública.
Durante el último Gobierno del FMLN (2014-2019), los titulares de Seguridad Pública impulsaron un nuevo modelo para manejar las Tiendas Institucionales: la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). Un objetivo de la asociación era “financiar, promover y administrar las Tiendas Institucionales en centros penitenciarios, centros de detención menor y granjas penitenciarias”, según el documento de fundación que data del 31 de julio de 2018. ASOCAMBIO firmó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Seguridad y Justicia.
La administración de las tiendas penitenciarias pasó de Centros Penales hacia ASOCAMBIO, pero el dinero siguió en las mismas manos. Los fundadores y principales directivos de la asociación eran el exviceministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde; el exviceministro, Raúl López; y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima, entre otros.
El cuatro de junio de 2019, con la llegada del Gobierno de Bukele, Luna fue juramentado como director de Centros Penales y, de entrada, cuestionó que el Estado hubiera entregado a una asociación la administración de más de $12 millones anuales sin que la Corte de Cuentas pudiera auditar esos fondos, ya que ASOCAMBIO era un ente privado. “#Asocambio es el monumento a la corrupción”, “Vengo a poner orden y hacer una rehabilitación efectiva”, “Se garantizará la transparencia de los fondos públicos en esta institución”, fueron algunos mensajes que Luna escribió en su cuenta de Twitter durante sus primeras semanas de trabajo.
El 27 de julio de 2019, el Ministerio de Justicia de Bukele presentó una denuncia ante la Fiscalía por la creación de ASOCAMBIO. Dos años después, en septiembre de 2021, el fiscal impuesto por el oficialismo ordenó capturar al exministro Ramírez Landaverde, al exdirector de penales Tulio Lima y a otras siete personas por peculado, falsedad ideológica, cohecho impropio y actos arbitrarios. El proceso continúa abierto en un juzgado capitalino.
Bajo el argumento de evitar el uso discrecional del dinero de las Tiendas Institucionales, el 18 de septiembre de 2019, el Gobierno de Bukele reformó el Reglamento General de la Ley Penitenciaria. Agregó un artículo ―el 154 con 18 literales― que regula un nuevo mecanismo para el uso y control de esos fondos. Los cambios obligaban a Centros Penales crear una cuenta llamada “Fondo Único de Tiendas Institucionales”, donde los familiares de los privados de libertad pudieran depositar mensualmente $150.
Una vez que el dinero llega a esa cuenta, el Reglamento ordena que los fondos pasen a otra cuenta llamada Fondos Ajenos en Custodia, que controla el Ministerio de Hacienda. El Gobierno puso un segundo candado para evitar el gasto discrecional. La modificación al reglamento ordena la creación de una comisión para determinar el uso de esos fondos. Esa comisión debe estar conformada por cinco miembros: un representante de la Policía, tres del Ministerio de Seguridad y el director de Centros Penales.
Hay evidencia periodística de que Luna incumplió esa ley. Entre el 15 y el 17 de agosto de 2020, Revista Factum y el programa Focos revelaron detalles sobre cómo el director de Penales gastó de manera indebida $8.5 millones, porque nunca remesó esa cantidad a la cuenta del Ministerio de Hacienda, tal como la ley ordena. Tampoco creó la comisión para determinar el uso de ese dinero, sino que lo gastó de manera discrecional. Las investigaciones periodísticas revelaron otras irregularidades, como depósitos de hasta $300, cuando el máximo, no acumulable, es de 150 por cada privado de libertad.
Tras las publicaciones de Revista Factum y Focos, la Fiscalía dirigida por Melara abrió una investigación por el uso del dinero de las tiendas institucionales. Los fiscales allanaron y se apoderaron de documentos, pidieron intervención telefónica y entrevistaron a testigos. La investigación se volvió compleja porque los fiscales acumularon en el camino otros hechos por investigar: la negociación del Gobierno de Bukele con las pandillas y la corrupción en la entrega de paquetes de alimentos durante la pandemia. Un hecho los llevó a otros. Cuando los fiscales presentaron el informe de hallazgos a finales de abril de 2021, apenas habían resuelto el destino del 3.1% del dinero que Luna gastó irregularmente de las Tiendas Institucionales, según la investigación. Es decir, de los $8.5 millones que no reportó a Hacienda y que gastó sin autorización de la comisión, $278,353.48 los usó para contratar supervisores fantasmas, concluyeron los fiscales.
Los fantasmas de penales
La Tienda Institucional es una isla en la administración de Centros Penales. Ese ente tiene su propio presupuesto (entre $12 y $14 millones anuales), su propio jefe de personal y su propio departamento de contabilidad. Es una estructura paralela con cierta autonomía administrativa y que solo rinde cuenta a la Subdirección General Administrativa y, por supuesto, al director general de Centros Penales.
La tienda tiene un jefe que elabora el presupuesto anual, paga a los proveedores y gestiona ―en teoría― que el dinero de los privados de libertad sea trasladado a la cuenta de los Fondos Ajenos en Custodia del Ministerio de Hacienda. Además, el organigrama oficial ordena a ese jefe “velar por el buen funcionamiento de las tiendas dentro de los centros penitenciarios”. Para cumplir con este fin, la Tienda Institucional cuenta con un coordinador de tienda por cada centro penal.
Este coordinador atiende todos los asuntos administrativos: hace ―en teoría― los pedidos de los productos de alimentación e higiene que más se necesitan, supervisa el abastecimiento y atiende otros asuntos rutinarios como vigilar que el personal a su cargo cumpla con los horarios. El coordinador remite cada semana los detalles al departamento de contabilidad de la Tienda Institucional. Así había funcionado en teoría. Sin embargo, en junio de 2019, Luna consideró que era necesario crear diez nuevas plazas. La administración las bautizó como “supervisores regionales”, sin un rol específico en los manuales de funcionamiento, pero con salarios superiores a las jefaturas oficiales. Según la investigación fiscal, una supervisora regional cobró $3,300 mensuales, casi el salario oficial asignado al director de penales: $3,484.58.
Osiris Lili Cardona Hernández, empleada que vive en la Residencial Altavista II de Tonacatepeque, cobró $20,000 durante seis meses. Es decir, un salario mensual de $3,333.33 por actividades que no constan en documentos oficiales, según un fiscal de Catedral. La mañana del 26 de marzo, El Faro buscó a los supervisores regionales en las direcciones consignadas en documentos oficiales. Tras realizar las primeras visitas en colonias populosas de Soyapango, ante la advertencia de los vecinos y ante un incremento brutal de los homicidios durante ese fin de semana, el periódico suspendió la búsqueda de Cardona Hernández. Para concederle su derecho de respuesta se llamó a la oficina de Comunicaciones de Centros Penales, pero hasta el cierre de esta nota no habían respondido a la solicitud.
“No es un tema de salarios altos, ahí el problema es que no hay documentos que demuestren en qué trabajaron, dónde trabajaron y en qué momento”, explicó uno de los fiscales que participó en la investigación. Los fiscales entrevistaron a algunos de los supervisores regionales, pero en el caso de dos de ellos, lejos de defender su trabajo confesaron que sus plazas eran fantasmas. Los testigos “Sol” y “Luna” consignados en Catedral. Con esos dos testimonios anexados al expediente, en abril de 2021, los fiscales recomendaron al entonces fiscal Melara procesar a ocho supervisores regionales como cómplices no necesarios en el delito de peculado, atribuido a Luna. En promedio, durante 19 meses, los supervisores cobraron de la Tienda Institucional $278,353.48, según la investigación.
Además de la información consignada en la presentación de Catedral y de los datos que proporcionó uno de los fiscales del caso, El Faro entrevistó a una fuente que trabajó durante más de una década en Centros Penales. Esta fuente dijo: “Esa figura (de los supervisores) en las tiendas no existe. Territorialmente o físicamente, dentro de la estructura de tiendas, nunca existieron, simplemente era gente a la que se le pagaba un salario”.
El segundo supervisor con salario más alto era Mario Ernesto Ortega Martínez, quien cada mes cobraba $2,828.48, un salario mayor, por ejemplo, que el asignado al Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos. Ortega Martínez, un empleado que reporta su domicilio en la colonia Minerva de San Salvador, cobró nueve meses y un aguinaldo que suman $25,456.30. Luego de cobrar ese salario, el supervisor regional pasó a dirigir la granja penitenciaria de Santa Ana, según el directorio penitenciario actualizado hasta el 19 de marzo de 2021. El Faro llamó al teléfono y escribió al correo oficial de la granja para obtener una versión de Ortega Martínez, pero hasta el cierre de esta nota no había respuesta.
Según Catedral, María Trinidad Barrera viuda de Ardón estaba en el tercer peldaño de mejores salarios como supervisora de tienda institucional. Su salario promedio era de $2,674.66, superando el salario de la persona que la contrató: el jefe de personal de la Tienda Institucional, que gana, oficialmente, $2,000. De Ardón cobró un salario durante diez meses y un aguinaldo que suman un total de $26,746.62.
Por su parte, María Fernanda del Carmen Medina, que es empleada y residente en Soyapango, cobró a la Tienda Institucional de Centros Penales $2,500 mensuales durante seis meses, según Catedral. Eso suma un total de $15,000. La colonia donde se la investigación registra su domicilio está ubicada atrás de Plaza Mundo. Luego de pasar el centro comercial hay una calle adoquinada que serpentea entre una colonia en la que, poco a poco, aparecen los grafitis de las pandillas. Al fondo de esa colonia está la calle Ojo de Agua. Ahí hay algunas casas de construcción mixta y otras de lámina.
Según los registros oficiales, Medina vive en una casa que tiene fachada de lámina y una puerta de color verde, a la par de una tienda. Casi al mediodía del 26 de marzo, El Faro buscó a Medina para solicitarle una entrevista. Dos muchachos estaban parados frente a la puerta, sobre la calle adoquinada. Cuando un equipo de este periódico intentó tocar la puerta de esa casa ocurrió esta breve conversación.
―¿A quién buscan?
―A la señora María Medina.
―Esa es la casa de la familia Medina, pero ahí no vive nadie con ese nombre. Quizá alguien de la familia que vive en Santa Ana puso esta dirección por trabajo. Yo lo que les recomiendo es que se vayan porque pueden aparecer los muchachos (pandilleros) y ellos andan armados.
El Faro suspendió el trabajo de campo y buscó la versión de los otros supervisores regionales por medio de Centros Penales, la institución que los contrató. Dos de las personas que durante más tiempo cobraron como supervisores son: Dina Elizabeth Barrera Rivas, empleada que reporta su dirección en San Vicente, y Ricardo Antonio Rodríguez Villalta, un estudiante que, según pudo averiguar este medio, reporta su domicilio en la colonia Manzano de San Salvador. Ambos cobraron un promedio de $2,181.91 durante 19 meses ―incluyendo un aguinaldo―, lo que suma $41,456.30 por cada uno.
Por medio de testimonios, los fiscales establecieron que el responsable del grupo de supervisores regionales era Wilfredo Hernández Molina, conocido como Wilfredo Ostorga Molina, el militante de GANA, y, según fuentes de El Faro, hombre de confianza del director Luna. Este periódico ha documentado que Ostorga Molina y Luna han participado en actividades partidarias desde el 2014. Cuando Luna ganó una diputación, Ostorga Hernández fue contratado por la Asamblea Legislativa; y cuando Luna fue nombrado director de Centros Penales, su empleado también fue contratado en esa institución. Ostorga Hernández cobró de las tiendas penitenciarias $23,340.04, durante once meses, incluyendo un aguinaldo, según Catedral, y aunque no aparece en el organigrama de Centros Penales. En promedio, su salario mensual fue de $2,121.82.
De estafador a director de penal
Carlos Antonio Belloso Morales, un hombre que ha dedicado buena parte de su vida al cobro de deudas, fue condenado por estafa el 6 de marzo de 2017. Él trabajaba como gerente de crédito y recuperación del desaparecido Banco Azteca, institución que lo acusó de confabular con unos abogados para estafar al banco con la cantidad de $73,377, según su expediente judicial que El Faro pudo constatar.
El equipo jurídico del Banco Azteca recuperaba deudas, pero Belloso Morales reportaba que ese trabajo lo había realizado el abogado Luis Mauricio Bonilla Villeda y la empresa Soluciones SA. La investigación también determinó que el gerente bancario incumplió los reglamentos internos porque promovió recuperación de moras antes de las 35 semanas de atraso, con el objetivo de beneficiar a los despachos con los que trabajaba.
El Tribunal Primero de Sentencia los condenó a tres años de prisión, pero la pena no se ejecutó porque Belloso Morales se comprometió a pagar $19,267.26, mientras que los otros dos abogados, el resto de la estafa, $54,109.97. El 17 de marzo pasado, El Faro consultó al tribunal si Belloso Morales pagó la deuda, cuándo y cómo la pagó. Un empleado judicial explicó que el caso está en el archivo y que demorará tiempo dar una respuesta al respecto.
Dos años después de ser condenado por estafa, en el 2019, Belloso Morales fue contratado como supervisor regional (el periódico no ha logrado precisar las fechas exactas de los contratos porque Centros Penales ha declarado reservada la información de la Tienda Institucional). Según Catedral, Belloso Morales cobró durante 19 meses ―incluyendo un aguinaldo― la cantidad de $41,956.30. Eso significa que, en promedio, cobró $2,208.23 mensual, más de lo que cobra el director de un centro penitenciario, cuyo salario es de $2,118, según el Portal de Transparencia.
Pese al antecedente por estafa, Centros Penales ascendió a Belloso Morales como director del penal de Usulután, según la estructura organizativa actualizada hasta enero de 2021.
Con reportes de Carlos Martínez y Gabriela Cáceres
