Más de seis meses de escuchas telefónicas permitieron a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir que el Gobierno de Nayib Bukele utilizó miles de paquetes de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para beneficiar al partido Nuevas Ideas durante las elecciones municipales y legislativas de febrero 2021. La Fiscalía perfiló que la cúpula de Nuevas Ideas y los asesores venezolanos que no tienen un cargo oficial en el Gobierno estuvieron a cargo de la compra y distribución, mientras que otros mandos medios del Ejecutivo coordinaron con estructuras municipales del partido el reparto de la ayuda. Los fiscales que investigaban la corrupción del Gobierno de Bukele calificaron al PES como un “proyecto de acumulación de poder con finalidad política partidaria” y determinaron que la campaña del ahora alcalde de San Salvador, Mario Durán, fue uno de los casos insignias del abuso de recursos estatales con fines electorales.
La conclusión de que Nuevas Ideas utilizó recursos públicos para potenciar la campaña está consignada en documentos de “Catedral”, un expediente fiscal que tenía tres líneas de investigación: la corrupción en la Dirección General de Centros Penales, a cargo de Osiris Luna; la negociación del Gobierno con las tres principales pandillas del país, a cargo del director de Tejido Social, Carlos Marroquín; y la compra y distribución de paquetes del PES. Los fiscales elaboraron una presentación PowerPoint con los hallazgos más importantes de las pesquisas, la cual fue presentada por el Grupo Especial Antimafia (GEA) al exfiscal general, Raúl Melara, a finales de abril de 2021, justo una semana antes de ser destituido por la Asamblea Legislativa que controla Nuevas Ideas. El Faro tiene una copia de esa presentación. Cuando en agosto de este año se preguntó al fiscal Melara sobre esa información, su respuesta fue: 'Prefiero no emitir comentarios'.
Este periódico obtuvo nuevo material relacionado al caso. Se trata de información de una segunda presentación que el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) de la Fiscalía elaboró para la investigación Catedral. En este documento hay una serie de cuadros con información que resumen cómo Mario Edgardo Durán Gavidia, entonces candidato a alcalde de San Salvador, utilizó paquetes alimenticios del Ministerio de Gobernación, para entregarlos a sus posibles votantes de San Salvador. También dan cuenta de cómo una comitiva de funcionarios de diferentes instituciones del Gobierno se organizaron para ayudar a repartir alimentos a su favor. En este segundo informe se ubica a Durán diciendo frases como: “Los paquetes dicen Gobernación y no quisiera que alguien les tomara fotos. Hay que reempacar en la oficina”. En la investigación también se asegura que el director de Penales, Osiris Luna, puso a 200 reos a trabajar en el traslado de bolsas de alimentos en favor de la campaña de Durán.
En los documentos obtenidos por este periódico aparece mencionado de manera general que la anterior Fiscalía planeaba imputar a los funcionarios y empleados involucrados en el caso PES los delitos de actos arbitrarios, peculado, organizaciones ilícitas y tráfico de personas en modalidad de explotación. El asesor fiscal que detalló la investigación para este medio explicó que, en el caso de Mario Durán, el GEA encontró suficientes indicios para acusarlo por los cuatro delitos, incluyendo el de tráfico de personas, porque “él resultó beneficiado” del trabajo que realizaron los privados de libertad durante su campaña.
Según las fuentes de El Faro, todos estos documentos y muchos más quedaron en la Fiscalía tras la destitución del exfiscal Melara. El Faro contactó a la oficina de prensa de la Fiscalía el mediodía de este viernes 26 de noviembre, pero aunque recibieron la llamada y se les explicó el contenido de la investigación, hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.
Durán fue nombrado ministro de Gobernación el primero de junio de 2019 y renunció a su cargo el 20 de noviembre de 2020 para inscribirse como candidato a alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas. La capital era gobernada por Ernesto Muyshondt, uno de los hombres fuertes de Arena, el partido tradicional de derecha que buscaba la reelección para tratar de contrarrestar la aplastante popularidad de Bukele, que servía de manto protector a los candidatos de Nuevas Ideas. Según la investigación de la Fiscalía, el partido del presidente Bukele le apostó a ganar la principal ciudad del país. Para comprender mejor la presentación del CITE, El Faro consultó a un asesor fiscal con conocimiento de la investigación, quien pidió anonimato por temor a represalias, y dijo que “hubo un vuelco de todos los esfuerzos por ganar esa alcaldía”. La fuente agregó que para derrotar a Muyshondt: “Todos (funcionarios y empleados del Gobierno) estaban a disposición de Mario Durán”.
El Faro también conversó con un asesor sobre Centroamérica para el Gobierno estadounidense de Joe Biden, que fungió como tal durante el periodo de la investigación Catedral. Según este asesor, producto de la cooperación entre la Embajada en El Salvador y la Fiscalía (dirigida por Melara), la representación estadounidense conocía del contenido de la investigación 'Catedral' y en concreto sobre el uso político de las ayudas alimentarias. Agregó que el caso también era del conocimiento de la Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (Cicíes), que fue desmantelada por Bukele en junio de este 2021. La tarde de este viernes 26 de noviembre, El Faro llamó al teléfono móvil de Ronalth Ochaeta, quien fue comisionado de la Cicíes, pero no hubo respuesta. Se dejó un mensaje de texto, pero tampoco hubo respuesta.
De acuerdo a la información fiscal obtenida gracias a las escuchas del CITE y según confirma el asesor fiscal, Durán y Michelle Alejandra Castro Amaya, ahora concejal de la Alcaldía de San Salvador, ordenaron destinar sacos de comida para su campaña política. Por ejemplo, en una de las láminas del CITE puede verse la triangulación de llamadas que involucran a Michelle Castro y Mario Durán con otros subalternos para sacar paquetes alimenticios de la bodega de Zapotitán, La Libertad, y repartirlos con fines políticos. Michelle Castro fue oficialmente jefa del despacho ministerial cuando Durán ejerció como ministro de Gobernación. La fuente fiscal la describe como la “persona que giraba las órdenes” para la entrega irregular de alimentos.
La información fiscal en poder de El Faro incluye la fecha de inicio de las escuchas al entorno de Durán: el 4 de noviembre de 2020. En el documento, sin embargo, no aparece cuando finalizó la intervención telefónica.
En otras láminas de la presentación del CITE queda explícito que las escuchas incluyeron al ministro de Trabajo, Rolando Castro, y a Osiris Luna Meza, director de Centros Penales. También al exviceministro de Gobernación, Agustín Salvador Hernández Ventura Chacón, quien según la información cumplió el mismo papel: aprovecharse de los recursos del Estado para impulsar la imagen de Durán de cara a las elecciones.
En el caso del ministro Castro, Catedral consigna que Michelle le dio instrucciones para que se le entregaran paquetes alimenticios y los repartiera en nombre de Durán. Según los documentos, eso ocurrió luego de una reunión que Germán Alejandro Muñoz Herrera, exconcejal de la Alcaldía de San Salvador durante la administración de Muyshondt, sostuvo con el ministro Castro. Actualmente, Muñoz es el encargado de la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador.
De acuerdo con la investigación, de la que la actual adminitración de la Fiscalía no ha dicho nada, Osiris Luna ordenó que reos en fase de confianza ayudaran a descargar paquetes con alimentos y otras actividades referentes a la campaña electoral. “Vamos a apoyar al Gobierno. Vamos con todo para el 2021”, dijo a una persona identificada como “René” en una llamada telefónica fechada el 24 de noviembre de 2020, según aparece consignado en una de las láminas.
A finales de diciembre de 2020, los fiscales también intervinieron conversaciones entre Franklin Alberto Castro Rodríguez y el exconcejal Germán Muñoz, en las que hablaban sobre la entrega de cajas de alimentos en comunidades para beneficiar la campaña de Durán. Franklin Castro fue director de Correos, coordinador del PES y viceministro de Gobernación tras la renuncia de Durán. En octubre de 2021, el Gobierno apoyó la postulación de Franklin Castro a un cargo internacional: secretario general de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, una organización que promueve la prestación del servicio postal, cargo en el extranjero que asumirá en enero del próximo año.
Aunque Franklin Castro fue uno de los coordinadores oficiales del PES, la investigación Catedral revela que el manejo real del programa estuvo en manos de personas sin nombramiento oficial en el Gobierno, como la venezolana Sarah Abdel Karim Hanna Georges; la comisionada Carolina Recinos y Xavier Eduardo Zablah Bukele, conocido como Xavi, el presidente de Nuevas Ideas y primo del presidente Bukele. Ellos no firmaron documentos relacionados a las compras ni al nombramiento de funcionarios que ejecutaron el PES, pero la investigación asegura que tuvieron “injerencia” en el programa. “Hay personas que están fuera de la estructura gubernamental (…) su función es la labor de coordinación entre ministerios para el cumplimiento de las directrices, fueran estas conformes o no con el contenido y las finalidades legales”, dice el documento de la Fiscalía.
Los fiscales elaboraron un organigrama con nombres de 40 personas investigadas por anomalías en las compras y distribución de los alimentos: jefes de unidades de diversos ministerios, gerentes, directores, asesores, viceministros y ministros, así como otro grupo de gente sin cargo oficial, familiares o allegados de altos funcionarios. El organigrama describe una “línea de mando” que los fiscales hicieron a partir de las escuchas telefónicas, debido a la nula documentación oficial sobre el manejo del PES, que arrojó una de las conclusiones más contundentes de la investigación: “Durante el transcurso de la intervención (telefónica) se captó que el PES no tiene existencia formal”.
El PES era un programa sin manuales, sin aclarar cuáles eran las instituciones participantes y sin documentos que detallaran cómo se ejecutaba. “En las redes sociales del Órgano Ejecutivo, se publicó sobre la entrega de los paquetes alimenticios, haciendo referencia que eran del desarrollo del PES, pero en ningún sitio se publicó el texto del programa (…) Nunca existió regulación formal alguna sobre sus objetivos, sus participantes, forma de ejecución y la administración general del mismo. En un primer momento, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) negó conocer el contenido del PES”, escribieron los fiscales en los documentos en poder de este medio.
Este caso, como toda la investigación Catedral, fue dirigida por el exfiscal Germán Arriaza, que creó el GEA con fiscales que se encontraban en las unidades de crimen organizado y anticorrupción, y exclusivamente para investigar al Gobierno de Bukele. De acuerdo con tres fuentes fiscales, la nueva administración de la Fiscalía eliminó dicho grupo de investigación después de que Arriaza renunciara a su cargo como jefe de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía tras la llegada del fiscal impuesto por el bukelismo. El Faro habló este viernes 26 de noviembre con el exfiscal Arriaza sobre la investigación, pero él contestó: “prefiero no emitir comentarios”. De igual forma se buscó a Melara, el exfiscal general, pero este día no atendió las llamadas.
Ante la falta de un marco legal, el cual debió ser elaborado por el MAG o por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el programa estuvo seis meses sin una persona que oficialmente fuera responsable y fue manejado por coordinadores “de hecho” que no tenían un nombramiento oficial: Carolina Recinos, la venezolana Sarah Hanna y Xavi Zablah. Según el asesor fiscal entrevistado por El Faro, Xavi Zablah también toma decisiones en el Gobierno y no solo en el partido Nuevas Ideas.
El PES fue anunciado oficialmente en la cuenta de Twitter del presidente Bukele el 24 de abril de 2020. Seis meses después, el cinco de octubre de 2020, la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (formada por ocho ministerios, la Policía y la Dirección de Protección Civil) nombró como coordinador nacional Ad Honorem del PES a Franklin Castro, exdirector de Correos.
La investigación Catedral concluyó que la falta de nombramiento de Xavi Zablah y de Sara Hanna es un “mecanismo” para evitar cuestionamientos a futuro. Es decir, los familiares y allegados de Bukele son operadores que tienen poder de decisión, pero no son responsables de los resultados. Ellos deciden cómo se manejan recursos públicos, pero no hay Corte de Cuentas que pueda hacerles ningún reclamo, porque oficialmente no son funcionarios.
Desde la mañana del 26 de noviembre de 2021, El Faro envió correos electrónicos, llamó y dejó mensajes telefónicos a siete funcionarios y empleados públicos que aparecen en la investigación de la Fiscalía. Además, se llamó a las oficinas de comunicaciones de Casa Presidencial, Ministerio de Trabajo, Nuevas Ideas y Alcaldía de San Salvador para obtener una versión oficial. Al cierre de esta nota, solo tres de las siete personas investigadas habían respondido. “No tengo una opinión, ni quisiera comentar nada al respecto”, respondió la concejal Michelle Castro. “Desconozco quiénes autorizaban los ingresos y salidas de los alimentos. Eso no era una competencia del viceministro, esos papeles no pasaban por mí, yo no podía dar la orden porque eso era competencia de otras unidades administrativas”, dijo Agustín Hernández, el exviceministro de Gobernación. El exconcejal de la Alcaldía de San Salvador, Germán Muñoz respondió: “No puedo dar opinión porque no me consta la procedencia de dónde llama”.
“1,800 bolsas para la campaña de Mario Durán”
La lámina titulada “Entrega de raciones de alimentos de MINDEL (Ministerio de Desarrollo Local) a favor de la campaña de Mario Durán” describe cómo el candidato, su asistente Michelle Castro y el exviceministro Agustín Hernández se organizaron para que empleados sacaran de una bodega en Zapotitán 1,800 paquetes y los colocaran en tres camiones de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, para repartirlos en una actividad electoral en la colonia Iberia, en San Salvador, el 19 y 20 de diciembre de 2020.
La bodega de Zapotitán, ubicada en el kilómetro 33 y medio de la carretera hacia Santa Ana, es el lugar donde el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) guardó 9,234 quintales de maíz blanco, 6,925 quintales de arroz blanco, 2,308 quintales de frijol rojo, 1,847 sacos de azúcar morena, 46,168 botellas de aceite, 462 quintales de sal y 92,336 paquetes de espagueti, según los documentos de Catedral. La presidenta del FISDL, María Chichilco, pagó $973,199.60 por los alimentos y firmó un convenio con el Ministerio de Gobernación para que esta dependencia organizara la entrega de las raciones a las familias afectadas por la pandemia.
No todos los alimentos llegaron a su destino. El 20 de febrero de 2021, la Fiscalía encontró un faltante de 597 quintales de arroz blanco en la bodega de Zapotitán, la mayoría de los cuales (500 quintales) fueron vendidos por el director de penales, Osiris Luna, a un comerciante con antecedentes penales, según la misma investigación Catedral, que incluso anexó imágenes de los camiones donde se dio el traslado de alimentos. Y esa no es la única anomalía. La nueva información recolectada por El Faro revela que otra gran parte de los alimentos se desvió para la campaña electoral de Durán.
La Fiscalía intervino las llamadas de Durán, Michelle Castro y Agustín Hernández el 18 de diciembre de 2020. Ese día, y a diferentes horas, los tres hablaron sobre los paquetes de la bodega de Zapotitan. Los fiscales colocaron en el informe las frases que más destacaban sobre el caso, explicó el asesor fiscal.
En la primera línea de una de las láminas aparece Durán, quien tuvo comunicación con Michelle Castro. El documento consigna que el candidato dijo la siguiente frase a las 4:14 de la tarde: “Los paquetes dicen Gobernación y no quisiera que alguien les tomara fotos. Hay que reempacar en la oficina”. Minutos más tarde, agregó que “400 paquetes tenían que cargarse ahí en Zapotitán porque un camión no sirve. Hay que pedir apoyarse con la Fuerza Armada”.
Luego, la diapositiva muestra unos mensajes que recibió y envió Michelle Castro el 18 de diciembre a las 10:40 de la mañana: “¿cómo salía mejor empacar?”, preguntó Agustín Hernández y ella respondió que “metían el saco a la otra bolsa”. Luego, a las 4:52 de la tarde, coordinó con una persona que dos camiones de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social llegarían por los paquetes a la bodega de Zapotitan para posteriormente repartirlos en una colonia de San Salvador. “Las entregas serán en la “Iberia” el 19 y 20 de diciembre apoyados por los de Tejido Social”.
Sobre el uso propagandístico de los alimentos estaba enterado el exviceministro Agustín Hernández, según la Fiscalía. “En Zapotitán hay 800 bolsas azules de Gobernación. Ese te la mando así?”, preguntó el exfuncionario a Michelle Castro el 18 de diciembre a las 11:04 de la mañana. El funcionario también coordinó por medio de otra empleada la salida de los paquetes desde la bodega hasta la Iberia. “El vice me pidió que coordine contigo. Tengo tres camiones dos 200 bolsas y uno más con 400”, según la comunicación que la Fiscalía interceptó a las 4:43 de la tarde.
Ese día, justamente, Agustín Hernández dejó de ser viceministro de Gobernación y se convirtió en viceministro de Desarrollo Local. “Con toda honestidad le digo: yo no era el encargado de bodegas. No hay documentación que yo haya firmado porque no era mi competencia”, dijo Hernández este viernes 26 de noviembre. El Faro preguntó al exviceministro por qué su nombre aparece en unas láminas con conversaciones explícitas sobre el traslado de alimentos: “Se me puede haber delegado el transporte, pero esa responsabilidad era trasladar (los paquetes) de un punto A a un punto B, nada más. Desconozco quiénes autorizaban la salida o entrada (de los paquetes) a la bodega”, dijo.
El pacto con Rolando Castro
Según la investigación fiscal, Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, fue clave en la campaña de Durán, pues recibió paquetes alimenticios para repartirlos en nombre del entonces candidato a alcalde por Nuevas Ideas.
En los documentos consta que la trama de este trato respaldado por Xavier Zablah comenzó con una llamada telefónica que el concejal Germán Muñoz realizó a Michelle Castro, el 23 de diciembre, a las 4:17 de la tarde. “Comentó que había estado reunido con el ministro (Rolando) el ''Candidato” y ''Xavi” para apoyar en la distribución de 4,000 a nombre de Mario (sic)”, se lee en la lámina titulada “Apoyo del Ministerio de Trabajo a la campaña electoral de Mario Durán”. En ese mismo documento está consignado que el ministro llamó en la misma fecha a Michelle Castro para reiterar su apoyo al candidato.
Rolando Castro era pieza importante en el mapa político de la capital porque, como líder de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), controlaba dos temas importantes: la negociación sindical y la recolección de la basura. Castro comenzó a trabajar como jardinero en la Alcaldía de San Salvador en 1991 y, tres años más tarde, se convirtió en líder de ASTRAM. Entre el 2013 y 2015, según sus declaraciones de renta, el ministro Rolando Castro trabajaba para la Alcaldía capitalina y, al mismo tiempo, cobraba en la Alcaldía de Mejicanos que gobernaba la arenera Juana de Pacas, quien lo acusó de boicotear la recolección de basura en ese municipio.
En 2018, Castro apoyó la candidatura municipal del arenero Muyshondt y la precandidatura presidencial del también arenero Norman Quijano. “El mejor alcalde de este país se llama Dr. Norman Quijano. El único hombre capaz de haber derrotado a Nayib Bukele es el Dr. Norman Quijano”, decía por aquel entonces. Un año después, Bukele nombró al líder de ASTRAM como ministro de Trabajo. En la antesala de las elecciones 2021, la alianza entre Muyshondt y Castro estaba rota: ASTRAM realizó múltiples protestas contra el alcalde, a quien acusaban de no pagar $5.4 millones de las cuotas laborales de los trabajadores, y bloqueó el ingreso de los camiones recolectores de basura al botadero de Nejapa; Muyshondt respondía que ASTRAM era una “mafia” con plazas fantasmas en la Alcaldía.
Muyshondt fue capturado el 4 de junio de 2021. Tras obtener una resolución que le favorecía, en septiembre de ese mismo año, la Fiscalía giró una segunda orden de captura por la retención de cuotas. Luego, diferentes instancias de gobierno se negaron a cumplir la orden de una Cámara que ordenaba su arresto domiciliar. El exalcalde sigue preso, pese a los fallos judiciales que le favorecen. “Enfrenté a un régimen dictarorial y autoritario, que envió turbas criminales de un ministro de trabajo delincuente, un Fiscal títere del Gobierno (…) Hoy soy preso político”, escribió en Twitter, el día de su captura.
Una de las organizaciones que criticaba la gestión de Muyshondt y que exaltaba la labor del ministro de trabajo era el Movimiento Social Comunitario, dirigido por Germán Muñoz, el concejal que se reunió con el presidente de Nuevas Ideas. En 1987, Muñoz comenzó a trabajar como recolector de basura para la Alcaldía de San Salvador y, después de dos décadas, fue nombrado jefe del Departamento de Limpieza Territorial. En el 2015 fue electo noveno regidor de la Alcaldía de San Salvador, gracias a la coalición Arena-PDC; mientras que para las elecciones de 2018 fue electo tercer regidor por Arena. En la víspera de la navidad del 2020, Germán Muñoz ya había cambiado de bando político y trabajaba de lleno en la campaña de Durán.
El asesor fiscal explicó que la Fiscalía pudo confirmar la reunión porque intervinieron las llamadas telefónicas de Michelle Castro y Muñoz. En el documento no aparece fecha ni lugar donde Michelle Castro ordenó la entrega de los paquetes. Lo que sí existe es un extracto de una conversación telefónica que ella tuvo con una persona identificada como 'Mayo”, en la cual la Fiscalía asegura que se refieren a la entrega de alimentos al ministro Castro. “Ya estaban entregando los sacos a él (Rolando Castro), pero no le podía dar los 500 porque se quedarían sin nada para mañana, ni para pasado', dijo Mayo. '¿Cuánto le vas a dar ahora?”, preguntó Michelle Castro: “En total llevaba 400”, respondió Mayo. Luego, Mayo volvió a consultarle si entregaba todos los paquetes y ella contestó: “No. Solo diera 300 y que Mario (Durán) le daría los demás la otra semana”.
De acuerdo al asesor fiscal, el ministro Castro fue clave porque tiene contactos directos para llegar a más posibles votantes en el mercado de San Salvador.
Seis días después de la reunión de Germán Muñoz con el ministro Castro, el 29 de diciembre de 2020, según consta en la investigación fiscal, Franklin Castro llamó por teléfono para confirmar el traslado de las cajas de alimentos al Ministerio de Trabajo. “¿Para el Ministerio de Trabajo estás llevando las cajas?”, preguntó a Germán Muñoz, y ofreció llevarlas. En ese mismo apartado del documento, basado en escuchas telefónicas, se asegura que el exconcejal confirmó “que llevará (las bolsas) a la bodega de San Miguelito”.
El nombre de Osiris Luna vuelve aparecer en la investigación Catedral, convirtiéndolo en un personaje común en los casos que componen toda la trama: desde la negociación con pandillas, pasando por el robo de alimentos y el uso político del PES. Esta vez aparece porque, según lA INVESTIGACIÓN, puso a disposición a más de 200 privados de libertad en fase de confianza para trabajar en la campaña de Durán. De acuerdo a la Fiscalía, la función de los reos era descargar los camiones con paquetes del PES y colaborar en actividades de limpieza en la ciudad para impulsar la imagen de Durán. En una intervención telefónica, la Fiscalía captó una llamada entre Luna y un “sujeto” quien dijo “que el ministro (Durán) le había manifestado que no tenía mucho equipamiento y actividades asignadas y que los trasladara hacía otra actividad”. Osiris respondió “que en estos momentos se llevaría a 60 privados de libertad para la IVU”. La Fiscalía, además, hizo una diapositiva para señalar que reos del penal de Apanteos colaboraron en un evento de proselitismo que se realizó el 24 de noviembre de 2020 en el zoológico.
El centro de poder y los satélites
Para entender una parte de los casos de corrupción del Gobierno de Bukele, los fiscales elaboraron un organigrama para identificar a las personas involucradas. Los fiscales dividieron al Gobierno en “cuatro niveles estratégicos”.
Los primeros en ser identificados fueron los peones de la maquinaría gubernamental que recibían y acataban órdenes sin ningún cuestionamiento, principalmente por miedo a perder sus trabajos. Ellos, protagonistas de alteraciones en documentos de compras millonarias, son descritos como el “nivel operativo” de la estructura. Los fiscales de la investigación Catedral describen así a estas personas: “Tienen como función ejecutar las instrucciones que se les comunican. Son personas totalmente fungibles”.
Estos empleados públicos recibían órdenes de 13 personas que la Fiscalía identifica como el “nivel táctico”. En este grupo incluyen a Alma Yanira Meza Olivares y Wilfredo Hernández Ostorga, la madre y un empleado de confianza de Osiris Luna. En este nivel los fiscales ubican al viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda, Juan Neftalí Murillo Ruiz; al excoordinador del programa CUBO de Tejido Social y hoy regidor suplente de la Alcaldía de San Salvador, Esli Omar Gómez Gómez; a los exdirectores de Protección Civil, Orlando Tejada y William René Hernández Arévalo; a Michelle Castro, entre otros. La Fiscalía intervino la comunicación telefónica de nueve de las 13 personas identificadas como parte del nivel táctico, y esas escuchas siguen en poder de la Fiscalía, de acuerdo a fuentes fiscales.
Gracias a las escuchas telefónicas, los fiscales obtuvieron detalles sobre cómo la madre y el empleado de Luna vendieron ilegalmente más de 42,000 sacos de alimentos del PES que estaban almacenados en el penal de Mariona y en la Granja Penitenciaria de Santa Ana. Además, perfilaron que los integrantes del “nivel táctico” recibían órdenes de un grupo de funcionarios al que llamaron el “segundo nivel estratégico” de la organización.
En el segundo nivel estratégico, la Fiscalía ubica al exministro de Agricultura, Pablo Anliker; al alcalde Durán; a Osiris Luna; al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; a la ministra de Desarrollo, María Chichilco; al exministro de Seguridad, Rogelio Rivas; al coordinador del PES, Franklin Castro; y a cuatro funcionarios más. Aunque muchos son viceministros o ministros, los fiscales aseguran que tienen “menor influencia” en comparación con otros que tienen una relación directa con el presidente Bukele.
Según la intervención telefónica, las personas más cercanas al presidente Bukele son: Carolina Recinos, Sara Hanna, Xavi Zablah, Miguel Kattán, el tío de Bukele y secretario de comercio e inversión, y Ricardo Hasbún Bukele, el enlace nacional de Nuevas Ideas. Ellos, dice la investigación fiscal, forman el “primer nivel estratégico” de la organización. “Prácticamente, una orden emanada de personas en este nivel, significa que es una orden equivalente al centro de poder”.
Según la investigación Catedral, el “centro de poder” lo forman los tres hermanos del presidente Bukele: Karim, Ibrahim y Yusef Bukele, quienes toman las directrices del Gobierno y del partido Nuevas Ideas. Aunque no tienen un cargo oficial en el Ejecutivo, los hermanos tienen el poder para mover los hilos de las políticas gubernamentales sin pedir la venia de los ministros o comisionados presidenciales, así como influir en el nombramiento o destitución de funcionarios.
La comunicación entre el “primer nivel estratégico” y los ministros que ejecutan los planes del Gobierno no es directa, según Catedral. Entre ellos hay una serie de intermediarios que llevan mensajes de cómo se deben ejecutar los programas o políticas. Durante la pandemia, Fiscalía identificó como “mensajeros” a Raymond Villalta, exempleado de la Alcaldía de San Salvador durante la gestión de Bukele y hoy relacionado con la empresa Chivo; los venezolanos Tomás Hernández y Miguel Arbelo; y el exasesor del VMT y hoy ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hananía. Según el documento, dos de estas cuatro personas fueron intervenidas telefónicamente y eso permitió a los fiscales descubrir documentos falsos relacionados con el PES.
*Con informes de Carlos Martínez
