Durante la más reciente sesión plenaria, este martes 19 de abril, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, coronó a gritos una semana en la que el bukelismo insultó y atacó a distintos periodistas a quienes llegó a tachar de terroristas o pandilleros. Castro, exsecretario privado de Bukele y hoy presidente del Legislativo, fue estridente en su tono contra los periodistas e investigadores del fenómeno de las pandillas en El Salvador: “Estos periodistas ‘incómodos’, que andan con miedo, dicen… No los necesitamos. ¡Váyanse!”, exigió.
Aunque no mencionó su nombre, Castro hizo referencia al antropólogo y periodista Juan Martínez d'Aubuisson, a quien acusó una vez más de ser cómplice de las pandillas. “Decía un sinvergüenza de esos: ‘Un año me fui a vivir con los mareros’. Imagínense cuántas cosas se dio cuenta, cuántas cosas escuchó, de cuántos crímenes seguramente fue testigo”, dijo Castro.
El mensaje de Castro ocurre en un contexto muy concreto: en la primera semana de abril, la Asamblea dirigida por Castro aprobó una ley mordaza que penaliza a medios y periodistas que “reproduzcan mensajes presuntamente originados u originados por pandillas”. A esto le siguió un coro de voces afines al oficialismo que, desde sus cuentas de redes sociales, canales de televisión o plataformas en internet acusaron a varios medios de comunicación y periodistas de ser voceros de las pandillas.
La ofensiva tras la aprobación de las reformas la inició el mismo presidente Nayib Bukele, el 11 de abril, y esta fue secundada por funcionarios del Gobierno. Ese 11 de abril, Bukele difundió desde su cuenta de Twitter un extracto de 22 segundos de un video de la cadena Russia Today, en el que junto a otros especialistas en seguridad pública, el antropólogo Martínez explica en casi 30 minutos que las pandillas cumplen un desafortunado rol social en El Salvador, donde controlan amplias zonas del territorio nacional e imponen en las comunidades y colonias obreras sus propias medidas de seguridad contra pandillas contrarias. El presidente llamó “basura” y 'sobrino de un genocida' a Martínez, en referencia a que el académico es sobrino del fallecido Roberto d'Aubuisson, el asesino de monseñor Romero. “Estos son los REFERENTES de la comunidad internacional”, agregó el presidente. Martínez es autor de diferentes libros e investigaciones académicas sobre violencia en Centroamérica. Entre sus libros hay algunos que lo llevaron a entrevistar a lo largo de años a pandilleros y a penetrar en las comunidades que dominan para comprender las dinámicas de sometimiento que ejercen sobre la población. Sus publicaciones han sido traducidas a más de cinco idiomas.
El director de Centros Penales, Osiris Luna, respondió a la publicación del presidente en Twitter diciendo: “este es un terrorista, es uno más de ellos. Es impresionante el nivel de sinismo (sic) con el que lo dice”. Juan Martínez no es periodista de El Faro, sino un colaborador que ha publicado algunas columnas de opinión en los últimos años. Sin embargo, Luna aprovechó la ocasión para atacar a los periodistas de este periódico: “Está clara la agenda del faro, estos son los portavoces de las pandillas, que tanto daño le han causado al pueblo, son unos mercenarios”.
Juan Martínez ha denunciado que las amenazas de muerte contra él y sus fuentes aumentaron tras el ataque del presidente, al que también contestaron diputados de su partido Nuevas Ideas. El antropólogo es autor, entre otros libros e investigaciones académicas, de Ver, Oír y Callar, un libro en el que documenta la forma en que las pandillas controlan territorios y someten a su población. Martínez ha estudiado el fenómeno de la violencia causada por esos grupos criminales en El Salvador durante más de una década y sus libros, traducidos a más de cinco idiomas, le han concedido reconocimiento internacional.
Durante su diatriba contra el antropólogo este martes, el presidente de la Asamblea continuó diciendo: “Él confesó que estuvo un año viviendo con ellos (pandilleros) y se sentía seguro. Y ahora que están metiendo presos a los terroristas se siente inseguro en este país, y andan pidiendo asilo”. Así, hizo referencia a Martínez y a los periodistas críticos en general para invitarlos, a gritos, a irse del país: “¡Que les den asilo y que se vayan, hombre! Si es que aquí no aportan nada. Si se quieren ir, que se vayan. ¿Los necesitamos? No los necesitamos. ¡Váyanse!”.
Juan Pappier, investigador sénior de la división de las Américas de Human Rights Watch, reaccionó en Twitter diciendo: “Se mofó de los periodistas que denuncian amedrentamiento. Les dijo que se vayan del país. Podría haber sido el discurso de un funcionario del régimen de Maduro”.
El martes, Martínez confirmó a El Faro que se encuentra bajo resguardo en un lugar seguro de forma preventiva y desmintió que esté pidiendo asilo. “No está dentro de mis planes inmediatos pedir asilo, no sé cómo se hace”, aseguró. “Entiendo que la situación en El Salvador es muy peligrosa, este es un gobierno al que hay que tenerle cuidado y es agresivo con profesionales que ponen en duda la narrativa estatal, de modo que ameritaría pedir asilo, pero no sé cómo se hace”, reafirmó.
El experto también dijo a El Faro que ha decidido resguardarse tras conocer que había peticiones en el oficialismo para iniciar acusaciones penales en su contra, durante el Régimen de Excepción que suspende el derecho a la defensa y continúa vigente en El Salvador hasta el 27 de este mes de abril, a menos de que la Asamblea lo prorrogue a petición de Bukele. “Creo que, en caso de que fuera acusado ante el sistema judicial en el país, yo no sería tratado con justicia. No he cometido ningún delito y por lo tanto no veo un motivo justo por el que se me quiera juzgar. Creo que se me juzga porque mi trabajo pone en riesgo la narrativa del Gobierno Bukele”, dijo a El Faro.
Ante la versión del presidente de la Asamblea sobre supuestas peticiones de asilo que han hecho periodistas, Martínez dijo que el Gobierno Bukele percibe como un obstáculo a quienes investiguen y critiquen las políticas de seguridad, y por lo tanto, busca alejar a esas voces críticas. “Claro que el oficialismo no nos necesita. Las voces disidentes son peligrosas para este Gobierno y representan obstáculos a este Gobierno. Por eso buscan silenciarnos y alejarnos del lugar. (Pero) nosotros no nos debemos al poder ni a los funcionarios ni a la gente que gobierna, sino a la gente que no tiene poder y a los que son gobernados', agregó refiriéndose a la ciudadanía. Tras los ataques a Martínez, e incluso días antes, otros periodistas de diferentes medios fueron insultados y difamados por redes sociales de diferentes miembros del partido Nuevas Ideas y funcionarios de gobierno.
La misma noche en que la Asamblea aprobó la ley mordaza, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) advirtió que la ley representa 'un claro intento de censura a los medios de comunicación... Estas reformas mordaza son una nueva forma para criminalizar al trabajo periodístico, una alarmante tendencia que APES ha venido señalando. Se suma a la figura de los agentes encubiertos digitales (aprobada el 1 de febrero en el congreso), el escándalo impune del espionaje a periodistas con el software Pegasus, y a la falta de garantías de privacidad a las comunicaciones bajo el régimen de excepción'.
La mañana del martes 19 de abril, antes de que iniciara la plenaria más reciente, la Asociación de Periodistas de El Salvador y la Fundación Cristosal, presentaron ante la Corte Suprema una demanda de inconstitucionalidad contra la ley mordaza aprobada en la Asamblea. “Nuestra principal preocupación es que se esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña, lo que se le quiere esconder a los salvadoreñas y salvadoreños”, dijo el periodista César Fagoaga, presidente de APES. “En este supuesto combate a la delincuencia en El Salvador se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos y se está restringiendo la libertad de prensa”.
En una columna de opinión publicada esta semana en The Washington Post, el antropólogo Martínez sostiene que la ley mordaza aprobada el 5 de abril para penalizar a medios que informen sobre negociaciones con pandillas responde a “la necesidad de silenciar” a periodistas y críticos y pide a la comunidad internacional y a periodistas en el exterior que no abandonen al periodismo independiente en El Salvador. 'El autoritarismo que hoy está en nuestra casa pronto podría tocar sus puertas', escribió.
El Gobierno también ha dirigido en los últimos días una ola de ataques contra el periodista y colaborador de The New York Times, Bryan Avelar. El diario oficialista retomó una versión falsa de un exdirector de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) que en 2017 aseguró que Avelar es hermano de un pandillero que fue capturado bajo el régimen de excepción este mes. Sin embargo, el periodista no tiene hermanos. El oficialismo también lo acusó en redes sociales de tener vínculos con las pandillas. Este miércoles, Avelar dijo a El Faro que, debido un incremento de amenazas en su contra, está en un lugar seguro para resguardarse y sostuvo que no tiene planes de solicitar asilo a ningún país.
El oficialismo marca un punto de inflexión con sanciones a medios y periodistas
La intensificación de ataques del Gobierno contra la prensa desde inicios de abril culminó esta semana con la imagen de Castro gritando a periodistas que se vayan del país. Sin embargo, el embate ha sido sostenido desde que el fin de semana del 26 de mayo las pandillas asesinaron a 87 personas. Tras la aprobación del Régimen de Excepción, la reforma al Código Penal aprobada el 5 de abril para sancionar con 15 años de prisión a medios o periodistas que “reproduzcan mensajes presuntamente originados u originados por las pandillas” fue el punto de inflexión con el que, por primera vez en la administración de Bukele, se establecen penas de cárcel a medios y periodistas.
Tres días después de la aprobación de esa ley mordaza, al inicio de la Semana Santa, el usuario de Twitter Kevin Sánchez, quien se autodenominó como miembro de Nuevas Ideas y se presentaba en fotografías de bracete con diputados oficialistas, aseguró que presentaría ante la Fiscalía controlada por Bukele, “un aviso formal” contra la periodista Gabriela Cáceres y el jefe de redacción de El Faro, Oscar Martínez, “por haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.
Sin embargo, Sánchez no acompañó su anuncio con pruebas de réplicas de mensajes afines a las pandillas, sino con la imagen de una nota de Cáceres que informa que un líder que integra la cúpula de la Mara Salvatrucha-13, llamado Elmer Canales Rivera, alias “Crook”, fue liberado en junio de 2021, según documentos oficiales enviados por un juez. Junto a otros 13 líderes pandilleros, Estados Unidos requiere a “Crook” en extradición desde ese mismo mes, para que sea juzgado en Nueva York por delitos de terrorismo. La nota en El Faro revela un documento en el que un juez especializado en crimen organizado expuso a la Dirección General de Centros Penales en 2021 que “Crook” cumplía una condena por tráfico de objetos prohibidos en centros penales y tenía un proceso penal vigente, por lo que no podía ser liberado.
En una columna de opinión publicada en el diario español El País, el jefe de redacción de El Faro hizo un recuento de los hechos y expuso que la acusación de Sánchez llevó a sus familiares y colegas a advertirle que debe abandonar el país para resguardarse. Óscar Martínez continúa en el país.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó el 13 de abril sobre “riesgos de criminalización severa a ejercicios legítimos de la libertad de expresión en El Salvador”, tras la aprobación de la ley mordaza, y “prohibiciones dirigidas específicamente a medios de comunicación” en la Ley de Proscripción de Pandillas. Llamó al Estado salvadoreño a adecuar las reformas a estándares internacionales de derechos humanos suscritos por El Salvador en materia de libertad de expresión.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, manifestó el 10 de abril que el Gobierno estadounidense “está preocupado por la violencia en El Salvador y la aprobación de reformas al Código Penal el 5 de abril que criminalizan la cobertura periodística sobre ciertas actividades de las pandillas”. “La ley se presta a intentos de censurar a los medios, prevenir la cobertura sobre corrupción y otros asuntos de interés público, y silenciar a críticos del Gobierno salvadoreño”, dicta un comunicado del Departamento de Estado. “Ahora más que nunca, es esencial extraditar a líderes pandilleros (requeridos por EE.UU. desde junio de 2021) para que enfrenten a la justicia estadounidense”.
