La Asamblea Legislativa aprobó este martes, de manera exprés y sin mayor discusión, una mordaza que afectará el trabajo periodístico en cuanto a la cobertura del fenómeno de las pandillas que gobiernan amplias zonas del territorio nacional: prohibieron de manera expresa a los medios de comunicación “la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados” que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas y “que puedan generar zozobra y pánico en la población”. Las penas que conlleva esta reforma van de los 10 a los 15 años de prisión. En el país, durante sus pactos con anteriores gobiernos y partidos políticos, las pandillas dieron información a algunos medios de comunicación, que incluía videos de sus negociaciones con políticos o incluso entrevistas sobre esos diálogos. Este medio demostró con documentos oficiales que el actual Gobierno también sostuvo una negociación con las tres pandillas e intentó eliminar la evidencia de ello en Centros Penales. La ola de homicidios ocurrida hace diez días supuso un punto de inflexión e hizo reaccionar al Gobierno con un estado de excepción que suspende algunas garantías constitucionales durante 30 días. La reacción continuó con reformas legales y, ahora, con la actual reforma.
Mientras los alcances de las reformas, que este martes 5 de abril entraron en vigencia, no están claros, la Asamblea —dominada por el partido Nuevas Ideas— justificó la medida diciendo que es una manera de “reducir los espacios” que usan las pandillas para intimidar a la población. Dos jueces consultados por El Faro de manera independiente, y que pidieron anonimato debido al acoso judicial impulsado desde la Presidencia, dijeron que por la manera en que quedaron redactadas, las reformas podrían prestarse para violar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.
Lo primero que prohibieron los diputados fue las pintas pandilleras. La reforma al artículo 345 del Código Penal dice así: “El que elabore, participare en su elaboración, facilitare o fabricare, textos, punturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado, que explícita o implícitamente transmitan mensajes, señales, denominaciones, propagandas, o cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas, y en especial las que tengan como finalidad aludir a control territorial de dichos grupos o a transmitir amenazas a la población en general, será sancionado con pena de prisión de diez a quince años”. Pero la reforma también incluía un segundo inciso en el que se hablaba de la difusión se los mensajes de pandillas en medios de comunicación. “En igual sanción incurrirán quienes, por medio del uso de las tecnologías de información y de la comunicación, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales reproduzcan o transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieran generar zozobra y pánico en la población”, reza la reforma al Código Penal.
Hubo diputados del bloque oficialista que dijeron que las reformas no atentaban contra la libertad de prensa, pero otros insinuaron que ese era el propósito.
Marcela Pineda, diputada de Nuevas Ideas, dijo que lo que se busca es que los medios hagan difusión de “información responsable” y que lo que define si una publicación es ilegal es “el dolo” o “la intención” con la que se transmite una información. La palabra 'dolo' o 'intención' no está plasmada en la reforma aprobada y tampoco Pineda se encargó de explicar cómo se determinará cada concepto. Lo único que la diputada dijo fue que los dos incisos aprobados se complementan y que basta con interpretarlos 'de manera integral'. Eso, en un sistema sistema judicial que está, cada vez más, controlado desde el oficialismo.
“Si la intención es difundir, señalar, apartar y decir ‘aquí están gobernando las pandillas’, obviamente, esta persona está incumpliendo la ley; si la intención es hacer la difusión de una manera responsable, con datos estadísticas, la situación cambia”, dijo Pineda. “No se les dice a los medios de prensa ‘usted no va a poder transmitir noticias’ —agregó—, pero sí se les dice a los pandilleros que no pueden usar las tecnologías para mandar audios, cadenas, ni imágenes para causar zozobra”. Tras su intervención es difuso establecer los límites para saber si, por ejemplo, un medio publica una imagen de una pinta pandillera en una colonia bajo su control, para ilustrar el control pandillero, el periodista que la tomó podría ser condenado a entre 10 y 15 años de prisión por ello.
El diputado Guillermo Gallegos, del partido aliado de Bukele —Gana—, lo dijo más claro: “Esto es lo que me parece más importante, de que desgraciadamente hay medios, personas que por querer lucirse o porque son afines a las pandillas, a través de medios de comunicación (…) se dan a la tarea de estar transmitiendo, publicando pintas alusivas a las pandillas, a los grupos terroristas”.
Gallegos, impulsor de medidas como la pena de muerte o los autodefensas civiles, agregó: “Estamos restringiendo que los grupos terroristas pandilleros se puedan estar publicitando, ya sea que por ellos lo hagan (sic), o que a través de algunos malos salvadoreños lo hagan a través de medios de comunicación de cualquier índole”.
La ambigüedad con la que está redactada la reforma podría implicar, por ejemplo, que ningún medio pueda publicar contenido en el que se evidencien negociaciones de las pandillas con políticos, tal como El Faro lo ha hecho para reportar, en los últimos diez años, sobre las negociaciones de los Gobiernos del FMLN y el partido Arena con las pandillas. Dichas publicaciones tienen como base videos que las pandillas grabaron de las reuniones sostenidas con diversos personajes políticos.
Un párrafo casi idéntico al reformado en el artículo 345 se incluyó en el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones, y Organizaciones de Naturaleza Criminal. El inciso que se incluyó en la Ley de proscripción de pandillas llanamente declara ilegal cualquier forma de expresión visual en los términos de la reforma del Código Penal.
La medida, según explicaron los diputados oficialistas, pretende evitar que las pandillas delimiten con murales el territorio que por décadas han controlado. El subjefe de la bancada Caleb Navarro aseguró que eso ejerce un “control sicológico” sobre la población.
Pero en ambas leyes también se incorporó el inciso que habla del papel de los medios de comunicación.
Las reformas al Código Penal y a la Ley de proscripción de pandillas se aprobaron sin mayores discusiones y con dispensa de trámites. Las propuestas, enviadas por Casa Presidencial, ingresaron oficialmente al Órgano Legislativo a la 1:22 p.m., según la marginación que consta en los documentos mientras la sesión plenaria estaba en receso. Pocas horas después, al comienzo de la noche, fueron aprobadas y se publicaron casi de inmediato en el Diario Oficial. Entraron en vigor el mismo martes.
Las nuevas reformas llegan 10 días después de que la Asamblea aprobara un estado de excepción como respuesta a los asesinatos registrados en el día más violento de lo que va del siglo. Hace una semana, los diputados también aprobaron endurecer penas carcelarias y el uso de jueces sin rostro .
La diputada Pineda recordó que durante el fin de semana circuló un video en redes sociales en el que encapuchados que aseguraban ser del “barrio MS” decían que el Gobierno había negociado con ellos. “Pandilleros o familiares de pandilleros hacían réplica del video para difundir o sistematizar un temor a la población”, dijo Pineda, quien además rechazó la veracidad del video.
Carlos Bruch, otro diputado de Nuevas Ideas, dijo que “los símbolos, las imágenes utilizando métodos digitales, medios de comunicación… todos aquellos símbolos de muerte que llaman a la violencia no pueden ser permitidos porque los pandilleros se comunican de esa forma”. El diputado comparó las medidas con la supuesta prohibición que existe en Alemania contra publicaciones que hablan sobre los nazis. Según dijo, el Código Penal alemán prohíbe “la expresión de simbolismos que recuerden a la época nazi”. Sin embargo, Ingrid Wehr, jefa regional para Centroamérica de la organización Alemana Fundación Heinrich- Böll refutó esa idea: “La respuesta es no. No, la citada ley 130 del Código Penal alemán no restringe el trabajo de la prensa libre de reportar sobre personas que niegan al holocausto o sobre (neo) nazis”, dijo en un tuit publicado el martes por la noche.
Los diputados también aprobaron una ley especial que tiene como objeto que los bienes descomisados a las pandillas puedan ser usados por la Policía y la Fiscalía para combatir el crimen, aun cuando dichos bienes no hayan pasado a manos del Estado de manera concluyente a través del proceso regular que sigue el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab). Esta ley también se aprobó con dispensa de trámite y se aprobó tras apenas un par de horas de haber entrado al pleno.
Los diputados de Arena se opusieron a las reformas y hasta pidieron la derogatoria del segundo inciso que habla sobre los medios de comunicación. La moción fue rechazada por los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. 'Hay una clara violación al derecho de prensa y a la libertad de información. No. Esto no se trata de los medios de comunicación, se trata de un derecho tutelado por nuestra Constitución y por leyes internacionales suscritas por nuestro país', dijo René Portillo Cuadra, jefe de la fracción. Según el legislador, si esta reforma hubiera estado vigente entre el 25 y 27 de marzo, los medios no habrían podido informar sobre las víctimas del repunte de homicidios.
Advierten vacíos
La aprobación de las reformas provocó la reacción inmediata de voceros de organizaciones de derechos humanos, abogados y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). “Consideramos estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportear la realidad que viven miles de personas que habitan comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer”, dijo la APES en un comunicado difundido el martes.
Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, calificó las nuevas medidas como algo 'grave'. “La Asamblea aprobó una reforma que criminaliza hasta pintar un grafiti sobre maras y la publicación de información sobre ellas en medios si generan ‘zozobra’. ¿Decidirá Nayib Bukele por Twitter, su Asamblea Legislativa, o sus jueces quién va preso hasta 15 años por esto?”, escribió en Twitter, el martes .
Marcela Galeas, abogada penalista, consideró que “informar no es sinónimo de apología del delito, criminalizar un acto propio del ejercicio periodístico no evita la comisión delictiva de las estructuras de crimen organizado, sino que dirige el poder punitivo del Estado en contra de la libertad de prensa e información”. Astrid Valencia, de Amnistía Internacional, reaccionó con un tuit en el que decía: “Terrible contexto donde se busca silenciar a los medios independientes a cualquier costo. Silenciar las críticas no las hace menos válidas”.
Dos jueces consultados por El Faro, que pidieron anonimato por temor a ser removidos o trasladados, como ha ocurrido con jueces incómodos a la administración Bukele, reconocieron que las reformas tienen vacíos y se pueden prestar a la violación del derecho a la información de la ciudadanía.
Un juez sostuvo que las reformas “son peligrosas” porque crean tipos penales tan abiertos de los que no se sabe cuáles serán los límites. 'El mayor desafío es para la Fiscalía, porque el juez no es el que investiga. La Fiscalía es la que tiene que mostrar la prueba, en relación a estos tipos penales que están sancionando', declaró. El juez puso como ejemplo lo que pueda pasar en casos como cuando en una comunidad, una vivienda se vea marcada por un grafiti de una pandilla. 'Los pandilleros no escriben frente a la gente y no buscan testigos. Y si en mi casa llegan a medianoche, ¿será que a mí me van a procesar por eso?'.
Para él, el problema es que no se ha limitado si esto aplica solo a las pandillas, medios o a toda la ciudadanía y, en la medida que se dé pie a interpretaciones extensivas, es peligroso, porque se presta a suposiciones. 'Esto es lo que antes se llamaba presunción de culpabilidad; es decir, se sospechaba que alguien había cometido un delito. Ahora se tiene que demostrar los hechos y llegar a la verdad de los hechos, no porque yo asumo que es culpable', dijo.
El juez, además, dijo que las penas a implementar son desproporcionadas. 'Se va a sancionar una tentativa de homicidio casi igual que poner un grafiti. Hay una desproporcionalidad en las penas. Por eso el Código Penal va graduando las penas de acuerdo con los bienes jurídicos que se protegen, como el máximo valor es el de derecho a la vida '. Para este juez, 'el incremento de las penas no resuelve el problema de delincuencia'.
Otro de los jueces que habló con El Faro lo dijo con contundencia: “Así como está redactado sí se está criminalizando la labor informativa y se puede prestar a persecuciones violatorias al derecho de la información que tiene la población”.
*Con reportes de Gabriela Cáceres.
