Hace un año, en plena vigencia del acuerdo entre el Gobierno y las pandillas para mantener a la baja las cifras de homicidios, la Asamblea Legislativa controlada por Nayib Bukele nombró magistrado de la Corte Suprema de Justicia a Miguel Ángel Flores Durel, un abogado que antes había sido defensor de dos líderes internacionales de la Mara Salvatrucha 13. Eso solo puede significar que el proceso de elección como magistrado falló, fue un error.
Once meses después de su juramentación en el cargo de magistrado, El Faro reveló el antecedente de que él había defendido –al menos hasta 2018– a Borromeo Henríquez, conocido como Diablito de Hollywood, y Élmer Canales, conocido como Crook de Hollywood, dos de los líderes más importantes de la MS-13, solicitados en extradición por Estados Unidos. Nada de eso se ventiló en toda aquella pantomima del proceso de selección, que los diputados de Nuevas Ideas presentaron como concienzudo y transparente.
No critico el acto jurídico de Flores de haber defendido al menos hasta 2018 a “Diablito de Hollywood” y a “Crook de Hollywood”. Todo acusado, cuando hay democracia, tiene derecho a un defensor. Por otro lado, Flores tampoco podía haber sabido que llegaría a magistrado algún día. Lo que cuestiono es la falla, el error de que durante todas las etapas del proceso de selección ese antecedente nunca se haya analizado. Las fallas o errores suelen ocurrir por circunstancias imprevistas o por negligencia. Resumo el problema político así: una de dos: Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC votaron por Flores sin saber en realidad quién era él, o peor aún, sabían de su antecedente y decidieron no revelarlo.
Los diputados debieron evidenciar que sabían que él fue defensor de Diablito y Crook en el caso que la Fiscalía General de la República denominó “Operación Jaque”, pero no lo hicieron. Y eso que había noticias al respecto . Ese caso terminó con la condena a cárcel a 62 miembros de la MS-13 por varios delitos, entre ellos homicidios y tráfico de armas. En otro caso íntimamente relacionado, “la Operación Cuscatlán”, un juez dijo que había que investigar los indicios de las negociaciones de la MS-13 con Arena y el FMLN. Y para mí eso es, precisamente, parte del problema político: tal como lo ha revelado El Faro desde 2011, las pandillas son organizaciones criminales que han entablado pactos oscuros con gobiernos, alcaldías, candidatos presidenciales y partidos políticos. Cuesta poco tomar esos antecedentes y sospechar que incluso los nombramientos de magistrados del Órgano Judicial podrían responder a esa lógica negociadora.
Siendo este gobierno uno que cuestiona y criminaliza a quienes hayan tenido cualquier acercamiento con pandillas, si el candidato a magistrado hubiera sido alguno vinculado al FMLN o Arena, le habrían cuestionado sin misericordia ese antecedente. No encuentro una razón para no haber preguntado a Flores su relación laboral con los máximos líderes de la MS-13, sobre todo cuando, para ganar adeptos y simpatías, el oficialismo promueve un discurso guerrerista y de absoluta represión contra ellos. A Flores se lo dejaron pasar por razones que desconocemos.
El mes de su nombramiento, junio de 2021, las cuentas de Twitter de los diputados y el Gobierno decían con propaganda y discursos estar en la lucha frontal contra las pandillas. Celebraban en redes sociales el segundo aniversario del Plan Control Territorial, al que el Gobierno atribuía falsamente el descenso de homicidios. Pero en la práctica ni siquiera tocaron ese tema en las entrevistas a aspirantes a magistrado que comenzaron el día 7. Revisé la entrevista de 52 minutos a Flores hecha por la Comisión Política el día 14, así como también las distintas sesiones de la comisión y del pleno legislativo ocurridas el 28, 29 y 30 de junio (casi 10 horas de grabación en total), y en ellas constaté que ningún diputado mencionó el vínculo de Flores con los pandilleros. Es inaudito que ni siquiera le preguntaran su opinión sobre las maras, que ahora identifican como el problema más importante del país.
Viéndolo en perspectiva, parece que no hablar de las pandillas en las entrevistas de los candidatos era una estrategia deliberada debido al conflicto diplomático que comenzaba a cernirse entre Estados Unidos y El Salvador producto de las 14 extradiciones que aquel país pide para igual número de líderes de la MS-13. Cuando eligieron a Flores, habían pasado seis meses desde la acusación en Nueva York contra Diablito, Crook y otros 12 de la Ranfla Nacional. La Corte salvadoreña ya conocía de algunas de las solicitudes de extradición. Así que con todo el discurso falso de la guerra contra pandillas, con el pacto en vigencia y con el problema diplomático de las extradiciones, me cuesta imaginar a alguno de los diputados de Nuevas Ideas cuestionando al entonces aspirante Flores por su vínculo pasado con Diablito y Crook.
Por eso creo que en realidad lo ocultaron. Porque, además, mes y medio después de su nombramiento, la Corte de Flores revirtió la decisión ya tomada de extraditar a Eliú Melgar, un mando medio de la MS-13 conocido como Blue. Porque ese mismo mes, la Corte de Flores también denegó la extradición de Edwin Rodríguez, conocido como “Manicomio”, un pandillero de la MS-13 que había cometido delitos cuando era menor de edad. Esta denegatoria es histórica porque es la primera vez que El Salvador rechaza el envío de un pandillero a Estados Unidos. La negativa fue bajo el argumento de que el sistema penal estadounidense no garantizaba los derechos humanos del marero. Cuando menos, eso es irónico. Los derechos humanos son un concepto que estos días parece una mala expresión o una ofensa para el entorno de Bukele.
En todo su proceso de selección, Flores no habló de su relación laboral con los ranfleros de la MS-13 ni los diputados le preguntaron. Dos semanas antes de su nombramiento, a lo más que llegó el aspirante fue a sugerir que quienes quedaran en el cargo debían publicar, en general, los expedientes con los que podían llegar a tener un conflicto de interés. Desde la toma de posesión del cargo, eso no pasó, aunque Flores sí se apartó de conocer la extradición de Diablito.
Extraditar o no a salvadoreños a Estados Unidos es una decisión que suele tardar entre 15 y 18 meses. La administración Biden presionará aún más para que sí los envíen y eso supondrá otro problema político para Bukele, quien sabe que cualquier ranflero en manos del sistema estadounidense podría revelar más detalles de las negociaciones por las que ya fueron sancionados dos funcionarios salvadoreños bajo la Ley Magnitsky. Si es un problema para Bukele, también lo es para los magistrados de la Corte que el bukelismo impuso.
Las dudas alrededor del magistrado Flores no terminan ahí. Como no creo que haya defendido a los mareros de gratis (como dijo que hacía cuando, por ejemplo, defendía a trabajadores informales), me parece relevante preguntar de dónde salió el dinero con el que Diablito y Crook pagaron por sus servicios profesionales. Desde mediados de 2013 , Diablito y su esposa Jenny Corado están en la “lista negra” de la Oficina de Control de Bienes en el Exterior del Departamento del Tesoro (OFAC). Crook está desde 2015. Sus bienes y cuentas en territorio estadounidense —si las tuvieran— están congeladas y ninguna persona o empresa estadounidense puede hacer transacciones con ellos. Si Flores fuera estadounidense, tendría que haber obtenido un permiso especial de la OFAC para defenderlos, pero en El Salvador no hace falta un permiso para defender a los pandilleros en la lista de organizaciones criminales trasnacionales.
Lo que sin duda debería ser obligatorio es que, si el abogado pretende una de las más altas magistraturas del Estado, su exrelación laboral con una ranfla pandillera se conozca públicamente.
El propio magistrado Flores sabe que la defensa legal en algunos casos puede implicar riesgos. En su entrevista con los diputados dijo que los defensores que toman casos de lavado de dinero debían estar sujetos a un control especial porque hay riesgo de que sean usados en el esquema de lavado de sus clientes.
A partir del rompimiento del acuerdo Gobierno-pandillas en marzo pasado, la narrativa oficial de la guerra contra ellas ha continuado, pero con una sustancial diferencia: a la propaganda y al discurso le acompañó la ejecución en el terreno. 39,000 personas han sido detenidas en menos de tres meses. Ahora Bukele dice que “si no tenemos seguridad, de qué servirían las tablets o las computadoras, de qué servirían las mejoras en el sistema de salud que hemos hecho (…)”, dijo el 1 de junio en el discurso de cierre de su tercer año de gestión.
Hablando de diferencias entre discurso y realidad, los diputados que votaron por Flores dijeron pomposamente que por primera vez habían escudriñado a profundidad a los 30 finalistas del proceso, y que en años anteriores se había votado sin conocer siquiera sus hojas de vida. Flores fue uno de los 15 abogados más votados en elecciones del gremio y por eso quedó en la lista final de 30 nombres. Los diputados concluyeron que su trayectoria era notable y su hoja de vida intachable.
Pero es paradójico que, en la entrevista que le hizo la Asamblea dos semanas antes de su elección, hubo diputados de Nuevas Ideas que parecían rechazar su perfil por el tipo de defendidos que tuvo. A los diputados Caleb Navarro y Jorge Castro les pareció deleznable que hubiera sido el defensor de Osael Romero, un jugador de la selección de fútbol acusado de vender resultados de partidos, y también de Mario Orellana, cerebro de una trama de corrupción en la autónoma que administra el agua potable, durante los gobiernos de Arena. “Como abogado en libre ejercicio, me debo a quien me paga”, dijo Flores y la frase desató airados cuestionamientos. El diputado Navarro insinuó que esa frase y haber tenido los clientes que tuvo le restaba honradez y competencia notoria, como lo exige la Constitución. “Queremos jueces transparentes, honestos, no corruptibles”, le dijo Navarro en dos ocasiones. Jorge Castro, también diputado de Nuevas Ideas le recriminó: “No puede ser el parámetro que quien me paga a él me debo”. Flores entonces intentó aclarar lo obvio: “Cuando un abogado hace un juramento lo hace respetando los intereses de su defendido, es mi obligación representar esos intereses, así se trate de Mario Orellana, así se trate de Osael Romero…”. Pero nadie pareció prestarle atención, y el diputado Castro hasta le dijo que no había quedado satisfecho con su respuesta.
También es paradójico que en el dictamen que redactaron en la madrugada de la juramentación, los diputados dijeran que en las entrevistas a los aspirantes habían logrado escuchar sus ideas, cualidades, criterios y razonamiento jurídico. Pero a Flores nadie le preguntó por qué en 2010 había pedido la inconstitucionalidad de la Ley contra el crimen organizado, cuando él dijo que ese tipo de inconstitucionalidades las pedía por su propia gana sin que nadie lo contratara para ello. Para entonces, según archivos de la Corte, Flores era o había sido el defensor de una variedad de personajes condenados a prisión: coyotes, alcaldes corruptos, sicarios de la MS-13, contrabandistas, distribuidores de cocaína o asaltantes.
Otra paradoja: los diputados se ufanaron de que, por primera vez en la historia, habían elegido magistrados de forma transparente. La realidad es otra: lo único que cambió respecto de años anteriores es que los nombres elegidos se hicieron públicos en la misma sesión plenaria de su juramentación y no antes, en la ronda de negociaciones igualmente opacas entre partidos. Es decir, Nuevas Ideas y los otros partidos no explicaron por qué Flores y otros cuatro magistrados sobresalieron en las evaluaciones individuales que les hicieron a los aspirantes. En la etapa final del proceso había siete candidatos y estos tenían exactamente el idéntico y único atributo: estar en la lista de finalistas de cuatro partidos. En un video oficial de la Asamblea se observa a la Comisión Política cuando llega a la lista corta de siete nombres y cómo, después de un silencio de diez minutos, como por arte de magia, votan por Flores y los otros cuatro. Ningún diputado justificó esa decisión. Teniendo la mayoría de votos para cambiar un proceso históricamente oscuro, Nuevas Ideas lo mantuvo tal cual.
¿Habría cambiado el resultado de la elección si los diputados hubieran revelado la relación de Flores con Diablito y Crook? Responder ahora mismo parece no tener un sentido práctico. Ya es un hecho que despachará en la Corte hasta 2030. Lo que sí puede ocurrir es que otros magistrados con conflictos idénticos se aparten y que la discusión sobre estos temas sea pública.
*Gabriel Labrador es periodista de El Faro desde 2011.
