El presidente Bukele acusó nuevamente a Estados Unidos de irrespetar la soberanía de nuestro país tras la publicación, por parte del Departamento de Estado, de una ampliación de la llamada Lista Engel, que prevé sanciones para funcionarios y otras figuras del Triángulo Norte involucrados en corrupción o en actividades antidemocráticas.
La lista, este año, incluye al secretario de Prensa y operador de la Presidencia, Ernesto Sanabria; al jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara Guadrón; y al exasesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, arquitecto confeso, junto con el mandatario, de la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal el 1 de mayo de 2021.
A ellos se unen el alcalde de San Miguel y aliado del gobierno cian, Will Salgado, acusado de narcotráfico; y el exministro de Seguridad y hombre fuerte de la administración Saca, René Figueroa, junto con su esposa, ambos acusados de corrupción millonaria.
Es cierto que a Estados Unidos le gusta mucho juzgar a otros países y muy poco que lo juzguen. Pero también lo es que las mejores armas de un gobierno centroamericano contra las listas estadounidenses deberían ser la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la procuración de justicia, tal como establecen nuestras leyes.
Pero el grupo que gobierna con Nayib Bukele, aficionado a lanzar campañas de propaganda centradas en denunciar la corrupción de los gobiernos anteriores y que ha creado comisiones legislativas para investigar a sus rivales políticos, recurre a prácticas aún menos transparentes que las de Arena y el FMLN y es aún más más permisivo que aquellos con su propia corrupción.
La semana pasada, en una entrevista televisiva, el diputado de Nuevas Ideas Caleb Navarro fue cuestionado por las medidas que su fracción legislativa creía pertinentes para combatir la corrupción. Respondió que el presidente se reúne con sus ministros, y que los ministros también hablan entre ellos. Que así, reuniéndose, controlan que no haya robo o malversación de dinero público.
Más allá de la evidencia de que el diputado no entiende sus funciones, ni la independencia de poderes ni los controles al poder necesarios en toda democracia, las palabras de Navarro son congruentes con lo que hemos visto en estos dos últimos años: que no hay ningún deseo en el círculo de confianza de los hermanos Bukele de establecer mecanismos de rendición de cuentas, vigilancia o persecución de la corrupción. Todo lo contrario: como han demostrado numerosas investigaciones periodísticas, este Gobierno protege la corrupción y la cobija en su propia casa.
El 19 de marzo de 2020, en cadena nacional por el inicio de las medidas contra la pandemia, el presidente Bukele informó que la atención de la emergencia implicaría la “circulación de miles de millones de dólares” y advirtió a todo su gabinete: “Al que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso”. Pidió allí mismo al comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, que destinara 60 inspectores a certificar que no se hiciera mal uso de los fondos públicos.
Algunos meses después, la Fiscalía, acompañada por inspectores de la CICIES, ordenó allanamientos a los ministerios de Salud, Agricultura y Hacienda, en busca de documentación de compras de la pandemia por más de $150 millones que estaban bajo sospecha. La Policía, a las órdenes del Ejecutivo, intentó impedir el ingreso de los fiscales.
La CICIES, que trasladó a la Fiscalía doce investigaciones por corrupción contra el Ejecutivo, fue expulsada del país en junio de 2021; un mes antes el fiscal que tenía los expedientes de la CICIES fue destituido por la Asamblea controlada por Nuevas Ideas y la bancada de Bukele aprobó una ley que exime de responsabilidad a funcionarios por las compras de emergencia durante la pandemia.
El presidente que prometió transparencia se ha negado a hacer público el destino de más de tres mil millones obtenidos a través de créditos internacionales, entre marzo y julio de 2020: $2000 millones para la mitigación de los efectos de la pandemia y $1000 millones para la recuperación económica tras la cuarentena obligatoria de 2020. También se ha negado a transparentar cualquier otro gasto de su administración.
Pese a las evidencias y los escándalos de corrupción, no hay ningún funcionario o exfuncionario de esta administración detenido.
La jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, está incluida desde el año pasado en dos listas de sanciones estadounidenses: la Lista Engel y la de la Ley Magnistky, elaborada por el Departamento del Tesoro. Está acusada de ser “la jefa de un esquema de corrupción multimillonario de múltiples ministerios que involucra adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital, además de ordenar a varios ministros del Gobierno que autoricen varias compras sospechosas relacionadas con la pandemia, que incluyen millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en batas de hospital de empresas sin vínculos aparentes con la industria de la salud o la fabricación”.
Las sanciones estadounidenses incluyen al exministro de Agricultura, Pablo Anliker, por “significativos actos de corrupción”, y al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y a su mamá, que robaron y vendieron paquetes de alimentos destinados a familias pobres. Estados Unidos sancionó también al ministro de Trabajo, Rolando Castro, por obstaculizar investigaciones sobre corrupción y al entonces ministro de seguridad, Rogelio Rivas.
De ellos, solo Anliker abandonó su cargo como ministro, sin ninguna explicación oficial. Nadie lo investigará ni lo meterá preso en El Salvador mientras siga siendo amigo del presidente, porque Bukele controla también al fiscal, cuya primera acción, después de ser impuesto por la bancada cian, fue desmantelar la unidad especial que investigaba la mayoría de esos casos de corrupción y archivar esos expedientes. Si Rivas fue destituido es solo porque Bukele descubrió que su ministro tenía un plan para lanzar su propia candidatura a la presidencia en 2024.
Las listas estadounidenses incluyen también al secretario jurídico Conan Castro y a exfuncionarios y exdiputados de los gobiernos del FMLN y de Arena, entre ellos Sigfrido Reyes; José Luis Merino; Carlos Reyes; el propagandista de Bukele Walter Araujo y los empresarios Enrique Rais y Adolfo Salume.
Y los escándalos de corrupción en el grupo de Bukele van más allá de las sanciones de Estados Unidos: el ministro de Salud, Francisco Alabí, ordenó compras de insumos a empresas de sus familiares; Christian Guevara se agenció contratos con el Ministerio de Obras Públicas por más de un millón de dólares; y la ministra de Educación, Carla Hananía, destinó una partida especial para contratar a familiares y amigos del oficialismo mientras era ministra.
La abundante corrupción en los gobiernos de Arena y el FMLN y la demagogia del clan Bukele han logrado mantener altos los niveles de popularidad del presidente; pero el Gobierno cada vez requiere de mayor ocultamiento de información para sostener el discurso. Guevara, por ejemplo, ha sido incluido en la lista por presentar la llamada ley mordaza, que prevé prisión para periodistas que hablemos de otro gran escándalo de corrupción de este Gobierno: la negociación con las pandillas. Argueta, por redactar las destituciones de magistrados de la Corte Suprema y del fiscal, que sirvieron para enterrar las investigaciones de corrupción y evitar la extradición de líderes pandilleros que pudieran confesar en Estados Unidos la negociación con el gobierno de Bukele.
Es hipócrita reclamar a Estados Unidos respeto a nuestra soberanía si eso es solo un escudo para seguir ocultando la rampante corrupción. Si Bukele no quiere listas Engel ni leyes Magnistky, que defienda él las instituciones nacionales en vez de someterlas a su capricho por la ley o la fuerza, que abra su Gobierno a la rendición de cuentas, que permita la independencia del sistema judicial y de la Fiscalía y que meta presos, como prometió, a todos los corruptos que lo rodean. La información está a su alcance. Pero eso no va a pasar, porque la corrupción, como es cada vez más evidente, es parte de su plan de Gobierno.
